Sobre el
PLAN
INTEGRAL EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
anunciado tras el consejo de ministros del viernes 8 de abril de 2005, deseamos
manifestar lo siguiente:
1.- Hemos publicado el texto distribuido por el Gobierno en
http://www.cita.es/pirata
2.- La
Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos,
Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA)
, está valorando el PLAN y haciendo públicos algunos preocupantes
pronósticos. APEDANICA, constituida en 1992, se presenta con sus estatutos
y algunos escritos aportados a procedimientos judiciales en
http://www.cita.es/apedanica
3.- La experiencia pericial en conflictos, pleitos, y especialmente, en el
enjuiciamiento criminal de los últimos años nos hace alertar
de los siguientes
RIESGOS:
- Los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado pueden ser muy
fácilmente corrompibles por multinacionales, y no sólo
por pagos directos, sino mucho más por muy sutiles compensaciones
o motivaciones relacionadas con la tecnología y la información
más sensible, la formación especializada incluso de familiares
y amigos, o el acceso privilegiado a innovaciones, documentaciones o claves.
Algunos policías son capaces de auténticas atrocidades si se
lo pide un director de márketing durante un viaje internacional. Se
denuncie o no, hay una peligrosísima delincuencia que vive de la persecución
de presuntos delitos contra la propiedad intelectual (hay manuales en inglés
para el llamado "Law enforcement" en España carentes de la más
elemental ética, deontología o moralidad), de la misma manera
que también se ha delinquido en la lucha contra el terrorismo, con
una gran diferencia en que, en esta última, ya hay condenas firmes.
Podemos dar datos muy concretos al respecto.
- Los juzgados y tribunales tienen que enjuiciar miles de procedimientos
complejos en los que los denunciantes técnicamente hacen muy poco
esfuerzo probatorio, y en los que los fiscales tienen actitudes, intenciones
y prioridades muy diversas. Podemos comparar docenas de casos esencialmente
asemejables con gran variedad de resultados que, desde la perspectiva pericial
por nombramiento de oficio por el juzgado tienen en común el mal trato
económico (puede llegar a tardarse más de 8 años en
cobrar la minuta de honorarios periciales perdiéndose cualquier posibilidad
de cobro en una importante proporción de peritajes de oficio) y el
desprecio judicial del criterio del perito auténticamente imparcial,
mientras que los peritos que habitualmente se relacionan con los denunciantes
favoreciéndoles de manera descarada consiguen cobrar importantes cantidades
y sistematizar su trabajo pudiendo planificar muy bien su actividad pericial.
Así, los peritos parciales más malvados y perversos prosperan
y los más honrados se arruinan.
- La criminalización de ciertas tecnologías relacionadas
con la criptología o seguridad informática, y especialmente
con su análisis o estudio de vulnerabilidades, es muy peligrosa para
el Estado. La historia del hacking desde una perspectiva internacional acaba
comprometiendo, y mucho, a los servicios de inteligencia. No se puede tolerar
que la mera tenencia de programas criptoanalíticos sea considerada
un delito porque si así se hace, varios expertos del Centro
Criptológico Nacional del CNI y numerosos Guardias Civiles
y Policías que tienen la necesidad profesional de estudiarlos y utilizarlos,
también serían criminalizados. Lamentaríamos mucho tener
que dar nombres y datos, pero si alguien puede ir a prisión injustamente,
tal vez sea necesario hacer memoria suficientemente precisa para que el procedimiento
judicial no satanice a unos por lo mismo que otros reciben condecoraciones,
ascensos y reconocimiento público. Es un error aplicar las mismas
técnicas de la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico
a la represión de la piratería, por muy organizada que esté.
Si se hace, las consecuencias pueden ser jurídicamente imprevisibles.
- Los materiales y artículos incautados por orden judicial
no siempre son "piratas". Hay varios casos en los que miles de artículos
denunciados finalmente han tenido que ser devueltos muy deteriorados, o han
desaparecido de los almacenes. Tenemos noticia de alguno en el que se ha
tenido que indemnizar a los legítimos propietarios por mal funcionamiento
de la Administración de Justicia. En este sentido, desde hace tiempo
nos hacemos la pregunta: ¿Dónde están los equipos
informáticos y sistemas de producción de CDs y DVDs (duplicadoras)
incautadas en los últimos años?
Estaremos muy atentos a cuantas noticias puedan producirse en relación
al anuncio de ayer "
El Fiscal General del Estado dictará instrucciones
para unificar criterios en el tratamiento del delito y se va a constituir
un grupo policial específico sobre delitos relacionados con la propiedad
intelectual". Hemos conocido muy diversos tipos de fiscales, y cada
uno de ellos tiene un criterio distinto en relación a la propiedad
intelectual. Pero si los perjudicados, o ciertos representantes y gestores
de derechos de perjudicados, consiguen que la fiscalía les haga todo
el trabajo, estamos seguros de que habrá errores judiciales. No se
pueden pedir penas de cárcel por poderes. Es el autor el que tiene
que personarse en el procedimiento judicial para algo tan grave como es pedir
que alguien vaya a prisión por copiarle. Las extorsiones, chantajes,
querulancias y los delirios pleitistas más costosos para la Administración
de Justicia pueden ser legitimados por unas medidas políticas ingenuas
al servicio de temibles grupos de presión. Algunos ministros, y muchos
fiscales, saben muy bien a qué se hace referencia aquí.
Recomendamos lo que proponemos en
http://www.cita.es/tecnodelincuencia
y también una sensata reflexión sobre el texto distribuido
por el Gobierno, como
PLAN INTEGRAL
EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
publicado en
http://www.cita.es/pirata
Para más información, puede contactarse directamente con:
Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, criminólogo y criptólogo
en
WWW.CITA.ES
Curriculum Vitae con foto en
http://www.cita.es/conmigo
Datos Mercantiles y Empresariales en
http://www.cita.es/empresa
Presidente de la
Asociación para la Prevención y Estudio
de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas (APEDANICA) con presentación y estatutos en
http://www.cita.es/apedanica
Apartado (P.O. Box) 17083, E-28080 Madrid, Spain, E-mail:
miguel@cita.es
Tel 914743809 Fax 902998379 Móvil 619.77.64.75
Carta abierta publicada en http://www.cita.es/apedanica/gobierno