Sobre el PLAN INTEGRAL EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL anunciado tras el consejo de ministros del viernes 8 de abril de 2005, deseamos manifestar lo siguiente:

1.- Hemos publicado el texto distribuido por el Gobierno en http://www.cita.es/pirata

2.- La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) , está valorando el PLAN y haciendo públicos algunos preocupantes pronósticos. APEDANICA, constituida en 1992, se presenta con sus estatutos y algunos escritos aportados a procedimientos judiciales en http://www.cita.es/apedanica

3.- La experiencia pericial en conflictos, pleitos, y especialmente, en el enjuiciamiento criminal de los últimos años nos hace alertar de los siguientes RIESGOS:

• Los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado pueden ser muy fácilmente corrompibles por multinacionales, y no sólo por pagos directos, sino mucho más por muy sutiles compensaciones o motivaciones relacionadas con la tecnología y la información más sensible, la formación especializada incluso de familiares y amigos, o el acceso privilegiado a innovaciones, documentaciones o claves. Algunos policías son capaces de auténticas atrocidades si se lo pide un director de márketing durante un viaje internacional. Se denuncie o no, hay una peligrosísima delincuencia que vive de la persecución de presuntos delitos contra la propiedad intelectual (hay manuales en inglés para el llamado "Law enforcement" en España carentes de la más elemental ética, deontología o moralidad), de la misma manera que también se ha delinquido en la lucha contra el terrorismo, con una gran diferencia en que, en esta última, ya hay condenas firmes. Podemos dar datos muy concretos al respecto.

• Los juzgados y tribunales tienen que enjuiciar miles de procedimientos complejos en los que los denunciantes técnicamente hacen muy poco esfuerzo probatorio, y en los que los fiscales tienen actitudes, intenciones y prioridades muy diversas. Podemos comparar docenas de casos esencialmente asemejables con gran variedad de resultados que, desde la perspectiva pericial por nombramiento de oficio por el juzgado tienen en común el mal trato económico (puede llegar a tardarse más de 8 años en cobrar la minuta de honorarios periciales perdiéndose cualquier posibilidad de cobro en una importante proporción de peritajes de oficio) y el desprecio judicial del criterio del perito auténticamente imparcial, mientras que los peritos que habitualmente se relacionan con los denunciantes favoreciéndoles de manera descarada consiguen cobrar importantes cantidades y sistematizar su trabajo pudiendo planificar muy bien su actividad pericial. Así, los peritos parciales más malvados y perversos prosperan y los más honrados se arruinan.

• La criminalización de ciertas tecnologías relacionadas con la criptología o seguridad informática, y especialmente con su análisis o estudio de vulnerabilidades, es muy peligrosa para el Estado. La historia del hacking desde una perspectiva internacional acaba comprometiendo, y mucho, a los servicios de inteligencia. No se puede tolerar que la mera tenencia de programas criptoanalíticos sea considerada un delito porque si así se hace, varios expertos del Centro Criptológico Nacional del CNI y numerosos Guardias Civiles y Policías que tienen la necesidad profesional de estudiarlos y utilizarlos, también serían criminalizados. Lamentaríamos mucho tener que dar nombres y datos, pero si alguien puede ir a prisión injustamente, tal vez sea necesario hacer memoria suficientemente precisa para que el procedimiento judicial no satanice a unos por lo mismo que otros reciben condecoraciones, ascensos y reconocimiento público. Es un error aplicar las mismas técnicas de la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico a la represión de la piratería, por muy organizada que esté. Si se hace, las consecuencias pueden ser jurídicamente imprevisibles.
  

• Los materiales y artículos incautados por orden judicial no siempre son "piratas". Hay varios casos en los que miles de artículos denunciados finalmente han tenido que ser devueltos muy deteriorados, o han desaparecido de los almacenes. Tenemos noticia de alguno en el que se ha tenido que indemnizar a los legítimos propietarios por mal funcionamiento de la Administración de Justicia. En este sentido, desde hace tiempo nos hacemos la pregunta: ¿Dónde están los equipos informáticos y sistemas de producción de CDs y DVDs (duplicadoras) incautadas en los últimos años?

Estaremos muy atentos a cuantas noticias puedan producirse en relación al anuncio de ayer "El Fiscal General del Estado dictará instrucciones para unificar criterios en el tratamiento del delito y se va a constituir un grupo policial específico sobre delitos relacionados con la propiedad intelectual". Hemos conocido muy diversos tipos de fiscales, y cada uno de ellos tiene un criterio distinto en relación a la propiedad intelectual. Pero si los perjudicados, o ciertos representantes y gestores de derechos de perjudicados, consiguen que la fiscalía les haga todo el trabajo, estamos seguros de que habrá errores judiciales. No se pueden pedir penas de cárcel por poderes. Es el autor el que tiene que personarse en el procedimiento judicial para algo tan grave como es pedir que alguien vaya a prisión por copiarle. Las extorsiones, chantajes, querulancias y los delirios pleitistas más costosos para la Administración de Justicia pueden ser legitimados por unas medidas políticas ingenuas al servicio de temibles grupos de presión. Algunos ministros, y muchos fiscales, saben muy bien a qué se hace referencia aquí.

Recomendamos lo que proponemos en http://www.cita.es/tecnodelincuencia
y también una sensata reflexión sobre el texto distribuido por el Gobierno, como PLAN INTEGRAL EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL publicado en http://www.cita.es/pirata

Para más información, puede contactarse directamente con:

Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, criminólogo y criptólogo en WWW.CITA.ES
Curriculum Vitae con foto en http://www.cita.es/conmigo
Datos Mercantiles y Empresariales en http://www.cita.es/empresa
Presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) con presentación y estatutos en http://www.cita.es/apedanica
Apartado (P.O. Box) 17083, E-28080 Madrid, Spain, E-mail: miguel@cita.es
Tel 914743809 Fax 902998379 Móvil 619.77.64.75
Carta abierta publicada en http://www.cita.es/apedanica/gobierno