Investigando Intervenciones
Telefónicas
Peritajes y contraperitajes en escuchas
telefónicas
por Ing. Miguel Ángel
Gallardo Ortiz , E-mail:
miguel@cita.es
www.cita.es Tel.: 914743809, Móvil:
619776475 (atención permanente)
Escuchas telefónicas
italianas
Las intervenciones deben de ser investigadas con cierta distancia y
perspectiva internacional. Por este motivo estamos comparando casos y
cosas, por sus sujetos, objetos, relaciones y normas de interés
para escuchados en
España y otros países. Nos parece especialmente
interesante la última noticia publicada el 26/03/2003 UE .- La Justicia belga se
hará cargo del caso de las escuchas telefónicas en la
sede del Consejo de la UE que afectó a las
representaciones de España, Italia, Alemania, Francia, Reino
Unido y Austria en la sede del Consejo de la Unión Europea que
incluimos al final de esta recopilación.
Italia, secretos judiciales a voces
Las escuchas telefónicas
ordenadas por los magistrados son
constantemente filtradas a la Prensa
Roma- ¿Cuál es la frontera entre la libertad de
expresión y el derecho a la privacidad? La pregunta cobra
terreno en Italia después de que en los últimos meses se
publicasen cientos de conversaciones telefónicas, muchas de
ellas de carácter privado.
Según el ministro de Justicia del Gobierno anterior, Roberto
Castelli, los jueces italianos autorizaron interceptar un total de
106.429 teléfonos en 2005. Aunque la cifra oficial es notable,
varias organizaciones afirman que el dato no incluye muchas de las
actividades de espionaje efectuadas por cuenta del poder Ejecutivo y
los Servicios Secretos.
«En todas las democracias occidentales se practican este tipo de
medidas para luchar contra el terrorismo y el crimen, pero sólo
en Italia se publican diariamente las conversaciones en los
periódicos», aseguraba recientemente un diputado de Forza
Italia, el partido de Silvio Berlusconi.
Gracias a las interceptaciones telefónicas, los italianos
están al corriente de las preferencias sexuales, las
perversiones y otros detalles de la vida privada de cientos de
personajes conocidos. Exponentes de la derecha, comenzando por Silvio
Berlusconi, exigieron que se legisle para que las escuchas no
monopolicen la vida judicial y, sobre todo, para que los
periódicos no sigan publicando este tipo de informaciones.
También en el Gobierno de centroizquierda del primer ministro,
Romano Prodi, hay muchas personas que consideran que esta
práctica supone un perjuicio al clima democrático del
país. El actual ministro de Justicia, Clemente Mastella,
aseguró que intentará tomar medidas lo antes posible para
poner fin a la publicación de las escuchas. «Hay que
acabar con éste Gran Hermano», dijo.
En el ámbito del reciente escándalo sobre el mundo del
fútbol, las filtraciones y escuchas fueron tantas que el
semanario «L’Expresso» publicó un libro de
más de 400 de páginas de conversaciones
telefónicas. «En muchos casos las conversaciones, como
cualquier otra prueba más, sirven al lector para entender la
noticia, pero hemos llegado a un punto en el que se llegan a publicar
enteras, sin cortes. Se publica todo y esto es muy grave»,
denuncian en Forza Italia.
Defensores de las filtraciones. Quienes defienden la publicación
de interceptaciones, como el líder de los Radicales, Marco
Panella, aseguran que cuánto más transparente sea la vida
pública, mejor será. «Sólo tiene miedo quien
tiene cosas que esconder», aseguró. La última
entrega de escuchas corresponde al proceso abierto contra el
príncipe Vittorio Emanuele de Saboya, hijo del último rey
de Italia. En dicho caso están implicados decenas de
políticos y empresarios, cuyas conversaciones, algunos muy
vergonzantes, son de conocimiento público.
Las filtraciones de las actas, un procedimiento teóricamente
vetado, se pueden producir en diversos momentos, ya que dichos
documentos pasan por las manos de cientos de personas (defensores,
fiscales, magistrados) durante el proceso judicial. Lo único
cierto es que en menos de 24 horas acaban en manos de los medios de
comunicación.
Víctor Manuel de Saboya afronta
su primer interrogatorio y Simeón de Bulgaria niega su
implicación en el escándalo
Víctor Manuel de Saboya afrontó ayer «con
decisión y firmeza» su primer interrogatorio en la
cárcel de Potenza, donde ingresó hace cinco días,
acusado de asociación para delinquir y explotación de la
prostitución. Mientras, Simeón de Bulgaria negaba su
implicación en este escándalo.
El hijo del último rey de Italia estuvo con los jueces durante
unas cinco horas y les dio «una serie de elementos sobre los que
deberán reflexionar en estos días»,
señaló uno de los abogados del príncipe, Lodovico
Isolabella.
El heredero de los Saboya fue detenido el pasado viernes en
relación a una red que emitía de forma irregular
certificados para máquinas usadas en los juegos de azar.
Según los fiscales, esa misma red captaba prostitutas para los
clientes del casino Campione de Italia, un enclave italiano en
territorio suizo, cuyo alcalde, Roberto Salmoiraghi,también ha
sido detenido, aunque se ha negado a responder a los jueces.
El heredero de los Saboya comparte celda con su secretario, Gian
Nicolino Narducci, y con el empresario Rocco Migliardi, gestor de una
sociedad de aparatos electrónicos de juego, otros de los
integrantes de la organización.
Los familiares de Víctor Manuel de Saboya aún no le han
visitado en prisión por expreso deseo del acusado, según
explicó ayer su hijo Emanuele Filiberto.«Los abogados nos
han hecho saber que en estos momentos mi padre prefiere no vernos ni a
mí ni a mi madre en la cárcel, para no someternos a
más estrés emotivo», señaló.
El interrogatorio de Víctor Manuel coincidió con el
ingreso en la misma prisión de Potenza del empresario Ugo
Bonazza,uno de los principales investigados en el escándalo y
que permanecía en paradero desconocido.Bonazza se entregó
a las autoridades de Potenza y, según su abogado, está
dispuesto a colaborar para esclarecer la situación. El
empresario está acusado de ser uno de los cabecillas de la
organización y, según los fiscales, tenía previsto
convertirse en el principal proveedor del casino de Campione.
Para esclarecer el caso, los fiscales utilizaron escuchas
telefónicas que han hecho aflorar otro escándalo paralelo
vinculado a la televisión pública RAI y que ha salpicado
a Salvatore Sottile, portavoz del ex ministro de Exteriores Gianfranco
Fini.Sottile ha sido acusado de concusión sexual por haber
pretendido, supuestamente, favores de mujeres a cambio de conseguirles
trabajo en la cadena o de mejorar su posición en ella.
Mientras, el ex rey y ex primer ministro de Bulgaria, Simeón de
Sajonia-Coburgo-Gotha, negó ayer en Sofía su
implicación en el escándalo. Simeón negó
que el empresario italiano Pierpaolo Cerani hubiese financiado la
campaña de su partido en las elecciones del pasado verano.
Juventus, Milan, Fiorentina y Lazio,
inculpados en el proceso de corrupción
Italia se juega la credibilidad
En la semana decisiva en la que comenzará el proceso por
supuesta corrupción en el calcio italiano, Francesco Borrelli,
jefe de la Oficina de Investigaciones de la Federación Italiana
de Fútbol, ya ha entregado su informe al fiscal de la
Federación con cuatro nominativos como centro de sus pesquisas:
Juventus, Fiorentina, Lazio y el gran perjudicado del resumen de
investigación, el Milan. De este modo, los rossoneri han entrado
de lleno en el caso de posible corrupción que está
sacudiendo el fútbol italiano a raíz de las escuchas
telefónicas en las que se revelaba cómo el dirigente
juventino, Luciano Moggi, supuestamente controlaba el fútbol
italiano.
Semanas después, la Juve se proclamaba campeón de Italia,
mientras todos los dedos apuntaban a Moggi por presunto fraude en
competición deportiva y amaño de designaciones
arbitrales. Todo quedaba en manos de una Oficina de
Investigación que sudaba mares de tinta por resolver un caso que
ha hundido el fútbol italiano y que ha constituido un
'engaño para todos los aficionados', como asume Borrelli. Ahora
Moggi ya no está solo.
Juventus y Milan son el centro de atención de todas las miradas
al protagonizar, con dudoso orgullo, este informe de 193 páginas
que ha entregado Borrelli al fiscal de la Federación, Stefano
Palazzi, encargado de presentar las acusaciones ante el juez, y por las
que ambos clubs se juegan perder la categoría y, en el caso del
Juventus, algún título cosechado en estas dudosas
campañas.
En este informe también figuran, con menor relevancia,
Fiorentina y Lazio, que tendrán que defender su inocencia en el
caso y que, de verificarse las acusaciones, perderían su
participación en competiciones europeas, la Champions League en
el caso del Fiorentina y la Copa de la UEFA para el equipo de la
capital.
Borrelli también apunta contra dos asuntos principales: el de
Moggi en el Juventus y la novedad del informe, el Milan, que,
aprovechándose supuestamente del poder político de su
vicepresidente Adriano Galliani, a su vez presidente de la Lega Calcio,
habría defendido sus propios intereses para así poder
controlar a su club dentro de la tela de araña en la que se
habría convertido el calcio.
En otro nivel, el jefe de la Oficina de Investigación coloca a
Lazio y Fiorentina, cuyos dirigentes podrían haber estado al
tanto de los movimientos de Milan y Juve, sacando una
participación indirecta.
Pero el informe no termina ahí. Borrelli también ha
tenido espacio para registrar en sus investigaciones a diversos
dirigentes de la propia Federación, entre los que figura Franco
Carraro, quien fuera presidente de la Federación durante el
periodo de las investigaciones, y que dimitió a raíz de
ellas.
Ahora las acusaciones quedan en manos de Palazzi, que será el
encargado de determinar quiénes y porqué cargos
serán juzgados los investigados. El proceso dará comienzo
el próximo 28 de junio y concluirá antes del 20 de julio.
Tiempo en el que Juventus y Milan se juegan su futuro. Menos de un mes
en el que el calcio italiano deberá limpiar su maltrecha imagen.
La trama italiana que impidió
el desembarco de BBVA en Italia Obstáculos
Declaraciones de Gianpiero Fiorani, ex primer ejecutivo de
BPI
El décimo banco italiano contribuyó a constituir un lobby
parlamentario que apoyase a Fazio en su frente contra la entrada de
entidades foráneas.
graziella ascenzi. Roma
El ex consejero delegado del décimo banco italiano, BPI (Banca
Popolare Italiana) ha revelado sus contactos con el mundo
político y ha confesado la entrega de dinero a algunos miembros
representativos del centro-derecha para obstaculizar la entrada en
Italia de entidades extranjeras el pasado verano. Estas revelaciones le
han permitido salir de la cárcel tras cuatro meses y quedar
sometido ahora a arresto domiciliario.
El directivo hizo estas revelaciones durante los 16 interrogatorios que
mantuvo en la cárcel de Milán con los fiscales que
están investigando el fracasado asalto de BPI a Banca
Antonveneta, noveno banco italiano, sobre el que el banco
holandés ABN Amro había lanzado una oferta.
Interrogatorios
En los interrogatorios, Fiorani detalló que había pagado
sumas de dinero a parlamentarios de Forza Italia, el partido de Silvio
Berlusconi, y de la Liga Norte de Umberto Bossi, para crear un lobby
parlamentario que respaldara al ex gobernador de Banca de Italia,
Antonio Fazio, en las batallas bancarias que el pasado verano
salpicaron al sector con las opas de ABN sobre Antonveneta y de BBVA
sobre BNL.
Según este directivo, la idea del asalto del entonces Banca
Popolare di Lodi (después rebautizada como BPI) a Antonveneta
nació en 2004 tras el fracaso de la fusión de esta
entidad con Capitalia.
Para impulsar sus planes reveló que en varias ocasiones se
había reunido con el presidente, Silvio Berlusconi, que dio
vía libre a la operación con la condición de que
fuera respaldada por Fazio.
Según su testimonio, existía un lobby formado por cien
parlamentarios del centro derecha, dispuesto a votar para respaldar la
postura de Fazio en la reforma sobre el sistema de ahorro y el mandato
del gobernador, que entonces estaba puesto en cuestión por el
Parlamento. En este contexto, el ex directivo habría pagado
sumas de dinero a algunos parlamentarios. Por ejemplo, el senador de
Forza Italia, Luigi Grillo, habría recibido 200.000 euros para
apoyar a Fazio, mientras que el senador Marcello dell´Utri, amigo
personal de Berlusconi y uno de los fundadores de Forza Italia,
habría obtenido 100.000 euros por su apoyo al lobby.
Fiorani por fin confirmó haber mantenido contactos constantes
con Fazio en todas las fases de la OPA sobre Antonveneta.
Los magistrados están examinando con atención las
declaraciones de Fiorani y de momento han decidido investigar
sólo al senador Grillo por su presunta participación en
informaciones falsas para manipular el mercado, una
investigación que no está vinculada a las declaraciones
de Fiorani. Tanto Grillo como Dell'Utri negaron haber hecho algo ilegal.
El ex consejero delegado de BPI también habría pagado una
suma de dinero al ex presidente de Unipol, Giovanni Consorte, para
obtener su respaldo en la operación sobre Antonveneta.
Obstáculos
Las ofertas que BBVA y ABN Amro lanzaron sobre BNL y Banca Antonveneta,
respectivamente, en el primer semestre de 2005 se encontraron con
múltiples piedras en el camino.
Entidades locales como BPI y Unipol lanzaron contraopas, con el
respaldo del Banco de Italia.
Fazio, entonces gobernador de esta institución, mantuvo
constantes contactos con la cúpula de BPI y Unipol para
apoyarles en sus operaciones. Escuchas telefónicas dieron buena
prueba del trato favorable que recibieron del supervisor.
Berlusconi sufre un doble revés
con un nuevo juicio y la caída de un ministro
En esta nueva ocasión la fiscalía ha decidido actuar
contra el primer ministro italiano por presuntos delitos de
corrupción y falso testimonio
JUAN VICENTE BOO. CORRESPONSAL
ROMA. Acudir a un James Bond de pacotilla para espiar y desacreditar a
sus rivales ha terminado por costarle el cargo al ministro de Sanidad
italiano, Francesco Storace, de Alianza Nacional, quien dimitió
ayer «para evitar a mi partido y al Gobierno la
instrumentalización de la izquierda». El escándalo
dejó en segundo plano la petición de envío a
juicio de Silvio Berlusconi y del abogado David Mills, ex - marido de
la ministra británica de Cultura, por presuntos delitos de
corrupción y falso testimonio a cambio de 600.000 dólares.
Un fuerte olor a podrido dominó ayer la jornada política
italiana cuando el Tribunal de Milán hizo públicos los
detalles del «juego sucio» de Francesco Storace -entonces
presidente de la Región del Lazio- contra dos aspirantes a su
cargo en las elecciones regionales de 2005: el izquierdista Piero
Marrazo, quien terminó arrebatándole el puesto, y la
neofascista Alessandra Mussolini, quien contribuyó a la derrota
arrancándole parte de los votos de la extrema derecha.
Aunque Storace perdió la presidencia de la Región del
Lazio -que incluye la capital, Roma-, el destacado exponente de Alianza
Nacional no se quedó en la calle pues -gracias a la ayuda de su
mentor, Gianfranco Fini-, Silvio Berlusconi le
«repescó» como ministro de Sanidad. Ayer, en cambio,
el «Cavaliere» no tuvo más remedio que soltar
lastre, perdiendo a su decimocuarto ministro a sólo un mes de
las elecciones del 9 de abril, en las que Romano Prodi lleva una
ventaja de cuatro puntos en la intención de voto.
El «gobernador del Lazio»
Aquella primavera de 2005, el «gobernador del Lazio», como
le gustaba llamarse imitando el estilo americano, estaba más que
preocupado por el riesgo de perder las elecciones regionales. Ante las
negras perspectivas, uno de sus principales colaboradores en la
campaña llamó al rescate a una empresa de detectives
privados, «Security Service Investigation», para realizar
dos «trabajos» absolutamente ilegales. El primero era
espiar al candidato izquierdista Piero Marrazo y su mujer, para
descubrir cualquier cosa que los desacreditase. El segundo,
todavía más grave, era sabotear la candidatura de
Alessandra Mussolini, la nieta del «Duce», introduciendo
nombres falsos entre las firmas depositadas para registrarla
oficialmente.
Pero Marrazo se dio cuenta de que le espiaban y alertó a la
Policía que, a su vez, comenzó a vigilar a los detectives
de «Security Service Investigation» con el resultado de que
hace tres días acabaron simultáneamente en la
cárcel once investigadores privados, dos agentes de la Guardia
de Finanzas, un policía y dos empleados de la
compañía telefónica Telecom Italia.
Una vez puestos a buen recaudo los peones, la juez de
instrucción Paola Belsito, ha hecho público el sumario
que describe los presuntos delitos, dejando en una situación
insostenible al ahora ex ministro Francesco Storace, protagonista de lo
que el romano medio llama jocosamente el «Laziogate».
Con la ayuda del policía corrupto y de los empleados de la
Telecom, los detectives establecieron escuchas telefónicas
ilegales a Piero Marrazo y su esposa. Con la ayuda de los agentes de la
Guardia de Finanzas, cribaron sus expedientes fiscales y sus cuentas
bancarias. Mientras unos hurgaban en su vida privada, otros le
seguían por las calles de Roma a pie o en automóvil. Pero
de modo más bien chapucero, pues el «espiado» se dio
cuenta e informo a la Policía que, a su vez, estableció
escuchas telefónicas -esta vez legales- en los teléfonos
fijos y móviles de los detectives.
Las centenares de conversaciones grabadas no sólo han permitido
descubrir toda la operación de espionaje político sino
también las redes ilegales que se dedican a revelar
números de teléfono móvil, números de
cuentas corrientes, números de declaraciones de la renta, etc.
en la ciudad de Roma, donde la picaresca política y
administrativa es un arte con mucha solera.
Italia .- El Gobierno italiano aprueba
un proyecto de ley que limita el uso de las escuchas telefónicas
El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley sobre las
escuchas telefónicas, que introduce la posibilidad de usarlas
sólo para casos graves como el terrorismo, mafia o amenazas
telefónicas y que prevé multas a los periodistas que
divulguen estas informaciones.
Los ministros habían coincidido en la necesidad de reformar la
ley que permitía las escuchas telefónicas después
de la publicación en los periódicos italianos de las
transcripciones de las escuchas telefónicas, autorizadas por la
magistratura en las investigaciones sobre los casos de irregularidades
en las operaciones para la compra del Banco Antonveneta.
Uno de los aspectos del proyecto de ley es que las conversaciones de
aquellas personas que no se encuentran inscritas en el registro de
investigados no pueden ser interceptadas, excepto para los delitos
más graves y en el caso de las escuchas indirectas, es decir de
personas que hablen con una persona sometida a vigilancia, éstas
tienen que ser avisadas.
Del proyecto de ley inicial se han eliminado las penas de
reclusión previstas para los periodistas y se han introducidas
sanciones económicas, de un máximo 5.000 euros, a los
periodistas que publiquen sin autorización las transcripciones
de las escuchas. Asimismo, los funcionarios que revelen
información podrán ser condenados a penas de entre 1 a 4
años de cárcel.
Italia procesa a casi 5.000
médicos por aceptar sobornos de una multinacional
farmacéutica
Acusan a GlaxoSmithKline de «comprar» a los facultativos
con viajes para que receten sus productos
Miles de médicos en activo y centenares de empleados de la
prestigiosa empresa farmacéutica GlaxoSmithKline han sido
acusados de corrupción por las Autoridades italianas. La filial
trasalpina de la multinacional habría establecido una complicada
red de sobornos y estrechas relaciones personales con médicos de
todo el país, con el fin de privilegiar la venta de sus
productos. En una vasta operación, la Policía financiera
italiana, coordinada por el fiscal de Verona, ha hecho efectiva la
labor de varios meses de investigaciones, poniendo a disposición
judicial a 4.713 personas.
Roma- En la sección italiana de la prestigiosa firma
farmacéutica GlaxoSmithKline había auténticos
creativos encargados de inventar sobornos. Así lo dio a entender
ayer la Policía italiana, al desvelar los detalles de la
acusación contra las cerca de 5.000 personas implicadas en una
compleja trama de corruptelas que privilegiaba la venta de los
productos de esta multinacional. Muchos de los médicos italianos
imputados acudían a «congresos inexistentes» que se
desarrollaban en lugares tan exóticos como Florida, Brasil o
India y durante los cuales el orden del día consistía en
tomar el sol en hoteles de cinco estrellas. Otros eran persuadidos con
dinero, ingresos bancarios «fortuitos», becas para los
hijos o lujosos regalos. Según ha podido saber este diario, los
investigadores creen que la maquinaria de «marketing» se
engrasaba con una cuidada labor de relaciones públicas y un
trato personalísimo entre «promotores de ventas» y
médicos. Las cifras de la operación son impresionantes y,
según sus promotores, convierten el caso en una de las mayores
acciones de la historia contra la corrupción asociada a la
receta de fármacos. Los acusados son 2.579 médicos de
medicina general repartidos por todos los hospitales del país,
1.738 especialistas, 60 oncólogos y más de 200 empleados
de la rama italiana de Glaxo. Otras 196 personas han sido acusadas de
corrupción por colaboración u omisión de
responsabilidades. Según la Policía, durante el
período 1999/2002 la Glaxo italiana dedicó más de
228 millones en convencer a los médicos de que recetaran sus
productos.La suma, que será presentada como una de las
principales pruebas, ha sido identificada en los informes contables de
la compañía bajo partidas que responden al nombre de
«otras promociones», «campos de ventas» o
«gastos genéricos». La ambigüedad de dichas
cuentas fue una de las principales sospechas en las que se basaron los
investigadores para llevar a cabo sus pesquisas. En este sentido, la
multinacional ha sido denunciada también por
«declaración fraudulenta», una acusación ante
la que tendrán que responder cuatro de sus principales
directivos.Además, la central de Glaxo, ha sido considerada
responsable de «crímenes corporativos» por su
implicación en la corrupción desplegada por la filial y
la «sospechosa» falta de control ejercida sobre las
cuentas. Según ha podido saber LA RAZÓN, el principal
promotor de la investigación, el procurador de la
República, Guido Papalia, lleva años investigando las
corruptelas de Glaxo. Al parecer, en el verano de 2003, la
Fiscalía de Verona preparó una primera relación en
base a sus trabajos. En aquel primer informe constaría parte de
la documentación que, probablemente, será aportada como
prueba. Aparte de la citada investigación, Papalia habría
adjuntado facturas, manuscritos y notas unidas a los balances y cerca
de 15.000 horas de escuchas telefónicas pertenecientes a
más de 80 registros realizados en las dependencias de la sede
italiana.La operación desplegada ayer, según las fuentes
consultadas, responde al nombre de «Giove», un nombre que
coincide con el de un programa informático ideado por la
compañía Glaxo para controlar el historial
farmacológico de los pacientes italianos.
26/03/2003 UE .- La Justicia belga se
hará cargo del caso de las escuchas telefónicas en la
sede del Consejo de la UE
La Justicia belga se hará cargo del caso de las escuchas
telefónicas en la sede del Consejo de Ministros de la
Unión Europea en Bruselas que se detectó el pasado 28 de
febrero, según informaron fuentes de la institución
europea a Europa Press.
Una vez que se presente la demanda judicial, la Secretaría del
Consejo de la UE seguirá "cooperando" con las autoridades
judiciales belgas en la tramitación del caso y las posteriores
investigaciones que se puedan realizar, ya que el edificio de la
institución europea tiene una estatuto jurídico similar
al de una embajada o representación permanente extranjera en
Bruselas.
Las autoridades comunitarias traspasarán a los jueces belgas
toda la información recabada hasta el momento en las sucesivas
investigaciones que se han seguido, desde que se descubrieron los
dispositivos electrónicos. Los servicios de seguridad del
edificio detectaron esta práctica de espionaje después de
tener conocimiento de una anomalía en una de las líneas
telefónicas de la sede.
Las citadas fuentes no pudieron precisar desde cuándo
están colocados los micrófonos que se localizaron a
finales de febrero, ni el contenido de las conversaciones que han
podido ser grabadas en los últimos meses o años.
Las delegaciones espiadas fueron España, Alemania, Francia,
Italia, Reino Unido y Austria. Las oficinas del alto representante de
la UE para la Política Exterior y la Seguridad Común,
Javier Solana, y de los responsables militares de la UE no se vieron
afectadas por las escuchas telefónicas.
La sección española en el edificio del Consejo se compone
de una oficina que puede utilizar el presidente del Gobierno o los
ministros de turno que asisten a reuniones en Bruselas, junto con una
serie de salas destinadas para el personal administrativo, los
consejeros y los delegados españoles.
"INTENCIONES HOSTILES"
La Representación Permanente de España ante la
Unión Europea aseguró el pasado 20 de marzo --día
en el que trascendió la noticia-- que había mantenido
"precauciones lógicas" con las llamadas telefónicas en
las que se trataron "materias reservadas", tanto antes del
descubrimiento el pasado 28 de febrero de un sistema de escuchas
ilegales en la sede del Consejo de la UE como después, cuando se
retiraron los "dispositivos electrónicos que interferían
determinadas líneas telefónicas" en el edificio, entre
ellas las de la delegación española.
En este sentido, se indicó que dichos dispositivos habían
sido "eliminados" y que estaban siendo analizados, al tiempo que se
subrayó que las comunicaciones telefónicas
españolas se habían continuado produciendo "con
normalidad" desde el descubrimiento de esta práctica de
espionaje.
Por su parte, el Consejo de la Unión Europea explicó ese
mismo día que la colocación de dispositivos
telefónicos en su sede de Bruselas respondía a
"intenciones hostiles", aunque negó conocer el origen de este
sistema ilegal de escuchas, desmintiendo de esta forma la
información aparecida en un diario francés en la que se
acusaba a Estados Unidos de la autoría.
Referencias publicadas en Internet:
Noticias publicadas de escuchados en España, en http://www.cita.es/escuchados
http://www.cita.es/transcripciones
http://www.cita.es/transcripciones/juicios
http://www.cita.es/escuchas
http://www.cita.es/escuchas/telefonicas
http://www.cita.es/intervenciones/telefonicas
http://www.cita.es/intervenciones
http://www.cita.es/fonogramas
http://www.cita.es/fonogramas/peritaje.pdf
Para formalizar un nombramiento pericial en Juzgados de Instrucción
que hayan ordenado escuchas telefónicas puede utilizarse el
modelo publicado en http://www.cita.es/nombramiento
Investigando Intervenciones
Telefónicas
Peritajes y contraperitajes en escuchas
telefónicas
por Ing. Miguel Ángel
Gallardo Ortiz , E-mail:
miguel@cita.es
www.cita.es Tel.: 914743809, Móvil:
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