PREVARICACIÓN
Ing. Miguel
A. Gallardo, Criminólogo,
perito judicial privado
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Al igual que ocurre con las negociaciones
prohibidas el cohecho, las negociaciones
prohibidas, apropiaciones
indebidas, estafas o INSOLVENCIAS PUNIBLES, el
tráfico de
influencias y la malversación, la
investigación de cualquier presunta prevaricación es
siempre muy difícil, ciertamente arriesgada, porque los abogados fiscales jueces y magistrados casi
nunca están de acuerdo entre sí sobre lo que es prueba necesaria y
suficiente, y lo que no lo es, y más aún, en la evidente existencia de
muchas denuncias
falsas.. Lo que la criminología entiende como
CIFRA NEGRA, que son los delitos cometidos pero nunca denunciados, en
el caso de las prevaricaciones, alcanza límites insospechados.
Basta la
lectura de los artículos 404 al 406 del Código Penal
relativos a la prevaricación, y unas miradas limpias a ciertas
relaciones entre
funcionarios o autoridades con algunos individuos para comprender que
la criminalística de la prevaricación no se desarrolla
por muy bueno que
sea el abogado o criminalista y demás
peritos
judiciales, muchos de ellos peritos incompatibles, porque siempre hay mucho más interés en
obstruirla que en
facilitarla. A continuación se citan los artículos
relativos a las prevaricaciones, seguidos de algunas noticias
ciertamente curiosas.
TÍTULO XIX. DELITOS
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
CAPÍTULO I. DE LA
PREVARICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y OTROS
COMPORTAMIENTOS INJUSTOS.
Artículo 404.
A la autoridad o funcionario
público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una
resolución arbitraria en un asunto administrativo se le
castigará con la pena de inhabilitación especial para
empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
Artículo 405.
A la autoridad o funcionario
público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de
su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el
ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona
sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se
le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y
suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis
meses a dos años.
Artículo 406.
La misma pena de multa se
impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o
toma de posesión mencionada en el artículo anterior,
sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.
Existe también delito de prevaricación en comisión por omisión, según la Sentencia
del Tribunal Supremo STS 674/1998, de 9 de junio, de la que fue
ponente el actual Fiscal General del Estado, Cándido
Conde-Pumpido, y en la que puede leerse “...ha
de recordarse que la sentencia de esta Sala de 2 de Julio de 1997,
recogiendo lo ya expresado por las sentencias de 28 de Octubre de 1993,
29 de Octubre de 1994 y 27 de Diciembre de 1995, así como por el
acuerdo de unificación de criterios adoptado por el Pleno en su
reunión del 30 de Junio de 1997, estima que cabe incurrir en responsabilidad por prevaricación en comisión por omisión,
cuando es imperativo realizar una determinada actuación
administrativa, y su omisión tiene efectos equivalentes a una
denegación”.
Noticias
de prevaricación
LA VERDAD, 01/11/2008
Un jefe de Medio Ambiente, imputado por prevaricación Un Juzgado
de León ha citado a declarar como imputado al jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de León, Luis Blanco, tras una
denuncia por un supuesto delito de prevaricación ambiental al
permitir por omisión la actividad en la mina del Feixolín
en Villablino (León).
EL PAÍS, 28/10/2008, MARÍA FABRA
La Fiscalía recusa al presidente de la Audiencia de Castellón
Su sección se contradijo en un caso de corrupción urbanística
La Fiscalía de Castellón ha recusado al presidente de la
Audiencia, Carlos Domínguez, en un caso de corrupción
urbanística, ante la existencia de dos autos contradictorios
dictados por la sección que preside. En esos autos, por una
parte se confirma la postura del juzgado sobre la existencia de
indicios de un presunto delito de prevaricación mientras que,
por otra, se sostiene que el mismo asunto debe sobreseerse. El primer
auto, que dio el visto bueno para la apertura de juicio oral y
consideró que había indicios de prevaricación, fue
dictado por un tribunal que presidía el magistrado Esteban
Solaz, cuya recusación también ha pedido la
Fiscalía, y el segundo, por un tribunal presidido por el propio
Domínguez, que consideró que no había indicios de
prevaricación.
El caso se abrió por las licencias otorgadas para construir en
Oropesa dos edificios de 600 apartamentos sobre suelo calificado de
terciario para cámping.
La Fiscalía pidió la nulidad de ambas resoluciones, por
su carácter contradictorio, y ahora ha recusado a ambos
magistrados. Sobre la recusación tendrá que decidir el
Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano. El escrito de
la Fiscalía hace referencia a que ambos están
'contaminados' para decidir sobre la nulidad. Además, indica que
el resto de integrantes de los tribunales también están
afectados por causa de imparcialidad objetiva.
El primero de los dos autos contradictorios, dictado en abril,
rechazó un recurso presentado por el arquitecto imputado en el
caso y decidía la apertura de juicio oral, ya que el caso
concurrían 'los tres elementos que se requieren para la
existencia del delito genérico de prevaricación
administrativa'. Y hacía referencia al hecho de que las
licencias se otorgaron pese a que en el expediente constan los informes
en contra de la secretaria municipal, del técnico de la
administración general y del propio Colegio de Arquitectos,
así como el dictamen del jefe del Servicio Territorial de
Urbanismo, que expone la existencia de un escrito del Colegio Oficial
de Arquitectos de la Comunidad Valenciana que ratificaba que el
proyecto no cumplía con el uso permitido en la parcela.
Este primer auto, dictado por el tribunal que presidía Esteban
Solaz, difiere del emitido en respuesta al recurso presentado por el ex
alcalde y los concejales que aprobaron las licencias, también
imputados. En este segundo, con fecha de julio, el presidente de la
Audiencia minimiza la legitimidad de los autores e instituciones que
elaboraron los informes negativos y destaca el valor del emitido por el
arquitecto municipal. Además, sostiene que la
construcción de los 600 apartamentos no afecta a la
ordenación del territorio, mientras que apunta a que los
concejales no tenían conciencia de la ilegalidad. De esta
manera, atiende la postura de los ediles de que la decisión
municipal adoptada podría considerarse, en todo caso, como un
tema administrativo que, por lo tanto, debería dirimir un
tribunal de lo contencioso administrativo y no penal.
ABC, 21/03/2007
El fiscal pide para Delgado ocho años de inhabilitación
por presunta prevaricación
A. MUÑOZ CÓRDOBA. La vuelta al ruedo público del
ex alcalde de Priego, Tomás Delgado, puede ser más breve
de lo que él y sus acólitos se podían imaginar.La
justicia vuelve a cruzarse en el camino.
La justicia vuelve a cruzarse en el camino del, posiblemente,
político más influyente de la comarca y hombre fuerte del
PSOE hasta su salida de la Alcaldía en mayo de 2003. El juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego acaba de
dictar un auto ordenando la apertura de juicio oral contra el
también ex senador socialista por la comisión de un
presunto delito de prevaricación, según informó el
letrado cordobés Rafael Valverde que representa a José
Castilla Bermúdez.
Canarias 7 jue, 15/03/2007
EFE Las Palmas de Gran
Canaria
Caso Eólico: El fiscal mantiene la acusación contra siete
imputados, entre ellos Celso Perdomo. Solicitó el sobreseimiento
de las actuaciones para Jesús González, Francisco
Sánchez Ortega y Héctor Carrasco
El fiscal anticorrupción Luis del Río pidió hoy al
juez Miguel Angel Parramón que mantenga las imputaciones contra
siete de los implicados en el "caso eólico", entre ellos el
principal acusado Celso Perdomo, ex director general de Industria del
Gobierno de Canarias.
Durante la comparecencia judicial de los diez imputados celebrada hoy,
el fiscal solicitó también el sobreseimiento de las
actuaciones para Jesús González, tesorero de la Caja
Insular de Ahorros; y los empresarios Francisco Sánchez Ortega y
Héctor Carrasco, que habían sido también imputados
en esta causa sobre supuestas irregularidades en la convocatoria de un
concurso sobre energía eólica.
Los abogados de los siete implicados para los que el fiscal mantiene
los cargos solicitaron el sobreseimiento, así como la
práctica de nuevas pruebas.
A las peticiones del fiscal se adhirieron las acusaciones particulares
que ejercen el Gobierno canario y la empresa Clean Electric, que fue la
que presentó el recurso contencioso administrativo contra el
citado concurso que posteriormente fue declarado nulo.
Las acusaciones populares ejercidas por PP, PSOE y el empresario que
denunció el caso, no comparecieron ante el Juzgado de
Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo
titular tiene un plazo de cinco días para resolver las
cuestiones planteadas.
Según el acta de la comparecencia, a la que tuvo acceso Efe, el
fiscal considera que Perdomo se valió de la información
que tenía por su cargo y facilitó información que
no debía ser divulgada a diversas personas que tenían
interés en el concurso convocado por el Gobierno de Canarias
para la asignación de potencia eólica.
Perdomo, según el acta, remitió diversos correos
electrónicos en los que facilitaba información relativa
al concurso como un borrador de la orden del mismo, relación de
terrenos y contactos públicos y privados para la
instalación de parques eólicos.
Además, cuando se convocó el concurso eólico
Perdomo mantuvo múltiples contactos con diversas personas que
representaban a varias sociedades para favorecerles en la
adjudicación de parque eólicos a cambio de obtener
dinero.
Así, el ex director general de Industria contactó con el
empresario Enrique Guzmán, imputado en la causa, y con los
empresarios José Ignacio Esquivel Astelarra y José Luis
de Santiago Gorrochategui, que representaban los intereses de otra
sociedad, de la que era secretario Alfredo Briganti, todos ellos
también imputados.
El fiscal sostiene también que Perdomo, una vez que cesó
en su cargo, contactó con el jefe de área de la
Consejería de Industria Honorato López, también
imputado, con el fin de que favoreciera los proyectos de esos
empresarios a cambio de ser compensado económicamente.
Según el fiscal, el ex director general de Industria
recibió diversos pagos de las personas citadas, y su novia,
Mónica Quintana, también imputada en la causa,
participó activamente en las labores de intermediación
lucrativa efectuadas por Perdomo en favor de esas sociedades
mercantiles para el cobro de cantidades.
El fiscal sostiene además que Perdomo cuando era director de
Industria actuó de acuerdo con Quintana y, con ánimo de
obtener un beneficio patrimonial ilícito adquirió
diversos libros para uso personal con dinero de la Consejería de
Industria.
Los cargos que se le imputan al ex director general de Industria son
los de prevaricación, revelación de información,
tráfico de influencias, malversación de dinero
público y cohecho, mientras que a su novia sólo los tres
últimos.
A Honorato López se le atribuyen delitos de cohecho,
tráfico de influencias y revelación de
información, mientras que a los otros cuatro imputados cohecho y
tráfico de influencias.
INFORMACIÓN, jue, 15/03/2007
Vega Baja, TORREVIEJA, E.DE GEA
Mateo tacha de «gajes del oficio» su imputación por
supuesta prevaricación
El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo,
calificó ayer como de un «gaje del oficio» la
citación por la cual tendrá que declarar hoy ante el
Juzgado de Instrucción número 2 de esta ciudad en calidad
de imputado por un supuesto delito continuado de prevaricación,
por los pagos realizados mediante reconocimientos extrajudiciales de
crédito.
Europa Press, 14/03/2007
CASTILLA LA MANCHA .- PSOE Toledo destaca la 'honestidad' del alcalde
de Carranque, imputado por un presunto delito de
prevaricación
TOLEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS)
La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo
destacó hoy su "respaldo" al alcalde de Carranque, Alejandro
Pompa Mingo, imputado por un presunto delito de prevaricación,
"cuya honestidad en el desempeño de sus funciones está
fuera de toda duda, ya que sus acciones han estado siempre encaminadas
a conseguir el bien común de los vecinos de la localidad".
HERALDO DE ARAGÓN, sáb, 10/03/2007, L. FACI
Zaragoza
La alcaldesa de Tarazona declarará como imputada por presunta
prevaricación. Ana Cristina Vera (PSOE) deberá testificar
tras la denuncia de vecinos de La Faceda. Uno de los
procesos judiciales abiertos contra el Ayuntamiento de Tarazona por
presuntas irregularidades urbanísticas en La Faceda
llevará a la alcaldesa, Ana Cristina Vera (PSOE), a declarar
como imputada por presunta prevaricación. El 2 de abril, la
también diputada autonómica testificará en el
Juzgado de Instrucción nº1 de Tarazona. Éste supone
un nuevo capítulo en la polémica promoción de
viviendas en el mencionado barrio, que se inició hace
años con las quejas de los vecinos por el sinfín de
desperfectos en los pisos y que continuó con una sentencia
desfavorable al Consistorio por el incumplimiento del planeamiento del
sector. El fallo fue recurrido por la corporación municipal.
Diario de Mallorca, vie, 09/03/2007, MARISA GOÑI.
PALMA.
El Govern paralizó la denuncia de una posible
prevaricación en Andratx detectada en 2005
SECUENCIA DE UNA CASA DENUNCIADA. Un agente de medio ambiente
detectó en 2004 el pintado de los cimientos de una nueva casa en
una finca de Andratx, con una antigua y pequeña
construcción. Comprobó que la obra tenía licencia
de ampliación, que no se ajustaba a los trabajos realizados y
apuntó que el Ayuntamiento podía haber incurrido en
prevaricación al concederla. En 2005 constató que las
obras seguían. Su denuncia, con fotografías que reproduce
este diario, se retuvo en la Conselleria, según denunció
CCOO.
La conselleria de Medio Ambiente paralizó durante más de
un año el envío a la Fiscalía de la denuncia de un
agente de su departamento, que alertó de una posible
prevaricación administrativa del ayuntamiento de Andratx por
unas obras realizadas en el municipio. Se trata de una nueva casa que
se levantó en el Camí de So na Vidala, en una zona
protegida como Área Natural de Especial Interés (ANEI).
La obra la promovió la empresa con una licencia municipal para
reforma y ampliación. Un agente de medio ambiente visitó
la zona y levantó un acta de inspección en septiembre de
2004. Constató que no había placa de obras y
advirtió que en realidad se estaba construyendo una nueva
vivienda unifamiliar aislada, desplazada de la pequeña
construcción antigua de la finca, y que suponía una
ampliación de la superficie edificada de más del 500%.
Cinco meses después, el 18 de febrero de 2005 el agente
volvió y vio que continuaban las obras, que ya se había
colocado la placa de obras, donde decía que la ordenanza
aplicable era la de Área Rural de Interés
Paisajístico (ARIP). El 23 de febrero de 2005 elaboró un
oficio de denuncia, cuya portadilla ya recogía una "posible
infracción del artículo 320 del Código Penal", el
relativo a prevaricación administrativa. "La licencia otorgada
para construir en ARIP no es correcta y el ayuntamiento de Andratx es
presumiblemente infractor del artículo 320 del Código
Penal (prevaricación) por otorgar una licencia de obras que
permite construir en ANEI una vivienda unifamiliar", apuntó el
funcionario, que además identificó al propietario de la
parcela. En las conclusiones, además de la prevaricación,
señaló que los hechos podrían constituir una
infracción de la Ley de Espacios Naturales y de Régimen
Urbanístico de las áreas de especial protección y
de sus modificaciones, en especial de las Directrices de
Ordenación del territorio (DOT), que prohíben
construcciones de viviendas unifamiliares en ANEI.
Un año después de realizarse este oficio de denuncia, en
concreto en abril del pasado año, Francesc Lillo, responsable
del departamento de Medio Ambiente de CCOO, escribió una carta
al fiscal del ramo, Adrián Salazar, informándole de
ésta y otras cinco denuncias de los agentes de Medio Ambiente
que la Conselleria no hacía llegar a la Fiscalía. Esta
era la segunda carta, que incidía sobre los mismos hechos
denunciados en otra anterior de abril de 2005. Salazar admitió
el pasado diciembre que el Govern no le remitía las denuncias y
que se buscaron vías alternativas para que llegara la
información a la Fiscalía. El despliegue de la
´Operación Voramar´ activó la
colaboración y la Conselleria envió la
documentación de varios casos retenidos durante meses en
instancias autonómicas.
Como puede apreciarse, el delito de prevaricación suele estar
relacionado con
el de cohecho, tráfico de
influencias,
malversación, negociaciones
prohibidas a los funcionarios y falsedad pero con trabajo
pericial riguroso pueden evidenciarse mediante MENTIROSCOPIA y
evalucación crítica del testimonio.
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