Mentiroscopia de Rafael Perera
Por Miguel Ángel Gallardo Ortiz en WWW.CITA.ES  
Tel.: 619.77.64.75 y 91.474.38.09, E-mail: miguel@cita.es

El abogado Rafael Perera es un personaje muy peculiar. Abogado de muchos líderes baleares del Partido Popular, hace curiosas declaraciones a la prensa. Estamos preparando un análisis de sus principales intervenciones, porque su trayectoria jurídico-política trasciende a su persona, y merece la pena observar lo que se dice, y más aún, lo que se debería decir y no se dice, de él.

Las calumnias vertidas por Jaume Matas en el Parlament Balear contra mi persona motivan la recopilación de manifestaciones de Jaume Matas, o sobre Jaume Matas (que contienen alguna de las palabras "mentira mentiras falsedad mentiroso falsedades falso falsos falsa falsas"), así como las de su abogado Rafael Perera. Sus calumnias parlamentarias pueden verse en http://www.cita.es/calumniado y http://www.cita.es/calumnia

Ultima Hora, 15/02/2006
La querella por injurias contra Isidre Cañellas sigue adelante    
P.C.
La querella por injurias que prevé presentar el ex concejal de UM Joan Thomàs en contra del líder de UM en Calvià, Isidre Cañellas, seguirá el curso previsto al no presentarse éste al acto de conciliación que debía celebrarse en el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Palma. En cambio, sí lo hizo el abogado Rafael Perera, que defiende a Joan Thomàs, ahora adscrito al Grupo Mixto. Thomàs podría querellarse contra Isidre Cañellas por haberle llamado «corrupto».

Diario de Mallorca, 01/02/2006
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.        
Condenan a una falta al piloto que voló sin oxígeno de emergencia en la cabina de un avión   El magistrado de instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, ha impuesto una pena de diez días de arresto a Joaquín Garriga Marrodán, un piloto y alto ejecutivo de la compañía aérea mallorquina Aebal, que el 17 de abril del 2001 condujo un avión Boeing 717 desde Madrid a Palma, sin llevar operativo el dispositivo de oxígeno de emergencia en la cabina de mando. La sentencia, que puede recurrirse ante la Audiencia Provincial, ha declarado al acusado culpable de una falta de imprudencia contra la navegación aérea, al poner en peligro a los 111 ocupantes del avión.
Ayer el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), que ejerce la acusación particular a través del letrado Javier Nart, mostró su satisfacción por la condena, aunque lamentó que la pena no fuera la reclamada por ellos: 15 días de arresto domiciliario y seis meses de inhabilitación profesional.
La sentencia, no obstante, ha tenido en cuenta el que el comandante condenado realizó el vuelo Madrid-Palma a una altitud no excesiva, lo que minimizó el riesgo potencial sufrido por los pasajeros.
Críticas a Aviación Civil
El proceso judicial únicamente se ha centrado en si el vuelo denunciado incumplió la normativa de seguridad de Aviación Civil y de la propia compañía Aebal respecto a la obligación de llevar en cabina un equipo de máscaras con oxígeno para los supuestos de despresurización repentina; humo o fuego en cabina, etc, tesis asumida por el juez.
La defensa, ejercida por Rafael Perera, postulaba, por contra, que el avión estaba dotado de otros sistemas de oxígeno portátiles y de máscaras anti-incendios, que servían para cumplir las normas de seguridad.
El SEPLA, sin embargo, ya criticó tras el juicio a Aviación Civil, a la que acusó de encubrir las irregularidades en materia de seguridad aérea efectuadas por algunas compañías aéreas, más preocupadas por cumplir los horarios y evitar las pérdidas generadas por los retrasos o cancelaciones.
Ayer el sindicato calificó de muy grave "la falta de control efectivo" sobre la seguridad aérea de que ha hecho gala el ministerio de Fomento, de quien depende Aviación Civil. Este último organismo abrió en su día una investigación por el incidente de la botella de oxígeno de emergencia inoperativa del Boeing pilotado por el inculpado, pero llegó a la conclusión de que no hubo ninguna falta contra la seguridad aérea.
El magistrado no ha tenido en cuenta la opinión de Aviación Civil y ha llegado al convencimiento de que dicho sistema de seguridad forma parte del equipo mínimo obligatorio en un Boeing 717 (MEL), sin el cual el aparato no puede usarse para transportar pasajeros.
Dos pilotos que en su día denunciaron la anomalía, y que testificaron en contra del acusado, acabaron siendo despedidos de Aebal. La compañía desvinculó los despidos de los hechos, pero el Sepla argumentó en el juicio que se trataba de represalias.

Diario de Mallorca, 21/01/2006
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.        
El piloto acusado dice que no eran obligatorias las máscaras de oxígeno    
La defensa postula que la denuncia del Sepla es una maniobra de desprestigio
Joaquín Garriga Marrodán, el piloto de la compañía mallorquina Aebal juzgado ayer por una supuesta falta de imprudencia en la navegación aérea, aseguró que, en abril del 2001, cuando voló de Madrid a Palma con la botella de oxigeno de emergencia de cabina vacía, o sin la suficiente presión, no era obligatorio dicho dispositivo de seguridad y podía suplirse con otros sistemas del avión, como unas máscaras. Rafael Perera, abogado defensor, basó buena parte de su estrategia exculpatoria en atribuir al Sepla (Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas) una "maniobra" o "campaña" de desprestigio contra el acusado, al que habrían querido apartar de su puesto directivo en la compañía....

Diario de Mallorca, 15/01/2006
Pere Rotger declaró ayer ante la Fiscalía por el caso Mandrava    
La oposición exige al alcalde y presidente del Parlament que dimita de alguno de sus cargos
El alcalde de Inca y presidente del Parlament, Pere Rotger, acudió ayer a declarar ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Bartolomé Barceló, para explicar su decisión de autorizar 77 viviendas en la calle Mandrava del citado municipio pese a que en ese momento los terrenos estaban catalogados como zona verde. El hecho de haber permitido estas obras de forma irregular ha provocado que desde los partidos de la oposición se considere que Rotger está obligado a dimitir de alguno de sus cargos.
Pere Rotger se presentó ante el fiscal acompañado de su abogado, Rafael Perera. El presidente de la Cámara autonómica llegó al Palacio de Justicia en su coche oficial a las 5 de la tarde y abandonó el lugar alrededor de las 7. Hay que recordar que el Consell Insular remitió un informe en el que planteaba la posibilidad de que la autorización de las citadas viviendas de protección oficial haya constituido un delito.
Unas pocas horas antes, el alcalde había admitido a DIARIO de MALLORCA que los técnicos municipales le habían advertido que la autorización de las obras incumplía la normativa, pero insistió en que optó por conceder la licencia basándose en el interés general, ante la escasez de viviendas de protección oficial que se registra en la isla. Además, subrayó que en las reuniones mantenidas con los responsables del Consell de Mallorca había quedado claro que la revisión del PGOU de Inca, donde se legalizaba la situación de los terrenos, se iba a aprobar una vez subsanadas las deficiencias, por lo que "mi único pecado fue adelantarme tres meses".
Según el alcalde, el Consell jamás debió remitir el informe a la fiscalía, sino suspender la licencia de obras otorgada si consideraba que era irregular, y acusó a los partidos de la oposición de "politizar" este tema para intentar que el PP pierda la mayoría en Inca.
Petición de dimisión
Sin embargo, tanto Antoni Diéguez (PSOE), como Pere Sampol (PSM) y Miquel Rosselló (EU-EV) coincidieron ayer en que un cargo público no puede vulnerar conscientemente la legalidad, y consideraron que Pere Rotger está obligado a dimitir de su cargo de alcalde o como presidente de la Cámara autonómica, alegando que ha quedado claramente demostrado que son incompatibles.
Según Diéguez, la acumulación de escándalos en Inca, como las citadas viviendas, el pago de las bolsas del Dijous Bo o la contratación de una persona que en realidad no tenía el título de psicóloga, han hecho que este municipio presente los "mayores niveles de corrupción" de las islas, de ahí la exigencia de dimisión como alcalde, que extendió también a la presidencia del Parlament por el bloqueo que se está aplicando a los controles al Govern por parte de la oposición. Sampol y Rosselló coincidieron en reclamar a Rotger el abandono de la alcaldía. Este último recordó que su grupo ya se opuso al nombramiento como presidente de la Cámara al considerarlo incompatible con el cargo de primer edil. Desde UM, Miquel Nadal se limitó a un escueto "sin comentarios" al plantearle este tema, mientras que la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, justificó la decisión del alcalde por la necesidad de viviendas protegidas.

El Mundo, 12/01/2006
El fiscal pide a la juez que imponga a Moll una contrafianza por su «posible daño» a los imputados del 'caso Royaltur'     
'CASO ROYALTUR' / LA POSICION DEL MINISTERIO PUBLICO Carrau también reclama a la instructora que rebaje aún más la fianza de 6 millones de euros impuesta a los ex jefes de la Banca Marcha y de la promotora de Sa Nostra - Sostiene que la presunta estafa no superó los 1,8 millones de €    
ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- El fiscal Anticorrupción pide de nuevo que se archive el caso Royaltur. Juan Carrau exige en su último escrito que la fianza de seis millones de euros impuesta por la juez instructora a la antigua cúpula de la Banca March, sea rebajada aún más. Y, además, que el empresario Jaume Moll deposite «una contrafianza por el posible perjuicio que irrogue».
«No puede estimarse adecuada y fundada en derecho la fijada por el instructor por mucho que haya sido rebajada», subraya ahora el fiscal. El argumento que esgrime el representante del Ministerio Público para rebatir la cuantía a la que tienen que hacer frente los imputados antes del juicio y las pretensiones del ex presidente del Grupo Royaltur pasa porque el hotelero Moll «no puede exigir un dinero que nunca tuvo ni perdió».
Carrau se reafirma una vez más como el principal interesado, junto a las defensas de los imputados ex directivos del banco, Simón Galmés y Antonio Mascaró; y los de los antiguos responsables de Inmobiliaria Alcázar, Juan Piguillem y Juan Bautista Llorens; en que el caso sea archivado. Según el fiscal, la causa que nos ocupa penalmente no es constitutiva ni siquiera de «una falta».
Por contra, Moll defiende, y hasta ahora la juez instructora y la Audiencia han sido proclives a sus pretensiones, que fue víctima de una multimillonaria estafa que supuso que en tan sólo un año se quedara con dos hoteles de los doce que vertebraban su imperio turístico en España.
Moll precisa que tanto la antigua directiva de la Banca March como la de la extinta promotora de Sa Nostra -Inmobiliaria Alcázar-, urdieron una trama para desposeerle de sus propiedades en beneficio propio. Los acusados sostienen que diseñaron una estrategia financiera para salvar Royaltur en plena crisis de la Guerra del Golfo. Y que todas y cada una de sus propuestas fueron suscritas y bendecidas tanto por el ahora octogenario hotelero como por sus asesores.
La defensa de Moll
No obstante, Moll fundamenta su defensa en que los ahora imputados le hicieron firmar una serie de contratos a sabiendas de que no se iban a poder cumplir. Uno de los principales obstáculos, por no decir el mayor, con los que se encuentra en estos momentos Moll se llama Juan y se apellida Carrau.
Este último desinfla en todos sus escritos el volumen de la presunta estafa aunque no termina de descartar totalmente su «existencia». «De existir engaño como mantienen los acusadores -los miembros de la familia Moll-, se les prometieron 5.500 millones de pesetas, cantidad que consideraron adecuada, y tan sólo percibieron 2.304». Por lo tanto, asevera el fiscal Anticorrupción, «el engaño no puede superar los 3.196 millones de pesetas pero nunca los 94 millones de euros», cantidad esta última pretendida por el hotelero.
Las cuentas de Carrau
Asimismo, destaca que «a dicha cantidad, 3.196 millones de pesetas, se le deben restar la totalidad de préstamos y avales de los que fueron liberados los accionistas de Royal Resort por los contratos suscritos y que puede cifrarse efectivamente en el momento que se realizó en 2.700 millones de pesetas como consta en la causa».
«Es decir», prosigue el fiscal, «el perjuicio es el no haber recibido 5.500 y en cambio recibir 2.304 millones de pesetas y la liberación de 2.700 millones de pesetas comprometidos en avales y préstamos». Las cuentas que hace el representante del Ministerio Público se concretan en que «según la acusación particular fueron engañados y en lugar de percibir 5.500 millones de pesetas recibieron 5.004».
Lo cual, continúa, «arrojaría un perjuicio de 300 millones de pesetas -menos de 1,8 millones de euros», pero nunca los 94 millones de euros ni los 6 ahora fijados. Por lo expuesto se considera que la cuantía de la fianza es desproporcionada». El letrado de Moll, Rafael Perera prepara ya a conciencia el juicio, ineludible a pesar de los innumerables recursos. Y lo hace plenamente consciente del volumen de dinero que podría caer en las manos de su cliente de producirse una sentencia favorable. 

El Mundo, 06/12/2005
El PSOE se persona en el caso de la permuta y pide al juez toda la documentación    
MAÓ.- El PSOE nacional se personó ayer en la querella criminal interpuesta por el fiscal anticorrupción, Juan Carrau, contra la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciutadella por una permuta presuntamente fraudulenta. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de poniente, Joan Gorries, explicó ayer que su grupo pidió al juez, Luis Acayro Sánchez Lázaro, toda la información sobre el caso, el documento del fiscal y la declaración prestada por el concejal de Urbanismo, Avel·lí Casasnovas.
Sin embargo, Gorries reconoció el pasado sábado que lo último que había querido es ir por la vía judicial. «Pero las cosas eran evidentes y decidimos personarnos, pero antes quería indagar sobre si tenía apoyo a nivel nacional», explicó.
La querella criminal presentada por el fiscal imputa a Casasnovas, a su adjunto en Urbanismo, Llorenç Casasnovas, y al empresario mallorquín Sebastián Marqués, delitos de estafa, tráfico de influencias, fraude y negociación prohibida. Los tres fueron a declarar el pasado miércoles 30 de noviembre ante el juez del Juzgado número 2 de Ciutadella.
Ante el anuncio del PSOE nacional de personarse en su contra, Avel.lí Casasnovas aseguró el pasado sábado que, por su parte, existe «tranquilidad absoluta». El teniente de alcalde de Urbanismo opinó que a la agrupación balear, el PSIB, le «falta criterio» y es por ello que ha tenido «la necesidad absoluta» de acogerse a Madrid.
Además, tachó el asunto de «patético» y explicó que su abogado, Rafael Perera, presentará una solicitud de sobreseimiento ya que, a su juicio, no existen indicios para acusarle. De hecho, el mallorquín, Sebastià Marquès explusó a Avel·lí ante el juez.

Diario de Mallorca, 04/12/2005
Rafael Perera recibe una placa de agradecimiento    
El abogado Rafael Perera recibió una placa de agradecimiento por su "labor en la implantación y ejecución del procedimiento que posibilita el control y la erradicación de la prostitución callejera". También recibieron placa el hotelero Luis Carrasco por su "colaboración con la Policía Local"; Francisco Ruiz de Peralta Cassallo, por su extensa trayectoria en la jefatura provincial de Tráfico; el fiscal de menores José Díaz Cappa y la coordinadora de esta fiscalía Rosario García Guillot. 

Diario de Mallorca, sáb, 26/11/2005
El caso Mapau será tramitado por un juzgado de instrucción de Palma     
El caso Mapau, la presunta trama de captación ilícita de votos de emigrantes de origen balear y residentes en Hispanoamérica para el Partido Popular (PP) en las elecciones autonómicas de junio del 99, será tramitado en Palma, tras inhibirse el juzgado de instrucción 2 de Eivissa.
El juzgado ibicenco recibió hace unas semanas la voluminosa causa procedente de la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Esta última instancia decidió a finales del pasado julio descartar la imputación del president y de la vicepresidenta del Govern del PP, Jaume Matas y Rosa Estarás, respectivamente, y archivar la causa para otros dos aforados del mismo partido, el conseller Josep Joan Cardona y el alcalde de Manacor, Antoni Pastor.
El TSJB ordenó remitir el sumario a los juzgados ibicencos, que iniciaron las pesquisas de este asunto en junio del 99. Ahora, y a petición del defensor Rafael Perera, la causa se tramitará en Palma, ciudad donde presuntamente se cometieron los delitos de falsedad documental, electoral y otros que las acusaciones particulares atribuyen a las personas que continúan imputadas en la causa.
En esta investigación actúan como acusaciones particulares tres partidos de izquierda, (PSOE-EU y PSM), representados por los abogados Miquel Angel Mas y Ascensión Joaniquet.
La fiscalía se ha mostrado partidaria de archivar todo el caso y, en principio, no acusará a nadie.
 
El Mundo,  jue, 10/11/2005
El fiscal pide de nuevo el archivo del 'caso Royaltur' y exige que la presunta estafa a Jaume Moll no la dirima la Audiencia     
'CASO ROYALTUR' / LA POSTURA DEL MINISTERIO PUBLICO Carrau continúa sosteniendo que al hotelero no le engañaron en ningún momento los ex jefes de la Banca March y de Inmobiliaria Alcázar - Dice ahora que quien debe decidir si existió un 'timo' de 216 millones de E es un juzgado de lo Penal    
ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- El fiscal continúa siendo el mejor abogado defensor que se han encontrado hasta ahora los imputados en el caso Royaltur. Según ha podido saber EL MUNDO/El Día de Baleares, Juan Carrau se acaba de sumar a los recursos interpuestos por los querellados y solicita, por enésima vez, el archivo de la causa.
Pero es que el delegado en Baleares de la Fiscalía Anticorrupción precisa, además, que en el caso de que la presunta estafa de 216 millones de euros vaya a ser juzgada, algo que ya es ineludible, la Audiencia de Palma no es el órgano competente.
Y opta, en su lugar, porque sea un juzgado de lo penal el que se encargue de decidir si los antiguos responsables de la Banca March y de Inmobiliaria Alcázar estafaron al hotelero Jaume Moll o si, por el contrario, no incurrieron en ningún delito.
Carrau continúa en la misma línea que ha mantenido durante toda la instrucción de la causa. Consideró desde un principio que Jaume Moll llegó a un acuerdo de manera voluntaria con los ex jefes de la Banca March y de Inmobiliaria Alcázar para salvar su holding turístico de la crisis que atravesaba a principios de la década de los noventa. Que aceptó las condiciones rubricadas. Y que ahora no está en condición de reclamar nada.
Aquí es donde reside precisamente el nudo gordiano del caso. Moll sostiene que los imputados Simón Galmés y Antonio Mascaró, desde la Banca March; y Juan Piguillem y Juan Bautista Llorens desde Inmobiliaria Alcázar, le engañaron en beneficio propio. Este hotelero sostiene que le hicieron firmar un acuerdo por el cual el Grupo Royaltur se asociaba con dos empresas de Sa Nostra -la citada inmobiliaria y Geinsa- a cambio de una inyección de capital de 15.000 millones de pesetas que nunca llegó.
Los imputados, por su parte, sostienen que el empresario fue consciente en todo momento de lo que firmaba y que nunca se le engañó. El último paso del proceso ha pasado hace unos días porque Moll ha impugnado todos los recursos presentados por los imputados y le pide a la juez que les haga cumplir lo estipulado en su último auto. Esto es, la orden de depositar una fianza de 94 millones de euros antes del juicio.
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 exigió el pasado mes de septiembre a la antigua cúpula de la Banca March y a los antiguos jefes de Inmobiliaria Alcázar, la promotora de Sa Nostra, que hicieran frente a esta cantidad en el juzgado ante las posibldes responsabilidades pecuniarias que se pudieran derivar en el juicio que tendrá lugar próximamente en la Audiencia de Palma. Asimismo, exigía la magistrada Ana San José que las mencionadas entidades hicieran frente a esta cantidad como responsables civiles subsidiarios. Esta es la primera gran medida adoptada por la jueza después de decretar la apertura de juicio oral contra los ex directivos de Banca March, Simón Galmés y Antonio Mascaró; así como contra los antiguos responsables de la inmobiliaria de Sa Nostra, Juan Piguillem y Juan Bautista Llorens.
A todos ellos Moll les acusa de haber urdido una estrategia para estafarle y dejarle con tan sólo uno de los hoteles que integraban su imperio, valorado por la perito judicial en 36.000 millones de pesetas. Por este motivo, Moll les reclama una indemnización de 94 millones de euros, a la que hay que sumar el lucro cesante.
Las defensas
O lo que es lo mismo, el dinero que habría dejado de ingresar el Grupo Moll tras la pérdida de los hoteles. El octogenario empresario, a través de su abogado Rafael Perera, solicita la «desestimación» de los recursos de los imputados. Estos, de manera paralela, han solicitado el archivo de la causa por una cuestión formal.
Acusan al letrado Perera de haber incumplido el plazo establecido por la jueza para presentar su escrito de acusación, trámite imprescindible para la apertura definitiva de juicio oral. Esta pretensión la esgrimió inicialmente el abogado Eduardo Valdivia en nombre de la Banca March, y fue secundada por el resto de inculpados, así como por el fiscal Juan Carrau.
El abogado de Moll acusa a Valdivia y al resto de defensas de «oportunismo», de «pura deslealtad procesal», así como de «investirse en un falso puritanismo» para intentar archivar la causa.
En lo que respecta a la fianza, Perera recuerda que la decisión de la jueza «no admite recurso» y que las reclamaciones efectuadas por los afectados «no deben siquiera ser admitidas a trámite». Falta ahora por ver qué resuelve la juez instructora.
No obstante, la magistrada Ana San José ya dejó claro en su último auto, el que decretaba la apertura de juicio oral e imponía la fianza, que no cabía recurso salvo en lo que respecta a la situación personal de los querellados. Es decir, en el caso de que alguno de ellos estuviera en prisión.
 
Última Hora, 09/11/2005
P.C.         
Jaume Matas no se presentó al acto de conciliación instado por uno de los peritos del «caso Bitel»    
El presidente del Govern, Jaume Matas, no se presentó ayer ante el titular del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Palma al acto de conciliación previo a una posible demanda por injurias y calumnias que instará Miguel Angel Gallardo, uno de los peritos del «caso Bitel». Sí lo hizo, con poderes para representarlo, el abogado Rafael Perera, quien declaró que su cliente «no se retractará de ninguna de sus manifestaciones». Matas habría acusado al perito de haber «espiado comunicaciones», «destripado ordenadores» y «filtrado a los medios todas las llamadas o la agenda del presidente». Rafael Perera dijo ayer: «El señor Gallardo es una persona atípica, que no tiene la cabeza muy bien amueblada y que necesita reciclarse». El «caso Bitel» generó una larga investigación que culminó con la vista de un juicio en el que fueron absueltos la directora general de Presidència, Francisca Pascual, y el funcionario Sebastiá Vallori.

Última Hora, 28/10/2005
P.C.         
La Audiencia confirma el archivo del caso horas extras    
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha confirmado el sobreseimiento libre de la causa penal que se siguió contra los regidores del Ajuntament de Palma Pedro Alvarez y Maite Jiménez, y contra los funcionarios municipales Agustín Estela , Josep Manila y Jaime Mulet , todos ellos defendidos por el abogado Rafael Perera, por un presunto delito de prevaricación en el denominado «caso horas extras». La Audiencia adoptó la misma decisión de un juez, que archivó la causa.

Diario de Mallorca, lun, 26/09/2005
MATÍAS VALLÉS        
La blasfemia de La Real    
Leonardo Sciascia nos dejó un mensaje en su libro Puertas Abiertas: "El juez es para las poblaciones meridionales una figura comprensible siempre y cuando sea corrupto; en cambio, es un personaje de sentimientos e intenciones inescrutables, incomprensible, en suma, si no se deja corromper". Dado que Mallorca es una inequívoca "población meridional", la prosa sublime y terminal del siciliano nos ilustra sobre los sucesos que acaecen en los alrededores.
El trasplante testicular de Son Dureta a Son Espases es mucho peor que una prevaricación o una mentira, es una blasfemia. Para demostrarlo, se tiene que acudir al penúltimo capítulo de la farsa, el dictamen del Consell Consultiu -no pregunte para qué sirve, lo sabrá en cuanto escuche su pronunciamiento-. Forma parte del órgano Rafael Perera por lo que, y para construir un traje a la medida de Matas, pueden imaginar que su núcleo es el asombro de las luminarias consultivas ante el hecho de que el hospital no se levante en el mismo monasterio de La Real.
El texto grosero y grotesco del Consultiu reproduce la ristra de virguerías de Operación Mapau. A saber, se valoran escandalosamente informes no aportados, se descalifica con saña a la valiente Catalina Cantarellas -la única intelectual con agallas de la tierra, y que sabe más de La Real que el Consell Consultiu de cualquier otra materia con la posible exclusión del fútbol-, se dan por hechos acontecimientos que todavía no se han producido.
Sin embargo, lo más estupefaciente del dictamen, emanado de un órgano inclinado ligeramente hacia el conservadurismo, es su entusiasmo con la desamortización antieclesial de Mendizábal. Sin ninguna base, los juristas eximios señalan que "se puede pensar que los terrenos aludidos (¿se puede pensar es una expresión legal?) fueron afectados por las disposiciones desamortizadoras". Y hay tanto regodeo en la expresión como si fuera emitida por unos republicanos. El resentimiento contra los monjes rebeldes apunta en algún momento a amenazarlos con un desalojo de derechas, porque así se podría transformar el propio monasterio en un bloque de apartamentos. Cemento a cualquier precio, aunque nos cueste la excomunión.
Las contradicciones son tan insoportables que, al igual que en Operación Mapau,
un órgano tan circunspecto se ha encontrado con el voto en contra de dos de sus integrantes, reacios a contribuir a estas misiones. Carmen Fernández, secretaria del Consell Consultiu, encabeza la disidencia. Su conclusión suena a mazazo de Sciascia: "Según mi opinión, en el caso sometido a consulta, difícilmente se aprecia la existencia de intereses axiológicamente superiores a los inherentes a la protección de nuestro patrimonio histórico. Si esto es así, la Administración está obligada a adoptar las medidas idóneas para armonizar la preservación del monasterio y de sus alrededores con la necesidad del crecimiento urbano, y dar preferencia en lo que sea posible al grado más elevado de protección". Nos remite al valiente aforismo de los jueces que dijeron la verdad sobre la presunta compra de votos argentinos: "Arriba, pues, hay que indagar".
El colofón de la consejera viene avalado por una documentada descalificación previa de los excesos de sus compañeros de órgano. El también decente Joan Oliver Araujo, catedrático de Derecho Constitucional, se sumó al voto discrepante. Así, ya están escindidas las dos Mallorcas, la vencedora y la perdedora aunque los márgenes se hayan reducido. Y colorín colorado, un informe de Gabriel Janer Manila habrá sido decisivo para las destrucciones aquí nombradas, y no habrá servido de nada la opinión de un jurista experto como Oliver Araujo. Donde hay huevos, no caben fueros.
A todo esto, Pere Sampol propinó un zarpazo en el Parlament al divieso que le ha salido a Matas en La Real. Recobrando los bríos de la época en que se enfrentaba a Cañellas sin más escolta que Grosske, sacó a colación el reparto de los terrenos de La Real que llevó a cabo en Madrid un ministro, delante de los grandes depredadores urbanísticos mallorquines. La narrada desamortización, o sea. El diputado recibió la callada por respuesta a su humorada, a nadie le conviene remover aquel ágape.
Lo cortés no quita lo hiriente, por lo que lamentamos que Sampol no pueda utilizar como argumento de autoridad otros certeros ejemplares de esta sección, en los que se denunciaban las basuras del Basural o el reparto -más equitativo para las mafias locales- que el Pacto de Progreso hubiera hecho de una IB3 progresista. La izquierda mallorquina es como el escudo antimisiles de Bush, una defensa que no funciona contra una amenaza que no existe.
No hay leyenda en Son Espases, sino cruda realidad. Si se frustrara el hospital, habría muertos, y por una vez no estamos exagerando. Así es la vida, así es el espectáculo. Y retornamos a nuestro asunto favorito, la crisis que ha animado nuestro estío y se ha estiado con el otoño. Cuarenta años antes de que Carlos Delgado y Joan Thomàs bailaran un tango en Calvià, Michael Caine y Candice Bergen hicieron lo propio en una playa de ese municipio. Aprovecharon un descanso en el rodaje de El Mago, película que protagonizaban junto a Anthony Quinn. La fotógrafa Eve Arnold inmortalizó la secuencia, que acaba de publicar en el fotolibro Film Journal. Por cierto, qué tiempos en los que el alcalde de Calvià, su hermano Alvaro y Antoni Manchado compartían línea defensiva en el mismo equipo de fútbol.
Sólo conozco los WC del Basural, aunque no dudo de que los objetos allí depositados coinciden en calidad con el resto del engendro. Sin embargo, todavía me río al recordar las cuatro letras grabadas en los colgadores de los cubículos. Muy buena la metáfora personalizada, sólo les faltó especificar por dónde hay que colgarlo.
Reflexión dominical alternativa: "El que no sabe, ama".

Última Hora, 03/09/2005
P. C.         
Damià Barceló: «Mi vida ha sido un salto sobre el Atlántico con 217 viajes»    
El letrado mallorquín presenta su libro y hace un balance de su trayectoria profesional y humana    
El abogado mallorquín Damià Barceló lleva con exactitud las cuentas de las veces que ha cruzado el océano Atlántico en sus 80 años de existencia: «Han sido 217 veces de ida y 217 de vuelta, pronto serán 218, por ello mi vida ha sido un salto sobre el Atlántico», recordó ante las personas que asistieron a la presentación de su libro «El letrado y la justicia en la novela picaresca clásica española» celebrada ayer en la sede del Colegio de Abogados de Balears.
Barceló deleitó a los presentes, entre ellos, el presidente del Grupo Sol Meliá, Gabriel Escarrer, con un discurso improvisado, sincero y plagado de matices.
«Creo en los hechos, no en las palabras. He viajado por todo el mundo, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Soy hijo de portero que ha desempeñado muchas profesiones y que con 23 años escribió un libro, o gran parte de él, que ahora ustedes tienen en sus manos», relató.
El decano de los abogados, Joan Font, dijo de Barceló «es un abogado que este mes cumplirá 80 años, que sacó la carrera con casi 20 años y que ha sido uno de los abogados que más han trabajado en Balears. Es un letrado de empresas, muy ligado al mundo del turismo. Ha sido cónsul de Austria en las Islas, íntimo amigo de Bruno Kreisky y de muchas personalidades al máximo nivel de toda Sudamérica». Otro destacado letrado, Rafael Perera, le definió como «un veterano abogado, un luchador». «He aprendido cosas de él, es un hombre infatigable, buen jurista que después supo orientar su profesión hacia el ámbito mercantil. Fue asesor de importante empresas, viajero impenitente, es un gran amigo y una excelente persona», señaló.

Última Hora, 25/08/2005
PATRICIO CANDIA         
El PSOE califica de «alarmante desgobierno» la situación en Calvià
La Fiscalía Anticorrupción interroga como imputado al edil tránsfuga Joan Thomàs    
El concejal declara que votó «en conciencia» a favor de la recepción de la urbanización de los Nigorra    
El edil tránsfuga Joan Thomàs declaró ayer en su comparecencia ante la Fiscalía Anticorrupción de Balears en calidad de imputado que había votado «en conciencia» a favor de la recepción de la urbanización Nova Santa Ponça de Calvià.
«Yo no cambié de opinión. El que sí lo hizo fue Isidre Cañellas », manifestó Thomàs, que fue interrogado durante casi una hora y media en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Balears por el teniente fiscal, Ladislao Roig, que sustituyó a Joan Carrau, de vacaciones.
Esta es la primera ocasión en que la Fiscalía Anticorrupción creada en Balears abre diligencias informativas, a instancias del PSOE calvianer, por la fuga de un edil, en este caso, de UM al PP. El voto del tránsfuga Thomàs permitió al Ajuntament de Calvià recepcionar por sólo 1,9 millones de euros las dos urbanizaciones de la familia Nigorra en Santa Ponça, una cantidad muy inferior a los cerca de cinco millones reconocida en 2003 por los Nigorra. La decisión de Thomàs de abandonar a UM y unirse a Delgado, y con ello, otorgar la mayoría al PP, ha abierto una gran crisis política.
El concejal tránsfuga declaró ante el fiscal, según confirmó su abogado, Rafael Perera, que el acuerdo de recepción de Nova Santa Ponça había quedado plasmado en un documento, firmado por UM, y al que sólo le faltaba el refrendo del pleno municipal. Señaló que él «siempre» había estado a favor de esa recepción porque era muy satisfactoria para el municipio y los vecinos, y que su sorpresa fue mayúscula cuando Cañellas le comunicó que UM iba a votar en contra de ese acuerdo. «Las instrucciones vinieron de arriba», respondió Thomàs cuando el fiscal preguntó a qué atribuía él ese repentino giro político del partido al que pertenecía. No obstante, el pasado mes de junio Thomàs declaraba una opinión contraria a su decisión en el pleno: «Veo muy poco probable recepcionar Nova Santa Ponça».
La Fiscalía Anticorrupción dispone de un plazo de seis meses para cerrar las diligencias informativas sobre el caso de transfuguismo en Calvià. Si el fiscal observa indicios de una actuación delictiva en Thomàs, remitirá las actuaciones a un juez. En caso, contrario, las archivará. El interrogatorio de ayer se centró única y exclusivamente en la decisión de Thomàs de abandonar UM y refugiarse en el PP. Una vez escuchados los argumentos del tránsfuga, la Fiscalía Anticorrupción puede ampliar sus investigaciones y centrarlas en otros aspectos clave, como por ejemplo, seguir el rastro del patrimonio del concejal.

Diario de Mallorca, 29/06/2005
F. A./T. O. PALMA.        
El alcalde declara como imputado por un supuesto delito de prevaricación    
El alcalde de ses Salines por el PP, Sebastià Vidal, declaró ayer en el juzgado número 5 de Manacor acusado de presunta prevaricación por la demora en la publicación en el BOIB de una modificación de la normativa urbanística, relacionada con las terrazas voladas. Vidal, defendido por Rafael Perera, compareció por una denuncia de la fiscalía, que actuó a instancias del PSOE. Las diligencias tratan de aclarar por qué un cambio urbanístico adoptado en mayo del año pasado no entró en vigor hasta agosto. En el interín el alcalde supuestamente concedió a algunos conocidos licencias que contravenían la nueva norma. Vidal dijo que el retraso obedeció a la posibilidad de reconsiderar la modificación urbanística. 

Diario de Mallorca, 17/06/2005
Autor: F.ARMENDÁRIZ PALMA.        
La defensa pedirá que el Supremo realice una vista por el recurso contra la sentencia absolutoria de Bitel    
Francesc Quetglas, el diputado socialista en el Parlament balear que fue víctima del desvío y lectura de sus correos electrónicos por dos funcionarios del gabinete personal del president del Govern del Partido Popular Jaume Matas a finales de los 90, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia en la que se absolvió a los dos imputados. Rafael Perera, abogado defensor de uno de los acusados absueltos por el llamado caso Bitel, anunció ayer que pedirá la celebración de una vista oral en el Tribunal Supremo para debatir el recurso formulado por el acusador particular Antonio Diéguez, que representa a la víctima del presunto espionaje político.
La sección segunda de la Audiencia de Palma (con los magistrados de la primera) absolvió el pasado 26 de mayo a la directora general de Presidencia Francisca Pascual y al funcionario del gabinete personal del president del Govern Sebastià Vallori del delito de revelación y descubrimiento de secretos, en su modalidad de espionaje informático por el llamado caso Bitel. El tribunal declaró probado que en la secretaría particular del president del Govern del partido Popular Jaume Matas se abrieron, a finales de los 90, 34 mensajes de correo electrónico dirigidos al entonces presidente socialista de la Comisión Insular de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca, Frances Quetglas, pero que ésto no fue constitutivo de delito porque se trataba de documentos remitidos a una Administración pública y no de carácter íntimo o particular.
El tribunal rechazó que Pascual y Vallori cometieran ese delito porque los correos interceptados no eran de carácter privado o particular de Quetglas y tampoco eran "secretos" porque se trataba de documentos que luego fueron unidos a expedientes administrativos del departamento de Urbanismo del Consell. El fallo también postulaba que en todo caso la víctima del espionaje informático sería el propio CIM y no el entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo, Francesc Quetglas.
La sentencia ha sido objeto de críticas por parte de sectores políticos que destacan el absurdo de que un "pinchazo" del correo electrónico de una institución no sea algo delictivo. El Supremo tendrá que pronunciarse sobre el alcance del delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Última Hora,  02/06/2005
La tesis de Rafael Perera prevalece en la sentencia del «caso Bitel»    
Se comenta en medios judiciales que la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial en el «caso Bitel», sobre espionaje informático, sigue decididamente la línea argumental mantenida en el juicio por el abogado Rafael Perera. El letrado sostuvo que una cosa es la protección que merece «la intimidad personal y familiar» de una persona y otra el uso indebido de ordenadores oficiales, instalados en oficinas públicas, pagados con el dinero de los ciudadanos, que no pueden ser utilizados para asuntos privados. Por ello, no cabe hablar de «intimidad personal».

Diario de Mallorca, 30/04/2005
B. PALAU. PALMA.        
Condenan al ex concejal de Algaida a dos años de cárcel por abusos sexuales    
El profesor besó en la boca a una alumna de nueve años y la sometió a tocamientos íntimos en una excursión a Lluc en 2001
B. PALAU. PALMA.
El juzgado de lo penal número 4 de Palma ha condenado a Miquel Munar Capellà, profesor en excedencia del colegio público de Algaida Pare Bartomeu Pou y ex portavoz municipal del Partido Popular, a una pena de dos años de prisión por haber abusado sexualmente de una alumna de nueve años durante una excursión a Lluc en las Navidades de 2001.
El magistrado Carlos Izquierdo Téllez ha inhabilitado al ex concejal para ejercer su profesión de docente por un periodo de tres años y le ha prohibido aproximarse y comunicarse con la víctima durante cinco años. En el orden civil, el inculpado deberá pagar una indemnización de 2.000 euros por el daño moral causado a la niña.
El anterior portavoz del PP en Algaida, de 52 años y que se presentó a la alcaldía de la localidad en las pasadas elecciones municipales en mayo de 2003, actualmente ocupa un cargo de asesor técnico docente en la Direcció General de Planificació i Centres de la conselleria de Educación del Govern Balear.
El juez le ha impuesto las citadas penas al considerarle responsable de un delito de abusos sexuales y valorar la "naturaleza y gravedad de los actos de abuso y la edad de la víctima", según establece la sentencia.
Los hechos se remontan a finales de 2001. Según se declara probado en el fallo, Miquel Munar Capellà, profesor de la escuela pública de Algaida, organizó una excursión al monasterio de Lluc (Escorca) en las Navidades de 2001. El hombre tenía a su cargo a niños y niñas de diversas edades, alumnos del centro.
En la tarde noche del 28 de diciembre, el maestro se dirigió hacia una niña de nueve años, alumna suya en la asignatura de plástica, y la besó en la boca introduciéndole la lengua, según especifica la sentencia. Estos hechos tuvieron lugar mientras los menores jugaban al ´cuarto oscuro´y el acusado, con propósito lúbrico, se aprovechó de la situación de penumbra en la que se hallaba la habitación donde se desarrollaba el juego infantil.
Más tarde, cuando los pequeños se fueron a dormir, el imputados volvió a acercarse a la misma víctima, que estaba acostada en la cama con otras niñas. El hombre, con el pretexto de darles las buenas noches, se aproximó para besarla en la mejilla, momento que aprovechó para introducir su mano por debajo de las sábanas y, entre el pijama y la ropa interior, tocó a la menor en las nalgas y en la zona genital, según indica el fallo. En esta ocasión, la sala destaca que el profesor también actuó con idéntico propósito lascivo.
Situación de superioridad
El juzgado considera que ha quedado acreditado el delito de abusos sexuales porque los actos de contenido sexual son "inequívocos", no hay consentimiento alguno, ya que la perjudicada es menor de trece años, y existe una situación de superioridad derivada de la relación profesor- alumna entre autor y víctima. Así, el acusado se prevale seguro de la influencia que directamente tiene sobre la alumna y que le proporciona mayor seguridad en su ejecución, según detalla la sentencia, que podrá ser recurrida ante la Audiencia de Palma en los próximos días.
El juez argumenta que ha quedado desvirtuada la presunción de inocencia de Miquel Munar Capellà tras analizar los medios de prueba practicados. El ex edil del Partido Popular negó haber besado a la pequeña y haberla sometido a tocamientos íntimos durante el juicio y atribuyó las acusaciones de abusos sexuales a motivos políticos. El encausado se refirió a la vida privada de la madre de la víctima y a su supuesta pertenencia o afinidad a otro partido político rival en un intento de explicar los posibles móviles de la imputación.
Esta declaración se contrapone con la de la menor, que expuso con "claridad" cómo se produjeron los abusos sin que nadie pudiera observarlos. El magistrado valora el testimonio de la víctima y destaca que no se existe ningún móvil espurio en ella que vicie sus manifestaciones.
La alumna dijo que el acusado "era muy bueno", que "no quería hacerle daño" y por ese motivo no lo contó antes. Precisamente, los hechos se denunciaron a principios de septiembre de 2003, cuando la niña relató lo ocurrido a su madre ante el temor de que el procesado fuera su tutor.
Además, la versión de la pequeña fue creíble y persistente, según apuntó el psicólogo forense, que descartó que la niña fabulara o inventara. La sentencia también concluye de "forma inequívoca" que el móvil del maestro era satisfacer su deseo sexual.
El fiscal y el abogado de la acusación particular, José Ignacio Herrero, pidieron una pena de tres años, mientras que la defensa, ejercida por Rafael Perera, solicitó la absolución. 

Última Hora, 19/03/2005
Buen «rollito» entre los abogados del «caso Formentera»    
Nos cuentan que los abogados que recorrieron Argentina y Uruguay durante el pasado mes de febrero, para asistir a las declaraciones de los testigos del denominado «caso Formentera», mantuvieron tensos enfrentamientos en las sesiones judiciales celebradas en los distintos juzgados sudamericanos. Pero, luego, terminadas las actuaciones del caso, supieron departir amistosamente en los ratos libres, compartiendo incluso manteles en ocasiones. Como así debe ser. Ello, ciertamente, honra a los letrados Rafael Perera, Ascensión Joaniquet y Miquel Mas.

EL PAÍS, 28/02/2005
ANDREU MANRESA        
El juez investiga en siete ciudades de Argentina y Uruguay el 'caso Formentera'    
Palma de Mallorca
El caso Formentera sigue vivo, sin cerrar ni resolver, seis años después de estallar en las elecciones autonómicas de Baleares de 1999. Durante este mes de febrero una comisión rogatoria judicial ha indagado el asunto en siete ciudades de Argentina y Uruguay. La nuez del escándalo político se relata en la causa abierta en aquella campaña electoral, que alude a una posible operación delictiva para captar votos por correo de emigrantes en Argentina y Uruguay.
La acusación quiere demostrar una presunta intención para favorecer al PP y a su candidato, el presidente del Gobierno balear Jaume Matas (1996-99), luego ministro de Medio Ambiente (2000-2002) y desde 2003 otra vez mandatario regional.
En la isla de Formentera se elige un diputado balear, que suele ser determinante en la formación de la mayoría. El PP, partido casi hegemónico en la comunidad desde 1983, fue derrotado hace seis años, por única vez en la autonomía, por una alianza nacionalista y progresista que tejió Francesc Antich, del PSOE, quien en 2003 regresó a la oposición tras ser derrotado en las urnas.
Durante todo febrero la investigación y el proceso judicial -que se ha dirimido en diligencias en un juzgado de instrucción de Ibiza, en el Tribunal Superior de Baleares, en Palma, y en el Tribunal Supremo, en Madrid- han devenido ambulante e internacionalmente. El juez, el fiscal y los abogados de las partes han permanecido en Argentina y Uruguay interrogando a unos 85 testigos, casi en su totalidad votantes en aquellos comicios, para conocer en qué condiciones decidieron censarse y votar en Formentera. Todos los votos menos dos, que fueron declarados nulos, remitidos en 1999 desde aquellos países a la decisiva isla menor fueron para la lista del PP.
Siete imputados
En la instrucción se contemplan presuntos delitos electorales, de falsedad documental y de malversación de caudales públicos, y se mantienen como imputadas a siete personas, tras negar el Tribunal Supremo en octubre de 2002 investigar 'por ahora' a Jaume Matas y a Rosa Estarás, ex diputada nacional y, desde 2003, de nuevo consejera autonómica y vicepresidenta con Matas. Los implicados actuales son el consejero de Comercio del Gobierno de Matas, José Juan Cardona de Ibiza; el diputado y alcalde de Manacor, Antoni Pastor; el director de la empresa que hará los informativos de la televisión autonómica de Baleares y ex jefe de prensa de Matas, Javier Mato, y otros cinco actores no directamente políticos.
La comisión rogatoria que ha estado indagando durante más de cuatro semanas ha estado integrada por el juez instructor, Antonio Monserrat; el fiscal jefe del Tribunal Superior de Baleares, Bartolomé Barceló; el defensor del PP, Rafael Perera, y los dos letrados de la acusación, Ascensión Joaniquet y Miquel Àngel Mas, que patrocinan PSOE, IU y PSM.

Diario de Mallorca, mié, 23/02/2005
FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA.        
Contactos entre PP y PSOE para cerrar las causas Parcbit y Bitel    
las vistas de ambos escÁndAlos de supuesta corrupción se harán en mayo     
Un acuerdo para retirar las acusaciones particulares en ambos casos podría evitar los juicios
Miembros del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista (PSOE) iniciaron hace meses una serie de contactos para dar carpetazo a los casos Bitel y Parcbit, donde están encausados, respectivamente, una directora general del actual Govern y una ex consellera del Pacto del Progreso, acuerdo que pasaría por la retirada de las acusaciones particulares en nombre socialista en la primera causa y popular en la segunda.
La existencia de estos contactos ha vuelto a ser aireada en medios de la justicia palmesana tras conocerse que los juicios de ambos casos de supuesta corrupción política han sido señalados para el próximo mes de mayo, en fechas casi solapadas.
En el caso Bitel, la sección primera de la Audiencia ha reservado varios días a partir del 9 de mayo próximo para celebrar el juicio sobre la supuesta trama de espionaje político, a finales de los 90, del que fue víctima el entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca, el socialista Francesc Quetglas. Los mensajes de correo electrónico dirigidos al despacho de Quetglas fueron desviados al ordenador de Sebastià Vallori, un secretario personal del president del Govern Jaume Matas.
En Bitel están imputados Sebastià Vallori, funcionario del Govern, y Francisca Pascual, ex jefa de la secretaría personal de Matas y actual directora general de Presidencia del Govern, defendidos por Diego Wencelblat y Rafael Perera. En esta causa ejercen la acusación particular Francesc Quetglas, representado por Antoni Diéguez, y Esquerra Unida, defendida por Josep Valdés. El ministerio fiscal, a pesar de que el anterior fiscal del caso, Miquel Angel Anadón, era firme partidario de la existencia del delito de descubrimiento y revelación de secretos, no ejerce la acusación.
El jurado del Parcbit
En el caso Parcbit aparecen como acusados la ex consellera de Innovación Tecnológica del Govern del Pacto del Progreso, la socialista Misericordia Ramon, y su ex asesor Felio Morey, también militante del PSOE, defendidos por Eduardo Valdivia y Gabriel Garcías. Tras muchos avatares procesales, el caso será juzgado previsiblemente a partir del próximo 16 de mayo por un jurado popular en la Audiencia.
Al igual que en Bitel, el ministerio fiscal no ejerce la acusación y la única instancia acusadora es el grupo del PP en el Parlament, representado por Carlos Perelló.
La acusación imputa a Ramon y Morey sendos presuntos delitos de fraude y falsedad documental.
En el escándalo Bitel quedaría una única acusación en nombre de Esquerra Unida, pero su papel en la instrucción ha sido mínimo y se ignora si mantendría su postura. La posibilidad de un canje entre las dos fuerzas choca también con la postura del propio Quetglas, que siempre ha enfocado el presunto espionaje como una grave afrenta personal a su actividad política y una seria intromisión en su vida íntima.
EL DATO: El testimonio de Matas podría hacerse por escrito
Con independencia de los contactos entre PP-PSOE para dar carpetazo a los casos Bitel y Parcbit la máquina judicial para celebrar las vistas orales en mayo de ambas causas no se para. Una de las mayores incógnitas versa sobre la declaración de Jaume Matas, testigo propuesto por la acusación particular en nombre de Quetglas. Matas, actual president del Govern por el Partido Popular, ocupaba ese mismo cargo a finales de los 90 y desde su secretaría particular presuntamente se espiaron los correos de Internet de Quetglas. Matas podría testificar delante del tribunal o responder por escrito a las preguntas anticipadas de las partes, privilegio que conlleva su cargo.
 
El Mundo,  mar, 22/02/2005
Un testigo del 'caso Mapau' dice que la carta que denuncia votos de muertos al PP es falsa   El secretario de la Casa de Baleares en Argentina acusa a su presidente de piratear sus datos para escribirla - La misiva certifica 'falsamente' la participación de difuntos en las autonómicas de 1999
ESTEBAN URREIZTIETA
M.A.RUIZ
PALMA.- El secretario de la Casa de Baleares de Bahía Blanca (Argentina) cuando estalló el denominado caso Formentera acusó ayer ante el juez a su presidente de suplantarle la personalidad para escribir y mandar una carta que publicó el Diario de Mallorca y en la que se aseguraba que en las elecciones autonómicas de 1999 votaron difuntos al PP.
Raúl Lliteras se desvinculó en todo momento de la misiva argumentando que no llevaba su firma y que estaba mandada «desde un telefax» que desconoce. Eso sí, dirigió su dedo acusador hacia el máximo responsable de la Casa Balear en ese momento: Salvador Vidal. Al que se refirió como una persona con la que tuvo «muchos problemas» y al que no dudó en señalar como «afiliado socialista». «Puede ser él quien envió la carta», declaró.
Lliteras hizo estas afirmaciones ante la comisión rogatoria que se ha desplazado hasta Argentina con motivo del caso Formentera, que investiga la presunta trama electoral en favor del PP pagada con fondos públicos.
La comisión rogatoria
Hay que recordar que esta comisión la integran el juez Antoni Montserrrat; el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Bartomeu Barceló; así como los abogados de las acusaciones particulares. Por parte de Esquerra Unida/Els Verds, Ascensión Joaniquet; y del PSM, Miquel Angel Mas.
Ante esta comisión, Raúl Lliteras añadió: «Si han votado muertos o no, no lo sé». Y afirmó que «repudia» el contenido de la citada carta. En cuanto a las conversaciones que mantuvo con los periodistas del Diario de Mallorca, Lliteras se desmarcó en todo momento declarando que se producían siempre por indicación de su presidente, que era quien según él, le pasaba el teléfono.
Cabe recordar que tanto la defensa como la acusación coincidieron la semana pasada al afirmar que existieron irregularidades administrativas en el proceso para censar en Formentera a descendientes de emigrantes baleares en Argentina. La discrepancias residían en si se ha podido comprobar la existencia o no de un delito electoral.
Según la acusación (PSOE, PSM y Esquerra Unida-Els Verds) de las declaraciones efectuadas se desprende la existencia de indicios de delito puesto que varios testigos no han reconocido su letra en los impresos que firmaron para inscribirse en Formentera. Para la defensa, que ejerce el prestigioso letrado Rafael Perera, de lo único que hay indicios es de «irregularidades de tipo administrativo que en ningún caso pueden considerarse delito».
Otras declaraciones
En una de las últimas jornadas declararon cuatro testigos antes la comisión rogatoria desplazada a Santa Fe y que encabeza el magistrado Antoni Monserrat. Los testigos fueron Roberto Fernández Veiga, Antonio Plomer Torres, Flabio Alejandro Raina y su hermana, Lia Laura.
Todos ellos reconocieron su firma en el documento de inscripción en el Censo de Residentes Ausentes aunque ninguno reconoció la letra que aparecía en los impresos señalando los datos personales. Al mismo tiempo, los cuatro testimonios coincidieron en que se inscribieron en el censo de Formentera de forma voluntaria y que a la hora de votar no fueron presionados, así como que dispusieron en su poder de las «boletas» de todas las formaciones políticas.
El letrado Rafael Perera concluye que hasta el momento no se ha podido demostrar la existencia de delito alguno. Y reitera que lo único que ha podido existir son irregularidades de tipo administrativo, de una gravedad muy inferior a las imputaciones de las acusaciones.

Ultima Hora, mar, 22/02/2005
PATRICIO CANDIA         
Un testigo niega ante el juez del «caso Formentera» la autoría de una carta    
Raúl Lliteras desactiva uno de los argumentos clave de la acusación    
Lliteras: «Un militante socialista fue el autor de la misiva»
Raúl Lliteras, uno de los testigos del «caso Formentera», negó ayer ante la comisión judicial de Balears presidida por el juez Antoni Monserrat, haber sido el autor de una carta publicada el 5 de marzo de 2001 en Palma en la que, supuestamente, denunciaba graves irregularidades en el proceso de inscripción en el censo de Formentera de ciudadanos argentinos. «Esa carta no la redacté yo», declaró Lliteras cuando el juez Monserrat le enseñó la misiva. «No lleva mi firma y fue enviada desde un telefax público que desconozco», añadió el testigo ante la sorpresa de los integrantes de la comisión judicial y de los abogados, Ascensión Joaniquet y Miquel Más, de las acusaciones particulares, y Rafael Perera, de la defensa. «¿Si no la escribió usted, entonces quién lo hizo?», preguntó el juez. «Fue Salvador Vidal, presidente de la Casa de Cultura Balear y conocido miembro del Partido Socialista. El y yo teníamos diferencias muy importantes y suplantó mi nombre para escribir esa carta», respondió. El interrogatorio a Raúl Lliteras en la ciudad argentina de Bahía Blanca fue exhaustivo, y se prolongó durante cinco horas. Para Rafael Perera, «el testimonio de este testigo ha sido fundamental para desmontar falsedades manifiestas y es una prueba más de que lo se está investigando no tiene relación alguna con el supuesto delito electoral de que son acusados mis clientes». Lliteras, según Perera, también aclaró el papel que tuvo uno de los imputados Antoni Pastor, alcalde de Manacor, durante su visita al Centro Balear: «Lo vi una vez en las pocas horas que estuvo y, desde luego, no pidió el voto para nadie en particular». Hoy, la comisión judicial de Balears tiene previsto desplazarse a Buenos Aires para continuar con los interrogatorios a los testigos argentinos del «caso Formentera».

Última Hora, 15/02/2005
PATRICIO CANDIA         
La jueza archiva la causa contra Emaya por un presunto delito ecológico    
La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa que estaba tramitando por un presunto delito ecológico contra Emaya. El PSMEntesa Nacionalista había denunciado en abril de 2003 a Emaya por el vertido de aguas no depuradas en la bahía de Palma a través del emisario del Torrent Gros, proveniente de la estación depuradora EDAR II.
Emaya fue defendida en la causa por el abogado Rafael Perera y en su momento prestó declaración Antonio Nadal Estela en su calidad de presidente de Emaya, cargo que abandonó al cesar como concejal de Cort. La jueza acordó el archivo en base a las alegaciones formuladas por el fiscal y la documentación aportada por la defensa de Emaya. La empresa negó desde el principio la posibilidad de que se haya cometido un delito ecológico en la bahía y defendió el sistema que se emplea. Emaya alegó que sólo en casos extremos, como averías o grandes tormentas, se elimina alguna de las fases de depuración y se permite que el agua llegue antes al mar. Pero, de forma tajante aclaró en sus alegaciones que ello no significa que esta agua «esté contaminada. Según la empresa, estos emisarios «no son desagües», sino que «forman parte del mecanismo de la depuradora. «Cuando el agua no ha podido pasar por todas las fases, el mar, de forma natural, tiene la capacidad de absorber esta suciedad», según Emaya.

Última Hora, 12/02/2005
Intensa actividad de Perera, abogado defensor del «caso Formentera»
El abogado Rafael Perera, que se desplazó a Argentina para tomar parte en el interrogatorio de 85 testigos del denominado «caso Formentera», ha estado en Mallorca tres días por razones profesionales y ya ha regresado de nuevo a Argentina para reintegrarse a las actuaciones judiciales, las cuales se desarrollarán hasta fin de mes en diversas ciudades argentinas y uruguayas. Es destacable la capacidad de trabajo del «joven» abogado que, pese a sus años, despliega una actividad tan intensa, con largos viajes y cambios de horarios, incluidos.
 
Diario de Mallorca, lun, 07/02/2005
MARISA GOÑI. SANTA FE.        
Impresos irregulares y censados que no pensaban votar    
JUSTICIA / la comisión rogatoria del ´caso mapau´ prepara su segunda semana en santa fe     
Los primeros testigos refuerzan la tesis de la existencia de la trama Mapau
MARISA GOÑI. SANTA FE.
La comisión rogatoria del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) desplazada a Argentina por la investigación del ´caso Mapau´ ha culminado su primera semana en Santa Fe. Los testimonios acumulados contradicen buena parte de las anteriores declaraciones de estas mismas personas, realizadas por escrito en abril de 2001 y refuerzan la tesis de la existencia de una trama para beneficiar al PP en las elecciones autonómicas de 1999.
La ronda de testificales se inició con tres hermanas Riera Albornoz, pertenecientes a una amplia familia de una docena de miembros que votó en Formentera, donde todas las papeletas de la urna de residentes ausentes se las llevó la coalición participada por el PP. Como la inmensa mayoría de declarantes no recuerdan qué partidos se presentaban, ni la campaña. Algunos ni aciertan a situar Formentera. Sólo reconocen su firma en los formularios que otros rellenaron y entregaron, sin fecha ni identificación y con datos falsos o erróneos. En el caso de esta familia ninguno de sus miembros había estado inscrito antes en Sant Antoni, como recoge el impreso electoral que otros tramitaron como si se tratara de una reclamación y no una nueva inscripción, distinción fundamental por razones de plazos de admisión. El mismo engaño se repite en varios documentos. Otros dos de los hermanos, Juan Antonio y José Solingrado, al igual que la testigo Blanca Rosa Tur, relataron que su intención era tramitar el pasaporte, no censarse para votar cuando acudieron al Consulado de Rosario, operación para la que la casa de Santa Fe habilitó autobuses.
"Se trata de gentes que por su aspecto parecen humildes y de poca cultura. Lo importante es que lo firmaron. En último extremo estaríamos ante una irregularidad administrativa, no ante un delito electoral porque han reconocido que nadie les indujo mediante dádivas o promesas a cambiar el sentido de su voto", afirmó el letrado que defiende al PP, Rafael Perera, en relación a los miembros de la familia Riera Albornoz.Todos ellos dijeron estar muy agradecidos al Govern por el viaje que les pagó a Balears en el marco de la Operación Añoranza de abril de ese mismo año, coincidiendo con la tramitación de sus registros en el censo electoral de residentes ausentes de Formentera.
Muchos testigos acuden al Juzgado Federal número dos de Santa Fe visiblemente afectados por pensar que pueden derivarse acciones contra ellos, algo que nadie pretende. Fue el caso de Antonia Homar Mas, que en su día declaró a Diario de Mallorca, como se había resistido a entregar la documentación para votar de su madre fallecida a las personas que fueron a visitarla del Centro Balear de Santa Fe, pero finalmente se la dio confiada en su promesa de que se arreglarían su eliminación censal en el consulado. Ante la comisión rogatoria ofreció una nueva versión: fueron a visitarla para hablar de la cría del canario, afición de su marido.
La acusación, ejercida por Asunción Joaniquet y Miquel Ángel Mas, se muestra optimista ante la evolución de la prueba que, a su juicio avala la existencia de "lo que ha sido el mayor fraude electoral de la democracia en Balears, desde la consecución del Estatut". Rafael Perera, por el contrario, admite posibles irregularidades administrativas, pero no fraude electoral. El letrado del PP se ausentará unos días por tener que atender otros asuntos de su despacho, pero ha dejado formuladas sus preguntas ante la comisión rogatoria, que estará otra semana en Santa Fe.
 
Diario de Ibiza, 06/02/2005
Perera se ausentará una semana    
Rafael Perera, que representa los intereses del Partido Popular en el caso de la presunta captación de votos de ciudadanos argentinos en Formentera, abandonó en la tarde de ayer Santa Fe para regresar a Palma, donde debe atender otro asunto de máxima relevancia. Perera prevé retornar el próximo viernes al país sudamericano. El letrado dejó una planilla con las preguntas que formulará el juez Monserrat, ya que se le negó la posibilidad de ser reemplazado por un abogado argentino. «No se ha demostrado que hubiera forzamiento del voto. Incluso siendo gente rústica y rural, han dicho que votaron libremente», reiteró antes de su partida. Por su parte, la acusación insiste en que los testimonios recogidos avalan la tesis de que «se está acreditando el fraude» y demostrando que «se trata del mayor atentado contra la democracia en Balears desde la consecución de la autonomía». «Es lo más parecido al realismo mágico de García Márquez», apuntó Miquel Àngel Mas. Cabe destacar que la sesión de ayer se demoró en los interrogatorios por la dificultad de algunos de los testigos de leer sus anteriores declaraciones y entender el sentido de ciertas preguntas. 

Diario de Ibiza, sáb, 05/02/2005
Un testigo del caso Formentera reconoce que no nació en la isla como puso en el formulario   La irregularidad confesada no le impisió votar en las elecciones del 99. Otra de las interrogadas admite que tramitó la nacionalidad al mismo tiempo que se censó y un tercer implicado asegura no haber estado inscrito
Santa Fe | Marisa Goñi
Juan Alberto Escandell Ferrer admitió ayer ante la comisión rogatoria desplazada a Argentina por el `caso Mapau´ que no nació en Formentera como consta en el formulario que se tramitó para participar en las elecciones autonómicas de 1999. El testigo alegó que hizo constar ese dato falso por pensar que al radicar allí su municipio electoral debía haber nacido en el mismo lugar.
La irregularidad confesada no fue corregida por ninguna instancia supervisora del censo electoral que la dio por válida y le permitió votar por primera vez en Balears. Cuando se le preguntó por los partidos que concurrieron citó al PP, al PSOE y a la Fuerza Mallorquina, no recordando exactamente las formaciones que se presentaron en Formentera. Al referirse la acusación a la coalición participada por los populares e independientes a la que votó la totalidad de los emigrantes censados en Formentera, aseguró haber recibido una carta explicativa del PP. El declarante reconoció su firma en el formulario, pero dijo que no había rellenado su contenido.
María Cristina Martorell Campins admitió ante la comisión rogatoria encabezada por el juez Antoni Monserrat que al mismo tiempo que tramitó la nacionalidad española rellenó los formularios del censo, algo insólito para la acusación, ya que la obtención del derecho a voto es posterior a la consecución de la nacionalidad por exigir comprobaciones de veracidad de los datos.
La declarante también reconoció su firma en el formulario de inscripción en el censo de residentes ausentes (CERA) y aseguró que la había rellenado personalmente. Al mostrarle la acusación otros formularios con la misma letra, dijo que no los había escrito ella. La acusación estudia la petición de pruebas caligráficas.
Su formulario lleva fecha de 24 de abril de 1999, lo que queda fuera del plazo establecido para las reclamaciones. En su caso, además, se trataba de una nueva inscripción, lo que implicaba estar censado antes del 1 de marzo. Admitió que su padre era Miguel Martorell Vanrell, cuya acta de nacimiento fue reclamada a Balears por Paulina Riera, entonces presidenta de la Casa Balear, a Mari Pau Segura, según consta en un correo electrónico aportado a la causa.
Por otra parte, Rafael Perera, que representa al PP en el caso Mapau, podría ser relevado durante unos días por un letrado argentino. Según explicó el propio Perera, otros asuntos urgentes de su despacho requieren sus oficios y se está planteando una ausencia de unos pocos días para resolverlos e incorporarse la semana próxima.
En su opinión, este relevo por un abogado ejerciente en otro país "no supondrá ningún problema para la causa". A su juicio, las declaraciones avalan "que no hubo delito electoral", ya que ningún testigo ha admitido haber sido manipulado o condicionado en su voto.
La acusación, por su parte, considera que "la causa va por buen camino" y destacó "el interés y diligencia de la justicia argentina" en las actuaciones. El Juzgado Federal de Santa Fe concentró ayer la atención mediática de Argentina por el inicio de una causa contra funcionarios implicados en la dictadura militar, derivada de las actuaciones del juez Garzón. Los periodistas también se interesaron por el `caso Mapau´.

Diario de Mallorca, 26/01/2005
El papel del alcalde y el permiso del pozo    
Rafael Perera, abogado defensor del alcalde Lluc Tomás, insistió durante la vista en el papel fundamental que los técnicos del ayuntamiento de Llucmajor tienen en los expedientes de disciplina urbanística y de otros negociados. El abogado minimizó la actuación del alcalde y afirmó que "él confía plenamente en sus funcionarios y técnicos y se limita a firmar lo que estos le pasan a la firma".
Otro de los aspectos que fue tratado en la vista oral fue si el empresario encausado tenía permiso de la conselleria de Medio Ambiente para extraer agua del pozo de su finca y venderla. Según las pesquisas realizadas en su día por el Seprona, Miguel S. carecía de dicha autorización porque el permiso para explotar el pozo estaba caducado. Los agentes intervinientes reconocieron, no obstante, que no llegaron a sorprender a ningún camión cuba cargando agua en la "planta" ilegal.
En la vista también se trató de las acciones judiciales que el empresario dirigió contra el vecino denunciante. La acusación particular, que ejerce el abogado, Jaume Radó, postula que desde el Ayuntamiento se ayudó a Miguel S. en este segundo litigio.

Diario de Ibiza, mié, 12/01/2005
PALMA | FELIPE ARMENDÁRIZ        
Piden imputar a un funcionario del INE    
La acusación particular en nombre del Partit Socialista de Mallorca (PSM) en el denominado caso Mapau, la presunta trama de captación ilícita para el Partido Popular (PP) de votos de emigrantes en Surámerica en las elecciones autonómicas del 99, ha solicitado la imputación de un funcionario del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Palma, acusado de un presunto delito de falsedad documental dentro de un proceso electoral.
La solicitud de encausamiento afecta a Jorge Cabral, que trabaja en la Oficina del Censo Electoral de Palma desde 1986.
La falsedad que el abogado de la acusación Miquel Àngel Mas quiere que siga investigando el juez instructor de caso Mapau, Antoni Montserrat, se cometió en una reclamación censal remitida desde Argentina por María Magdalena Gomila, que fue inscrita en Palma para votar en Formentera a pesar de que su solicitud llegó con la casilla del municipio en blanco.
Informe de la Guardia Civil
Un informe pericial efectuado por la Guardia Civil dictaminó que le código 024 rellenado en la casilla de la solicitud de Gomila era similar a otras cifras que el propio funcionario había admitido como de su puño y letra.
El PSM ya pidió en el 2003 la imputación de este funcionario, pero el juez desestimó esa solicitud en espera del resultado de las pruebas caligráficas. El defensor Rafael Perera se opuso a este nuevo encausamiento al entender que no se cometió delito alguno durante la tramitación en el INE de Palma de las reclamaciones censales de los emigrantes en Suramérica.
Por otro lado, para el mes que viene está previsto el desplazamiento a varias ciudades de Argentina y Uruguay del juez Antonio Montserrat, el fiscal jefe y varios abogados para interrogar a decenas de testigos del `caso Formentera´.

 
Diario de Mallorca, 12/11/2004
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.        
Perera pedirá que no se admita a trámite la querella contra Cabrer    
El abogado Rafael Perera se ha personado ante la sala de lo civil y de lo penal del Tribunal Superior de Justicia como defensor de la consellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, contra la que ha sido presentada una querella por presunta prevaricación derivada del proceso de concesión del club náutico de Andratx.
La querella ha sido formulada por la empresa IP3M, que en su día obtuvo la mayor puntuación en el proceso de adjudicación del club náutico. Los querellantes imputan a Cabrer una presunta prevaricación por la pasividad a la hora de adjudicar la concesión y por no haberse abstenido en el proceso debido a su vinculación con el Club de Vela de Andratx, entidad que sigue gestionando las instalaciones. Perera pedirá que la querella no se admita a trámite, dado que los hechos no son delictivos y que, en todo caso, serían susceptibles de una demanda por la vía de lo contencioso.

Última Hora, 10/11/2004
R.L.         
Pere A. Serra desiste de la querella contra un articulista con trastornos mentales    
E.A. estaba acusado de injuriar al presidente del Grup Serra en «El Mundo»    
El juicio por injurias debía celebrarse ayer en el Juzgado de lo Penal 5
El juicio que ayer debía celebrarse en el Juzgado de lo Penal número 5 de Palma contra E.A., por el delito de injurias graves con publicidad, como consecuencia de la querella interpuesta por Pere A. Serra, presidente del Grup Serra, fue suspendido tras la decisión del editor de Ultima Hora de retirar las acusaciones debido a los trastornos mentales que padece el querellado.
La referida querella, admitida en su día por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, tiene su origen en la publicación en el diario «El Mundo El Día de Baleares», en noviembre de 2002, de un artículo firmado por E.A. que contenía graves injurias contra Pere A. Serra. El lunes, el presidente del Grup Serra tuvo conocimiento del informe emitido muy recientemente por la Clínica Médico Forense de Palma, concretamente por el doctor Antonio Siquier Mascaró, médico forense, que el pasado viernes 5 reconoció a E.A. y apreció en él una grave anomalía mental, diagnosticada psiquiátricamente como trastorno bipolar, que ha requerido internamiento en hospitales psiquiátricos, y bajo cuyo influjo según precisa dicho informe forense escribió el artículo de referencia, sin el debido control de su conducta impulsiva. Por ello, Pere A. Serra dio instrucciones al abogado Rafael Perera para dejar sin efecto la acusación, por entender que la grave tara psiquiátrica padecida desgraciadamente por E.A. le impide responsabilizarse de su acción injuriosa y, que en todo caso, la actuación judicial debería dirigirse contra la empresa en la que colaboraba y que autorizó la publicación del artículo.
Pere A. Serra ha desistido de la querella para evitar a E.A. las tensiones de un juicio, perjudiciales para su estado actual.

Diario de Mallorca,  jue, 20/05/2004
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.        
Las acusaciones destacan la importancia del informe caligráfico sobre Mapau    
La implicación del funcionario demostraría la conexión de la Oficina del Censo con la trama
Las acusaciones particulares en el caso Mapau, la presunta trama de captación ilícita de votos de emigrantes suramericanos para el Partido Popular (PP) en las elecciones autonómicas de junio del 99, destacaron ayer la importancia del informe pericial sobre las supuestas manipulaciones de reclamaciones censales. Estas acusaciones postulan que, si se demuestra la implicación del funcionario Jorge Cabral en estas falsedades, la conexión de la Oficina del Censo Electoral en Palma con la supuesta trama de Mapau, quedaría acreditada.
Las acusaciones particulares representan a tres partidos de izquierda, el Socialista (PSOE), el Socialista de Mallorca (PSM) y Esquerra Unida/Els Verds. Las tres fuerzas están defendidas por los letrados Miguel Angel Mas y Ascensión Joaniquet.
Estos letrados mantienen la tesis de que la delegación palmesana del Instituto Nacional de Estadística (INE), de quien depende la Oficina del Censo Electoral, recibió instrucciones desde altas instancias para agilizar la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de Formentera de los emigrantes suramericanos captados por los llamados "agentes electorales" de la operación Mapau. Las consignas que se habrían impartido estarían destinadas a soslayar los numerosos problemas que los "agentes electorales" tenían para inscribir a los futuros votantes del PP por falta de documentación o la inminencia de las elecciones.
Disponer del dictamen
Miguel Angel Mas, abogado del PSM, se mostró ayer cauto a la hora de valorar el resultado de las pruebas caligráficas efectuadas por un laboratorio especializado de la Guardia Civil y que apuntarían a un funcionario del INE de Palma como posible autor de una supuesta falsedad en una de las reclamaciones censales de una votante en Formentera.
Mas explicó que no "me han dado traslado aún del informe pericial", pero añadió que, si se confirma la implicación de Cabral, "sería un hito trascendental en la instrucción del caso".
De hecho las acusaciones ya solicitaron hace un año la imputación en la causa de Jorge Cabral y de Rogelio Fernández, otro funcionario del INE de Palma. El magistrado instructor, Antoni Monserrat, decidió aplazar el encausamiento de los dos funcionarios en espera del resultado del dictamen pericial sobre las supuestas manipulaciones en reclamaciones censales. La prueba caligráfica estuvo en suspenso durante meses hasta que el Tribunal Supremo declinó asumir el caso Mapau.
Conducta correcta
Por su parte, el abogado Rafael Perera, uno de los principales defensores, se opuso hace un año a la imputación de los dos funcionarios al entender que, en el supuesto de que hubieran rellenado alguna casilla en blanco de las reclamaciones censales, se trataría de una conducta correcta. Según Perera, los reclamantes tenían derecho a votar y hubiera sido negligente no aceptar su solicitud por una laguna informativa subsanable.

El Mundo, vie, 07/05/2004
La fiscal pide 4 años para una ex edil del PP por cobrar dos sueldos     
Asegura que cobraba de Cort y de la Conselleria de Hacienda, por donde «nunca apareció» - La acusa de estafa y de apropiación indebida     
ESTEBAN URREIZTIETA PALMA.- La fiscal pidió ayer en el juicio contra la ex concejal del Ayuntamiento de Palma, Carmen Sagrado, una pena de 4 años de cárcel. El Ministerio Público acusa a la ex regidora del Partido Popular de un delito continuado de estafa y de otro de apropiación indebida. La causa de su petición, el hecho de que la acusada tuviera a la vez dos sueldos: uno en Cort, y otro en la Conselleria de Hacienda. El problema, según la fiscal, es que Sagrado «no apareció» por el puesto de trabajo por el que cobraba una nómina del Govern.
De esta manera, y siempre de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, la acusada recibió en 16 meses un total de 8.400.000 pesetas, de los cuales, más de 2 correspondían a un trabajo en la Conselleria que «nunca desempeñó». La defensa de la ex concejal corrió a cargo del letrado Rafael Perera, quien no dudó en pedir la libre absolución para su representada y criticar que un caso así se tenga que resolver mediante la jurisdicción penal, y no en «un tribunal civil o funcionarial». Asimismo, se preguntó cuál ha sido el «engaño» o la «mentira» que llevó a cabo Sagrado, cuando ejercía como regidora en el Ayuntamiento de Palma «sin dedicación exclusiva» y desempeñando unas tareas en el Govern que se «solapaban» con las que desarrollaba en Cort.
Junto a la acusada, compareció en el juicio el jefe de personal de la Conselleria de Economía y Hacienda, Miguel Company, que confesó que el caso de Carmen Sagrado no era el único y que «había más trabajadores en su misma situación». Pero es que, acto seguido, otro miembro del departamento de personal de la Conselleria aseguró «no haberla visto nunca por allí» y que el lugar donde había sido destinada «estaba mal organizado».
 
Ultima Hora, jue, 18/12/2003
P.C.         
El TSJB rechaza la querella contra Fageda por calumnias    
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears dictó ayer un auto por el cual inadmite a trámite una querella criminal por el presunto delito de calumnias presentado por el dirigente de Comisiones Obreras, Antonio Donaire, en contra del ex alcalde de Palma y diputado del PP, Joan Fageda. Los magistrados aseguran que los hechos imputados a Fageda no son constitutivos de delito.
Por otra parte, Rafael Perera, abogado de Fageda, anunció que su cliente estudia la posibilidad de querellarse contra Donaire por el presunto delito de «denuncia falsa».

EL PAIS,  jue, 17/04/2003
El juez mantiene la instrucción del 'caso Formentera' en periodo electoral    
El magistrado deniega una petición del Partido Popular balear    
Palma de Mallorca
El juez Antonio Monserrat, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, ha denegado a la defensa de las personas vinculadas al PP en el caso Formentera, la suspensión en periodo electoral de las actuaciones previstas en la instrucción del sumario, por supuestos delitos electorales, malversación de caudales y falsedad documental. En el entorno del Partido Popular se temen 'interferencias al proceso electoral' y 'veladas acusaciones' a su número uno, Jaume Matas.
El escándalo de los votos de Formentera estalló en las elecciones autonómicas de 1999, al denunciar la izquierda la supuesta manipulación del voto por correo de emigrantes en Argentina, para intentar influir en la elección del único diputado de Formentera y favorecer al PP.
En la época sometida a escrutinio judicial, 1996-1999, era presidente de Baleares el hoy candidato del PP, Jaume Matas, quien cuando fue ministro de Medio Ambiente fue exonerado del caso Formentera y del asunto del espionaje por el Tribunal Supremo.
Dos parlamentarios regionales del PP y nuevamente candidatos -José Juan Cardona por Ibiza y Antoni Pastor por Mallorca y la alcaldía de Manacor- fueron imputados en la causa y declararon ante el juez por delito electoral. Agentes políticos y funcionarios del Gobierno de Matas están implicados desde hace casi cuatro años.
'Por asepsia del proceso electoral' fue el argumento manejado para intentar la paralización de las declaraciones, por el estratega jurídico del PP, Rafael Perera, que defendió al ex presidente Gabriel Cañellas y a otros imputados en casos penales, y luego el partido lo situó de magistrado del Tribunal Superior de Baleares, hasta su jubilación.
Las acusaciones se opusieron a la pretensión de congelar temporalmente la causa, que ha sido reabierta dos veces por el Tribunal Superior tras sendos archivo decretados por Monserrat, una vez que el Supremo negara la imputación de Matas.
Monserrat fue designado juez a propuesta del PP -con los votos de todo el Parlamento- y defendió a un diputado, Francisco Gilet, imputado en la causa del caso Calvià .
Los grupos del PSOE, IU y PSM ejercen la acusación que abrió la Coalición de Organizaciones Progresistas de Formentera.
El abogado Perera manejó la misma línea cautelar en la causa del presunto espionaje electrónico al PSOE en la época en que Jaume Matas era presidente, que resta pendiente de señalamiento de juicio, tras la presentación de los escritos acusatorios. Los socialistas piden cuatro años de cárcel y nueve de inhabilitación para los ayudantes en la secretaría de Matas, Francisca Pascual y Sebastián Vallori.
El letrado Perera ve 'veladas acusaciones' a un número uno electoral (Matas). En ambas causas, la de Formentera y la del espionaje, el ex ministro no ha declarado toda vez que el Supremo no vio indicios para imputarle o citarle como testigo. Matas, siendo ministro, compareció ante una comisión de investigación en el Parlamento balear sobre los votos de Formentera.
En el sumario sobre el escándalo en la isla menor, están pendientes las declaraciones de los 72 votantes que fueron inscritos en Formentera desde Argentina, sin tener relación directa con la isla menor.
Las pruebas y declaraciones celebradas en las últimas semanas por el juez Monserrat se han centrado en los funcionarios consulares y del Instituto Nacional de Estadística para conocer si se efectuaron manipulaciones en el proceso de inscripciones, correcciones de censo y manejo de papeletas.
El Tribunal Superior, en sendos autos detallados para levantar el archivo del juez Monserrat, señaló la existencia de 'indicios de una conducta penalmente relevante' y ha resaltado posibles 'infracciones' a la ley electoral.

EL PAÍS, 12/07/1999
A. M        
Concesiones económicas, un juez y cargos financieros en la oferta del PP     
Palma de Mallorca El PP, cuando negoció la semana pasada en vano un acuerdo con Unió Mallorquina (UM), prometió a los dirigentes mallorquinistas numerosos cargos institucionales, políticos y puestos ejecutivos y de consejeros en instituciones financieras de control público (Transmediterránea, Endesa-Gesa, Caixa de Baleares-Sa Nostra), así como la designación casi directa de un juez que entiende de las causas de aforados. Una de las múltiples compensaciones que el PP puso en manos de UM fue el poder determinar quién sería el magistrado electo por el Parlamento para la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que investiga y juzga a aforados. El puesto está vacante tras la jubilación del juez Rafael Perera, abogado de Gabriel Cañellas, ex presidente de Baleares, del PP, en el juicio del caso Sóller.

BOE, 01/03/1999
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL        
REAL DECRETO 253/1999, de 5 de febrero, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Rafael Perera Mezquida.
II. Autoridades y personal A. Nombramientos, situaciones e incidencias[]     
De conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 386 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por la Ley Orgánica 7/1992, de 20 de noviembre, y en el artículo 28.2.a) y 3.e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 10 de noviembre de 1998, Vengo en declarar la jubilación forzosa de don Rafael Perera Mezquida, Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, por cumplir la edad legalmente establecida el día 1 de marzo de 1999, con los derechos pasivos que le correspondan, cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada.

BOE,  24/01/1998
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL        
REAL DECRETO 36/1998, DE 9 DE ENERO, POR EL QUE SE NOMBRA A DON RAFAEL PERERA MEZQUIDA MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES.
A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, adoptada en su reunión del día 17 de diciembre de 1997 sobre la terna remitida por el Parlamento de las Islas Baleares, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127.3, 330.3 y 331 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Vengo en nombrar Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a don Rafael Perera Mezquida, en vacante correspondiente al turno de juristas, producida por jubilación de don José Zaforteza Calvet.


La Vanguardia,  18/12/1997
JOSÉ MARIA BRUNET        
El Poder Judicial nombra al abogado de Cañellas juez del Tribunal Superior de Baleares     
 El sector progresista del órgano de gobierno de los jueces lanzó ayer una advertencia a los parlamentos autonómicos para que garanticen la pluralidad en las ternas que propongan para elegir a magistrados de los tribunales superiores de justicia d    
JOSÉ MARIA BRUNET MADRID. - El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió ayer como nuevo magistrado de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares al abogado Rafael Perera Mezquida, defensor del ex presidente balear, Gabriel Cañellas, en el caso Sóller. Perera obtuvo el mínimo exigido para ser designado, once votos, pero hubo ocho abstenciones, lo cual indica una fuerte protesta del órgano de gobierno de los jueces ante la falta de candidatos que permitieran una opción verdaderamente plural.
El hecho es que el Consejo estaba maniatado por el Parlamento balear, que propuso una terna de candidatos vinculados a la gestión del Ejecutivo de las islas y a la defensa de altos cargos del PP. Las otras dos personas que optaban al puesto eran Antoni Montserrat, defensor del ex conseller de la Función Pública, Francesc Gilet, en el caso Calvià, y Rosa Arregui, quien ha ocupado diversas direcciones generales en el gobierno autonómico.
La votación del Consejo, pese a permitir que no se bloquee la plaza, constituye un aviso del sector progresista del órgano de gobierno de los jueces para que los parlamentos autonómicos garanticen la pluralidad en las ternas que propongan para elegir a magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. En el caso balear, el Parlamento autonómico está dominado por el PP, como reflejó la terna propuesta.
Aunque la votación fue secreta, en medios del Consejo se estima que los vocales elegidos a propuesta del PP sumaron sus votos a los designados por iniciativa de los grupos nacionalistas. Éstos apoyaron la designación de Perera por una cuestión de principios: en defensa de la autonomía de los parlamentos autonómicos para tomar decisiones en función de sus propias mayorías. Por otra parte, los vocales próximos al PP jugaron a fondo con el argumento de que podía bloquearse el nombramiento y provocar un roce con el Parlamento balear.
La designación de Perera como candidato, el que partía con mayores posibilidades de ser elegido, ya resultó polémica en el propio Parlamento de Baleares. La discusión nació del hecho de que Perera fue el defensor de Cañellas en en el caso Sóller y de otros miembros del PP en el caso Calvià.
Los nacionalistas apoyaron ayer al bloque conservador del Consejo basándose también, frente a dichas reservas, precisamente en la cualificación profesional de Perera y en su condición de experto penalista. Perera accederá al Tribunal Superior de Justicia de Baleares por el turno de juristas de reconocido prestigio.
Por otra parte, el pleno del CGPJ pidió ayer, por medio de su portavoz, Benigno Varela, que desde ámbitos políticos se traten con mayor respeto las actuaciones judiciales.
Varela citó, en concreto, recientes declaraciones de Guerra, Anguita y Garaikoetxea, poniéndolas como ejemplo de un estilo que el Consejo rechaza, por implicar acusaciones vagas en las que no se aclara qué base tienen.
Guerra dijo que la Audiencia Nacional es 'un peligro nacional', Anguita afirmó que existe 'una mafia de intereses espúreos en los que está implicado el poder judicial' y Garaicoetxea sostuvo que la sentencia contra HB es 'un hito de despropósitos'. Anguita respondió ayer mismo comparando el Consejo del Poder Judicial con 'la casa de Bernada Alba', ya que, a su juicio, se dedica a 'tapar todo' para dar la sensación de que 'no ocurre absolutamente nada'.

El Mundo, 18/12/1997
Nombrado juez el abogado de Cañellas     
DIEGO FELIU/JOSE LUIS MIRO PALMA.- El pleno del Consejo General del Poder Judicial nombró ayer magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) al abogado penalista Rafael Perera Mezquida, que defendió al ex presidente balear Gabriel Cañellas en los casos de corrupción en los que éste se ha visto implicado.
La decisión del CGPJ ha causado cierta sorpresa en círculos políticos y judiciales, no por la falta de méritos del candidato, sino por la actitud mantenida por Perera desde que fue elegido integrante de la terna, aprobada por el Parlamento con los únicos votos del Partido Popular, que tiene la mayoría absoluta.
Este prestigioso penalista remitió un escrito al CGPJ expresando su deseo de no ser elegido por el intercambio de acusaciones políticas suscitadas por la aprobación, sin consenso, de la terna para ocupar esta plaza.
Además, Pereda entendía que la politización que se hizo de los candidatos -los otros dos, Antonio Monserrat y Rosa Arregui, sólo obtuvieron un voto cada uno en la reunión del Consejo, mientras que este jurista obtuvo 11- restaba brillantez a un nombramiento que, en su caso, supone un broche de oro a su carrera de jurista.


EL PAIS,  lun, 10/02/1997
ANDREU MANRESA        
La Fiscalía pide un año de cárcel y nueve de inhabilitación para Cañellas por el 'caso Sóller'     
El ex presidente balear y del PP regional, acusado de prevaricación y cohecho     
Palma de Mallorca El ex presidente del Gobierno balear y del PP Gabriel Cañellas ha sido acusado por la Fiscalía Especial Anticorrupción como autor de un delito de prevaricación continuada y otro de cohecho, por los que se pide una condena de un año de cárcel y nueve años de inhabilitación especial, por el cobro de comisiones ilegales en la concesión del túnel de peaje de Sóller (Mallorca), en 1988, el denominado caso Sóller. Un ex consejero del PP, Jerónimo Saiz, y el empresario Antonio Cuart, supuestamente pagador de los donativos y socio de Cañellas, figuran también como acusados.
El ex dirigente popular gobernó de manera ininterrumpida en Baleares desde 1983 hasta julio de 1996, cuando José María Aznar forzó su dimisión como presidente del PP y del Ejecutivo para que asumiera las responsabilidades políticas por este caso de posible financiación ilegal y corrupción.
Pese a la censura de Aznar, Cañellas continúa en la vida política, como diputado y presidente del grupo parlamentario regional en el Parlamento balear y miembro electo en la ejecutiva regional del partido.
El escándalo del caso Sóller se destapó en el verano de 1994 tras una investigación de la Policía Judicial que detectó un manejo irregular de fondos en la sociedad concesionaria del túnel, en proceso de quiebra. Una cantidad de 40 millones de pesetas fue desviada de la empresa beneficiaria y llegó a las cuentas bancarias del PP, que la destinó al pago de gastos electorales y al funcionamiento de sus sedes insulares. En la causa obran facturas pagadas a empresas suministradoras del PP y anotaciones en sus cuentas bancarias de talones derivados del túnel. Está documentado, además, que entre 1,6 y 6 millones de pesetas de posibles comisiones fueron ingresados en la fundación privada Illes Balears, que bajo la presidencia y control absoluto de Cañellas ha recaudado 1.200 millones de pesetas entre empresas que operan en las islas. En la investigación judicial no se ha podido esclarecer el destino de un maletín con 72 millones de pesetas que fueron recogidos por una persona no identificada en una oficina bancaria, procedentes de las arcas del túnel. Juzgados de instrucción de Palma y Madrid siguen sumarios paralelos contra el empresario del túnel, Antonio Cuart -que era socio privado del ex dirigente conservador en la firma Salinera Española-, por estafa, falsedad documental, apropiación indebida y fraude fiscal, delitos supuestamente cometidos para amparar el pago al PP.
La Fiscalía Anticorrupción asumió el caso hace tres semanas por decisión del fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, cuando ya estaba concluida la instrucción. El fiscal especial anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, intentó por dos veces encargarse de la investigación en sus inicios, pretensión que fue desbaratada por el Consejo Fiscal, con mayoría del ala conservadora de la carrera. En la fiscalía y el Tribunal Superior se mantenían tesis favorables al archivo por prescripción de las acusaciones.
 
EL PAIS, dom, 26/01/1997
Un juez investiga un cobro de comisiones atribuido al ex presidente popular balear     
Palma de Mallorca El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares José Zaforteza tomó declaración esta semana por tercera vez al empresario inmobiliario y turístico Andrés Roig -que fue socio del ex presidente del Gobierno balear Gabriel Cañellas, del PP- para recabarle nuevos datos sobre el supuesto pago de comisiones irregulares en la venta de un edificio a la institución autonómica que aquel intermedió en 1991. La empresa de Roig, según uno de sus socios -Ventura Catany-, destinó una parte de los beneficios logrados en la operación a gratificar a Cañellas.
La narración del testigo de referencia, acerca de la cual no se ha concretado aún una base documental, es el eje central de la investigación judicial abierta, el tercer sumario por presunta corrupción que implica al PP de Baleares. IU presentó la denuncia que abrió el llamado caso Agricultura y el Partit Socialista de Mallorca ejerció posteriormente la acusación particular.
El abogado defensor de Cañellas y del PP, Rafael Perera, reclama el archivo de las diligencias por falta de pruebas y ha aportado como argumento el auto del Tribunal Supremo que denegó la declaración del ex presidente Felipe González en el sumario del caso GAL por falta de indicios incriminatorios. El fiscal se ha opuesto a la pretensión de sobreseimiento aduciendo que aún quedan pruebas por efectuar.
Además del empresario Roig, ayer el juez Zaforteza interrogó al ex director general de Presidencia del Gobierno balear Fernando Lozano, que tramitó las ofertas para adquirir el inmueble y reconoció que Cañellas intervino personalmente en la decisión. La venta del edificio para la sede de la consejería de Agricultura en Palma de Mallorca se cerró en 745 millones de pesetas.
El abogado de IU, Jaime Bueno, reclamó que el empresario Roig presentara la documentación mercantil y contable acerca de la venta. Tras su primera declaración, Bueno dijo que el socio de Cañellas enmascaró en 1991, en tres facturas falsas cobradas por sociedades de su propio grupo, el supuesto pago de comisiones ilegales al entonces presidente del Gobierno balear y del PP regional. Los documentos aludían a supuestos ®estudios de mercado¯. Roig reconoció que ®el enunciado de las facturas es incorrecto¯ y que éstas responden al montante de sus honorarios.


Diario 16, 03/04/1996
Gilet dice que las cintas del caso Calvià están trucadasEl abogado de Gilet, Rafael Perera, sostiene que las cintas en las que aparece su voz no responden a la realidad
Palma/J.M.R. Algunas de las cintas presentadas por Andrés Bordoy, uno de los condenados por el caso Calviá , relacionado con el intento de soborno a un concejal socialista, están trucadas y no responden a la realidad', según el abogado Rafael Perera, representante legal del ex consejero adjunto a la Presidencia del Gobierno balear, Francisco Gilet.
En las mencionadas conversaciones, Gilet, diputado del PP por Baleares durante la última legislatura, reconoce, al parecer, que Bordoy y él son los dos únicos responsables' de la operación.
El abogado anunció que las grabaciones podrían impugnarse procesalmente y, en su caso, ejercerse, además, acciones' contra Bordoy, antiguo vicepresidente del PP calvianense.
Perera especificó que aún no ha escuchado las cintas y puso en tela de juicio la autenticidad de las grabaciones, asegurando tajantemente que, por lo menos, algunas cintas están trucadas'.
El letrado de Bordoy entregó al juez que instruye el reabierto caso Calvià, José Castro, nueve cintas magnetofónicas pequeñas, una grande y otra de vídeo, todas ellas grabadas por su cliente, quien pretende demostrar así la presunta vinculación del PP de las islas con la operación de soborno encaminada a lograr que el PP accediera a la Alcaldía de Calvià.
Previsiblemente, Castro ordenará la transcripción de las cintas y el cotejo de las voces registradas con la de Gilet, calificado por Bordoy como director de orquesta' de la trama.
Perera indicó ayer que sigue en estudio la conveniencia de ejercer algunas acciones contra Bordoy, por nuestra disconformidad con sus declaraciones, que significan una calumnia para el señor Gilet'

El abogado Rafael Perera es un personaje muy peculiar. Abogado de muchos líderes baleares del Partido Popular, hace curiosas declaraciones a la prensa. Estamos preparando un análisis de sus principales intervenciones, porque su trayectoria jurídico-política trasciende a su persona, y merece la pena observar lo que se dice, y más aún, lo que se debería decir y no se dice, de él.

Las calumnias vertidas por Jaume Matas en el Parlament Balear contra mi persona motivan la recopilación de manifestaciones de Jaume Matas, o sobre Jaume Matas (que contienen alguna de las palabras "mentira mentiras falsedad mentiroso falsedades falso falsos falsa falsas"), así como las de su abogado Rafael Perera. Sus calumnias parlamentarias pueden verse en http://www.cita.es/calumniado y http://www.cita.es/calumnia

Mentiroscopia de Rafael Perera
Por Miguel Ángel Gallardo Ortiz en WWW.CITA.ES  
Tel.: 619.77.64.75 y 91.474.38.09, E-mail: miguel@cita.es