TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Ing. Miguel A. Gallardo, Criminólogo, perito judicial privado
www.cita.es Tel.: 914743809, Móvil: 619776475 (atención casi permanente), E-mail: miguel@cita.es

Nota importante: En estos momentos investigamos el COHECHO y la Competencia Desleal en la Operación Guateque en http://www.miguelgallardo.es/guateque

Al igual que ocurre con con las extorsiones el cohecho, negociaciones prohibidas, malversación y prevaricación, la investigación de cualquier presunto tráfico de influencias es siempre muy difícil, y ciertamente arriesgado. Lo que la criminología entiende como CIFRA NEGRA, que son los delitos cometidos pero nunca denunciados, en el caso de las prevaricaciones, alcanza límites insospechados. Basta la lectura de los artículos 428 al 431 del Código Penal relativos al tráfico de influencias, y unas miradas limpias a ciertas relaciones entre funcionarios o autoridades con algunos individuos para comprender que la criminalística del tráfico de influencias no se desarrolla por muy bueno que sea el abogado o criminalista y demás peritos judiciales porque siempre hay mucho más interés en obstruirla que en facilitarla. A continuación se citan los artículos relativos al tráfico de influencias, seguidos de algunas noticias ciertamente curiosas.

CAPÍTULO VI.
DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
Artículo 428.
El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a un año, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior.

Artículo 429.
El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año, y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior.

Artículo 430.
Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.
En cualquiera de los supuestos a que se refiere este artículo, la autoridad judicial podrá imponer también la suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, organización o despacho y la clausura de sus dependencias abiertas al público por tiempo de seis meses a tres años.

Artículo 431.
En todos los casos previstos en este Capítulo y en el anterior, las dádivas, presentes o regalos caerán en decomiso.

Noticias sobre tráfico de influencias
El Economista, 17/03/2007
Bruselas decide poner freno al tráfico de influencias
La Comisión Europea opta por crear un censo voluntario de ‘lobbistas’, pero si no funciona lo hará obligatorio por ley
Antonio León
BRUSELAS. Presionar a los políticos europeos seguirá estando menos regulado que intentar influir en las decisiones de sus homólogos estadounidenses.
El estonio Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Administración, Auditoría y Lucha contra el Fraude, tiene previsto presentar
este miércoles sus propuestas para empujar a ser más transparentes a los 15.000 lobbistas que merodean por los pasillos de Bruselas.
Tras dos años de consultas, Kallas se reafirma en su idea de crear una lista pública y voluntaria en la que deberían inscribirse los representantes
de los grupos de interés si quieren ganarse el respeto de sus interlocutores en las instituciones de la UE. Además de identificarse, deben declarar quién les paga y qué intereses se esconden detrás de sus argumentos para pedir la aprobación, el rechazo o la modificación de una norma.
Bruselas intenta evitar que una agencia o profesional defienda ante sus políticos y burócratas posiciones de clientes irreconciliables:
un abogado no puede defender a la víctima y al agresor, como tampoco un lobbista puede representar a una empresa constructora con intereses en las proximidades de un parque natural susceptible de ser recalificado, y a una asociación de preservación de la zona. Otro caso a evitar es que detrás de una asociación de afectados por una determinada enfermedad se esconda un laboratorio que busca ayudas públicas para comercializar un fármaco para ese colectivo.
La amenaza legislativa Bruselas prefiere no legislar por el momento. Para empezar, encontrar una definición de lobbista que reuna el consenso de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Gobiernos de los 27 países de la UE puede provocar un debate bizantino porque lobbista puede ser cualquiera: un abogado, un empresario, un miembro de una ONG, etc. Pero el Ejecutivo comunitario asegura que recurrirá a la legislación si no hay inscripciones en el censo voluntario. Otro objetivo es intentar prevenir escándalos de sobornos y tráfico de influencias como los vividos en Estados Unidos. Pero mientras nadie demuestre lo contrario, en Norteamérica es más común que los grupos de presión financien la política. Los lobbistas en Bruselas aseguran que su actividad es más transparente que, por ejemplo, la de sus colegas ante las instituciones públicas españolas.

Europa Press, lun, 19/03/2007
CANARIAS .- Martín dice ahora que 'siempre' se ha preocupado porque en Canarias 'no exista ninguna posibilidad de tráfico de influencias'    
Las Palmas de Gran Canaria, 19 Mar. (EP/IP) -
El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, dijo hoy que "siempre" se ha preocupado porque en las Islas "no exista ninguna posibilidad de tráfico de influencias" en la resolución de los expedientes tramitados por la Administración autonómica.
Martín hizo estas declaraciones en el acto hoy de presentación de las nuevas oficinas de información ciudadana en ambas capitales isleñas, acto en el que reseñó su "enorme preocupación por la transparencia" administrativa autonómica.
El presidente canario afirmó que ha estado "preocupado" por el "correcto funcionamiento de los servicios públicos" autonómicos con el objetivo que los canarios, "vivan donde vivan, y estén donde estén, tengan todos las mismas oportunidades".
Martín apostilló que "de nada sirve una administración moderna si luego no es útil" para el ciudadano, y destacó que con dichas oficinas "buscamos los caminos más cortos" para atender a la ciudadanía ante unos servicios públicos isleños que "en ocasiones han sido tan criticados".

EL PAÍS, 26/02/2007, SANTIAGO NAVARRO, Alicante      
Un recurso bloquea el caso de tráfico de influencias del alcalde de Torrevieja un año    
La juez no ha practicado la prueba testifical que propuso el PSPV en diciembre de 2005    
La investigación judicial abierta por la compra-venta de una finca del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, está bloqueada desde hace un año como consecuencia del litigio sobre la fianza para que los tres grupos de la oposición municipal (PSPV, EU y Los Verdes) puedan ejercer la acusación popular. El Juzgado número 4 de Torrevieja decretó una fianza de 6.000 euros para esas partes en marzo de 2006, medio año después de iniciar las diligencias con la declaración como imputado del regidor de esta localidad alicantina.
Un año más tarde, ese extremo del proceso no está resuelto y, por tanto, tampoco se ha practicado la prueba testifical que proponían los socialistas, y que incluía la declaración del promotor, de la mujer del primer edil y del alcalde de la vecina localidad de Almoradí.
La juez, a propuesta del ministerio fiscal, acordó fijar una fianza de 6.000 euros a los tres grupos que pretendían ejercer la acusación popular en marzo de 2006. El letrado del Grupo Socialista presentó un recurso de reforma ante el propio juzgado, que la magistrada rechazó. A continuación, el PSPV presentó un recurso de apelación a la Audiencia de Alicante. El letrado de esa parte sostiene que tramitó la apelación el pasado noviembre. No obstante, fuentes de la Audiencia de Alicante aseguran que a la sala correspondiente, la sección 7ª con sede en Elche, no ha llegado ningún recurso sobre esa cuestión.
El juzgado instructor, con una nueva titular desde hace 15 días, ha evitado pronunciarse sobre la cuestión a la espera de revisar con 'detenimiento' la causa, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El retraso de la resolución final sobre la fianza ha bloqueado la investigación, especialmente en lo que se refiere a la prueba testifical. Hernández Mateo compareció en juzgado como imputado por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información el 28 de octubre de 2005.
El juzgado esta inventigando la millonaria plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó en el espacio de dos años la compra-venta de una finca rústica en el término de Almoradí. El regidor achacó la ganancia al boom urbanístico que se estaba registrando en toda la comarca de la Vega Baja.
A finales de 2005, el letrado del PSPV, que asistió al interrogatorio de Hernández Mateo, en calidad de acusación popular -la juez admitió esa parte sin establecer fianza alguna- presentó un escrito en el que proponía el interrogatorio a 10 testigos, aparte de otra batería de pruebas documentales, entre ellas, certificados del Registro Mercantil de la Propiedad, así como del Registro de Bienes del Ayuntamiento para verificar el patrimonio del alcalde.
Los testigos más destacados que la acusación popular propuso eran el alcalde de Almoradí, Antonio Ángel Hurtado, del PP, el propietario de la mercantil con la que el alcalde formalizó la compra-venta de la finca, la promotora Edén del Mar, y la esposa de Hernández Mateo. El PSPV justificó el interrogatorio al primer edil de Almoradí porque la finca que Hernández Mateo compró en 2000 pertenece al término de esa localidad. Además, el terreno -18 hectáreas de suelo rústico- fue incluido más tarde en un proyecto para levantar una urbanización, que prevé recalificar 19 millones de metros cuadrados.
Pedro Ángel Hernández Mateo, junto a dos concejales de su equipo de gobierno, está además imputado en un segundo sumario por un supuesto delito continuado de prevaricación derivado de pagos ilegales, mediante la fórmula de reconocimiento extraordinario de crédito y sin consignación presupuestaria, por valor de 6,5 millones de euros. El juzgado abrió las diligencias a raíz de una denuncia presentada por el grupo municipal del PSPV.

EL PAÍS, lun, 05/02/2007, ELSA GRANDA         
Del Ayuntamiento a la mazmorra    
Los 10 casos de corrupción política más sonados de 2006 han llevado a los calabozos a media docena de alcaldes y una treintena de concejales    
Un año aciago para quienes vieron en la política municipal un canal de enriquecimiento personal. Así fue 2006, cuando por los calabozos, prisiones y juzgados han desfilado más alcaldes y concejales que en toda la democracia. En casi todos los casos relacionados con asuntos urbanísticos -competencia de la Administración local-, aunque también vinculados con concesiones irregulares de licencias de servicios municipales.
La cabeza del ránking de grandes corruptelas y tramas de fraude se localiza en el sur del mapa: en Marbella. La fiscalía de Málaga considera que los más de 70 detenidos en la Operación Malaya formaban 'un grupo delictivo de guante blanco'. Nunca antes se había disuelto un Consistorio y se había formado una comisión gestora para dirigir el municipio, como ocurrió en Marbella en abril pasado.
Alcaldes imputados y encarcelados, fianzas astronómicas, desfalcos millonarios, ediles fugados, conocidos empresarios en los calabozos, recalificaciones contra cualquier lógica legal o medioambiental... Éstos son los casos más importantes, atendiendo al número de detenidos e imputados, al dinero defraudado y al calado de la trama. En la mayoría de ellos el agujero en las arcas públicas está aún por determinar.
- Marbella (Málaga). La impresionante bolsa de corrupción del Consistorio marbellí no tiene parangón, ni por número de detenidos e imputados (74), ni por el dinero defraudado (el valor de lo confiscado supera los 2.400 millones), ni por la disolución del Consistorio. 20 concejales comparecieron ante el juez Miguel Ángel Torres imputados por delitos de cohecho, tráfico de influencias o prevaricación.
Todos ellos pasaron por prisión; también los ex alcaldes Marisol Yagüe y Julián Muñoz. En el caso marbellí no falta casi de nada, incluso cuenta con un fugado, Carlos Fernández, ex edil del Partido Andalucista. Se han descubierto más de una docena de testaferros, y están imputados cerca de una treintena de promotores, constructores y empresarios. El cerebro de la red de corrupción, Juan Antonio Roca, cobraba entre 50.000 y 600.000 euros a los promotores por favorecer sus negocios. Un solo empresario reconoció ante el juez haberle pagado seis millones de euros en comisiones ilegales. Muchos de los implicados debieron pagar fianzas astronómicas, de hasta medio millón de euros; y siete personas siguen en la cárcel.
- Telde (Gran Canaria). La operación policial y judicial desarrollada en el municipio grancanario ha provocado un goteo de detenciones, que comenzó el pasado mes de marzo. El escándalo salpicó al PP de lleno. El alcalde, Francisco Valido, y cinco concejales de ese partido -todo el equipo popular menos un edil- fueron detenidos el pasado 8 de noviembre. De las 26 personas imputadas por el presunto cobro de comisiones ilegales en el Consistorio de la localidad, 10 son militantes del PP. La mayoría de los implicados están imputados por falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La presunta cerebro de la trama, la concejal de Obras, María Antonia Torres, permaneció 62 días en la cárcel. Evitar su estancia en prisión o salir de ella tras ser encarcelados les supuso a los implicados entre 80.000 y 100.000 euros.
- Andratx (Baleares). La trama del municipio balear es menos llamativo por el número de personas implicadas, pero merece uno de los primeros puestos en la lista por el monto de lo presuntamente estafado, y por el alcance que puede tener dentro del PP en la isla, donde cayó como una bomba. El caso Andratx, que estalló el 27 de noviembre, llevó a la detención del alcalde del municipio, Eugenio Hidalgo; el director general de Ordenación del Territorio de Jaume Matas, Jaume Massot; y el celador de Obras del municipio, Jaume Gibert. Hidalgo y Gibert se encuentran actualmente en prisión. La investigación ha acreditado el cobro de al menos 740.000 euros, que presuntamente se repartieron estos dos imputados. Se les atribuyen delitos contra la ordenación del territorio, de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.
Según la tesis del fiscal, el ex alcalde ganó 1,8 millones en operaciones inmobiliarias que efectuó asociado a promotores. Mientras que la Fiscalía Anticorrupción calcula que éste recibió 1,1 millones en cohechos. La investigación atribuye 39 millones a supuestas ilegalidades en licencias, permisos de obras, y falsedades en certificados de suelo para convertir zonas protegidas en urbanas o en suelo rústico edificable.
- Ciempozuelos (Madrid). Las fianzas más abultadas fueron las impuestas a los ex alcaldes socialistas de este municipio madrileño. Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón abandonaron la cárcel tras abonar sendos pagos de 900.000 euros. Ambos ex regidores, imputados por cohecho y blanqueo de capitales, presuntamente depositaron algo más de un millón de euros en una entidad bancaria de Andorra, y pactaron con la inmobiliaria Esprode el pago de 40 millones de euros a cambio de varias recalificaciones urbanísticas en el municipio. Hace sólo unos días, el fiscal pidió la reapertura de la instrucción al considerar que algunos de los denunciantes del caso han podido utilizar las medidas cautelares del juez para dar pelotazos urbanísticos en la zona.
- Alhaurín el Grande (Málaga). Juan Martín Serón, alcalde de esta localidad malagueña de 22.000 habitantes, es también miembro de la directiva regional del partido y diputado provincial en Málaga. Fue arrestado el 18 de enero en Marbella. Ese mismo día también fue detenido el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra. El juez les impuso una fianza de 100.000 euros, que el regidor logró reunir en apenas cinco horas. En su vivienda fueron intervenidos 63.000 euros, y otros 7.000 fueron hallados en su despacho. Ambos están imputados por prevaricación y cohecho, al pedir presuntamente a un promotor 100.000 euros a cambio de la concesión de una licencia de construcción, y paralizar hasta cuatro veces las obras de un bloque de viviendas cuya promotora, una farmacéutica de la localidad, presuntamente se negó a pagar 12.000 euros al Ayuntamiento.
- Santa Cruz de Tenerife. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (Coalición Canaria), anunció recientemente que volverá a presentarse a la reelección. Esta declaración se producía días después de que el juez Baltasar Garzón incluyera su nombre entre los presuntos implicados de una derivación del caso de la estafa filatélica de Fórum. Pero ese no es el único asunto presuntamente irregular en el que ha incurrido este alcalde. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra él (por prevaricación y malversación de caudales públicos) y otras 10 personas -tres concejales, entre ellos los portavoces del PP y del PSOE, cinco técnicos municipales y dos empresarios- por una operación de compraventa de terrenos en la playa de Las Teresitas, con cargo a los presupuestos municipales.
- Mogán (Gran Canaria). En este pueblo grancanario el catálogo de presuntos delitos es amplio: prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio y del medioambiente, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios, malversación de caudales públicos, delito electoral relacionado con falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos. Cada una de esas acusaciones cayó como un aldabonazo sobre los cinco implicados. Uno de los aspectos más curiosos de ese caso es que la denuncia ante la fiscalía partió de dos antiguas ediles del PP, que no quisieron seguir soportando la pasividad del partido ante sus reiteradas denuncias. El alcalde popular, Francisco González, ostentaba la competencia de urbanismo. Además del primer edil fueron detenidas otras cuatro personas, entre ellas la primer teniente de alcalde, Onalia Bueno García. En este municipio a la corrupción urbanística se une un presunto delito electoral de compra de votos. Todos los imputados se encuentran en libertad sin fianza. El alcalde sigue ejerciendo su cargo en el Ayuntamiento.
- Castellón. El presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP está bajo sospecha desde el año 2003 por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y un posible fraude fiscal. Carlos Fabra está imputado por un asunto relacionado con la comercialización de productos fitosanitarios, y existe contra él una denuncia por no haber justificado la procedencia de ingresos en efectivo por un valor de 600.000 euros, así como el impago de cuotas del impuesto de la renta por unos 150.000 euros. El empresario Vicente Vilar le ha acusado de cobrarle cantidades millonarias a cambio de mediar ante la Administración central para agilizar autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios. A pesar de todo ha anunciado que se presentará a las próximas elecciones.
- Orihuela. (Alicante). Las investigaciones se centran en unas facturas presentadas a cobro por parte de la empresa Necso, y el abono, mediante decreto de la alcaldía, de un extra de 180.000 euros a la plantilla de esa empresa en 2004, para evitar una huelga. El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina (del PP), está además bajo sospecha por el uso de un vehículo Rolls Royce y un chalé propiedad de promotores locales beneficiados con adjudicaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. Medina está imputado por delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos.
- Catral (Alicante). José Manuel Rodríguez Leal está imputado por dos delitos: uno de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. El alcalde socialista de Catral permitió la construcción masiva en suelo no urbanizable y sin licencia; algunas de las viviendas fueron levantadas en el parque natural de El Hondo. Se estima que esas construcciones generaron unos 80 millones en dinero negro. Rodríguez Leal dejó el partido, pero no ha renunciado a la alcaldía.

Nota importante: En estos momentos investigamos el COHECHO y la Competencia Desleal en la Operación Guateque en http://www.miguelgallardo.es/guateque

Como puede apreciarse, el delito de tráfico de influencias suele estar relacionado con el de prevaricación, malversación cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsedad y con las extorsiones pero con trabajo pericial riguroso pueden evidenciarse mediante MENTIROSCOPIA y evalucación crítica del testimonio.
 
Para probar en juzgados de instrucción penal  el delito de cohecho, y también las denuncias falsas podemos ofrecer los servicios profesionales de un  perito judicial ingeniero criminalista  criminólogo informático mediador y agente comercial dispuesto a compartir experiencias con otros agentes comerciales peritos reconstructores ingenieros informáticos criminólogos criminalistas y en general, peritos judiciales sus conocimientos, y en especial a abogados y a abogados de abogados. Estudiamos, entre otros delitos, la prevaricación y las estafas amenazas usurpaciones mentiras falacias daños secretos y tenemos experiencia en autograbaciones escuchas transcripciones telecanalladas contraespionaje y criptología

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