Luis Jiménez Muñoz, Director del Centro Criptológico Nacional, Centro Nacional de Inteligencia
Hiperenlaces en www.cita.es/ccn-cni y www.miguelgallardo.es/luis-jimenez.pdf
El pasado jueves 13.2.14, en el coloquio de la jornada sobre “Estrategia de Ciberseguridad Nacional” le formulé una pregunta doble que no contestó por no haberla escuchado bien, según dijo. Ambas cuestiones son importantes para mi empresa y para mí. Se las repito aquí:
1. ¿Cómo podemos competir con la empresa Booz Allen Hamilton (para la que trabajaba Edward Snowden) y cómo las empresas españolas, o los más deseables clientes nuestros, pueden competir contra quienes disponen de lo revelado en www.guardian.co.uk sobre espionaje de METADATOS y los programas de la NSA PRISM y TEMPORA? Por si, de verdad, usted quisiera responder a esta pregunta le sugiero leer la QUERELLA, AMPLIACIÓN, recursos de REFORMA y APELACIÓN y especialmente el informe que envié al Comisario Europeo de Competencia Joaquín Almunia en www.cita.es/informe/boozallen así como el último escrito que aportamos a la Audiencia Nacional sobre su inconstitucionalidad en EEUU y España en www.miguelgallardo.es/nsa-inconstitucional.pdf
También creo que puede ser de su interés el escrito enviado al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en www.miguelgallardo.es/canal-espiado.pdf
2. También pregunté por el protocolo para que las instituciones públicas soliciten la intervención del CCN del CNI en sus sistemas cuando hay indicios de que han sido seriamente comprometidos. Tuve una experiencia con una institución de control en la que acabé recomendando que su máximo responsable en la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias contactara con el CCN, pero me hubiera gustado precisar más mi consejo profesional y por lo que parece, el caso del hacker asturiano “vox populis” (sic) sigue sin haber sido resuelto. La impunidad en Internet alcanza a instancias como la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias y con ella a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Considerando ambas cuestiones, sin prejuzgar su respuesta, si es que las llega a leer y quiere contestarlas, mi conclusión es que en España las autoridades administrativas y/o judiciales no pueden conocer los metadatos de grandes delincuentes económicos o de organizaciones criminales ni siquiera con orden judicial, pero nadie protege nuestros metadatos y las empresas españolas deben competir en inferioridad respecto a entidades como Booz Allen Hamilton y sus clientes.
Obviamente, tengo otras muchas preguntas y consideraciones, pero esas dos son las que dio que no pudo escuchar el jueves 13.2.14. No dude en decirme si hay algo que no se entienda de lo que aquí le ofrezco y le pregunto, con mi más atento y pendiente saludo.
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito judicial en informática, telemática, acústica y criptología forense administrador de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU desde 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992. Datos de contacto:
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