Al Juzgado de Instrucción al que corresponda por reparto esta querella

Documento en www.cita.es/querella-jmv y www.miguelgallardo.es/querella-jmv.pdf

Miguel Torres Álvarez, (Colegiado 631 del Iltre. Colegio de Procuradores de Madrid) en representación de Miguel Ángel Gallardo Ortiz y de la mercantil Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA, SLU), bajo la dirección letrada de José Manuel López Iglesias, según se acreditará mediante “apud-acta” cuando se nos requiera para ello, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que siguiendo instrucciones de mis mandantes, formulo QUERELLA CRIMINAL en ejercicio del derecho reconocido en los artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por los hechos y contra la persona que se menciona a continuación. En cumplimiento del artículo 783.1 de la citada Ley hago constar que ejerzo cuantas acciones penales y civiles derivan del delito. Dando cumplimiento a lo que determinan los artículos 277 y concordantes de dicha ley, EXPONGO:

Primero: Juzgado competente

Se presenta esta querella ante los juzgados de Madrid para su reparto, conforme al artículo 14 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Segundo: Querellantes

Son querellantes Miguel Ángel Gallardo Ortiz en su propio nombre y derecho y también como administrador único de la entidad mercantil Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA, SLU) constituida en 1996, con CIF: B-81499345, ambos como perjudicados directos.

Los dos querellantes tienen domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, calle Fernando Poo, nº 16, Piso 6º Puerta B, C.P. 28045, Tel. 902998352 fax 902998379 y E-mail: miguel@cita.es

Tercero: Querellado(s)

Los querellados son todos aquellos que resulten responsables, por acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delitos que, directamente o no, puedan haber perjudicado a los querellantes o al interés general en el erario público (que no deja de ser también un perjuicio para los mismos querellantes), de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del vigente Código Penal, sin perjuicio de que del desarrollo de las actuaciones pueda imputarse a otras personas físicas y también la responsabilidad en que hayan podido incurrir personas jurídicas. Así, es querellado Juan Manuel del Valle Pascual, director de la Asesoría Jurídica de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con domicilio para notificaciones en C/ Ramiro de Maeztu nº 7 (Edificio del Rectorado de la UPM), 28040 Madrid, y el teléfono de su centralita es el 913366000 y también en su despacho profesional como colegiado 20.361 del ICAM en C/ Sor Ángela de la Cruz 26. 28029 Madrid, Tel.: 915708526.

Cuarto: Relación circunstanciada de los hechos

Con fecha 27.10.2008, el querellado Juan Manuel del Valle Pascual, firma y presenta la demanda contra los querellantes en la que pide 300.000 euros (TRESCIENTOS MIL EUROS) por el honor de 2 funcionarios públicos, según documento 1 (nótese que la demanda está también firmada por la letrada Raquel Cavero de Pablo, entonces funcionaria interina de la UPM, pero en todo caso, era subordinada del querellado).

Es importante destacar que en la primera página de la demanda se hace referencia al Exp. 012.1/07, que cabe suponer que es del 2007, por lo que existe un expediente muy anterior a la demanda que, presumiblemente, es su resolución administrativa.

Tal demanda fue tramitada por el Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid en el procedimiento ordinario 1887/08. En el expediente judicial constan docenas de documentos con membrete de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en los que la procuradora habitual de la UPM, Magdalena Cornejo Barranco, representa a dos funcionarios públicos, Rafael Aracil Santonja y Ramón Álvarez Rodríguez, que demandan cada uno de ellos 150.000 euros (CIENTO CINCUENTA MIL EUROS) por derechos que son siempre personales, particulares y privados, de tal manera que hacen uso de recursos públicos para su beneficio, y también, no debe olvidarse, para el de letrados institucionales que hacen un muy considerable negocio jurídico sin riesgo o coste alguno y, en aquel entonces, con expectativas interesantes para ellos.

Los querellantes, entonces demandados, pidieron presupuesto a numerosos abogados, y prácticamente todos ellos aplicaban los honorarios orientativos del ICAM por 25.200 euros (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS EUROS), y al ser una persona física y otra jurídica, es decir, dos demandados distintos, 50.400 euros (CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS EUROS) sin incluir IVA. Al ser imposible para los querellados satisfacer las pretensiones económicas de provisiones de fondos de abogados y procuradores, el querellante Miguel Ángel Gallardo Ortiz solicitó justicia gratuita que le fue concedida y la empresa CITA designación de abogado de oficio.

Para el aquí querellante, Miguel Ángel Gallardo Ortiz, el ICAM designó a la abogada del turno de oficio Ana Caparroz Alonso, que siempre se negó a seguir las claras y reiteradas indicaciones para oponerse al uso de recursos públicos para perjudicar al querellante, ni siquiera cuando, bajo membrete de UPM, se pretendía que los demandantes quedaran exentos de hacer depósito para recurrir resoluciones judiciales favorables para los aquí querellantes. Miguel Ángel Gallardo Ortiz presentó quejas y denuncias ante el juzgado y ante el ICAM, por las que la abogada de oficio Ana Caparroz Alonso decidió renunciar siendo designado por el ICAM el también abogado de oficio Juan Enrique de Frutos Arribas, que no solamente no siguió ninguna indicación sino que ni siquiera daba copia de los escritos que presentaba en nombre del querellante. El procurador también designado por el turno de oficio, Mario Castro Casas también ha sido desleal, y como tal fue denunciado en su colegio.

Para la mercantil CITA, el ICAM designó a un abogado del turno de oficio que se limitó a requerir el 50% de provisión de fondos de los 25.200 euros (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS EUROS), pero sin garantizar nada, ni siquiera seguir las indicaciones para oponerse al uso de recursos públicos en perjuicio de CITA, que al no poder contar con ningún abogado capaz de pedir deducción de testimonio de particulares o la nulidad de algunas actuaciones judiciales, no contestó a la demanda.

Tras varios años de avatares procesales en los que los querellantes nunca fueron oídos directamente sino a través de abogados que nunca se opusieron al uso de recursos públicos en beneficio de funcionarios y en perjuicio de los querellantes, se celebró el juicio y se dictó sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables para los demandados aquí querellantes, incluyendo la condena en costas de la UPM (que no pedía ninguna compensación económica) y de los dos funcionarios demandantes, que pedían cada uno, ha de repetirse, 150.000 euros (CIENTO CINCUENTA MIL EUROS), en total, 300.000 euros (TRESCIENTOS MIL EUROS), en su demanda.

A pesar de la insistencia de los querellantes ante sus propios abogados y ante el juzgado, además de haber presentado una solicitud y un recurso de alzada ante el rector de la UPM, no consiguieron copia del Exp. 12.1/07. Los querellantes siempre consideraron y expusieron lo mejor que pudieron tantas veces como se les presentó la oportunidad, que si la demanda judicial de 27.10.08 es, en sí misma, una resolución administrativa de un expediente de un año anterior, deberían tener derecho de acceso y copia que nunca consiguieron. Además de ser una clara indefensión, es también un indicio de la dolosa irregularidad corruptelosa, prevaricadora y malversadora, de todo el procedimiento judicial, desde sus primeros antecedentes administrativos en 2007.

También han sido muchos los avatares procesales tras la sentencia para la tasación y ejecución de las costas a las que fueron condenados los demandantes.

Lo más relevante a efectos de evidenciar las responsabilidades penales es el último escrito, con fecha 1.4.2013 presentado por la procuradora de la UPM, Magdalena Cornejo Barranco, que sigue representando a dos funcionarios públicos, Rafael Aracil Santonja y Ramón Álvarez Rodríguez, ante el Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid, aunque con un error en el número de juzgado que no es el 49, sino el 41, en el que, por cierto, también consta, al igual que en la demanda inicial, la referencia expresa del Exp. 12.1/07 como puede verse en el documento 2.

La SEGUNDA ALEGACIÓN de ese documento 2 de fecha 1.4.2013 pretende dar apariencia legal al pago de costas judiciales por parte de la Fundación Gómez Pardo, dependiente de la UPM, de tal manera, que violenta toda la normativa de fundaciones por lo que los querellantes deciden, con fecha 22.4.13 denunciar administrativamente los hechos al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, según documento 3. La funcionaria que recibe la denuncia es MINGUEZ MEYER, MAITE <maite.minguez@madrid.org>

Considerando la gravedad de los hechos perfectamente documentados e imputables al querellado Juan Manuel del Valle Pascual, los querellantes solicitaron la deducción de testimonio de particulares para que fuese el Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid quien iniciara las actuaciones penales por ser la malversación y la prevaricación delitos públicos perseguibles de oficio. Sin embargo, se nos denegó tal deducción de testimonio de particulares aunque reconociendo expresamente el derecho de los querellantes a iniciar acciones penales, como en esta querella se pretende. Lo que resulta menos admisible para los querellantes es que se deniegue la deducción de testimonio de particulares sin informe de EL FISCAL, al que tanto dentro del procedimiento ordinario 1877/08, como por escritos dirigidos a EL FISCAL personado durante todo el procedimiento, Adrián Zarzosa Hernández, los querellantes han tratado de informar incluso aportando precedentes de otros escritos de fiscales, en un caso oponiéndose a que se pueda hacer uso de servicios jurídicos institucionales para demandar por el supuesto derecho al honor de Ignacio González mediante el documento 3 y otro caso en el que, por los mismos hechos, la Fiscalía de Castellón pidió tres años y medio (42 meses) de prisión, según documento 4. Por tanto, Adrián Zarzosa Hernández no ha actuado como sí lo han hecho otros fiscales, pero tampoco se ha opuesto. Simplemente, el representante de Ministerio Público siempre ha evitado eludiendo pronunciarse sobre el fondo del asunto de esta querella.

Ante la insistencia de los querellantes, la secretaria judicial certifica que EL FISCAL no ha presentado ningún escrito desde que se dictó la sentencia a pesar de que se le dio traslado de la solicitud de deducción de testimonio de particulares por el escrito del querellado, Juan Manuel del Valle Pascual, que también debía conocer como parte personada. Tal certificado judicial, de fecha 26.4.13, se aporta como documento 5.

La UPM ha perdido mucho más que un juicio por la irresponsable y, hasta ahora, impune malversación. El perjuicio para los querellantes que se imputan al querellado puede ser extremadamente difícil de cuantificar, porque por mucho que se valoren los daños morales, o el lucro cesante y el daño emergente provocado intencionadamente por el querellado, tanto la reputación personal y profesional de Miguel Ángel Gallardo Ortiz, como el fondo de comercio y la imagen de la empresa CITA, han sido muy gravemente afectados durante mucho tiempo, de múltiples maneras. Aunque la sentencia haya sido favorable incluso con condena en costas, los querellantes no solamente no han ganado nada, sino que el coste de oportunidad, la ocupación y el intenso desgaste continuado durante varios años también ha impedido su desarrollo profesional y empresarial. Es muy difícil estimar en qué situación se encontrarían los querellantes si no hubieran recibido nunca la injusta, prevaricadora y malversadora demanda firmada por el querellado el 27.10.2008 (documento 1).

El querellado no solamente ejerce como letrado de la UPM, sino que es público y notorio que litiga como abogado privado, al menos, ante el Tribunal Constitucional (STC 22/2009), Tribunal Supremo (STS 4951/2003), Tribunales Superiores de Justicia de Murcia (STSJ MU 3248/2011) y Castilla León (STSJ CL 4431/2010) y Audiencia Provincial de Madrid (auto de la sección 2ª, Apelación Penal 3588/2004), en ninguna de las cuales es parte la UPM, pero también es público y notorio, y el mismo querellado se jacta de ello, que desde hace más de 30 años Juan Manuel del Valle Pascual dirige los servicios jurídicos de la UPM al mismo tiempo que litiga contra otras universidades para particulares, como es el caso de la Sentencia del Tribunal Superior de Castilla León (STSJ CL 4431/2010) en la que el querellado litiga contra la Universidad de Salamanca. Es seguro que el negocio jurídico como profesional privado del querellado es mucho más importante que el que llega a al Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, porque muchas de sus actuaciones privadas quedarán en instancias inferiores. En todo caso, su celo dedicado a represaliar a quien critica las actividades privadas con ánimo de lucro de funcionarios públicos con altos cargos en la UPM, se explica bien considerando que las apariciones del querellado en la jurisprudencia no se deben a sus actuaciones en defensa de la UPM, sino a las de particulares que litigan contra instituciones contratando como abogado privado a un letrado institucional. En este caso, el negocio jurídico del querellado es mejor aún, porque en caso de perder, como le ha ocurrido, las costas son pagadas con fondos públicos, pero si hubiera ganado, los querellantes hubieran tenido que pagárselas, y también a la procuradora habitual de la UPM, Magdalena Cornejo Barranco.

Es decir, que si el querellado y su procuradora pierden un juicio, como perdieron, ni la sentencia ni la condena en costas, como la que hubo por su demanda, les supone el menor quebranto ni para ellos, ni para sus representados. Pero si ganan, el negocio es magnífico, y además, les genera una imagen y prestigio profesional que les sirve para captar más clientes privados. Ese abusivo privilegio del funcionario con sueldo intocable, en este caso, desde hace más de 30 años, como director de la Asesoría Jurídica en la UPM, pero con ilimitada compatibilidad para el ejercicio privado de la abogacía, explica la aberrante y delictiva motivación de la demanda de 27.10.2008 (documento 1) que los querellantes instan a que sea instruida empezando por acceder a cuanto conste en el Exp. 12.1/07 de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Pero lo más grave e inadmisible es que el querellado se obstina de manera contumaz en porfiar como puede apreciarse que sigue haciendo dolosamente en su escrito de 1.4.2013 (documento 2). No se trata solamente de pedir aquí que se enjuicie el uso indebido de recursos públicos en perjuicio de un particular y de una empresa aquí querellantes con perversa expectativa de beneficio para el querellado, sino de impedir que estos hechos vuelvan a repetirse bajo ningún concepto en ningún caso más.

Si otros funcionarios letrados institucionales alguna vez han firmado alguna demanda como la que firmó el querellado el 27.10.2008 (documento 1) y alegan cualquier cosa parecida a la SEGUNDA ALEGACIÓN de su escrito de 1.4.2013 (documento 2), también hubieran debido de ser condenados, pero lo que aquí se pretende es clarificar y limitar de alguna manera el perverso derecho a litigar “gratis total”, desde la función pública, contra un particular y una empresa aquí querellantes. Es lo que hubiera debido hacer de oficio el representante del Ministerio Público, Adrián Zarzosa Hernández, lo que hizo la Fiscalía de Castellón, según documento 4, y lo que siempre deberían hacer todos los fiscales en casos asemejables.

Quinto: Calificación jurídica de los hechos

Sin perjuicio de que pudieran existir otros presuntos delitos conexos, los hechos documentados o documentables se califican como malversación, tipificada así:

Artículo 434 La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración o Entidad Estatal, Autonómica o Local u Organismos dependientes de alguna de ellas, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

La fundamentación jurídica de esta calificación por MALVERSACIÓN es práctica y esencialmente la misma del AUTO de la Sección 16ª rollo nº 156/11 de la Audiencia Provincial de Madrid por las Diligencias Previas 1891/2009 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid (caso del presunto espionaje por funcionarios de la Comunidad de Madrid), en cuyo punto OCTAVO puede leerse, textualmente:

...

El delito de malversación de caudales públicos ha sido aplicado en muy diferentes supuestos, habiéndose producido una definición jurisprudencial del término caudales y efectos públicos, comprensivos de todos los bienes y personal que las administraciones tienen para el desarrollo de su función pública. Así, se han incluido en este concepto, los tickets de gasolina, STS 85/2001 de 24 de enero, el uso de un camión público para arreglar un camino privado, Auto 87/2004, Sección 3a Audiencia Provincial de Badajoz, o la utilización de un empleado público municipal para la realización de tareas particulares. Citamos la sentencia del Tribunal Supremo 608/94 de 18 de marzo, que nos permitimos subrayar:

“Igualmente ha quedado acreditado por las declaraciones obrantes en el acto del juicio oral que se recaudaron fondos para la urbanización privada denominada «Rincón del César», utilizándose impresos y recibos del propio Ayuntamiento así como que se sirvieron del Alguacil del mismo Ayuntamiento, en horas en que debía prestar sus servicios para la Corporación, para el cobro de recibos en favor de la antes mencionada urbanización particular”.

El artículo 396 del Código Penal ha sido correctamente aplicado. Los recurrentes, Alcalde, Teniente Alcalde y Concejal, respecto a cuya condición de funcionarios públicos ya se ha hecho mención al examinar el anterior motivo, han aplicado a usos ajenos caudales o efectos de titularidad municipal que estaban a su cargo por razón de sus respectivas competencias. Ciertamente, se integran en el concepto de caudales públicos, en este caso municipales, los medios materiales y personales del Ayuntamiento de Creixell, como acertadamente se expresa en la sentencia de instancia. Es decir, que se deben conceptuar como caudales públicos, cualquier bien y fuerza de trabajo, incluidos, por consiguiente, aquellos supuestos como el que nos ocupa, en el que se utiliza un empleado municipal, en horas en que debe prestar sus servicios al Ayuntamiento, en menesteres y tareas en beneficio particular.

Esta Sala así lo tiene declarado, como es exponente la Sentencia de 20 marzo 1992 (RJ 1992\2379) que extendió el concepto de caudal público, en el supuesto allí enjuiciado, “a mano de obra del Plan de Empleo Comunitario”.