La
Ciencia Policial o
Policiología
puede ser estudiada desde los más diversos aspectos,
ópticas y perspectivas profesionales con diferentes prioridades,
momentos históricos y lugares geográficos distintos, en
los que se aprecia una amplia variedad no exenta de contradicciones. En
lo que sigue enfocaremos nuestra atención sobre las actividades
policiales relacionadas con hechos y medios de prueba que puedan ser
valorados, criticados o enfrentados con dictámenes periciales,
que aquí pretendemos llamar "
policiológicos"
y en especial, destacaremos la labor del perito que más
útil pueda ser a la víctima de una actuación
policial injusta. En muchas ocasiones, un policía es la
víctima de la actuación policial injusta, por lo que la
policiología victimológica puede ser especialmente
útil a los propios policías, pero también, y sobre
todo,
para quienes, sin tener ninguna relación previa, se consideren
víctimas
de la Policía, o para mayor precisión y exactitud, de
algún policía, o de algunos policías indignos.
Se ha de insistir tantas veces como sea necesario en que los
policías dignos son las primeras víctimas de los indignos,
y deben ser
también sus denunciantes. Un mal entendido sentido del
compañerismo
puede tener consecuencias gravísimas para quien oculta pruebas o
dificulta una investigación legal y legítima.
Así, la Policiología puede ser definida como la ciencia
que estudia los fundamentos, el arte, los medios policiales y las
funciones que desempeña la Policía, como órgano
del Estado, que se ocupa del proceso de interacción entre el
gobernante y el gobernado en aras de la conservación del orden
generado por el
contractualismo social en la Constitución y para la mejor
protección
de ambos. Los sujetos, los objetos, las relaciones y las normas de la
Policía, su mejora y tambin su perversión, tanto
disciplinaria
como criminal, y su interacción con otros profesionales, abren
un gran abanico de posibilidades combinatorias hipercomplejas para este
estudio policiológico, pero siendo todo, absolutamente todo,
opinable,
lo interesante aquí es precisar lo que puede ser dictaminado
convincentemente
por peritos en sede judicial, cómo puede su opinión
influir,
o no, en el juzgador, considerando la sensibilidad y
predisposición
a creer o a dudar de lo que haga, diga o escriba cada policía
que
cada juez pueda tener en cada momento y circunstancia. La receptividad
de los jueces hacia los testimonios y las opiniones de los
policías
es tan variable como también lo es la opinión de los
jueces
hacia los peritos en general, hacia cada perito en particular, y hacia
cada peritaje específico para cada procedimiento judicial.
La
Policiología Forense para nosotros trata, por
lo tanto, de cuanto puede ser inspeccionado, analizado, deliberado y
dictaminado en un procedimiento judicial por un experto cualificado
para
emitir opinión sobre actividades policiales con consecuencias
judiciales.
La compleja y cambiante legislación policial por una parte, y
por
otra la Ley de Enjuiciamiento Criminal que faculta a los peritos para
introducir
en el procedimiento judicial sus informes y dictámenes, enmarcan
legalmente a la Policía Forense. Como no podría ser de
otra
manera, el dictamen de peritos es uno de los irrenunciables derechos
del
imputado y en muchas ocasiones su seguridad jurídica puede
depender
de la eficacia probatoria de cuanto pueda oponer a una diligencia,
dictamen,
atestado o testimonio policial. Así, la principal utilidad
práctica
de la Policiología Forense no es otra que la crítica de
las
actuaciones policiales incorrectas, erróneas, perversas o
delictivas,
siendo la delincuencia policial el siempre difícil objetivo de
la
criminología y la criminalística probatoria de delitos
policiales.
En rigor, la Policía no delinque nunca, en ningún caso.
Los que delinquen son policías que no merecen serlo, y es a la
Policía a la que más le interesa siempre el
esclarecimiento completo y
la prueba forense de cuanto pueda imputarse a cualquier policía,
y a todos y cada uno de los policías. Incluso cuando la
dirección de personal y asuntos internos se opone a una
investigación, un
imputado por cualquier delito puede ejercer su derecho a la prueba
pericial
amparado por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Evidentemente, los
policías, los sindicatos de policías, las autoridades y
la prensa tendrán sus propias opiniones de los peritos, de cada
perito, y de cada trabajo de cada perito en cada momento, y por
supuesto, también existe lo que el filósofo Xavier Zubiri
llamaba "respectividad" entre policías y peritos, y
también es importante la vigilancia policial de los peritos,
pero respetando cualquier otra intención policial o pericial,
aquí sólo se pretende definir, dividir y argumentar sobre
la peritación policiológica, entendida como
análisis y síntesis, inspección e
interpretación, hechos y
opiniones, de los expertos sobre la actividad policial.
El
maniqueísmo policial suele afectar a los
niveles culturales más bajos, dentro y fuera de la
policía,
porque sólo las mentes más simples limitan la
clasificación de los sujetos al binomio amigo/enemigo. Pero
también es posible encontrar en los niveles más altos,
incluso en comisarios generales y principales de la Policía, o
en generales de la Guardia Civil,
un cierto sectarismo, visiones y culturas muy partidarias, con
relaciones
sociales y culturales muy limitadas que hacen imposible el
análisis
ecuánime, profundo, y cualquier perspectiva científica de
la policiología por parte de muchos miembros de la
Policía
Nacional, la Guardia Civil, policías autonómicas
(Ertzaintza
y Mossos d'Esquadra), y por lo general, más aún en las
Policías
Municipales de cualquier lugar de España, por su inevitable
exposición
a presiones políticas próximas, directas y casi siempre
irresistibles. Además, el sindicalismo, que puede ser muy
necesario, como un pilar fundamental para la propia seguridad de un
colectivo laboral expuesto
a grandes riesgos, también puede pervertirse hasta la
conspiración delictiva como demuestra la historia del
sindicalismo policial en España.
Los delitos de policías tienen una variedad tan amplia como
existe en los tipos del Código Penal, porque los policías
delinquen como cualquier otro tipo de ciudadanos, pero por delitos
policiales pueden entenderse mejor aquellos que se realizan utilizando
el cargo,
los medios, instrumentos, armas, documentos o información que
está sólo al alcance de la Policía. Y
también hay comisiones de delitos policiales por omisión,
tanto del deber de socorro,
como por ocultación o destrucción de pruebas que
deberían de aportarse a algún procedimiento judicial, y
un policía deliberadamente decide impedir que el juez pueda
llegar a conocer la
verdad. En estos casos, la labor del perito especializado en
policiología puede ser, y cuando se le requere, suele ser
trascendental.
Existen numerosos criterios para clasificar los diversos tipos
dictámenes policiológicos. Sin pretender ser exhaustivos,
la tipología de peritajes sobre actividades policiales puede
clasificarse en reconocimientos o constataciones simples, informes
más o menos complejos (atestados) y dictámenes
periciales, contra diligencias, contra informes o contra
dictámenes policiales. También es posible que el peritaje
se haga para reforzar una información o una opinión
policial. La diferencia entre informe y dictamen está en la
limitación interpretativa del primero y en la opinión que
manifiesta el experto en el segundo. En principio, una diligencia
policial debería constatar hechos documentados o testificados,
sin hacer valoraciones por la Policía, aunque es un frecuente
error policial el incluir opiniones, a veces muy impertinentes. Sin
embargo, los expertos de la policía científica sí
que están obligados a opinar aunque sus opiniones estén,
o deban de estar más fundamentadas en criterios
científicos referenciando métodos, técnicas,
teorías y publicaciones científicas con el mayor rigor
posible. Lamentablemente, es un frecuente error de la policía
científica sobreactuar con prepotencia y desprecio a otras
opiniones pretendiendo impedir apodícticamente cualquier
posibilidad de refutación. La experiencia demuestra que cuanto
más hacen los policías por reprimir las argumentaciones
de
un perito, más valiosos son sus dictámenes.
De todos los delitos que pueda cometer un policía, el que
hace más necesario a un perito auténticamente experto en
policiología es el de la falsedad de testigos y peritos, que
cuando
son policías pueden alterar por completo un procedimiento
judicial.
Para estos casos, el perito debe construir una pieza de
convicción
capaz de superar la presunción de veracidad del policía
mendaz,
enfrentando los hechos con el testimonio falso. Lo más
difícil
para un perito es evidenciar en sede judicial que un policía
está
incurriendo en un delito del tipo del Artículo 460 del
Código
Penal vigente en España, que literalmente dice: "
Cuando el
testigo,
perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la
alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos
relevantes
que le fueran conocidos, será castigado con la pena de multa de
seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo
público, profesión u oficio, de seis meses a tres
años
". Casi todos, por no decir que todos, los delitos policiales conllevan
algo de falsedad, y en todo caso, es imprescindible tener presente ese
artículo en cualquier comparecencia para interrogar a los
policías
sospechosos, y lo que es más delicado aún, a sus
compañeros
posibles testigos de actos delictivos o palabras en declaraciones
falsas.
Para probar la falsedad policial es necesario que el perito
policiólogo tenga una buena formación, vocación y
elementos (documentos y testimonios), pero también es
imprescindible que alguno de los perjudicados por la falsedad policial
esté decidido a evidenciarla, y proponga una prueba pericial
adecuada. Lamentablemente, muchos abogados son absolutamente incapaces
de plantearse una mínima investigación en este sentido.
Esa pasividad de los abogados explica, mejor que ninguna otra cosa, que
ciertos policías falseadores y falaces prosperen
sin ser expedientados y sancionados disciplinariamente, ni enjuiciados
por faltas o delitos. Son muy pocos los letrados que pueden presumir de
haber llevado hasta sus últimas consecuencias la prueba de una
falsedad
policial. Algunos peritos lamentamos la pasividad de los abogados en
este
sentido.
Hay que distinguir entre falsedad, mendacidad, falacia y algunos
otros términos como la fabulación o el paralogismo,
dependiendo si se trata de contrastar un dato, refutar un argumento u
oponerse a una intención de uno, o de más de un
policía. Más allá de la dialéctica, la
erística pretende llegar a la verdad por medio del
diálogo racionalista. Diálogo que no siempre es posible
entre la policía y el perito, pero que en
algunas ocasiones puede practicarse como careo o ratificación de
los informes y dictámenes de los peritos en sede judicial
ordenando
el diálogo, siempre asimétrico, el juez o el magistrado
presidente
del tribunal. No es difícil distinguir, tras unos minutos de
conversación, al perito que tiene alguna experiencia en refutar
argumentos policiales, del que previsiblemente se plegará a la
primera contrariedad. La peritación policiológica no es
sólo una cuestión de conocimiento, sino también de
vocación, integridad y convicción, además de
capacidad y recursos técnicos y científicos para hacer
que la verdad prevalezca sobre la presunción de veracidad
policial.
A continuación, se ofrecen una serie de artículos
publicados en prensa con comentarios
en cursiva desde una
perspectiva policiológica. En primer lugar, se han seleccionado
dos referencias, una
argentina y otra
mexicana
para dar una visión internacional del fenómeno
policiológico más crítico en general, y a
continuación, se ofrecen varios artículos recientemente
publicados en España que referencian actuaciones policiales que,
en nuestra opinión, deberían de ser mucho más
profundamente investigadas, según se comenta a
continuación de cada uno.
EDITORIAL de
Clarín (Argentina
)
http://www.clarin.com/diario/2005/05/14/opinion/o-04202.htm
Consecuencias de los delitos policiales
Con demasiada frecuencia, como sucedió en las últimas
semanas, la crónica periodística registra casos de
policías juzgados o implicados por delitos.
Se trata de un grave problema institucional porque los protagonistas de
esos hechos son precisamente, los encargados de velar por el
cumplimiento de la ley. Cuando la Policía no cumple
adecuadamente su deber, por falta de recursos o negligencia, la
ciudadanía queda expuesta a
la inseguridad. Pero cuando los policías cometen los delitos, la
ciudadanía es víctima de quien debe protegerla.
De este modo se pierde la confianza en la fuerza policial y en el
propio Estado, lo cual contribuye a promover las reacciones de justicia
por mano propia y armamentismo privado. Las fallas y delitos de los
policías afectan, por lo tanto, las bases de la convivencia
social y del respeto por la ley común.
En muchas oportunidades las autoridades policiales reaccionan ante
estos casos, con espíritu de cuerpo, tratando de negarlos o
minimizar su alcance.
Esta conducta, además de estar en contra de la ley, promueve el
desprestigio de las fuerzas en general y de sus elementos honestos en
particular.
Con demasiada frecuencia, los delitos son protagonizados por
policías. Se trata de un grave problema porque ellos son los
encargados del cumplimiento de la ley.
La situación general de la Policía argentina es
policiológicamente insostenible.
México Unido
Contra la Delincuencia
http://www.coparmex.org.mx/contenidos/publicaciones/Entorno/2001/febrero01/mexunido.htm
...
III Prevención del crimen
La prevención, a su vez, resultará de la
erradicación de los factores que hoy son los más
criminónegos: la corrupción que quienes precisamente se
encargan de la seguridad y la justicia; la existencia de circuitos de
ilegalidad; la tolerancia al desorden; la falta de políticas de
intervención ante condiciones sociales que propician el crimen;
la impunidad; la negación esencial del propósito de las
prisiones y la readaptación social.
Para la prevención del crimen, la primera condición es
que la policía y el sistema de justicia penal no contribuyan,
mayormente por acción, pero también por omisión, a
la proliferación de los ilícitos.
Para entonces se habrá logrado erradicar la protección y
fomento del crimen por parte de policías; a las redes de
corrupción que constituye el poder de hecho en las corporaciones
y los esquemas
piramidales de extorsión interna y externa; la
participación
directa de policías en crímenes; las prácticas de
"control" o "administración" del hampa; el tráfico con
cargos,
puestos y medios de trabajo; el tráfico con la justicia en
agencias
del ministerio público y juzgados; la autonomía de hecho
de la policía y la falta de controles gubernamentales y sociales
de la misma; la reproducción de la corrupción mediante la
perversión del proceso de reproducción de la fuerza
policial
(selección, reclutamiento, promoción).
La erradicación de las prácticas viciadas se habrá
basado en acciones desde etapas muy tempranas de depuración
radical, a su vez sustentada en una investigación
sistemática, exhaustiva y no reactiva de las redes de
corrupción y complicidad; la depuración "natural" como
producto de la incapacidad probada y de la resistencia
a cumplir objetivos y metas razonables, claramente establecidas; la
abolición de las prácticas "institucionalizadas" de
protección y
fomento del crimen, extorsión interna y externa, el
tráfico
con plazas, puestos e instrumentos de trabajo; la liquidación de
las prácticas autoritarias de intercambio entre políticos
y policías de impunidad por incondicionalidad; el rechazo activo
a toda negociación con criminales, organizados o no, así
como la "amnistía" frente a las prácticas de
corrupción.
La erradicación también habrá incluido desde
etapas muy tempranas la eliminación de las prácticas de
uso
de recursos privados para tareas públicas y de recursos
públicos para fines privados aunque no sean por sí mismos
ilícitos; la eliminación de la autonomía formal e
informal de la
policía; romper el esquema de reproducción de las redes
de corrupción que se ha dado mediante la imposición de
lealtades
familiares, de vecindad, de amistad, de compadrazgo o de origen
regional
en la reproducción de la fuerza policial.
México tiene gravísimos problemas
policiológicos, y su situación también parece
insostenible.
Pero en España, la Policía, la Guardia Civil y numerosas
Policías Municipales son noticia por hechos realmente
preocupantes, en los que lo más preocupante de todo es la falta
de inteligencia, transparencia y capacidad de reacción de las
autoridades. Últimamente, la muerte de un ciudadano en el
Cuartel de la Guardia Civil en Roquetas
ha provocado un conjunto de simulaciones, falsedades y comportamientos
políticamente inaceptables, imposibles de juzgar por magistrados
o jueces que en lugar
de instruir, esperan a que los asuntos se olviden. Por ejemplo, puede
leerse lo siguiente:
Diari de Tarragona,
23/08/2005
Antonio Papell
¿Qué pasa en la Guardia Civil?
Según una información publicada el pasado domingo, el
alférez a quien la Guardia Civil encargó la
investigación interna
de la muerte en el cuartel de Roquetas de Mar del agricultor Juan
Martínez Galdeano es precisamente uno de los 14 agentes del
instituto armado a los que un juzgado de Melilla está
investigando por su presunta conexión con tramas de
narcotráfico. En definitiva, el oficial en cuestión
está imputado en un procedimiento penal por la
desaparición de 700 kilogramos de hachís, a consecuencia
de dos querellas que
fueron presentadas por la Asociación Unificada de la Guardia
Civil.
Por añadidura, también se ha conocido que la Guardia
Civil
no ha abierto expediente a esos catorce agentes, como es preceptivo.
Esta
sorprendente noticia es posterior a la de que el teniente que estaba al
frente
del cuartel de Roquetas y que tuvo una participación destacada
en
la muerte de aquel ciudadano quien recibió una paliza
había
sido objeto de al menos dos denuncias judiciales por malos tratos y
abuso
de autoridad, que fueron archivadas y que tampoco dieron lugar a
investigación
alguna. Es patente que algo falla en la dirección de este cuerpo
militar
con funciones policiales.
Sobre estos mismos hechos, hay múltiples manifestaciones de
las que pueden destacarse las siguientes:
Diario Noticias
de Álava, 14/08/2005
Kepa Menéndez
Pera
Paralelismos con el 'caso Roquetas'
La de veces que desde Madrid se ha desmentido la práctica
de tortura por parte de las Fuezas de Seguridad-Los mismos medios que
en su día desdeñaron la imagen de Unai Romano invocan hoy
justicia en Roquetas
Tribuna Abierta
No cabe duda de que si existe una noticia que durante días viene
acaparando la actualidad informativa en este caluroso y anodino verano,
por encima de incendios forestales, crisis alimentarias,
sequías, paseos espaciales y rescates submarinos, ésta no
es otra que la que guarda relación con el denominado caso
Roquetas. La repercusión que este suceso está teniendo en
la sociedad deja tras de sí un reguero de cuestiones que
más pronto que tarde deben ser esclarecidas con total rigor por
los máximos responsables de la seguridad del país.
Y con razón, porque que un señor entre por su propio pie
en un cuartelillo de la Guardia Civil y salga del mismo en un coche
fúnebre, es cuando menos para sospechar que a alguno de los
allí uniformados se le ha ido notablemente la mano en el
desempeño
de sus funciones.
Euskadi y sus ciudadanos saben bastante de estas cosas. La de veces que
se ha alzado la voz denunciando situaciones similares, de personas que,
conducidas ante el cuartel más cercano, han sido posteriormente
liberadas sin cargos pero con el cuerpo totalmente magullado, cuando
no, como en el caso del agricultor de Roquetas de Mar, trasladadas a la
morgue en el furgón mortuorio. Y la de veces que desde Madrid se
ha desmentido la práctica de la tortura por parte de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad
del Estado a pesar de los informes de diversas asociaciones
internacionales de defensa de los derechos humanos que aseguran lo
contrario, de análisis forenses, material fotográfico y
demás documentación.
Resulta que ahora todos se llevan las manos a la cabeza por lo ocurrido
en la localidad almeriense, por la desmesurada actuación de los
agentes, por la negativa de éstos a volver a declarar, por el
hecho de que el teniente al mando contara con sendas denuncias por
malos tratos, por el oscurantismo del cuerpo militar en explicar lo
ocurrido al Ministerio del Interior, por el uso indebido de armas
antirreglamentarias, y por
más que, sin duda alguna, irá saliendo a medida que
avance
la investigación.
Aquellos que hasta no hace mucho aplaudían la denuncia
presentada por el gobierno de Aznar ante la Audiencia Nacional contra
varios directivos del clausurado Egunkaria, tras declarar que
habían sido objeto
de torturas por parte de la Guardia Civil durante su detención,
ahora claman al cielo y piden responsabilidades por lo sucedido en
Roquetas.
Antes intransigentes con los querellantes, porque según ellos en
España no se torturaba, cargan hoy ríos de tinta contra
una
práctica que consideran inaceptable en un Estado de Derecho. Es
más, se afanan en demostrar la culpabilidad de los agentes
implicados,
en llegar hasta el final, y no desdeñan adjetivo alguno a la
hora
de descalificar la decisión de la jueza de dejar en libertad a
los
procesados.
Lo sucedido en Roquetas y la respuesta social y mediática
que este hecho está suscitando, bien podría aplicarse a
la realidad de Euskadi y al tratamiento que desde ciertos sectores
vienen
recibiendo las espeluznantes denuncias de ciudadanos vascos detenidos
en
dependencias de la Guardia Civil. No le quepa duda al lector de que si
esto hubiese ocurrido con un joven abertzale, las serviles plumillas
hubiesen minimizado su fallecimiento, como muchas veces así lo
han hecho, argumentando que el detenido se había autolesionado
hasta
producirse la muerte. En el caso almeriense, por el contrario, exigen
todo tipo de explicaciones y responsabilidades.
Férreamente alineados con los familiares del agricultor en sus
concentraciones frente al cuartel de Roquetas, los ahora indignados
profesionales de la opinión dirigirían dardos envenenados
contra los allegados del joven vasco si éstos osaran
manifestarse para, también, pedir justicia. Y no quiero imaginar
si de entre ellos alguien esgrimiera un arma e hiciera uso de la misma,
aunque ésta sólo fuera de fogueo. Lo que para unos fue
una simple chaladura de
un viejo nostálgico del régimen, en el caso más
cercano
hubiese sido aprovechado para difundir que los allegados de los
detenidos
vascos son todos unos terroristas y que también habría
que
meterlos de cabeza a la cárcel.
Como puede apreciarse, el tratamiento mediático sería, y
de hecho lo es, totalmente distinto. Los mismos medios que en su
día desdeñaron la sobrecogedora imagen de la cara de Unai
Romano tras su paso por dependencias policiales, sin tan siquiera
recapacitar y valorar su testimonio, invocan hoy justicia al saber de
la denuncia interpuesta
por la familia del agricultor almeriense, nada más visitar
ésta el cadáver y comprobar que su rostro, al igual que
el del joven
vasco, se encontraba completamente irreconocible.
La tortura es un mal que hay que erradicar de raíz, y hace bien
el ministro del Interior en solicitar información sobre los
casos de muertes y lesiones acaecidas en los distintos acuartelamientos
de la Benemérita en los últimos nueve años, cuando
el inefable Acebes estaba al mando de los mismos. Aunque, sin pretender
caer en la ingenuidad, no estaría de más que ese
afán, que tan repentinamente les embarga a nuestros dirigentes
por conocer la verdad
en un tema tan escabroso como éste, se remontara un poco
más en el tiempo y comenzara a hacerse la luz sobre casos que
todavía hoy continúan sin ser esclarecidos. Pero, ya se
sabe, eso no conviene al gobierno socialista, no vaya a ser que,
investiga que te investiga,
alguna vieja gloria del partido acabe salpicada por algo que lleva
tiempo
tapado y bien tapado.
Los antecedentes del anterior artículo de opinión
pueden comprenderse mejor leyendo la siguiente noticia:
EL MUNDO, 14/08/2005
MUERTE EN EL CUARTEL / LA REACCION OFICIAL Zapatero destaca la
respuesta «rápida y acertada» del Gobierno en el
'caso Roquetas' Afirma que defenderá los principios de
«ningún hombre por encima de las leyes» y
«tolerancia cero»
- El presidente considera que la Guardia Civil «se ha
dignificado» al investigar unos hechos
«graves»
Guardia Civil. Muerte del agricultor detenido en Roquetas de Mar
(Almería), Juan Martínez Galdeano. El presidente del
Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, destaca la respuesta
«rápida y acertada» del
Gobierno
LA GOMERA.- El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, destacó ayer en La Gomera la
«prontitud»
con la que el Ejecutivo ha actuado en la investigación de la
muerte de Juan Martínez Galdeano, unos hechos que
calificó de «graves y serios», al tiempo que
expresó sus condolencias a los
familiares del agricultor fallecido en el cuartel de la Guardia Civil
en Roquetas del Mar.
Durante una visita al Cabildo Insular de La Gomera, Rodríguez
Zapatero subrayó que la respuesta del Ministerio del Interior
ha sido «rápida, transparente y acertada», y que la
investigación de los hechos llevada a cabo por la Guardia Civil
ha sido «decisiva» y «se ha dignificado» con
ello.
Reiterando las palabras que el ministro del Interior, José
Antonio Alonso, pronunció durante su comparecencia en el
Congreso, el presidente señaló que habrá
«tolerancia cero»
con hechos como los ocurridos en Roquetas y que ningún hombre
estará por encima de la ley.
En su primera declaración pública sobre el caso Roquetas,
Zapatero destacó que «el Gobierno ha actuado con prontitud
y acertadamente.Con prontitud porque prácticamente a las 24
horas de sucedidos los hechos, y de conocerse la autopsia, se ha tomado
la decisión que está a su alcance, y con la exigencia de
las responsabilidades provisionales más altas que puede adoptar
el Gobierno».
En este sentido, Zapatero dijo que no hay antecedentes en nuestra
democracia que permitan «cualquier comparación con
cualquier suceso similar de respuesta rápida, transparente y
acertada que ha dado el Ministerio del Interior respondiendo a
principios que para este
Gobierno son esenciales».
En primer lugar, subrayó el presidente, el de
«ningún hombre por encima de las leyes, y en segundo
lugar, «tolerancia
cero en lo que pueda ser vulneración de cualquier derecho
fundamental».Y por último, citó,
«transparencia y responsabilidad inmediata ante el
Parlamento», lo que era «un compromiso» que
adquirió en su investidura de que sea en el Parlamento «en
donde se traslade, se conozca y se dé toda la información
por parte del Gobierno».
Sin pérdida de confianza
En cuanto a si ha perdido la confianza en Carlos Gómez Arruche,
director general de la Guardia Civil, Rodríguez Zapatero dijo
que «si el Gobierno hubiera perdido la confianza, pasarían
cosas distintas de lo que está pasando estos días».
La actuación de los poderes públicos, «no
sólo del Gobierno o del ministro del Interior», dijo,
«ha sido
la actuación que responde a una democracia fuerte»,
informa
Efe.
Subrayó que ha sido la inspección de la Guardia Civil
«la que ha puesto encima de la mesa los elementos al Ministerio
del Interior para adoptar las decisiones en relación con los
agentes que participaron en los lamentables hechos». Por tanto,
«creo que la Guardia Civil, siendo ella misma la que ha hecho la
investigación, decisiva en este caso para el conocimiento de un
principio de certeza objetiva, se ha dignificado».
«Ha vuelto a demostrar que es una Fuerza y Cuerpo de Seguridad
del Estado que cumple, que presta un gran servicio a los ciudadanos,
y que además es garante de la legalidad. Y garante de la
legalidad incluso cuando puede haber algún miembro que haya
podido vulnerar esa legalidad desde el punto de vista de su
actuación», agregó.
El presidente del Gobierno declaró que en el caso Roquetas la
responsabilidad «última» está «en manos
de la Justicia», que será «quien determine la verdad
material y las responsabilidades, en su caso, con relevancia penal que
hayan podido dar lugar los hechos serios, graves, que ocurrieron en el
cuartel de Roquetas».
Por último, calificó de «lamentable suceso»
la «pérdida de la vida de este ciudadano», a cuya
familia reiteró sus «condolencias más
sentidas».
Pero las declaraciones políticas no consiguen explicar lo
que se ha grabado en un vídeo que la opinión
pública todavía no ha visto con sus propios ojos,
y tampoco explica por qué no se ha visto ese vídeo,
y quién impide que ese vídeo se vea y con qué
motivación
puede impedir que algo así se conozca. Sobre el vídeo que
sí ha visto el Ministro del Interior (y no se sabe quién
más y por qué lo ha visto él y no otros), existen,
al menos, los siguientes datos, indicios, opiniones y discrepancias
políticas:
Agencias, 13/08/2005
Alonso revela en el Congreso que el cuartel de Roquetas
ocultó pruebas del maltrato
El ministro defiende a Arruche pese a sus palabras
«desafortunadas»
El ministro de Interior, José Antonio Alonso, desveló
ayer ante el Congreso de los Diputados que desde el cuartel de la
Guardia Civil de Roquetas de Mar se ocultaron en un primer momento
pruebas relativas a la muerte de un detenido en esas dependencias.
Alonso, que compareció ante la comisión de Interior, hizo
una cerrada defensa de la actuación del director general de la
Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, aunque reconoció que
sus primeras declaraciones pudieron ser «desafortunadas».
Todas las fuerzas políticas aceptaron las explicaciones, salvo
el PP, que pidió la dimisión de Alonso.
Madrid.- El ministro del Interior, José Antonio Alonso,
respaldó ayer la actuación del director general de la
Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, a raíz de la muerte
de un detenido en el
cuartel de Roquetas de Mar (Almería), y desveló que desde
ese puesto se omitieron en un primer momento pruebas de lo sucedido.
Así lo expuso Alonso en su comparecencia ante la comisión
de Interior del Congreso, en la que detalló la actuación
de su Departamento tras conocer la muerte de Juan Martínez
Galdeano, el 24 de julio, insistiendo en que su ministerio
tendrá "tolerancia cero" frente a cualquier vulneración
de los derechos de los ciudadanos.
Alonso, quien en nombre del Gobierno dio las «más
profundas condolencias» a la familia del fallecido y
mostró su apoyo a la Guardia Civil, defendió con fuerza
la actuación de
Arruche. El Ministro aseguró que el director general «hizo
en cada momento lo que tenía que hacer», aunque
admitió
que sus declaraciones tras el suceso pudieron ser "desafortunadas".
Sobre la omisión de pruebas, Alonso explicó que el
teniente imputado ocultó el uso de dos armas antirreglamentarias
para reducir a Galdeano, quien, según recordó,
había
acudido «por su propio pie» al cuartel para denunciar unos
incidentes de tráfico.
Desveló Alonso que las informaciones recogidas por agentes de la
Comandancia de Almería, a partir de datos facilitados desde
Roquetas, apuntaban a que las cintas de vídeo no recogieron
ningún hecho relevante de lo sucedido pues, según se
indicó en el cuartel, los momentos de reducción del
detenido «quedaban en
una zona oculta para la grabación».
Sin embargo, a las 00.05 horas del 26 de julio, el teniente coronel
jefe de la Comandancia de Almería remitió a Madrid un
informe de urgencia que desmentía esos primeros datos. El
informe, destacó el Ministro, indicaba que «visionadas de
nuevo las cintas» de las cámaras de seguridad del cuartel,
«se observa como», mientras cuatro guardias reducían
en el suelo al detenido, que
está en ropa interior, aparece de paisano el teniente provisto
de una defensa telescópica en una mano y de una defensa
eléctrica
en la otra. Con ambas golpea al detenido durante dos minutos, al menos
siete veces, mientras una agente lo golpea en las piernas con una
defensa
reglamentaria.
El informe concluía destacando que el empleo de dos armas
antirreglamentarias no fue referido por el teniente al comandante ni
al alférez de la unidad orgánica de policía
judicial.
Alonso reveló también que, tras el visionado del
vídeo
en presencia del teniente coronel y el comandante de Almería, se
preguntó al teniente por qué no había comentado el
empleo de la defensa eléctrica, a lo que contestó:
«de
haber sabido de la existencia de estas imágenes, las mismas no
las hubiéramos visto hoy».
Relató Alonso que, como responsable político, lo primero
que inquirió el comandante jefe de operaciones fue por
qué no se había visto la parte del vídeo que
recogía
la actuación del teniente. Éste le informó,
prosiguió el Ministro, de que el 24 de julio, el comandante
encargado de la investigación interna y el alférez de la
policía judicial acudieron a
Roquetas y allí, junto al teniente y a un guardia, implicados en
los sucesos, vieron el vídeo hasta el momento en el que,
según
les aseguraron, ya no se veía más «pues todo
transcurre
en zona oculta al ángulo de visión».
En ese momento se ordenó a la unidad orgánica de la
Policía Judicial que revisara las imágenes, que fueron
vistas al día siguiente por un informático y un guardia
civil, y
fue entonces cuando descubrieron las secuencias en las que se observa
cómo
el detenido es reducido con golpes y defensa eléctrica por el
teniente
y ocho agentes.
El ministro también afirmó que las dos denuncias
judiciales que fueron interpuestas contra el teniente del cuartel de
Roquetas de
Mar (Almería) en julio de 2004 y febrero de 2005, y que, dijo,
fueron archivadas, no llegaron a conocimiento de sus mandos superiores,
por lo que no se pudo investigar ni tomar medidas de tipo disciplinario.
La juez niega estar de baja y estima que el caso «se ha salido de
madre»
La jueza Estefanía López Muñoz, titular del
Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar y
encargada
del caso, afirmó ayer que el asunto «se ha salido de
madre» y se quejó de la falta de medios de su Juzgado.
«El caso se ha salido un poco de madre porque yo no estoy de
baja, ni me la he pedido, ni me voy a apartar del caso, ni tengo crisis
de ansiedad, ni estoy con estrés ni nada que no tenga una juez
de guardia en una localidad de costa cuando está sola»,
afirmó, desmintiendo de este modo las informaciones publicadas
sobre su baja
médica a consecuencia de un cuadro de ansiedad. La juez
confirmó
que el miércoles acudió a un hospital, pero,
precisó,
fue «por un problema ginecológico».
Mientras, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió
una nota en la que puntualiza que el informe forense fue entregado a
las partes «tal y como se recibió en el Juzgado»,
mediante fax. Añade el CGPJ que, posteriormente, se
constató
que la página siete del informe se encontraba parcialmente en
blanco
debido, probablemente, a un error en la transmisión. Esa
página,
tal y como se informó el miércoles, relata posibles
causas
de la fractura de esternón que causó la muerte del
agricultor.
Todos los partidos aceptan las explicaciones salvo el PP, que vuelve a
pedir la dimisión
El portavoz del PP, Ignacio Astarloa, reiteró la petición
de dimisión al ministro del Interior, José Antonio
Alonso, tras las explicaciones dadas por éste sobre lo ocurrido
en Roquetas, mientras que el resto de los grupos mostró su
confianza ante la gestión del caso.
Todos los grupos parlamentarios agradecieron la información dada
por Alonso, a excepción del PP, aunque algunos pusieron en
entredicho la actuación y declaraciones del director general de
la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche.
Astarloa dijo que Alonso no había respondido a las cuestiones
planteadas por su grupo. Precisó que el PP pide su
dimisión, al igual que lo hicieron hace unos meses con motivo de
la detención de dos militantes del PP a raíz de una
supuesta agresión
al ministro de Defensa, José Bono, durante una
manifestación
contra el terrorismo.
El resto de los portavoces de los grupos parlamentarios insistieron en
la necesidad de que haya "tolerancia cero" con los agentes que
maltraten a los detenidos y pidieron reformas legislativas para
prevenir esos casos.
La afirmación hecha por el Ministro de que la cadena de mandos y
los políticos desconocían que el teniente de Roquetas
tuviera otras denuncias anteriores por malos tratos, hizo que los
portavoces de IU, Mixto, ERC y PNV demandara medidas preventivas y
reformas por parte del Ministerio para evitar que esto sea posible.
En representación de CiU, Josep María Guinart
preguntó por el uso de porras eléctricas en otros
cuarteles y se mostró interesado en saber si el Gobierno tiene
previsto generalizar la presencia de cámaras de vigilancia en
todos los centros policiales.
El portavoz de ERC, Agustí Cerdá, defendió que el
mensaje de la comparecencia debería ser la unidad de todos los
grupos en la "tolerancia cero" frente a casos de tortura. El portavoz
del PNV, Emilio Olabarría, destacó el comportamiento
"regular" de Interior en este caso y criticó el
«carácter militar» de la Guardia Civil, que, dijo,
«no es el más adecuado para un cuerpo cuyas funciones son
las de policía judicial y policía gubernamental».
Insistió Olabarría en la existencia
de casos de tortura en España y advirtió al Gobierno de
que
«no baje las defensas» para su erradicación.
Todas las explicaciones y opiniones de políticos,
abogados, policías y miembros de la Guardia Civil pueden ser muy
respetables, pero lo que no puede admitirse es que ese vídeo no
pueda verse. El conjunto de personas que sí lo han visto forman
un colectivo
que, en nuestra opinión, debería de ser especialmente
investigado. Así lo hemos manifestado al Subdelegado del
Gobierno en Almería y a la Delegación del Gobierno en
Andalucía, así
como a numerosos periodistas que parecen resignarse a no poder ver el
vídeo.
Pero siempre es peligroso investigar a la Policía y a la Guardia
Civil. En muchas ocasiones, el denunciante es objeto de otras
denuncias, como puede verse en la siguiente noticia:
EL MUNDO,
14/02/2005
FERNANDO LAZARO
Detienen al sargento que denunció corrupción en la
Guardia Civil de Melilla
José A. acusó el pasado mes de enero a 15
compañeros pertenecientes a la plantilla de la Policía
Judicial de integrar una mafia policial y ahora le culpan a él
de estar relacionado
con el narcotráfico
MADRID.- ¿El cazador cazado o una trampa para tapar una
conspiración? La Guardia Civil ha detenido a un sargento del
Instituto Armado que recientemente había denunciado en los
juzgados la existencia de una mafia policial en Melilla. Primero fue la
Asociación unificada de la Guardia
Civil (AUGC) la que, avalada por los datos proporcionados por este
sargento, presentó una querella criminal contra 15 integrantes
del Instituto Armado.
Posteriormente, fue el propio sargento el que presentó una
denuncia en Lorca (Murcia) contra los mismos querellados en la
Audiencia Nacional. Como ya adelantó EL MUNDO, el sargento
José A. denunció a, al menos, 15 integrantes de las
plantillas de Policía Judicial de Melilla y de Almería.
Aseguró que se habían apropiado de más de 700
kilos de hachís durante una operación de
narcotráfico, concretamente una que se llevó a cabo a
finales de 2003. La operación fue bautizada como Palmera.
El sargento presentó la denuncia el pasado mes de enero. La
Asociación unificada de la Guardia Civil denunció estos
mismos hechos en la Audiencia Nacional el pasado mes de noviembre.
El magistrado Ismael Moreno, al que le correspondió por reparto
decidir sobre la querella, estimó que la Audiencia Nacional no
era competente y la remitió al decanato de los juzgados de
Melilla
para que decidiera quién se hacía cargo de la
investigación de los hechos.
En Lorca, el juzgado de instrucción está realizando las
primeras indagaciones.
El denunciante había estado destinado en la unidad
orgánica de Policía Judicial de Melilla. Tanto el
sargento como la AUGC
detallaron con precisión quiénes eran los agentes de
Melilla
que, presuntamente, habían perpetrado actuaciones ilegales en el
marco de distintas operaciones contra narcotraficantes.
El sargento, incluso, aportó algunos documentos al juzgado y dio
las claves para obtener más informes internos que
permitían probar sus denuncias.
Sin embargo, algo más de un mes después de presentar la
última denuncia, la Guardia Civil ha detenido al denunciante. Le
acusa de narcotráfico, de tener relaciones con narcotraficantes
y de haberles proporcionado información sobre las
investigaciones que el Instituto Armado realiza sobre ellos.
Se da la circunstancia de que la actuación contra este agente se
centra también en la denominada operación Palmera. La
Guardia Civil ha encontrado ahora a un marroquí que ha declarado
contra el sargento. Este marroquí se ha convertido en testigo
protegido.La denuncia basada en el testimonio de este ciudadano
magrebí es bastante posterior a que trascendiera la
intención del sargento de presentar denuncias contra sus
antiguos compañeros. Según expertos en la lucha criminal
es bastante sorprendente que en este tipo de investigaciones aparezcan
marroquíes, dos años después, dispuestos a
declarar contra los que les investigaron.
Para la defensa del sargento, éste es un dato que revela
claramente cómo esta operación es un montaje con el que
se trata de tapar la corrupción denunciada por el agente en
Melilla. Además, considera que de esta manera, los denunciados
han tratado de restar credibilidad al testimonio de José A.
«Tu marido es un bocazas»
La Guardia Civil, además de detener al sargento que
denunció corrupción policial en Melilla, capturó
también
a su mujer. Después de tomarle declaración el juez la
dejó en libertad sin cargos. Mina explicó a este
periódico que durante el registro de la vivienda del guardia, un
teniente destinado
en la Policía Judicial de Melilla intentó acceder a la
vivienda. Las autoridades judiciales no se lo permitieron. Este oficial
aparece
tanto en la querella presentada por la AUGC en la Audiencia Nacional
como
en la denuncia del sargento ahora detenido, como uno más de los
presuntos implicados en esa mafia policial.
Fue el teniente quien se encargó de trasladar desde
Almería a Murcia a la mujer del detenido, a su casa.
Según explicó Mina, en el registro los agentes no
encontraron «nada, ni droga
ni nada». El abogado del sargento también dijo que no se
había localizado nada de droga en la vivienda. El miedo de la
mujer del sargento José A. era que durante el registro, en lugar
de encontrar algo,
«le colocaran algo». «Creo que lo que buscaban eran
documentos
que pudiera tener José y que le pudieran servir para demostrar
sus
denuncias».
Mina explicó que en el viaje, el teniente de Melilla le
presionó y le dijo que esto se había producido porque,
según ella explicó a este periódico, «mi
marido era un bocazas».
Es muy sospechoso que casi siempre que hay evidencias de
corrupción haya también quien presuma de conocerlas, sin
haber hecho nada
para denunciarlas. Y quien las denuncia, suele pagar un alto precio.
Aunque a veces, la investigación empieza cuando un
policía muere, como es el caso de la siguiente noticia:
EL MUNDO,
12/01/2005
PABLO HERRAIZ / LUIS F.
DURAN
Corrupción policial Asuntos Internos
seguía a los policías Corrupción policial. Las
actividades de
los dos agentes implicados estaban siendo
investigadas
Madrid. Asesinatos. Mafia policial. Asesinato del agente
de Policía José Manuel Alvarez Pacios en Vicalvaro. Las
actividades de los dos agentes implicados estaban siendo investigadas
El departamento de Asuntos Internos mantenía abierta una
investigación
sobre las presuntas actividades ilícitas cometidas por los
policías de la comisaría de Leganés José
Manuel Alvarez Pacios, de 48 años, y José M. C., de 45.
Se les seguía por hechos ocurridos en esas dependencias
policiales. En concreto, se temía que utilizasen los archivos
para difundir información policial
confidencial a terceras personas, según fuentes policiales. Esta
investigación estaba en curso en el momento que se produjeron
los hechos de la semana pasada que acabaron con la muerte de uno de los
dos policías.
Fue el pasado miércoles cuando el agente
José Manuel Alvarez y otras tres personas más acudieron a
Vicálvaro para tratar de secuestrar a unas personas de etnia
gitana. Pero el tratar de reducir a una de sus víctimas,
José Manuel Alvarez perdió su revólver.
María de los Reyes Escudero lo cogió y apretó el
gatillo.
A los dos días del crimen, José M.C., fue
arrestado por encubridor y cómplice de la trama de intento de
secuestro. Pasó el fin de semana pasado detenido, prestando
declaración.
El fiscal que lleva el caso pidió el ingreso en
prisión del agente de la comisaría de Leganés,
pero el juzgado decidió ponerlo en libertad. En la actualidad se
encuentra inhabilitado, sin su placa ni su arma ni sus demás
accesorios.
Este agente ya fue condenado a seis años de
inhabilitación por un delito de prevaricación,
según explicó anteayer el jefe superior de policía
de Madrid, Miguel Angel Fernández Rancaño.
Su compañero de patrulla fallecido tenía
negocios con varios clubes de alterne, en los que ejercía como
jefe de seguridad y metía a trabajadores a los que contrataba.
Visita a Leganés
Por otro lado, el delegado del Gobierno, Constantino
Méndez, visitará esta mañana la comisaría
de Leganés, donde estaban destinados los dos agentes implicados.
En la visita a las dependencias de la avenida de la
Universidad, le acompañará Fernández
Rancaño. Ambos transmitirán al comisario y a los
demás funcionarios de la comisaría
el apoyo del Cuerpo Nacional y de la Delegación del Gobierno.
Quieren llevar el mensaje a la comisaría de que
la gente sigue confiando en ellos y en su buen trabajo, aunque tramas
de corrupción como la de estos días oscurezcan la labor
de
todo el cuerpo.Con esta visita pretenden motivar a los funcionarios,
que
se han llevado un buen disgusto al conocer las actividades de sus dos
compañeros.
Además, el alcalde de Leganés, José
Luis Pérez Ráez, lamentó ayer los
«fenómenos de corrupción» que se han
producido en la comisaría de la localidad, aunque precisó
que sería injusto que la
situación particular de estos dos funcionarios empañase
la labor de una comisaría que, según alegó,
«funciona
correctamente, es eficaz y cuyo equipo de mando es gente
estupenda»,
informa Europa Press.
El interés político por algunas actuaciones policiales
permite ver algunas veces el cúmulo de irregularidades que en
otras ocasiones resulta completamente imposible conocer. Muchas
detenciones que hacen policías y guardias civiles son
incorrectas, en fondo y forma. Éste es un
buen ejemlo:
EL MUNDO, 16/07/2005
FERNANDO
LAZARO
«Hay una avalancha de pruebas de las
detenciones ilegales» El juez que instruye el 'caso Bono' afirma
que se produjo una «privación de libertad
ambulatoria»
Caso Bono. Querella por la detención de
los dos militantes del PP acusados de haber agredido al ministro de
Defensa.
El juez que instruye el 'caso Bono' afirma que se produjo una
«privación de libertad
ambulatoria»
MADRID.- El denominado caso Bono, lejos de cerrarse,
parece que cada vez se complica más. El juez que instruye la
querella por la detención de los dos militantes populares
acusados de haber agredido al ministro de Defensa ha rechazado los
últimos recursos presentados por las defensas de los agentes
imputados en la causa.
El titular del juzgado de instrucción
número 14 de Madrid se muestra contundente a la hora de mantener
viva la investigación.«No sólo hay indicios
racionales de haberse perpetrado un delito (detención ilegal)
sino, a juicio del instructor, una verdadera avalancha de pruebas. Por
eso sorprende que se afirme la inexistencia de los primeros».
En ese auto, fechado el pasado 8 de julio, el juez aclara, de nuevo,
que
él investiga si hubo delito en la detención de los dos
militantes
del PP y no si verdaderamente existió una agresión al
ministro
de Defensa.
El instructor asegura que es
«incontrovertible» que la detención de los dos
militantes del PP se produjo. «Y es que ha habido una
significativa permanencia en el tiempo de varias horas hasta que fueron
puestos en libertad» por los agentes de la brigada provincial de
información de la Policía Nacional.
Y añade: «La distinción entre
detención material y formal es un artificio que enmascara la
realidad y ésta es que no hay sino detenciones conforme a
Derecho y detenciones ilegales, y que lo realmente relevante es la
privación de libertad ambulatoria y ésa se ha producido
aunque no fuera acompañada de otras
circunstancias que la harían más penosa como el ingreso
en
los calabozos o el engrilletado de las víctimas. Estas no eran
libres
de marcharse hasta que fueron puestas en libertad; es decir, no eran
dueñas
de la referida libertad ambulatoria o de desplazamiento».
Cintas de vídeo
El juez detalla en su escrito que durante los
interrogatorios a dos de los mandos policiales «se visionaron las
cintas de vídeo que tuvieron a su disposición y se les
requirió reiteradamente para que manifestaran el momento en que
ellos veían cometido el delito de agresión o amenazas al
ministro sin que pudieran hacerlo».
«Ello fue así», añade el
instructor del juzgado número 14, «porque lo cierto es que
no se observa en las cintas agresión o amenaza alguna por parte
de Isidoro (uno
de los militantes del PP detenidos), que se encontraba a varios cuerpos
de
distancia del ministro.Ni siquiera se ve en ellas a Antonia (la otra
militante
del PP detenida), aunque aparezca después en algún
periódico o en otras filmaciones».
El instructor también hace referencia a la
posible manipulación y falsificación de las actas
policiales elaboradas sobre esta investigación. «La
falsedad del atestado tiene carácter instrumental respecto de la
detención ilegal en el sentido de que
escamotea lo verdaderamente acaecido; es decir, camufla el cese de los
funcionarios actuantes cuando al negarse el instructor citado a las
detenciones, el comisario y el inspector jefe aquí imputados
deciden rehacer las diligencias para evitar que se refleje este
dato», añade el auto judicial.
«En último lugar», finaliza el juez,
«la impresión subjetiva del instructor derivada de la
inmediación en la práctica de las declaraciones es la de
una gran solidez y credibilidad en los testimonios de los testigos
frente a la vaguedad, imprecisión, nerviosismo y actitud
titubeante de los imputados. Y por otro, dada la categoría y
nivel profesional de éstos (comisario, inspector jefe e
inspector) es impensable que pudieran atribuir la detención a un
mero error;
especialmente cuando sus compañeros ya habían alertado de
la
imposibilidad de llevarla a cabo legítimamente por no existir
base
para ello».
Con estos argumentos, el juez instructor ha decidido no
atender los escritos presentados por las defensas de los imputados y
continuar
con la instrucción.
Recientemente, el fiscal general del Estado,
Cándido Conde-Pumpido, realizó una nueva defensa de la
actuación de los policías en el caso Bono. En el acto de
ascenso de numerosos
comisarios principales, Conde-Pumpido insistió en que la
Fiscalía
trabajaría a favor de esos agentes y que les defendería.
Hay ocasiones en las que un imputado, o incluso ya condenado, tiene
que enfrentarse a pruebas falsas. Afortunadamente, a veces pueden
conseguirse éxitos judiciales como el siguiente:
EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, 01/11/2003
MONTSE MARTÍNEZ
BARCELONA
Cuatro policías de BCN serán juzgados
por falsear pruebas
INVESTIGACIÓN DE ARRESTOS IRREGULARES Detuvieron
sin motivo a dos jóvenes en la cumbre de la
UE
Cuatro agentes de la Policía Nacional se
sentarán en el banquillo acusados de aportar pruebas falsas
contra dos detenidos. Los jóvenes fueron arrestados cuando
participaban en una manifestación antiglobalización
celebrada durante la cumbre de la UE de Barcelona, en marzo del 2002.
El juez Francesc Uría, titular del Juzgado de
Instrucción número 23 de Barcelona, entiende que hay
indicios
de delito en la actuación de los cuatro agentes. Tras tomarles
declaración, dictó un auto de procesamiento al apreciar
que las razones expuestas por los policías para explicar las
detenciones "no se corresponden con la realidad de lo sucedido".
SEIS MESES DE CÁRCEL Los dos jóvenes
detenidos en la manifestación del 15 de marzo del 2002, Mario
Biel Alcolea y Francesc Vicent Mateu, fueron condenados por un juzgado
de lo penal
de Barcelona a seis meses de prisión y multa por resistencia a
la autoridad y lesiones a los agentes.
En el recurso ante la Audiencia Provincial contra esa
sentencia, Alcolea y Mateu aportaron un vídeo de un particular
que
acreditaba su inocencia. La sección quinta del tribunal
provincial acordó absolverlos y ordenó investigar a los
agentes. El fallo estimó que las acusaciones de los agentes no
se correspondían con lo que reflejaba el vídeo. Las
imágenes mostraban la brutalidad
de la detención de los jóvenes, sin que éstos
hubieran hecho nada que justificara el arresto.
INTENTO DE MANIPULACIÓN El tribunal fue muy duro
en sus argumentos contra los policías. Estimó que se
trató de "un claro intento de manipulación de la
justicia", que consideró "más reprochable si cabe por
provenir de policías". La
Audiencia recordó que la policía "tiene la misión
de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos".
El juez Uría abrió en marzo diligencias
contra los cuatro agentes por los delitos de denuncia falsa,
detención ilegal, simulación de delito y falso
testimonio. Los policías se negaron entonces a declarar, pero
ayer comparecieron voluntariamente. Fuentes judiciales explicaron que
ayer incurrieron en múltiples
contradicciones.
Lamentablemente, la actitud de muchos fiscales, y por lo tanto, del
Ministerio Público, generalmente es absolutamente repugnante,
despreciable y contraproducente para la misma policía cuyos
miembros más corruptos, o más pervertidos, siempre
esperan que los fiscales actúen como sus abogados defensores. Lo
peor es que a veces consiguen sus propósitos con la complicidad
del fiscal, como ocurrió en este caso:
EL PERIÓDICO
DE CATALUÑA, 28/11/2003
MONTSE MARTÍNEZ
BARCELONA
La fiscal no acusa a los policías imputados
por falsificar pruebas
INVESTIGACIÓN DE ARRESTOS IRREGULARES EN LAS
PROTESTAS DE MARZO DEL 2002 Cuestiona los vídeos de la
detención
de dos manifestantes en BCN en la cumbre de la UE
La fiscalía ha pedido el archivo de la
investigación abierta contra cuatro agentes del Cuerpo Nacional
de Policía acusados de falsificar pruebas contra dos detenidos
en una manifestación de protesta por la cumbre de la UE en
Barcelona. La fiscal Ana Gil, valoradas las diligencias practicadas
hasta el momento, entiende que no hay indicios de delito.
Mario Biel Alcolea y Francesc Vicent Mateu,
participantes en la manifestación alterglobalizadora del 15 de
marzo del 2002,
fueron condenados por un juzgado de Barcelona a seis meses de
prisión
y una multa por resistencia a la autoridad y lesiones a los agentes. En
el recurso, la Audiencia de Barcelona, gracias a un vídeo, no
sólo les absolvió sino también ordenó abrir
una investigación contra los agentes. Las imágenes
revelaban que lo que decían los agentes poco tenía que
ver con lo que relataban los atestados redactados por la policía.
El titular del Juzgado de Instrucción
número 27 de Barcelona, Francesc Uría, imputó a
los cuatro agentes, a los que citó a declarar y también
tomó declaración a los dos jóvenes. Todas las
partes --la Fiscalía, la acusación particular que
representa a los chicos y la defensa de los agentes--
visionaron las cintas de vídeo grabadas por cadenas de TV y
particulares.
Se trata de imágenes que los jóvenes se preocuparon de
buscar para presentarlas ante la Audiencia cuando recurrieron su
condena.
LOS ARGUMENTOS En un escrito de seis folios, la fiscal
hace suyos los argumentos de los agentes y asegura que las
imágenes de vídeo de la detención y la
declaración de los
agentes de policía, lejos de ser contradictorias, se
complementan.
Antes de solicitar el archivo de la causa, la fiscal también
cuestiona
si las cintas cuentan con todos los requisitos como para ser
presentadas
en un proceso judicial. Entre otras objeciones, la fiscalía
plantea
que la filmación no cuenta con fecha ni referencia horaria.
Además, plantea que las imágenes fueron tomadas desde un
solo ángulo.
El hecho de que la fiscalía solicite el archivo
de la causa y, en consecuencia, no acuse a los agentes no quiere decir
que éstos no lleguen a ser juzgados. La acusación
particular, en representación de los jóvenes, solicita
penas que, sumadas, alcanzan los 52 años de prisión por
los delitos de acusación y denuncia falsa, detención
ilegal, simulación de delito
y falso testimonio. La postura de la Fiscalía sí implica
que las posibilidades de condena de los agentes sean mínimas.
LAS CRÍTICAS La abogada de los jóvenes,
Montse Salvador, reconoció ayer que la resolución del
fiscal no es favorable a sus intereses. La letrada lamentó que
el ministerio fiscal cuestione la legitimación de las cintas de
vídeo
en este momento. "Cuando era el momento procesal oportuno para impugnar
las cintas nadie lo hizo", argumentó Salvador para
añadir:
"Ahora me sorprende que esta cuestión se utilice para argumentar
la petición de archivo".
Los delitos policiales suelen tener mucho que ver con el acceso y
uso perverso de información privilegiada. En este sentido,
vigilamos con la máxima atención, a pesar de las
dificultades, las
numerosas incidencias y noticias sobre tráfico de datos
policiales
como los que denuncia un delegado del gobierno en este teletipo de
agencia
:
EUROPA PRESS
21/10/1999
El delegado de Gobierno en Galicia anuncia la
detención de otro policia implicado en la red de tráfico
de datos
A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS) El delegado del
Gobierno en Galicia, Juan Miguel Diz Guedes, confirmó esta
mañana que en las proximas horas se procederá a la
detención de
otro policía por su presunta implicación en la red que se
dedicaba a la venta de datos reservados descubierta en A Coruña.
Hasta el momento han sido detenidas cinco personas, dos
de ellas son agentes del Cuerpo Nacional de Policía, un es
miembro de la Guardia Civil y hay dos civiles. No obstante, Diz Guedes
no pudo precisar si uno de estos últimos es militar. Todos los
detenidos trabajaban en A Coruña y ya ha sido decretado su
ingreso en prisión.
Las investigaciones continuan pero la titular del
Juzgado de Instrucción número cinco de A Coruña ha
decretado el secreto sumarial. Los detenidos, a los que se acusa de los
delitos de revelación de secretos y cohecho, integraban
supuestamente una red que se lucraba de la venta de informes
procedentes de los archivos de la
Policía y de la Guardia Civil.
Diz Guedes confirmó que los detenidos cobraban
500 pesetas por cada dato que facilitaban, aunque no especificó
el montante global que cobraron desde que lleva actuando la red.
Señaló que son muchas las personas afectadas por la
actuaciónd e esta red, aunque indicó que los datos
facilitados 'no afectan a temas reservados de la Administración
o de la seguridad, sino que es información patrimonial o
económica para venderla a empresas que hacen informes oficiales'.
INVESTIGACIONES Explicó que las empresas que
compraban los datos a los detenidos vendían esta
información a otras terceras. El delegado del Gobierno en
Galicia indicó que, aunque la matriz de la red estaba en
Coruña, no se sabe hasta donde ha
podido extenderse su ámbito de actuación. A partir de
ahora
las investigaciones, que siguen abiertas, seguirán el 'hilo
conductor',
afirmó Diz Guedes.
Añadió que la red llevaba funcionando
más de un año, pero que hasta hace tres meses no se
detectó
su existencia, que fue descubierta a raíz de algo extraño
que origino el inicio de la investigación por parte de miembros
de
la Unidad de Régimen Interno de la Policía Nacional.
Diz Guedes lamentó que surgiesen este tipo de
casos pero manifestó que 'lo importante es que cuando se
producen
conductas fuera de la ortodoxia profesional y contraviniendo la ley se
proceda a su detención'. En su opinión, este hecho 'no
puede
trasladar una mala opinión sobre los miles de funcionarios de la
Policia y de la Guardia Civil', porque las cosas funcionan y más
tarde o más temprano acaban siendo detenidos.
Este problema de acceso y uso ilegal de datos aparece en
dependencias de numerosas comisarías, como pude comprobarse en
la siguiente noticia :
EL MUNDO,
20/06/1999
Detenidos tres policías por tráfico de datos
informáticos
ENRIQUE FIGUEREDO BARCELONA.- El grupo de Asuntos Internos de la
Jefatura de Cataluña ha detenido a dos agentes del cuerpo y a
un guardia municipal de Premià de Mar por
comercialización
de datos informáticos extraídos de los archivos
policiales.
El presunto comprador de la información también ha
sido detenido. Está vinculado a una agencia especializada en la
confección de informes comerciales, según fuentes de la
investigación.
Respecto al destino y ocupación de los dos agentes detenidos,
las fuentes consultadas se limitaron a señalar que
«pertenecen a la escala básica y trabajan en la ciudad de
Barcelona»,
donde fueron detenidos esta semana.
La investigación de Asuntos Internos se inició hace
aproximadamente dos meses. Gracias a los controles periódicos
que la propia policía realiza de sus redes informáticas y
sus bancos de datos se detectó la fuga de información.
Los datos que estos agentes de la ley facilitaban «no son
clasificados», apuntaron las fuentes consultadas.
«Siguiendo los trámites habituales, esas consultas pueden
realizarse en Tráfico a cambio del pago de unas tasas»,
apuntaron. Eso no ha impedido, sin embargo, la detención de los
sospechosos por la comercialización de datos personales.
En alguna de mis propias actuaciones como perito judicial he podido
conocer hechos protagonizados por Policías Municipales
auténticamente deleznables. Y lo que es peor, la
Administración de Justicia puede intentar criminalizar al perito
en lugar de enjuiciar a los culpables,
de los que la juez supuestamente responsable se siente mucho más
próxima (juez a la que he invitado a querellarse contra
mí,
porque no puedo ser más crítico hacia su despreciable
actitud).
Sobre la sigueinte noticia tengo mucha más información,
alguna
documentación (entre la que guardo algún escrito de una
fiscal
absolutamente indecente, en fondo y forma), y un criterio pericial muy
formado sobre lo poco que puede esperarse de la Administración
de
Justicia para investigar delitos policiales en casos como éste
(del
que es muy sospechoso que no haya más noticias) :
La Vanguardia,
11/01/2000
El alcalde de Arganda destituye a 4 policías por hurtar
material informático
Madrid. (Europa Press.) El alcalde de Arganda del Rey, Pedro Diez
Olazábal, destituyó ayer a cuatro agentes de la
Policía Local que están acusados de un presunto delito de
hurto de material informático,
según informó ayer el propio Ayuntamiento.
Asimismo, el Consistorio ha abierto un expediente a los agentes
acusados y les ha suspendido de sus funciones de forma cautelar hasta
que se aclaren los hechos.
Mientras tanto, la Guardia Civil ha tomado declaración a los
policías locales afectados y realiza-rá las diligencias
pertinentes antes
de decidir, a la vista de su resul-tado, si se envían a
disposición judicial.
Los hechos que han motivado esta decisión ocurrieron hace ya
más de un mes, cuando desaparecieron diversos componentes
informáticos de varios ordenadores existentes en las
dependencias municipales de la
Policía. El 7 de noviembre, fecha en la que se tuvo conocimiento
de lo sucedido, se abrió una investigación a instancias
del
concejal delegado de Seguridad, que ha dado como resultado la
incoación
del expediente y la destitución de los cuatro agentes.
El Ayuntamiento de Arganda señaló ayer, al dar a conocer
estos hechos, que 'ha sido el principal interesado, desde el primer
momento, en el esclarecimiento total de los hechos y en la
depuración de
las responsabilidades'.
En algunos casos especialmente escandalosos y preocupantes, hemos
dedicido personarnos judicialmente con la Asociación para la
Prevención y Estudio de Delitos,
Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
(APEDANICA ) cuyos
estatutos pueden verse en
http://www.cita.es/apedanica
Concretamente, varios medios de comunicación se hicieron eco de
la presentación de un escrito en el Juzgado de
Instrucción 3 del Puerto de Santa María, según
puede verse en
http://www.cita.es/apedanica/policia.htm
Diario de
Cádiz, 16/02/2003
La asociación Apedanica pide al Juzgado
personarse en la causa contra el funcionario y los policías
detenidos por
la presunta venta de datos confidenciales
Rosa Romero, El Puerto de Santa María.
Apedanica, la Asociación para la
Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en
Informática y Comunicaciones Avanzadas, ha pedido en el Juzgado
Número 3 personarse en la causa que se sigue contra los dos
policías nacionales y el funcionario del INEM que fueran
detenidos en el año 2001 por la presunta venta de datos
confidenciales.
Según ha podido saber este diario de fuentes
cercanas al caso, Apedanica quiere personarse con el objetivo de
ejercer la acción popular para defender los derechos de los
ciudadanos ante la corrupción y el perjuicio que supone la venta
de datos . Al parecer, este colectivo habría pedido que la
Agencia de Protección de Datos se interese por este asunto e
intervenga en las actuaciones que lleva a cabo el titular del Juzgado
3, Miguel Ángel López Marchena, con objeto de que un
experto en la materia inicie una investigación exhaustiva.
Según se recoge en su página web
(www.cita.es/apedanica), esta asociación tiene como fines la
investigación, el desarrollo y la divulgación de
habilidades, técnicas, ciencias y saberes que garanticen con
rigor la autenticidad, procedencia, y en su caso,
la confidencialidad de la información almacenada, procesada o
transmitida por sistemas impresos, electrónicos, ópticos
o de cualquier otra forma, así como promover y fomentar la
aplicación de
la legislación más adecuada para el desarrollo de todas
las
nuevas tecnologías, y de la productividad, sabiduría,
riqueza,
bienestar, igualdad, seguridad y Justicia que debe obtenerse con ellas
. Asimismo, se añade en los estatutos que la Asociación
"siempre
intentará prevenir, evitar, perseguir y remediar abusos de poder
y de información de empresas o instituciones que monopolicen o
controlen
estas áreas de conocimiento, asistiendo preferentemente a la
parte
más débil o afectada, fomentando la leal competencia y la
más justa y acertada limitación de poderes
públicos
y privados . De ahí la decisión de personarse en esta
causa.
Cabe recordar que la red que vendía datos
confidenciales relacionados con los préstamos bancarios y que
operaba en El Puerto fue destapada a principios del año 2001.
Fue en febrero de ese
año cuando agentes de Asuntos Internos de la Policía
Nacional
llegados desde Madrid, efectuaron la detención de dos
policías
nacionales, uno en la Comisaría de El Puerto, y otro en la de
Jerez
(a la que había sido trasladado hacía menos de un
año)
por la supuesta venta de datos confidenciales. Asimismo, se
procedía
a la detención de dos empresarios en Jerez, también
implicados
al parecer en esta misma trama, a quines se acusó de cohecho.
Cuatro meses después, era detenido un funcionario
del INEM que trabajaba como Jefe de Área en la oficina local de
este organismo. De toda la instrucción se hizo cargo el juez
López Marchena, quien pondría en libertad a los dos
policías,
inicialmente encarcelados, tras pagar una fianza de un millón de
pesetas. A ambos se les acusó de sendos delitos de cohecho y
revelación
de datos, y a ambos se les suspendió de empleo y sueldo.
Igualmente, el INEM también suspendió de empleo y sueldo
al funcionario, procesado por venta de datos .
Esta misma Asociación
para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias
en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA ) está
investigando ciertos fraudes en las ESTADÍSTICAS POLICIALES,
como puede verse en
http://www.cita.es/apuntes/policiales
Y hay dos especialidades periciales que se enfrentan a diligencias
e informes de policías en las que hemos dedicado, y pretendemos
seguir dedicando, nuestros mejores esfuerzos.
La primera es la identificación forense, porque sabemos que
muchas identificaciones policiales son incorrectas y causan un doble
perjuicio. Por una parte, hay un inocente injustamente acusado, y por
la otra, el
verdadero culpable, quizá bien conocido por la Policía,
ya no es perseguido. Un caso realmente preocupante está en la
identificación de voces
en conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial
, según explicamos en
http://www.cita.es/fonogramas
Le segunda es la lucha policial contra la piratería en la que
estamos convencidos de que hay interesados excesos policiales. En este
sentido, hemos manifestado nuestra preocupación al Ministerio de
Cultura informándole de numerosas irregularidades. La
jurisprudencia
española ha condenado la lucha contra el terrorismo por
procedimientos
ilegales, y queremos confiar en que algún día sea capaz
de
condenar también algunos intereses policiales en la lucha contra
la piratería como los denunciados en
http://www.cita.es/apedanica/gobierno y en
http://www.cita.es/falsificaciones
En este mismo sentido, tratamos de descriminalizar las
imitaciones porque
entendemos que si el
imitador
se identifica y no
falsifica
, en todo caso, la cuestión es civil y no penal, y la
policía no debe de intervenir en asuntos que sólo
deberían ser tramitados en juzgados de primera instancia y no en
juzgados de instrucción
gratuitamente para denunciantes que parecen llevarse muy bien con
ciertos
policías. Recomendamos leer
http://www.cita.es/imitaciones
La
tecnología
forense permite afrontar problemas de prueba incluso frente a las
acusaciones policiales más perversas. En este sentido,
recomendamos el programa publicado en
http://www.cita.es/tecnocriminalista
Referencias, proyectos
y servicios periciales policiológicos de www.cita.es
Quien haya leído hasta aquí muy probablemente
tendrá buenas razones para conocer tanto como sea posible de lo
que pueda hacer para afrontar una problemática policial
concreta. Sin embargo,
muchas de las referencias que podríamos ofrecer son
estrictamente
confidenciales. Otras, son públicos y muy publicitados
comunicados del
Ministerio del Interior, Policía y Guardia Civil (prensa)
que pueden verse en
http://www.cita.es/policial/comunicados
Índice (provisional) de comunicados
Referencias doctrinales en
http://www.cita.es/policial/doctrina.htm
1. LA PRUEBA ILICITA Y SUS EFECTOS.
2. DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CONTRA LAS
GARANTÍAS
INDIVIDUALES
3. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL CASO DE LA PRISIÓN
PREVENTlVA
INJUSTA
4. DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO
5. LA DETENCIÓN PRACTICADA POR FUNCIONARIO
6. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD: DETENCIONES ILEGALES
7. DETENCIONES NO PROCEDIMENTALES PENALES (RETENCIONES Y MEDIDAS DE
COMPULSIÓN
ADMINISTRATIVA SOBRE LAS PERSONAS)
8. EL ACTO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIMENTALIZADO
Esta página forma parte de un proyecto pericial
policiológico para el que pedimos apoyo. Nos interesan las
actuaciones policiales erróneas, desporporcionadas, abusivas, y
sobre todo, los presuntos delitos policiales porque aunque no hay
fórmulas generales ni recetas para denunciar, sí que
podemos hacer unas recomendaciones.
En primer lugar, hay que guardar copia de cualquier documento
relevante. En segundo lugar hay que describir los hechos con rigor para
lo que es muy recomendable contratar a un perito en
policiología. Y en tercer lugar hay que dirigirse al menos a
alguna (en la mayoría de las
ocasiones recomendamos hacerlo simultánea e independientemente a
varias) de estas autoridades:
Ministro del Interior en http://www.mir.es
P.º de la Castellana, 5 28071. Madrid
Teléf. 91 537 10 00 Fax 91 537 11 77
Gabinete de Prensa Teléf. 91 537 20 74
Autoridades
policiales en materia disciplinaria en
http://www.cita.es/policial/autoridades.htm
Secretaría de Estado de Seguridad
Amador de los Ríos, 2 28071. Madrid
Teléf. 91 537 10 00 y 91 537 18 88, Fax 91 537 19 34
Subsecretaría del Interior
Amador de los Ríos, 7 28071. Madrid
Teléf. 91 537 10 00 y 91 537 15 68 Fax 91 319 58 65
Dirección
General de la Policía
Miguel Angel, 5 28071. Madrid
Teléf. 91 322 34 00 Fax 91 311 51 42
Dirección
General de la Guardia Civil
Guzmán el Bueno, 110 28071. Madrid
Teléf. 91 514 60 00 y 91 514 60 01 Fax 91 514 60 07
Ertzaintza - Policía Autónoma Vasca
http://www.ertzaintza.net/castellano/html/home.html
Web del cos de Mossos d'Esquadra en Cataluña
http://www.gencat.net/mossos/
Las
policías municipales dependen de cada
ayuntamiento y en él recomendamos informar al Alcalde, al
Concejal responsable de Seguridad y por lo tanto, también de su
policía municipal, pero también al Secretario del
Ayuntamiento, que ha de actuar como fedatario o notario municipal,
dejando constancia escrita de los hechos y guardando una copia sellada
de lo que se registra en el Ayuntamiento.
Hemos conocido auténticas atrocidades y delitos repugnantes
cometidos
por policías municipales, y recomendamos poner en conocimiento
del
Juzgado de Guardia, Policia Nacional y Guardia Civil cualquier actitud
coactiva, amenazante o abusiva por parte de los policías
municipales. Algunos atestados de la policía municipal
evidencian malicia y corrupción, pero si nadie se lo propone,
nunca se conocen.