Esto significa que la UPM, con la ayuda de la AEPD-AGPD y su voluntarioso director Artemi Rallo(que aparece en numerosas páginas del dominio de la UPM lo que supone una muy seria tacha, si es que no es un motivo suficiente para su recusación) acumula acusaciones contra esta empresa por
esta página sobre PERITOS INCOMPATIBLES que suponen un riesgo superior a los 600.000 euros
entre demandas y denuncias de la UPM, sin que el Rector de la UPM nos
haya permitido la personación en los expedientes
administrativos, pese a haberlo solicitado repetidamente, y en
especial, en el último escrito que publicamos en http://www.docstoc.com/docs/13328330/REITERANDOalRECTOR
En estos momentos estamos preparando la contestación a la
demanda y como estoy demandado personalmente, mis alegaciones
personales contestando correlativamente a la temeraria y maliciosamente
mendaz demanda, con una acusación directa al Rector de la UPM Javier Udeda Antolín y
especialmente a su abogado Juan Manuel del Valle Pascual, ya están publicadas en ALEGACIONES PROVISIONALES en http://www.docstoc.com/docs/3498282/Alegaciones-para-Demanda-judicial-por-derecho-al-honor-wwwcitaesperitosincompatibles
Y considerando la DEMANDA podemos anticipar lo siguiente:
1.- No vamos a retirar nada de aquí, guste o no, sin una expresa y
específica resolución judicial firme. Los datos que
publicamos son veraces y nadie ha demostrado que exista error alguno en
ellos, aunque siempre estamos abiertos a correcciones y rectificaciones
antes y más allá de lo dispuesto en la LEY 2/84, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DERECTIFICACIÓN. Antes
al contrario, nuestra intención es informar aquí del
procedimiento judicial mientras ampliamos la información sobre
peritajes realizados para partes litigantes firmados y ratificados por
funcionarios públicos, docentes o no. Ninguna demanda va a
limitar el derecho a la libertad de expresión por muy
maliciosamente temeraria que sea atribuyéndonos la
responsabilidad de lo que no hemos dicho nunca, para evitar que
escribamos aquí verazmente, según nuestro bien formado
criterio sobre la peritación interesadamente parcial y pagada a
empleados públicos. Hemos enviado un escrito al Ministro de Educación, Ángel Gabilondo y otro a la Ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, denunciando esta problemática pericial de funcionarios públicos.
2.- Siempre hemos evitado descalificaciones personales, aunque
mantenemos que es inmoral e ilícita la peritación de
funcionarios para partes. El Estatuto Básico del Empleado
Público, en su artículo 95, sanciona como falta muy grave
"La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro",
que es, precisamente, lo que más que presuntamente hace el
funcionario público cuando actúa como perito de una parte
litigante, ostentando su condición de funcionario, y más
aún cuando se atreve a hacer uso de membrete, sello, escudo o
imagen de una institución pública en beneficio de una
parte litigante. Son los hechos, y algunas actitudes, especialmente en
comisión por omisión, lo que criticamos, y lo hemos hecho
siempre con mesura y corrección basándonos en datos y
hechos muy relevantes contrastados cuidadosamente. La Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) ha automatizado las concesiones de
compatibilidad y trata de confundir interesadamente la
peritación que pueden y deben requerirle juzgados y tribunales
con una subasta de opiniones con membrete oficial al mejor postor.
3.- Creemos que la Abogacía del Estado, la Intervención
General de la Administración, y la Fiscalía de la
Audiencia Provincial de Madrid, son responsables de la
proliferación de peritos funcionarios, docentes o no, y estamos
estudiando la posibilidad de denunciar varios casos más de
prevaricación en comisión por omisión. En este
sentido, ya hemos dirigido un escrito a varios interventores y abogados
del Estado, que puede verse en http://www.miguelgallardo.es/demandado.pdf
4.- Rechazamos cualquier responsabilidad sobre las interpretaciones que
otros hagan de nuestras palabras, y en su temeraria demanda nos
parece mendaz la intención del Letrado de la UPM, Juan Manuel
del Valle Pascual, de atribuirnos manifestaciones que no solamente no
son nuestras, sino que estamos en desacuerdo con su fondo y con su
forma, en sus maliciosas y demagógicas acusaciones al
demandarnos con el documento publicado en http://www.docstoc.com/docs/3143492/Demanda-Imagen
que vamos contestando con ALEGACIONES PROVISIONALES en http://www.docstoc.com/docs/3498282/Alegaciones-para-Demanda-judicial-por-derecho-al-honor-wwwcitaesperitosincompatibles
5.- Hemos solicitado a la Secretaria General de la UPM, Cristina Pérez García, copia de todos los expedientes administrativos y en especial del que se resuelve con la demanda.
6.- Hemos enviado una solicitud de información a la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA) sobre la consideración que merecen los peritajes de funcionarios.
7.- Confiamos en que las pretensiones de los demandantes, por 300.000
euros, sean desestimadas por completo condenando en costas a los
demandantes (que deberían pagar de su bolsillo y no con fondos
públicos como pretenten) y además, que los
documentos, testimonios y pericias que se admitan evidencien la
inmoralidad y la ilegalidad de lo que hemos denunciado, y seguimos
denunciando, lo mejor que podemos y sabemos, con la máxima
corrección a nuestro alcance, pero sin renunciar a nada de
cuanto pueda estar amparado por los artículos 20, 105 y 120,
entre otros, de la Constitución Española. Tampoco estamos
dispuestos a perder el sentido del humor ante prácticas y
costumbres como las que se denuncian en la genial presentación
de http://www.cita.es/justicia.pps
ANTECEDENTES y DOCUMENTOS RELEVANTES
El 2 de abril de 2007 se presentó una denuncia ante el
Tribunal
de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid (que la
consideró de alcance supaautonómico
trasladándola
para su trámite por el Ministerio de Economía),
cuyo
contenido íntegro está publicado en http://www.miguelgallardo.es/denuncia.pdf
que ha sido tramitada por la Subdirección
General de Conductas Restrictivas de la Competencia con número
de expediente 2787/07, (mal) resuelta por la Comisión Nacional de la CompetenciaCNC
con
nuestro desacuerdo y mientras preparamos un recurso
contencioso-administrativo, de cuyo curiosísimo expediente ya
tenemos copia (estamos pidiendo documentos adicionales a la Audiencia
Nacional), hemos puesto en conocimiento de la Oficina
de Conflictos de Intereseses del MAP que resulta muy difícil de
creer que profesores universitarios, como el que preside la CNC vaya a controlar o limitar las incompatibilidades de catedráticos y profesores titulares, como se denuncia en http://www.miguelgallardo.es/conflictos.pdf
El expediente administrativo de la CNC completo, proporcionado por la Audencia Nacional puede verse en la BASE DOCUMENTAL de miguel619776475 y en http://www.docstoc.com/docs/2082661/CITA-Expediente1 http://www.docstoc.com/docs/2082663/CITA-Expediente2 http://www.docstoc.com/docs/2082665/CITA-Expediente3
con un recurso de súplica de la UPM en http://www.docstoc.com/docs/2588630/UPMrecurreensuplica
completamente desestimado por la Audiencia Nacional que ha requerido los documentos que pretende ocultar el Rector de la UPM.
Es inmoral
e ilícito
que funcionarios con dedicación
completa se dediquen a peritar para partes litigantes en juzgados
civiles y mercantiles. El Ministro para las
Administraciones
Públicas, Jordi
Sevilla,
consultado sobre varios peritos incompatibles sostiene que ...el
ejercicio de la
actividad de perito judicial, bien sea por designación de
las
partes o por designación de los tribunales, por parte del
personal comprendido en el ámbito de aplicación
de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, requiere
la
correspondiente autorización de compatibilidad,
que
estará sujeta al cumplimiento de las limitaciones y
requisitos
que establece la Ley (entre otros: que dicha actividad no impida o
menoscaba el cumplimiento de los deberes del funcionario ni afecte a su
imparcialidad o independencia). Los siguientes
funcionarios han
realizado actividades periciales en juzgados sin que, salvo prueba en
contrario, tuvieran concedida la autorización de
compatibilidad
a la que se refiere el Ministro de AAPP, y también la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas. Ése es
el caso de Ramón
Álvarez Rodríguez y Rafael
Aracil
Santonja de los que hemos conseguido unos
vídeos que pueden verse aquí, pese a los reiterados intentos de censurarlos del Letrado Jefe de la UPM, Juan Manuel del Valle Pascual, según pretendía en su requerimiento notarial publicado en http://www.docstoc.com/docs/2082603/NOTARIOdeUPM según parece, han pretendido utilizar como base para que haya sido denunciada esta página ante la Agencia Española de Protección de datos, a lo que hemos respondido como puede verse en http://www.docstoc.com/docs/4300751/denunciada
y también en http://www.cita.es/denunciada.pdf
El
Letrado-Jefe de la Universidad Politécnica de Madrid es el
auténtico responsable de la automatización de las
compatibilidades para peritar a instancia de parte, y además, pretende
imponer sus criterios amedrentando con demandas a quien discrepa de su
interesada interpretación, como sostenemos en las ALEGACIONES PROVISIONALES. Los funcionarios de la UPM, como no
podría ser de otra manera, hacen lo que se les permite hacer
siempre que les sea rentable, pero es quien les autoriza
automáticamente quien asume, o debería obligarse a que tuviera que asumir, las máximas responsabilidades
sobre tan indiscriminado procedimiento de concesión de
compatibilidades basado, simplemente, en el beneficio económico
directo para la UPM y para quien realiza trabajos que nada tienen que
ver ni con la investigación, ni con la docencia. El conjunto de
peritajes para partes realizados por funcionarios sin que conste una
firma del rector para cada una de sus comparecencias en sedes
judiciales, así como las negativas o dilaciones o
incomparecencias cuando sean citados por juzgados para peritar de
oficio, evidencian que los funcionarios hacen lo que no deben, y que no
hacen lo que sí deberían hacer. Es cuestión de tiempo el que se
conozca y se juzgue, porque la Constitución Española
ampara, en sus artículos 20, 105 y 120 lo que aquí se
pretende documentar pese a los esfuerzos de Juan Manuel del Valle Pascual para impedirlo
incluso con un recurso en súplica, y con las mendacidades y falacias de la demanda con obvias intenciones de amedrentar y las múltiples coacciones de Juan Manuel del Valle Pascual que, sin embargo, conoce y tolera gravísimas irregularidades empresariales como la denunciada en el documento FUNCIONARIOS EMPRESARIOS y anteriormente en el que sí que se contestó por un Vicerrector denunciado según lo que el mismo Rector Javier Uceda Antolín considera delictivo en su propia NOTA INFORMATIVA con la que pretendía dar respuesta a la denuncia penal que se mantiene publicada en http://www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf
No podemos dejar de preguntarnos por cualquier relación,
conversación o entendimiento entre Juan Manuel Del Valle
Pascual, el Rector Javier Uceda Antolín, o el Vicerrector de I+D
Gonzalo León Serrano al que hemos denunciado al Tribunal de
Cuentas por el descontrol de las patentes y ciertas empresas que se benefician de las patentes de la UPM, con el director de la AEPD-AGPDArtemi Rallo habida cuenta de que el nombre de Artemi Rallo aparece en numerosas páginas del dominio de la UPM lo que supone una muy seria tacha, si es que no es un motivo suficiente para su recusación.
Hay dos grandes paradigmas periciales en la UPM, por la cuantía
de los pleitos, y también por la influencia que han ejercido en
sus respectivas especialidades, que merecen ser destacados aquí.
Ramón
Álvarez Rodríguez,
era Subdirector de
Investigación, Doctorado y Centro Tecnológico, y
Catedrático de Explotación de Minas en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) cuando participó como perito de
parte, al menos, en el Juicio Ordinario 101/2004 (responsabilidad civil
por la rotura de la Balsa Minera de Boliden en Aznalcóllar
contra ACS-Dragados, Geocisa, Intecsa y Banco Vitalicio por un importe
principal de 248 millones de euros) celebrado en el Juzgado de Primera
Instancia Nº 9 de Madrid, para favorecer a la empresa Boliden
Apirsa. Disponemos del video de su comparecencia y
ratificación
en DVD de fecha 22/06/06 (del que se ofrecen unos minutos en el
vídeo de más abajo), y en él se
aprecia con toda claridad
cómo
Ramón Álvarez Rodríguez fue contratado
por Boliden y Ernst & Young aunque en algún momento
se
pretendió aparentar que su peritaje era oficial. Ignoramos
cuáles han sido sus honorarios, y también si hizo
uso o
no del membrete de algún departamento, escuela o
universidad,
pero tenemos el máximo interés por comprobarlo,
para lo
que agradeceremos todos los datos y referencias que se nos puedan
proporcionar para ello. Sabemos que la sentencia 00205/06 del Juzgado
de Primera Instancia Nº 9 de Madrid que tiene fecha de
23/11/06
fue completamente desfavorable para el cliente (Boliden Apirsa) de
Ramón Álvarez Rodríguez, y que muy
probablemente
esté recurrida en la Audiencia Provincial de Madrid, aunque
no
tenemos confirmación ni dato alguno del recurso pese a haber
llegado a interponer un RECURSO DE ALZADA AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL cuyo texto íntegro está publicado en
http://www.miguelgallardo.es/alzada.pdf
Las facturas de la Fundación Gómez Pardo a Boliden
por algunos los diversos peritajes de Ramón Álvarez para
Boliden han merecido especialmente la atención de ABC y Andalucía Información
porque Boliden Apirsa España ya estaba intervenida judicialmente
cuando se emite una de ellas que paga Boliden en Suecia.
En el
Juicio
Ordinario 101/2004 del Juzgado de Primera Instancia Nº 9 de
Madrid
participaron muchos más peritos funcionarios que, en algunos otros casos,
probablemente
también tengan dedicación completa, y que no
tengan ni
hayan pedido nunca la autorización de compatibilidad, pero
al
menos, sabemos que por su condición de subdirector de
escuela de
la UPM es más que dudosa la corrección de la
participación en ese juicio de Ramón
Álvarez
Rodríguez, participación que ha sido intrascendente porque ni siquiera se menciona ni el la sentencia del Juicio
Ordinario 101/2004 del Juzgado de Primera Instancia Nº 9 de
Madrid ni tampoco en la sentencia firma de la Audiencia Provincial de Madrid que puede verse aquí y aquí.
Curiosamente, los informes de Rafael Aracil Santonja siguen siendo
utilizados por la SGAE para demandar, por ejemplo, a LG Electronics por
675.000 euros, según ha informado TIEMPO y, con más detalles y referencias, EL ECONOMISTA.
Nada de lo anterior ocurriría si el rector de la UPM no
fuera
compañero de departamento de Rafael Aracil Santonja y
Agustín Jiménez Avello, en el DISAM.
Lamentablemente, el director del Departamento de Automática,
Ingeniería Electrónica e Informática
Industrial
(DISAM), Agustín
Jiménez Avello, considera que Rafael Aracil
Santonja
está suficientemente amparado por el artículo 83
de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
que
puede utilizar libremente el membrete del departamento DISAM y el
escudo de la UPM en cualquier pleito privado, sin límite ni control alguno. Además, ha trasladado a los servicios
Jurídicos de la UPM lo que se afirma en http://www.cita.es/corrupciones/periciales/universitarias
Agustín Jiménez Avello espera que el abogadoJuan
Manuel
del Valle Pascual Letrado-Jefe de los Servicios Jurídicos de la
Universidad Politécnica de Madrid encuentre la manera de
impedir
que se le moleste, mientras el letrado de la UPM, con numerosísimas publicacionestergiversa derechos con deberes en el Estatuto Básico del Empleado Público predicando a su conveniencia sobre las distintas
modalidades de empleados públicos y de la dificultad de apreciar
un modelo completo de cada una de ellas, con especial énfasis en
la paradójica y confusa figura del Directivo público.
Sin embargo, desde aquí nos preguntamos
si
está tan
seguro de que un profesor puede utilizar la imagen del DISAM y la UPM
en pleitos particulares, ¿cuántas veces
más lo
habrán hecho los profesores del DISAM o de otros departamentos de la UPM?. ¿Es
necesario ser
catedrático para peritar bajo su rimbombante membrete o
también lo pueden hacer los profesores titulares, asociados
y
maestros de laboratorio? Si yo sostengo que lo que están
haciendo los profesores con dedicación completa cuando
peritan
en los juzgados es INMORAL E ILÍCITO ¿se
querellarán conmigo o no me darán nunca la oportunidad
de
demostrar que me estoy quedando corto? De momento, a pesar de la demanda por 300.000 euros, mantengo todo lo
publicado aquí, y lo amplío con lo dicho y escrito en el
III Congreso sobre Corrupción y Acoso en la Universidad, en el
que presentamos la ponencia INCOMPATIBILIDADES Y DELITOS EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA publicada en http://www.cita.es/corruptio
La
(falta de) política pericial de la Universidad
Politécnica de Madrid entra en contradicción con
peritajes como el de José Miguel Montoya Oliver (profesor de la ETSI de Montes de la UPM), que considera que el incendio de Riba de Saelices (Guadalajara), ocurrido en julio de 2005 muriendo once miembros de un retén forestal, se caracterizó «por una cadena de errores, actuaciones imprudentes, irresponsables y negligentes».
El perito insistió en que hubo un abandono administrativo y
técnico en las medidas de prevención, que el proceso de
extinción fue erróneo y que existe responsabilidad clara
personal y de las instituciones. El documento, elaborado a petición de familiares de las víctimas,
consta de 108 folios y fue presentadoante el Juzgado de Sigüenza
(Guadalajara) con importantes consecuencias procesales dando lugar a
muchas críticas y comentarios que, muy controvertidamente, han llegado hasta a la Wikipedia.
Su ratificación será todo un espectáculo judicial
irrepetible al que se añade interés por el hecho del que
el Ayuntamiento de La Riba ha contratado al catedrático de la
ETSI de Montes de la UPM Santiago Bignote Peña o Santiago Vignote Peña (unos medios los escriben con B y otros con V), también como perito de parte,
según ha informado EFE. Es posible que no sea el último funcionario público que perite interesadamente sobre tan espantoso siniestro.
UGT y CCOO han criticado otro informe del catedrático de la ETS de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, Francisco Millanes
Mato, en varios comunicados difundidos por EL PAISyGranadaDigitalentre
otros medios. En un comunicado, el sindicato UGT de Granada, personado
como acusación particular en el caso, que continúa en
fase de
instrucción, dijo desconocer el informe de 42 páginas
elaborado, por lo
que "de ser cierto que forma parte de la instrucción, se
solicitará al
juez del mismo", y añadió que "Nos gustaría
conocer en que día y año
exactamente se encarga la elaboración de dicho informe y conocer
también en qué pruebas prácticas y simulaciones
del accidente ha estado
el señor Millanes" señaló el sindicato que,
pidió "como curiosidad"
conocer la minuta emitida por Millanes a la empresa 'Estructura y
Montaje de Prefabricados', subcontratista de parte de las obras e
implicada en la instrucción. "Desde UGT estamos hartos de
determinados
técnicos, muy cualificados, que actúan exclusivamente a
solicitud y
previo pago de una de las partes implicadas en el proceso judicial".
Debemos suponer que algún día pueda conocerse esa minuta,
y también que
los que dicen que están hartos empiecen a denunciar los
conflictos de intereses periciales, y la desigualdad de armas
judiciales, más
inteligentemente.
Javier
Uceda
Antolín, Rector de la Universidad
Politécnica de
Madrid, que se volvió a presentar en 2008 como candidato según puede verse en este video y publica su discurso de toma de posesión por segunda vez conoce perfectamente, desde el 5 de enero de 2007, cuanto se
manifiesta en http://www.cita.es/corrupciones/periciales/universitarias y en desde primeros de 2008 http://www.miguelgallardo.es/rectordeincompatibles.pdf
Pero no solamente no tiene el menor inconveniente en que se utilice la
imagen de su departamento DISAM y de la UPM, sino que ha llegado a
permitir que los alumnos de las asignaturas que se imparten en el DISAM
tuvieran que hacer las prácticas de laboratorio mientras
escuchaban cómo se probaban máquinas tragaperras
o
recreativas que se han homologado en el DISAM, según me han
manifestado alumnos y profesores de la Escuela Técnica
Superior
de Ingenieros Industriales de la UPM. Si se mantuviera la
política actual de la UPM en materia de compatibilidad
automática e ilimitada para realizar informes y
dictámenes periciales para todos los funcionarios docentes,
y si
cualquiera de ellos puede hacer uso del membrete del departamiento y el
escudo de la universidad que les paga sus nóminas,
habría
una auténtica espiral de corrupción porque los
abogados
ofrecerían a todos los profesores la opotunidad de opinar
como
peritos para seleccionar a los que pidan menos por dar, decir o falsear más.
Javier Uceda Antolín, magnífico rector de incompatibles, debe meditar el uso que hace de los
servicios Jurídicos de la UPM, y no sólo por pura
moralidad. La UPM puede asumir responsabilidades civiles muy
importantes si algún profesor es condenado y se declara
insolvente porque tendría que pagar indemnizaciones a
quienes
sean perjudicados injustamente por las opiniones que se aportan a
procedimientos judiciales bajo el membrete de una universidad. En mi
opinión, ésa es una corrupción que fomenta y
fermenta, en
el peor sentido de la palabra, otras corrupciones y prevaricaciones. Si
se quieren querellar, que lo hagan, porque no voy a retirar ni una sola
de mis acusaciones. Antes al contrario, estoy tentado de
señalar
algunos convenios y algunas cátedras corruptelosas muy bien
patrocinadas por entidades que no resisten un análisis
contable
(y que ocultan las cuentas para que nadie pueda hacer la
auditoría que desde hace tiempo merecen). El pasado 29 de julio se presentó una denuncia contra el Rector de la UPM por este mismo denunciante. y como el 4 de septiembre el Rector de la UPM emitió una NOTA INFORMATIVA
en la que avisa de la posibilidad de que los cargos incompatibles
cometan falsedad en documento público inmediatamente la pusimos
en conocimiento del juzgado instructor según se ve en FALSEDAD INCOMPATIBLE presentando a continuación dos denuncias contra Julio César Díaz Sanchidrián,
actual director del DEPARTAMENTO DE FÍSICA E INSTALACIONES
APLICADAS A LA EDIFICACIÓN, AL MEDIO AMBIENTE Y AL URBANISMO, quien presume de ser con frecuencia perito judicial en acústica, otra por un gravísimo caso de incompatibilidad empresarial en la docencia y en la industria de la ENERGÍA NUCLEAR en la persona de Carolina Ahnert Iglesias,
actual Directora del Departamento de Ingeniería Nuclear (DIN) de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, y otra
por varios funcionarios empresarios
con cargos en el mismo departamiento DISAM al que pertenece el Rector
Uceda, famoso por homologar máquinas tragaperras en sus
instalaciones mientras los alumnos hacían prácticas de
electrónica y automática (muchos recordarán la
musiquita de fondo en la Escuela de Industriales). Ahora promueve el
juego de apuestas en Internet con fondos públicos, para su
empresa de CAPITAL RIESGOAXON-CAPITAL y BWIN como puede verse en http://www.cotizalia.com/cache/2008/08/27/noticias_93_capital_lanza_segundo_fondo_capital.html
Obviamente, la Universidad Politécnica de Madrid no es la
única en la que este tipo de prácticas periciales
incompatibles son frecuentes. Algunas referencias de otras
universidades fueron publicadas en el III Congreso sobre Corrupción y Acoso en la Universidad, en el que presentamos la ponencia INCOMPATIBILIDADES Y DELITOS EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA publicada en http://www.cita.es/corruptio
En Mallorca, elProfesor Titular de Escuela Universitaria,Damiá Vidal Rodríguez, aceptó el cargo de perito de losimputados más políticos en el famoso caso BITelpor el que se instruyó y juzgó el espionaje de correos electrónicos de un político,Xisco Quetglás, cuando presidía la Comisión de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca. El funcionario docenteDamiá Vidalhacía una extraña pareja con el abogadoRafael Perera Mezquidapara defender aXisca Pascual CanetySebastià Vallorique trabajaban en el gabinete deJaume Matas. CuandoJaume Matasrecuperó
el poder balear en 2003, propuso como gerente de BITel al perito de su
confianza que obtuvo una curiosa excedencia en la universidad para
mantener, e incluso aumentar, sus derechos adquiridos y sus
privilegios. Durante 2008, ya reintegrado a la vida académica, fue detenido pormalversación de más de 700.000 eurosy
ha reconocido los hechos más graves. Lamentablemente,
ningún periodista, jurista o político se ha molestado en
explicar qué es lo que sabía el funcionario docenteDamiá Vidal Rodríguezpara
recibir tantas propuestas empresariales (gerencia de BITel con muy
amplios poderes y ningún control sobre él), e
institucionales, como la de constituir y presidir elColegio Oficial de Ingenieros Informáticos de Baleares disponiendo
así de oportunidades de negocio con fondos públicos y no
estar sometido a ningún control formal que no estuviese fácticamente mucho más controlado por
él. Tal vez la escandalosa desproporción y frecuencia de
incompatibilidades en las Islas Baleares, dentro y fuera de su
Universidad, ayude a entender, aunque no a comprender ni justificar,
los casosBITel 1yBITel 2.
Otro perito funcionario presuntamente incompatible en un escandaloso asunto, es el catedrático de la
Universidad Carlos III de Madrid, José Manuel Molina
López, que ha ofrecido en un muy curioso informe pericial su, supuestamente, docta opinión sobre unas
controvertidas grabaciones de conversaciones entre dirigentes
socialistas ibicencos, alguna de las cuales afecta directamente al
actual vicesecretario general del PSOE, y Ministro de Fomento, José Blanco, que constan
en el Juzgado de Instrucción 2 de Ibiza, según ha
publicadoDiario de Ibiza,EL MUNDOyEL PAÍS. Resulta difícil cuestionar la legitimidad pericial de un funcionario público cuando se admite
a trámite una querella contra el juez que instruye el caso
Eivissa Centre, José Espinosa, y Ascensión Joaniquet,
abogada de la mayoría de los cargos del PSOE imputados en Ibiza
por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación, que es
quien contrata al catedrático de la
Universidad Carlos III de Madrid, José Manuel Molina
López para tratar de restar valor probatorio a las grabaciones de audio aportadas por Roque López.
En otros casos, grandes empresas, como las eléctricas, confunden con opiniones interesadamente oficializadas a los perjudicados y a los juzgadores utilizando a funcionarios docentes. Es el caso del catedrático de la Universidad de Valladolid, Juan Represa, que es el perito que presenta Iberdrola en las demandas judiciales, varias de ellas con sentencias.
Son numerosas las ocasiones en las que ambas partes de un litigio
contratan a distintos funcionarios docentes. Por ejemplo, el Plan
Hidrológico del 98 fue explicado en un juicio por un
catedrático para una parte acusada, y por un profesor titular
para los acusadores, como puede verse en LA VERDAD.
En Sevilla se vivió un complejo proceso judicial entre un catedrático arquitecto llamado Luis Recuenco Aguado y un profesor titular ingeniero de caminos, llamado José Orad Aragón,
que actuó como perito de las víctimas, o más
exactamente, de las familias de las víctimas que ejercieron
acusación particular por el derrumbe del muro del Bazar España. Luis Recuenco Aguado presentó una querella por "mala fe" contra José Orad Aragón y yo mismo traté de ejercer acción popular, pero sin tener que presentar querella, y fue imposible obtener copia del dictamen pericial del entonces director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, actuando como perito de parte, que no parece que acabase muy satisfecho con las manifestaciones realizadas por el magistrado José Herrera Tagua y el fiscal Alfredo Flores.
Lamentablemente, no consta ningún cuestionamiento o
crítica sobre la posible incompatibilidad del perito de los
familiares de las víctimas del siniestro, pero es escandaloso
que un profesor utilice el trabajo de estudiantes (Emilio López y Antonio Manzano)
como colaboradores en sus pericias para partes litigantes y cobre,
parece que una cantidad muy importante de dinero en el caso de
José Orad Aragón, como un sobresueldo.
El
Letrado-Jefe de la Universidad Politécnica de Madrid es el
auténtico responsable de la automatización de las
compatibilidades para peritar a instancia de parte, y además, pretende
imponer sus criterios amedrentando con demandas a quien discrepa de su
interesada interpretación, como sostenemos en las ALEGACIONES PROVISIONALES. Los funcionarios de la UPM, como no
podría ser de otra manera, hacen lo que se les permite hacer
siempre que les sea rentable, pero es quien les autoriza
automáticamente quien asume, o debería obligarse a que tuviera que asumir, las máximas responsabilidades
sobre tan indiscriminado procedimiento de concesión de
compatibilidades basado, simplemente, en el beneficio económico
directo para la UPM y para quien realiza trabajos que nada tienen que
ver ni con la investigación, ni con la docencia. El conjunto de
peritajes para partes realizados por funcionarios sin que conste una
firma del rector para cada una de sus comparecencias en sedes
judiciales, así como las negativas o dilaciones o
incomparecencias cuando sean citados por juzgados para peritar de
oficio, evidencian que los funcionarios hacen lo que no deben, y que no
hacen lo que sí deberían hacer. Es cuestión de tiempo el que se
conozca y se juzgue, porque la Constitución Española
ampara, en sus artículos 20, 105 y 120 lo que aquí se
pretende documentar pese a los esfuerzos de Juan Manuel del Valle Pascual para impedirlo
incluso con un recurso en súplica, y con las mendacidades y falacias de la demanda con obvias intenciones de amedrentar y las múltiples coacciones de Juan Manuel del Valle Pascual que, sin embargo, conoce y tolera gravísimas irregularidades empresariales como la denunciada en el documento FUNCIONARIOS EMPRESARIOS y anteriormente en el que sí que se contestó por un Vicerrector denunciado según lo que el mismo Rector Javier Uceda Antolín considera delictivo en su propia NOTA INFORMATIVA con la que pretendía dar respuesta a la denuncia penal que se mantiene publicada en http://www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf
Ramón
Álvarez Rodríguez,
era Subdirector de
Investigación, Doctorado y Centro Tecnológico, y
Catedrático de Explotación de Minas en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) cuando participó como perito de
parte, al menos, en el Juicio Ordinario 101/2004 (responsabilidad civil
por la rotura de la Balsa Minera de Boliden en Aznalcóllar
contra ACS-Dragados, Geocisa, Intecsa y Banco Vitalicio por un importe
principal de 248 millones de euros) celebrado en el Juzgado de Primera
Instancia Nº 9 de Madrid, para favorecer a la empresa Boliden
Apirsa. Disponemos del video de su comparecencia y
ratificación
en DVD de fecha 22/06/06 (del que se ofrecen unos minutos en el
vídeo de más abajo), y en él se
aprecia con toda claridad
cómo
Ramón Álvarez Rodríguez fue contratado
por Boliden y Ernst & Young aunque en algún momento
se
pretendió aparentar que su peritaje era oficial. Ignoramos
cuáles han sido sus honorarios, y también si hizo
uso o
no del membrete de algún departamento, escuela o
universidad,
pero tenemos el máximo interés por comprobarlo,
para lo
que agradeceremos todos los datos y referencias que se nos puedan
proporcionar para ello. Sabemos que la sentencia 00205/06 del Juzgado
de Primera Instancia Nº 9 de Madrid que tiene fecha de
23/11/06
fue completamente desfavorable para el cliente (Boliden Apirsa) de
Ramón Álvarez Rodríguez, y que muy
probablemente
esté recurrida en la Audiencia Provincial de Madrid, aunque
no
tenemos confirmación ni dato alguno del recurso pese a haber
llegado a interponer un RECURSO DE ALZADA AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL cuyo texto íntegro está publicado en
http://www.miguelgallardo.es/alzada.pdf
Rafael
Aracil
Santonja, Catedrático del Departamento de
Automática, Ingeniería Electrónica e
Informática Industrial (DISAM) de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) ha realizado, al menos
desde
2000 hasta julio de 2006, varios estudios, informes y
dictámenes
que la Sociedad General de Autores (SGAE) ha utilizado como pruebas
periciales en numerosas demandas presentadas en juzgados de varias
provincias durante varios años, que la UPM pretende ocultar mediante un recurso de súplica presentado ante la Audiencia Nacional. El abogado Josep
Jover i
Padró, en nombre de la asociación
APEMIT, ha
presentado la querella por la que ha tenido que comparecer como imputado, según informa EL ECONOMISTA. Esa querella se basó en mi contraperitaje
en el que consideraba inmorales e ilícitas tales CORRUPCIONES PERICIALES UNIVERSITARIAS. Lo mantengo publicado en
http://www.cita.es/corrupciones/periciales/universitarias incluso antes de conseguir alguna sus
comparecencias judiciales en vídeos de RAFAEL ARACIL como el que puede verse en http://www.youtube.com/watch?v=DkoXQe7fSpU
La
(falta de) política pericial de la Universidad
Politécnica de Madrid entra en contradicción con
peritajes como el de José Miguel Montoya Oliver (profesor de la ETSI de Montes de la UPM), que considera que el incendio de Riba de Saelices (Guadalajara), ocurrido en julio de 2005 muriendo once miembros de un retén forestal, se caracterizó «por una cadena de errores, actuaciones imprudentes, irresponsables y negligentes».
El perito insistió en que hubo un abandono administrativo y
técnico en las medidas de prevención, que el proceso de
extinción fue erróneo y que existe responsabilidad clara
personal y de las instituciones. El documento, elaborado a petición de familiares de las víctimas,
consta de 108 folios y fue presentadoante el Juzgado de Sigüenza
(Guadalajara) con importantes consecuencias procesales dando lugar a
muchas críticas y comentarios que, muy controvertidamente, han llegado hasta a la Wikipedia.
Su ratificación será todo un espectáculo judicial
irrepetible al que se añade interés por el hecho del que
el Ayuntamiento de La Riba ha contratado al catedrático de la
ETSI de Montes de la UPM Santiago Bignote Peña o Santiago Vignote Peña (unos medios los escriben con B y otros con V), también como perito de parte,
según ha informado EFE. Es posible que no sea el último funcionario público que perite interesadamente sobre tan espantoso siniestro.
Javier
Uceda
Antolín, Rector de la Universidad
Politécnica de
Madrid, que se volvió a presentar en 2008 como candidato según puede verse en este video y publica su discurso de toma de posesión por segunda vez conoce perfectamente, desde el 5 de enero de 2007, cuanto se
manifiesta en http://www.cita.es/corrupciones/periciales/universitarias y en desde primeros de 2008 http://www.miguelgallardo.es/rectordeincompatibles.pdf
Pero no solamente no tiene el menor inconveniente en que se utilice la
imagen de su departamento DISAM y de la UPM, sino que ha llegado a
permitir que los alumnos de las asignaturas que se imparten en el DISAM
tuvieran que hacer las prácticas de laboratorio mientras
escuchaban cómo se probaban máquinas tragaperras
o
recreativas que se han homologado en el DISAM, según me han
manifestado alumnos y profesores de la Escuela Técnica
Superior
de Ingenieros Industriales de la UPM. Si se mantuviera la
política actual de la UPM en materia de compatibilidad
automática e ilimitada para realizar informes y
dictámenes periciales para todos los funcionarios docentes,
y si
cualquiera de ellos puede hacer uso del membrete del departamiento y el
escudo de la universidad que les paga sus nóminas,
habría
una auténtica espiral de corrupción porque los
abogados
ofrecerían a todos los profesores la opotunidad de opinar
como
peritos para seleccionar a los que pidan menos por dar, decir o falsear más.
En Mallorca, el Profesor Titular de Escuela Universitaria, Damiá Vidal Rodríguez, aceptó el cargo de perito de los imputados más políticos en el famoso caso BITel por el que se instruyó y juzgó el espionaje de correos electrónicos de un político, Xisco Quetglás, cuando presidía la Comisión de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca. El funcionario docente Damiá Vidal hacía una extraña pareja con el abogado Rafael Perera Mezquida para defender a Xisca Pascual Canet y Sebastià Vallori que trabajaban en el gabinete de Jaume Matas. Cuando Jaume Matas recuperó
el poder balear en 2003, propuso como gerente de BITel al perito de su
confianza que obtuvo una curiosa excedencia en la universidad para
mantener, e incluso aumentar, sus derechos adquiridos y sus
privilegios. Durante 2008, ya reintegrado a la vida académica, fue detenido por malversación de más de 700.000 euros y
ha reconocido los hechos más graves. Lamentablemente,
ningún periodista, jurista o político se ha molestado en
explicar qué es lo que sabía el funcionario docente Damiá Vidal Rodríguez para
recibir tantas propuestas empresariales (gerencia de BITel con muy
amplios poderes y ningún control sobre él), e
institucionales, como la de constituir y presidir el Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos de Baleares disponiendo
así de oportunidades de negocio con fondos públicos y no
estar sometido a ningún control formal que no estuviese fácticamente mucho más controlado por
él. Tal vez la escandalosa desproporción y frecuencia de
incompatibilidades en las Islas Baleares, dentro y fuera de su
Universidad, ayude a entender, aunque no a comprender ni justificar,
los casos BITel 1 y BITel 2.
Otro perito funcionario presuntamente incompatible en un escandaloso asunto, es el catedrático de la
Universidad Carlos III de Madrid, José Manuel Molina
López, que ha ofrecido en un muy curioso informe pericial su, supuestamente, docta opinión sobre unas
controvertidas grabaciones de conversaciones entre dirigentes
socialistas ibicencos, alguna de las cuales afecta directamente al
actual vicesecretario general del PSOE, y Ministro de Fomento, José Blanco, que constan
en el Juzgado de Instrucción 2 de Ibiza, según ha
publicado Diario de Ibiza, EL MUNDO y EL PAÍS. Resulta difícil cuestionar la legitimidad pericial de un funcionario público cuando se admite
a trámite una querella contra el juez que instruye el caso
Eivissa Centre, José Espinosa, y Ascensión Joaniquet,
abogada de la mayoría de los cargos del PSOE imputados en Ibiza
por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación, que es
quien contrata al catedrático de la
Universidad Carlos III de Madrid, José Manuel Molina
López para tratar de restar valor probatorio a las grabaciones de audio aportadas por Roque López.
En Sevilla se vivió un complejo proceso judicial entre un catedrático arquitecto llamado Luis Recuenco Aguado y un profesor titular ingeniero de caminos, llamado José Orad Aragón,
que actuó como perito de las víctimas, o más
exactamente, de las familias de las víctimas que ejercieron
acusación particular por el derrumbe del muro del Bazar España. Luis Recuenco Aguado presentó una querella por "mala fe" contra José Orad Aragón y yo mismo traté de ejercer acción popular, pero sin tener que presentar querella, y fue imposible obtener copia del dictamen pericial del entonces director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, actuando como perito de parte, que no parece que acabase muy satisfecho con las manifestaciones realizadas por el magistrado José Herrera Tagua y el fiscal Alfredo Flores.
Lamentablemente, no consta ningún cuestionamiento o
crítica sobre la posible incompatibilidad del perito de los
familiares de las víctimas del siniestro, pero es escandaloso
que un profesor utilice el trabajo de estudiantes (Emilio López y Antonio Manzano)
como colaboradores en sus pericias para partes litigantes y cobre,
parece que una cantidad muy importante de dinero en el caso de
José Orad Aragón, como un sobresueldo.
¿
?