Al Presidente del Parlamento de las Islas Baleares

con copia a sus grupos parlamentarios, letrados, y a quien pueda interesar

De mi respetuosa consideración desde Internet    www.cita.es/calumnia

Según consta en las actas del 7 de junio de 2005, el presidente del Gobierno y diputado, Jaume Matas, me acusa de haber espiado sus agendas y llamadas telefónicas desde la tribuna de oradores del Parlamento de las Islas Baleares. De sus calumniosas palabras se ha hecho eco la prensa balear.

He consultado a varios letrados y documentalistas parlamentarios, y hasta hoy nadie recuerda una acusación tan directa, tan personal, y tan grave, en una sede parlamentaria española. Nunca antes. Nunca así. Pero sí que he encontrado declaraciones de prestigiosos juristas en casos que se han resuelto con la retirada de las palabras calumniosas. Para su mejor información, me permito citar literalmente ésta:

Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, aseguró ayer: 'Los ustedes y los genéricos son difícilmente incardinables en el delito de calumnias porque no se personaliza ni se concreta al ofendido'. Quintero añadió que 'los problemas parlamentarios han de resolverse en el Parlamento, que para eso tiene un reglamento que regula la reprobación o censura de un diputado o un gobernante por sus palabras'.

En mi caso, ya no existe duda alguna de a quién pretendía acusar Jaume Matas desde la tribuna de oradores, considerando las declaraciones de su abogado a la prensa. Considere Vd. también que, según el Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, de 23 de junio de 1986 (BOPIB, núm. 67, 23 junio 1986; BOB, núm. 23, 22 julio 1986), Modificado por Acuerdo del Parlamento publicado en el BOPB núm. 47, de 13 de abril de 1991, y concretamente, por el Artículo 106, “Los Diputados y los oradores serán llamados al orden: 1º. Cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Gobierno de la Comunidad Autónoma o de cualquier otra persona o entidad”.

Pues bien, aquí y ahora, y también allí, en el Parlamento de las Islas Baleares, el 7 de junio de 2005, yo soy “cualquier otra persona” de la que no sólo se han vertido conceptos ofensivos, sino también, y esto es mucho peor, se le ha acusado de un delito público por el que la Fiscalía debería actuar de oficio.

Pido su atención, y su pronta actuación, considerando no sólo el artículo 106 del Reglamento, sino también por la tipificación del Código Penal para las palabras del Presidente del Gobierno de las Islas Baleares, Jaume Matas. Y recomiendo que se asesore pronto, y muy bien, porque lamentaré tener que enfrentar sus palabras, o sus silencios, con las palabras y silencios del fiscal del caso BITel, Miguel Ángel Anadón, quien por las acusaciones vertidas en la tribuna de oradores, tendrá que servir de testigo, y documentar cuanto se le precise, además de cuantas otras actuaciones pueda y deba llevar a cabo el Ministerio Público.

La extremada gravedad de las palabras del Presidente del Gobierno de las Islas Baleares, Jaume Matas, contra mi persona, es mayor aún si se conoce la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que reiteradamente ha sentenciado, sobre las personas que ejercen funciones públicas o de relevancia pública, que "están obligadas a soportar el riesgo de que sus derechos subjetivos, entre ellos el derecho al honor, resulten afectados por opiniones de otras personas en el ejercicio de la libertad de expresión, requiriéndolo así el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura, asiento de la sociedad democrática".

Yo no ejerzo ninguna función pública, ni tengo (ni quiero) ninguna relevancia pública, pero Vd. sí, y el Presidente del Gobierno de las Islas Baleares, Jaume Matas, también, y tanto Vd. como él, o como cualquier otro cargo electo, dentro y fuera del Parlamento, deben recibir críticas directas y personales que me estoy esforzando en contener. Si, aquí y ahora, yo me dejara llevar por la tentación y las maliciosas provocaciones de las que me siento víctima, le aseguro que me asesoraría muy bien para llegar hasta el último límite que me permita la jurisprudencia al calificar a las personas que ejercen las funciones públicas en la presidencia del Parlamento y del Gobierno de las Islas Baleares. Lo merecen por sus palabras, acciones y omisiones de las soy víctima, y por otras que conozco.

Por todo lo anterior, yo le pido, públicamente, que llame al orden al Presidente del Gobierno de las Islas Baleares, Jaume Matas, y lo hago al amparo de lo establecido por el reglamento, en su artículo 106, e incluso por el artículo 29 de la Constitución Española, que legitima ésta, y otras muchas peticiones formales.

No quiero prejuzgar, ni pronosticar, lo que Vd. hará o dejará de hacer con mi petición, pero debo advertirle, con mis máximos respetos, pero también con la máxima claridad y determinación, que si el Presidente del Gobierno de las Islas Baleares, Jaume Matas, o cualquier otro diputado de cualquier grupo político vuelve a hacer alguna referencia a mi persona desde la tribuna de oradores del Parlamento, le haré a Vd. directa e inmediatamente responsable de cuanto pueda ocurrir. Creo poder presumir de un gran sentido del humor, de una muy amplia capacidad de comprensión para las bromas, e incluso para las provocaciones dialécticas. Siempre trato de ser tolerante. Pero le aseguro, muy solemnemente, que no bromeo en absoluto con este aviso que le doy, aquí y ahora, como “cualquier otra persona” de la que no sólo se han vertido palabras ofensivas, sino que también, y esto es mucho peor, se me ha acusado de un delito público por el que la Fiscalía debería actuar de oficio.

En Madrid, a 12 de noviembre de 2005.

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero y criminólogo, PERITO JUDICIAL PRIVADO

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