Al Juzgado de Guardia de Madrid, denuncia en www.cita.es/craft


Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, en su propio nombre y derecho y también como Administrador Único de la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), constituida en 1992 con Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es domicilio en C/ Fernando Poo 16-6ºB 28045 Madrid como mejor proceda formula DENUNCIA PÚBLICA PENAL por los HECHOS:


Primero.- Las Actuaciones Previas 28/12 del Tribunal de Cuentas se iniciaron por escrito del Fiscal-Jefe del Tribunal de Cuentas (folios 2 a 5 de las Actuaciones Previas 28/12) basado en el informe de fiscalización del año 2008 de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid (publicado en julio de 2011) que, en relación a varios posibles delitos de fraude a subvenciones y ayudas (art. 308 del CP), y en especial, a las de la Unión Europea (art. 309 del CP) presuntamente cometidos por funcionarios de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), dice textualmente:

(Pag. 44) ...Los porcentajes se fijaron en el artículo 8 de la “Normativa para contratar con

personas, Universidades o Entidades Públicas y Privadas para la realización de

trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de

enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación”: un 13% en el

caso de gestión directa y un 11% en el caso de gestión delegada.

No obstante, el canon que se aplica a los proyectos europeos es el 50% del que se

aplica a subvenciones, debido a que la Comisión Europea sólo financia el 50% de los

gastos. Fue una decisión del Equipo de Gobierno al comenzar a solicitarse estos

proyectos, pero no está plasmado por escrito en ningún documento.

... (Págs. 48-49) 1. En la conciliación entre la contabilidad de la Administración del Estado y la

UPM queda una diferencia sin conciliar de 6.671.295,29 euros (12.759.429,88

euros por reconocimientos de obligación de la AGE no localizados en los

registros contables de la UPM menos 6.088.134,59 euros de reconocimientos

de derechos de la UPM que no corresponden con obligaciones de la AGE).

2. La UPM comete errores en la asignación de movimientos a los deudores

correctos, en el caso de la Comisión Europea la UPM ha asignado importes a

distintos deudores como: "Commission of the European Community", “C.E.E.”,

o “European Commision”.

3. Ha dificultado el análisis de los saldos, la conciliación de las diferencias e,

incluso, el envío de las cartas de circularización a las entidades seleccionadas,

la errónea imputación a terceros de facturas emitidas por la UPM o de cobros

recibidos (operaciones del mismo tercero se registran a veces en distinto

código y operaciones de terceros distintos se aplican a veces al mismo CIF). En

parte, estos errores se deben a la escasez de información cruzada entre la

OTT, receptora de muchas de las subvenciones, y el departamento de Gestión

Económica de la Universidad.

4. En varias de las operaciones seleccionadas, en particular en los movimientos

del deudor “CEE”, los documentos soporte de los reconocimientos de derechos

son las facturas emitidas por la UPM (OTT), estas cantidades que se reciben

son subvenciones o transferencias (y como tales se contabilizan) y el

reconocimiento del derecho sólo debería hacerse con el cobro o la

confirmación del reconocimiento de la obligación por el ente concedente, sin

que debiera producirse la emisión de una factura.

5. El importe registrado en el deudor CEE corresponde a numerosas cantidades

recibidas en la OTT por facturas emitidas a entes muy diversos pero que se

han codificado como CEE. En general corresponden a contratos firmados entre

la Comisión de las Comunidades Europeas y un Consorcio representado por un

Coordinador, en este Consorcio participan entidades públicas y privadas que

son representadas en la firma por ese coordinador. La CCE aporta cantidades

al Consorcio y también lo hacen el resto de los participantes o beneficiarios.

Los pagos entre los participantes se hacen por el coordinador.

Segundo.- En las Actuaciones Previas 28/12 del Tribunal de Cuentas constan muy relevantes documentos como indicios de presuntos delitos, entre los que cabe destacar, al menos un ANEXO dirigido al Fiscal-Jefe del Tribunal de Cuentas remitido por Carlos Salgado Pérez, presidente en funciones de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid con fecha 5 de octubre de 2011, confirmando y detallando con datos más precisos el informe de fiscalización del año 2008 y, por lo que se refiere a las subvenciones y ayudas de la Unión Europea, un escrito dirigido a la Directora del Área de Gestión de Proyectos de Investigación (OTT) de la UPM, Matilde Navarro Dongil, remitido por Ernesto Gambao, “Investigador Responsable del Proyecto”, en el que puede leerse “Como en aquellos años la representación del Programa CRAFT en España la llevaba la oficina INFOCRAFT bajo subcontratación del entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, y yo era el responsable de dicha oficina, recibimos información de muchas quejas al respecto”, por lo que se entiende que quien llevaba la oficina INFOCRAFT, presuntamente, llevaba también algún proyecto o, por la documentación que consta en las Actuaciones Previas 28/12 del Tribunal de Cuentas puede haber favorecido injustamente a compañeros de su departamento universitario, varios de los cuales es ampliamente conocido que tienen cargos mercantiles y administran numerosas empresas.


Tercero.- El hecho de que el Fiscal-Jefe del Tribunal de Cuentas Olayo Eduardo González Soler sea denunciante no significa ni descarta en modo alguno que pueda haber un presunto delito de malversación de caudales públicos, posiblemente en concurso con otros de fraude a subvenciones y ayudas y de tráfico de influencias, alguno quizá ya prescrito. Antes al contrario, lo que evidencia la abundante documentación que consta en las Actuaciones Previas 28/12 del Tribunal de Cuentas es la absoluta falta de celo y la descoordinación perezosa de la fiscalía del Tribunal de Cuentas, y en todo caso, incluso si no hubiera ninguna irregularidad contable, es perfectamente posible que pueda existir un delito de malversación de caudales públicos y fraude pese al conocimiento documentado de cualquier fiscal, y en especial, en el Tribunal de Cuentas. Existen numerosísimos ejemplos de silencio o expresa petición de archivo de la fiscalía del Tribunal de Cuentas en la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, siendo en este sentido tan clara como firme la sentencia del Tribunal Supremo, STS 429/2012, que condena hechos que la jurisdicción contable no detectó, pese al conocimiento documentado de esa misma Fiscalía (cita textual: “Tampoco los controles contables de la Sindicatura de Cuenta y del Tribunal de Cuentas detectaron la irregularidad del desvío de los fondos, pues las transferencias eran efectivamente realizadas y contaban con la justificación aparente de la totalidad de los contratos expuestos y del puesto de dirección que ostentaban quienes los habían otorgado”). Lo que sí que existe aquí es riesgo de prescripción penal.


Por lo expuesto, al Juzgado solicitamos que teniendo por presentada esta DENUNCIA PÚBLICA PENAL se digne admitirla considerando especialmente que, por las fechas de los hechos, puede existir algún riesgo de prescripción penal que pretendemos que se impida con la admisión, y sin perjuicio de cualquier otra diligencia que el Juzgado considere oportuna, oficie a la Presidencia de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, con sede en Avda. de los Madroños, 29, 28043, Madrid Teléfono: 914207900/08 Fax: 914207918 para requerir copia de la documentación contable de relativa a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), además de en formato impreso, también en formato electrónico para su más fácil reproducción y examen sistemático, por ser de hacer Justicia que respetuosamente pedimos en Madrid, a 14 de agosto de 2012.






Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, por CITA y APEDANICA, Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es domicilio en C/ Fernando Poo 16-6ºB 28045 Madrid, adjuntando parte de la documentación que consta en Actuaciones Previas 28/12 del Tribunal de Cuentas y publicando esta denuncia con hiperenlaces en Internet www.cita.es/craft y www.miguelgallardo.es/craft.pdf