Basta la
lectura de los artículos 432 al 435 del Código Penal
relativos a la malversación, y unas miradas limpias a ciertas
relaciones entre
funcionarios o autoridades con algunos individuos para comprender que
la criminalística de las malversaciones no se desarrolla por muy
bueno que
sea el abogado o criminalista y demás
peritos
judiciales, muchos de ellos peritos incompatibles,
porque siempre hay mucho más interés en obstruirla que en
facilitarla. A continuación se citan los artículos
relativos a malversaciones, seguidos de algunas noticias ciertamente
curiosas.
CAPÍTULO VII. DE LA
MALVERSACIÓN.
Artículo 432.
1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de
lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo,
sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo
por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de
prisión de tres a seis años e inhabilitación
absoluta por tiempo de seis a diez años.
2. Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho
años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a
veinte años si la malversación revistiera especial
gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al
daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las
mismas penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido
declaradas de valor histórico o artístico, o si se
tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.
3. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000
euros, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta
cuatro meses, prisión de seis meses a tres años y
suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta
tres años.
Artículo 433.
La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a
la función pública los caudales o efectos puestos a su
cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de
multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de seis meses a tres años.
Si el culpable no reintegrara el importe de lo distraído dentro
de los diez días siguientes al de la incoación del
proceso, se le impondrán las penas del artículo anterior.
Artículo 434.
La autoridad o funcionario público que, con ánimo de
lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa
pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o
inmuebles pertenecientes a cualquier Administración o Entidad
estatal, autonómica o local u Organismos dependientes de alguna
de ellas, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres
años e inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de tres a seis años.
Artículo 435.
Las disposiciones de este Capítulo son extensivas:
A los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas
o efectos de las Administraciones públicas.
A los particulares legalmente designados como depositarios de caudales
o efectos públicos.
A los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados,
secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque
pertenezcan a particulares.
Noticias
sobre MALVERSACIONES
Europa Press, vie, 09/03/2007
Un abogado pide al juez que cite a Aznar como imputado por la frustrada
concesión de la Medalla del Congreso
americano
El abogado José Luis Mazón pidió hoy al juez de
Instrucción número 23 de Madrid, David Maman, que cite en
calidad de imputado al ex presidente del Gobierno José
María Aznar, al considerar que "concurren evidentes indicios" de
la existencia de delitos de malversación de dinero publico y
falseamiento de facturas, en relación con la frustrada
concesión de la Medalla de Oro por el Congreso de Estados
Unidos.
En un escrito remitido al juez, al que ha tenido acceso Europa Press,
el letrado interesa también que se complete el expediente
íntegro de aprobación, en diciembre de 2003, de un gasto
de 2,3 millones de euros dirigidos a obtener la concesión a
Aznar de la Medalla de Oro.
El Juzgado de Instrucción número 23, que instruye las
diligencias abiertas a raíz de una querella interpuesta por
Mazón, solicitó el pasado noviembre a la Presidencia de
Gobierno el expediente de la aprobación incoado tras el acuerdo
del Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003, en el que se
aprobó el gasto para la obtención de la medalla "por el
procedimiento de imperiosa urgencia".
El anterior titular de este Juzgado, Julio de Diego, que fue nombrado
magistrado de la Audiencia Nacional, solicitó a Moncloa que le
remitiese "todas las actuaciones administrativas" incluidas en el
citado expediente y la "documentación incorporada" al mismo.
Respecto a la documentación enviada, el abogado considera que el
expediente remitido por Presidencia "no se halla completo", por lo que
solicita que se aporte el acuerdo del Consejo de Ministros que
estableció la contratación del servicio de "procedimiento
de imperiosa urgencia" por no haberse incluido en la
documentación enviada.
También pide a la Intervención General del Estado que
aporte "cuanta información posea sobre la contratación
efectuada tras el acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de diciembre
de 2003, sobre procedimiento de imperiosa urgencia y gasto de 2
millones de dólares con despacho de abogados Pipper Runick de
Washintong".
El abogado murciano también hace constar en su escrito que en la
documentación tampoco están incorporados los informes de
los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, en
los que se pedían que se explicasen las razones de "imperiosa
urgencia" y que no fueron contestados.
"EVIDENTES INDICIOS". En su escrito, el abogado subraya que "se ha
producido un gasto público para destinar 2 millones de
dólares de diciembre de 2003, por el procedimiento opaco de
imperiosa urgencia, destinado realmente no a otra cosa que produjera
tanta prisa como a conseguir las firmas que le faltaban a Aznar para
promover su candidatura a la Medalla de Oro del Congreso de los EEUU,
una vez que había logrado la 'foto de las Azores'".
En su opinión, Aznar "sabía de lo ilícito de su
proceder al ocultar de la reseña del Consejo de Ministros este
acuerdo y utilizar el procedimiento de imperiosa urgencia".
Añade que en la documentación traducida aparece que una
de las facturas emitidas por la firma de abogados fue manipulada para
eliminar la referencia a la Medalla de Oro y pasar el control de la
Intervención del Estado.
Ello prueba, según Mazón, "no sólo la prueba de
intencionalidad del acto, sino pone de relieve un posible delito de
falsedad en documento oficial".
DILIGENCIAS PENDIENTES. El juez De Diego solicitó a principios
de junio al fiscal y a las acusaciones personadas que le remitiesen un
informe sobre las diligencias necesarias a practicar en la
instrucción, que arrancó tras una denuncia presentada en
julio de 2005 por Mazón.
El letrado denunció entonces que Aznar pagó 2,3 millones
de euros con fondos públicos los servicios del despacho de
abogados norteamericanos Piper Rudnick, que actuó como lobby
para la frustrada concesión de la medalla.
El escrito, que cita informaciones periodísticas de la "Cadena
Ser" y del diario "El País", afirma que "hubo
manipulación de facturas emitidas por los abogados
estadounidenses contratados, por el Gobierno del PP en diciembre, para
gestionar la concesión" de la citada medalla a Aznar, eliminando
por "orden de Aznar o de alguien bajo su dependencia", la referencia a
la medalla y a Aznar "para pasar el control de la Intervención
General del Estado".
Según Mazón, este gasto, que debería haber sido
"personal" o de "su grupo político", fue pagado "con fondos del
Presupuesto público". "El Consejo de Ministros no ocultó
este acuerdo, no facilitado en la reseña informativa;
recurrió al extraordinario procedimiento de 'imperiosa urgencia'
y se hicieron omitir las facturas originales enviadas por los abogados
estadounidenses y las referencias a la medalla y a Aznar, en prueba de
la mala fe con que actuó el anterior presidente y su equipo",
señala la querella.
LEVANTE, jue, 22/02/2007
Comunitat Valenciana DECLARACIÓN EN TORRENT
La juez mantiene los cargos contra el alcalde de Paiporta tras
interrogarle cuatro horas
El dirigente socialista niega que haya usado bienes y empleados
públicos para uso personal
Isabel Olmos, Torrent
La juez del juzgado de primera instancia e instrucción
número 5 de Torrent volverá a llamar a declarar al
alcalde de Paiporta, Bartomeu Bas, en calidad de imputado por los
supuestos delitos de prevaricación, malversación de
fondos públicos, falsedad documental y tráfico de
influencias tras escucharlo ayer durante más de cuatro horas. La
magistrada ya ha advertido al mandatario socialista que va a tener que
regresar a su despacho de nuevo para explicar algunas de las
circunstancias que le imputan.
En la querella presentada por PP y PAU, ambas formaciones acusan al
dirigente paiportino de realizar contrataciones y pagos irregulares en
el proyecto del Auditorio municipal y de la piscina cubierta,
falsificar certificaciones de obra, alterar documentos oficiales,
adoptar acuerdos con los que aumenta el endeudamiento municipal contra
el criterio del interventor, convocar de manera ilegal las plazas de
coordinadores municipales para personal de su confianza y utilizar
servicios municipales para cuestiones privadas. Sobre esta
última cuestión, la juez ha citado a declarar como
testigos la próxima semana a los integrantes de la brigada de
limpieza y de la de obras.
Durante el interrogatorio, Bas contestó a las preguntas de la
titular del juzgado y a las de su propio letrado, pero rechazó
hacer lo propio con las cien cuestiones preparadas por el portavoz del
PP y abogado de la acusación, Vicente Ibor, por «
motivos políticos. No obstante, este se las formuló para
que constara en la instrucción. El interrogatorio se produjo por
bloques temáticos, dada la gran cantidad de cuestiones
denunciadas. Una de las cuestiones abordadas en uno de los bloques fue
la contradicción entre los dos ascensores existentes en el
Auditori y los tres que se abonaron según una de las
certificaciones presente en el expediente. Bas negó la
existencia del pago de este tercer ascensor, así como
también que el hecho de que su hija trabaje en la empresas
encargada de una de estas obras haya influido en su
adjudicación.
El alcalde de Paiporta también afirmó que nunca ha
utilizado funcionarios o empleados municipales para usos personales en
horario laboral o fuera de él. A peguntas de la juez de si hace
falta un carpintero municipal en el Ayuntamiento de Paiporta y del
porqué de las continuas gratificaciones -en una de las
nóminas dicho empleado de confianza percibió 600.000
pesetas-, Bas respondió que ejerce de multiusos. Además
de oír al dirigente socialista, la magistrada había
citado también como testigo al ex secretario municipal
accidental y actual técnico de personal, Pedro Rajadel, quien
prestó también declaración durante cerca de otras
tres horas más sobre las polémicas plazas de coordinador.
El abogado Vicente Ibor manifestó ayer que tiene la
intención de llamar a declarar a más testigos, porque el
proceso está adquiriendo unas dimensiones que superan por mucho
lo que nos planteamos inicialmente con la querella, en implicados y en
delitos.
LEVANTE, dom, 07/01/2007 Comunitat Valenciana Regina Laguna
Parque Temático facturó a Terra Mítica unos
trabajos que no constan ni son de su competencia
El juez de Alicante investigará si hay relación con la
causa abierta
en Valencia por fraude fiscal para adjuntar estas actuaciones
La Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), empresa
denunciada recientemente por la Fiscalía tras investigar un
fraude fiscal a Hacienda, facturó a Terra Mítica por unos
trabajos en el parque de ocio de Benidorm que no constan o que no son
de su competencia al no entrar en su objeto social. Ambas empresas han
sido creadas por la Generalitat Valenciana con capital público.
Al menos esto es lo que se desprende de las denuncias anónimas
que llegaron a la Agencia Tributaria en mayo del año pasado y
que dieron lugar a una investigación por parte de la
Inspección Regional de Hacienda y de la Fiscalía de
Valencia, hasta terminar el pasado jueves 28 en una denuncia en un
juzgado de Alicante.
Las denuncias anónimas iban acompañadas por un grupo de
facturas que serán investigadas en Alicante para ver si tuvieran
relación con el caso de facturas falsas abierto en el juzgado de
instrucción número 3 de Valencia contra Terra
Mítica y otras 20 empresas, también por fraude fiscal a
Hacienda.
En estas denuncias, además, se hace mención a una
facturación con sobrecostes en la instalación de
determinadas atracciones del parque temático. Se trata de un
grupo de «facturas confusas que Parque Temático giraba a
Terra Mítica y que no tenían relación con el
objeto social» de esta primera empresa, explicaba la
Fiscalía de Valencia.
La Generalitat constituyó esta segunda empresa para la
preparación de la construcción de Terra Mítica,
como canalizaciones, viales. Posteriormente, amplió su objeto
social a la Ciudad de la Luz y al Palmeral de Elx. Ahora se dedica a la
promoción turística en la Comunitat Valenciana.
La Fiscalía insiste en que «Parque Temático se
constituyó para organizar la infraestructura del parque de ocio
Terra Mítica y las facturas no tenían sentido porque se
correspondían con unas obras en determinadas atracciones
referentes a su instalación». Además, añade,
«se trataba de facturas sueltas sin correlación ni
relación entre ellas».
Adjuntas al expediente. La Fiscalía de Valencia solicitó
hace dos meses a la Inspección Regional de Hacienda que
investigara estas facturas para ampliar la denuncia formulada en junio.
Pero el informe final de la Agencia Tributaria, presentado ante la
Fiscalía el pasado 21 de diciembre, no dice nada respecto a
estas facturas, simplemente «se adjuntan con el expediente y
punto», aclaran estas fuentes.
Por otro lado, la investigación de esas facturas podría
ser susceptible de su traslado a Valencia, para adjuntarlo a la causa
que instruye el juzgado de instrucción 3 en la Ciudad de la
Justicia por fraude en las obras de jardinería de Terra
Mítica, en caso de que tuvieran alguna relevancia en este
proceso.
Lo que «no se sabe es de dónde han salido ni si luego se
pusieron en el tráfico jurídico, sólo constan en
el expediente pero sin que hayan dado pie hasta ahora al inicio de una
investigación», añadían desde la
Fiscalía. Por ello, añaden las mismas fuentes, «no
hay ningún punto de conexión en principio entre este
expediente y el de Terra Mítica que hay abierto en Valencia, de
momento.».
Por otro lado, admitiendo que «desde el punto de vista
jurídico y tributario, no tienen ninguna relación»,
explican fuentes jurídicas, «desde el punto de vista
societario podrían estar relacionados ambos casos ya que Parque
Temático forma parte del accionariado de Terra Mítica
aunque con otro objeto social».
El fiscal anticorrupción de Valencia remitió a la
Fiscalía de Alicante la denuncia, resultado de seis meses de
investigación, contra Parque Temático y otras 10
empresas. Entre las denunciadas, figuran constructoras tan importantes
como el Grupo Cobra, Lubasa y otras imputadas en el caso por fraude en
Terra Mítica que se investiga en Valencia, como C3 Ingenieros y
AET Ingenieros.
Denuncias en Fiscalía y en el juzgado. El 21 de diciembre,
Hacienda remitió un informe ampliatorio de la denuncia
presentada en junio que se centra en la «sospecha de que las
obras que un grupo de empresas han estado realizando para Parque
Temático están sobrevaloradas». Además,
detecta una «irregularidad en relación a una
devolución de facturas a las propias empresas emisoras».
Ello se traduce en un informe de la Fiscalía que se remite a
Alicante, quien a su vez denuncia en el juzgado a un relación de
empresas por los delitos de falsedad documental, malversación de
caudales públicos y delito societario en relación al
ejercicio fiscal de 2001, ya que el ejercicio de 2000, también
investigado, ya ha prescrito.
Agencias, mié, 20/12/2006
El presidente del PP en Telde, en libertad con cargos por
malversación
Telde. El presidente del Partido Popular (PP) en Telde, José
Luis Sánchez González, detenido el lunes por el caso
Faycán, quedó ayer en libertad provisional con cargos de
malversación de caudales públicos y revelación de
secretos y una fianza de 80.000 euros, tras prestar declaración
judicial.
Sánchez negó haber cobrado comisiones ilegales,
según informó su abogado, Álvaro Campanario. El
letrado, que recurrirá la decisión judicial,
denunció la caza de brujas descarada que, en su opinión,
se lleva a cabo contra los presuntos implicados en el caso y
añadió que se les está deteniendo
únicamente porque pertenecen al PP . A juicio de Campanario, las
decisiones judiciales son políticas y lo único que buscan
es crear alarma social y contribuir al circo mediático que se ha
montado .
Además, subrayó que las medidas judiciales ya estaban
decididas de antemano. Por ello, anunció que recurrirá la
fianza y criticó la imputación por revelación de
secreto de sumario, algo que tachó de chiste . La
imputación por revelación de secreto obedece a que, al
parecer, Sánchez fue informado en plena investigación de
la trama de corrupción de que una edil del PP no tenía el
teléfono pinchado, cuando sí lo estaba, y el
erróneo recado del presidente del PP en Telde quedó
grabado.
obras en la sede De igual modo, calificó de chiste el cargo de
malversación a la vista de las cosas que vemos todos los
días en los medios de comunicación . El letrado
eludió confirmar si Sánchez fue interrogado por unas
obras en la sede del partido en el municipio.
Por otra parte, la fiscal anticorrupción de Santa Cruz de
Tenerife, María Farnés, presentó ayer en el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una querella contra el
alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, de Coalición
Canaria (CC) por irregularidades en urbanísticas en la playa de
Las Teresitas. El expediente hace referencia a una denuncia por las
plusvalías de 120 millones obtenidas por un grupo de empresarios
por la compra de unos terrenos, parte de los cuales fueron vendidos
después al Ayuntamiento, que recalificó como urbano el
resto.
LA NUEVA ESPAÑA, mié, 08/11/2006
El ex secretario de Grandas de Salime pacta devolver 188.000 euros al
Ayuntamiento
Medero se librará del ingreso en prisión al aceptar el
Consistorio una negociación, que está pendiente del
informe del Tribunal de Cuentas
Grandas de Salime, R. L. M.
El «caso Medero» podría quedar resuelto en los
próximos meses. El Ayuntamiento de Grandas de Salime ha aceptado
la negociación propuesta por el abogado defensor del ex
secretario, Manuel Medero Corsino, que sustrajo una suma de 188.000
euros durante el período de gobierno de José Cachafeiro
(PP).
Medero, a través de su abogado, propuso el pasado mes de junio
al Ayuntamiento de Grandas de Salime la posibilidad de llegar a un
acuerdo entre las partes, mediante el cual el secretario
devolvería al Consistorio grandalés la cantidad de dinero
sustraída, a cambio de dar por zanjado el procedimiento judicial
que podría desembocar en un ingreso en prisión del
acusado. Durante estos cinco meses el Ayuntamiento de Grandas de Salime
no ha querido pronunciarse, pero ha valorado la propuesta y ahora ha
dado el visto bueno a la negociación.
Según confirmó el alcalde de Grandas de Salime, el
socialista Eustaquio Revilla, «a nosotros lo que nos interesa es
que ese dinero vuelva al Ayuntamiento, de donde nunca debió
salir. Y no embarcarnos en un proceso judicial que acarrea costes y
puede durar varios años».
El acuerdo, avalado por las partes, obliga a Medero a devolver el
dinero sustraído al Ayuntamiento de Grandas de Salime más
los intereses de la suma desde el año en que fue
sustraído de las arcas municipales. Además, el ex
secretario grandalés también deberá hacerse cargo
de los costes derivados del proceso judicial iniciado. El total de la
suma que Medero debe ingresar a cuenta del Ayuntamiento de Grandas de
Salime se derivará del cálculo que estime el Tribunal de
Cuentas, que ya está trabajando sobre el caso.
Revilla, alcalde de Grandas de Salime, explicó a LA NUEVA
ESPAÑA que «el pago se hará de inmediato
después de recibir el informe del Tribunal de Cuentas y en un
único plazo».
El Ayuntamiento confía en que el proceso quede resuelto con la
mayor antelación posible y que el dinero sustraído por
Medero vuelva a las arcas del Ayuntamiento para revertir en el
bienestar de los ciudadanos del concejo.
El proceso judicial del «caso Medero» se viene retrasando
desde 2002, año en el que se produjeron los hechos, debido a las
continuas alegaciones presentadas por el abogado defensor del imputado.
El pasado 7 de marzo el titular del Juzgado de Castropol informó
de la apertura del caso y de que sería un tribunal popular quien
juzgaría al ex secretario. Medero podría ser imputado por
78 delitos, según fuentes cercanas al caso, por lo que la
condena podría llegar hasta los ocho años de
prisión.
Objetivo, el dinero
La decisión del Ayuntamiento de Grandas de Salime deja al ex
secretario impune de la cárcel pero a cambio se garantiza la
vuelta a las arcas municipales del dinero sustraído en un plazo
de tiempo rápido. En el caso de que el funcionario ingresase en
prisión cabía la posibilidad de que su grado de
insolvencia fuera un obstáculo insalvable para que el
Consistorio grandalés recuperase el dinero sustraído de
las arcas municipales.
El alcalde de Grandas de Salime sigue culpando a los populares de la
malversación de fondos llevada a cabo por el ex secretario
municipal. «Le dieron demasiada confianza durante el anterior
gobierno a manos del señor Cachafeiro; por lo menos, nosotros
dentro del problema hemos llegado a un buen acuerdo que beneficia a
todos los ciudadanos del concejo», manifestó Revilla. El
regidor grandalés siempre ha sostenido que Medero utilizó
tres métodos para llevar a cabo el supuesto desfalco: «A
través de banca electrónica, mediante el cobro doble de
nóminas y a través de cheques al portador firmados por el
señor Cachafeiro y María José Pérez
Paz».
EL PAÍS, sáb, 28/10/2006 S. N. Alicante
La juez investiga el uso privado de móviles del Consistorio de
Orihuela
Los juzgados retoman la instrucción de la denuncia de la
Fiscalía Anticorrupción
La titular del Juzgado número 3 de Orihuela retomó ayer
la instrucción de una de las 15 causas secundarias de la
denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento de
Orihuela por ilegalidades en la gestión urbanística y
contable en el Consistorio. La juez investiga adjudicaciones ilegales
por parte del alcalde, José Manuel Medina, del PP, el uso de
móviles públicos por personal ajeno, y una
apropiación indebida del ex interventor.
La magistrada activó la instrucción de la causa por
malversación de caudales públicos de la denuncia general
de la Fiscalía Anticorrupción con el interrogatorio, en
calidad de testigo, del edil de Los Verdes, Monserrate Guillén.
En la declaración estuvo presente el titular de ese departamento
del ministerio público, Felipe Briones.
La juez también había citado, en este caso como imputado,
al ex interventor, José Manuel Espinosa. Éste, testigo de
cargo del fiscal, no compareció por motivos de salud. El
funcionario fue denunciado por el Consistorio tras admitir que se
apropió de 30.000 euros de las arcas públicas.
El concejal de Los Verdes ratificó ante la juez su anterior
declaración al fiscal. 'Está claro que el alcalde
adjudicó contratos millonarios de obras y servicios a empresas
de manera ilegal', dijo Monserrate. 'Algunas de las adjuraciones se
aprobaban cuando las obras o servicios ya estaban ejecutados, como es
el caso de la iluminación de las calles con motivo de la Navidad
de 2005', añadió. El concejal también mantuvo su
denuncia sobre el supuesto uso de los teléfonos móviles
del Ayuntamiento por personas ajenas a la Corporación. 'Tenemos
constancia de que, en algunos momentos, los teléfonos
públicos del Ayuntamiento han sido utilizado por personas
ajenas, es decir, distintas a concejales y funcionarios',
aseveró Monserrate.
A partir del lunes, día 6, los jueces iniciarán la
instrucción de otras cuatro causas de la denuncia de la
Fiscalía. En concreto, los magistrados practicarán
diligencias, la mayoría pruebas testificales -de acuerdo con la
propuesta del fiscal para esta primera fase de la investigación-
sobre las supuestas facturas falsas que presentó a cobro la
firma Necso, concesionaria del servicio de recogida de basuras. La
segunda causa hace referencia al pago, mediante decretos de la
alcaldía, de 8 plazas en aparcamiento privado de la
población para uso de los jueces. La tercera está
relacionada con los mandamientos de pagos. El ex interventor sostiene
que la ex edil Encarna Galiano abandonó el cargo sin justificar
mandamientos de pago por valor de 22.000 euros. Galiano fue edil en el
mandato de 1999-2003 y, en la actualidad, es asesora del área de
Infraestructuras del alcalde. El cuarto sumario hace referencia al
pago, también mediante decreto del alcalde, de una minuta de
6.000 euros a un abogado para un asunto ajeno al Ayuntamiento.
EL MUNDO, sáb, 21/10/2006, GABRIELA CORRAZO / E. C. L.
El juez dicta que el despido de Gelabert por sacar dinero de las arcas
está justificado
Avala que el Ayuntamiento despidiera a la recaudadora de Sineu tras
detectar que se habían evaporado 880.000 E de la cuenta que
controlaba Desvela que hay «incorrecciones» en su
gestión
PALMA.- El juez Juan Gabriel Álvarez, del Juzgado número
3 de lo social de Palma, dictó ayer la primera sentencia a favor
del Ayuntamiento de Sineu contra la ex recaudadora municipal a la que
se le acusa de presunta apropiación de 880.000 euros
públicos.
La primera vía del proceso se circunscribe al ámbito
laboral. EL juez ha dictaminado que el despido de Martina Gelabert fue
de todo punto procedente, afirmando con ello que las actuaciones del
Consistorio en el despido se ajustan a la ley.
Concretamente, la sentencia judicial señala en su
resolución que «desestimando la demanda promovida por
Doña Martina Gelabert Rebassa favorable al ayuntamiento de Sineu
sobre despido, se declara la procedencia del despido de la autora y se
absuelve a la demanda de la pretensión solicitada».
El abogado laboralista representante del Ayuntamiento, Antonio Mir
destacó que la sentencia desarrollada por el juez está
muy bien razonada y constata las dos faltas en las que incurrió
Gelabert como funcionaria del Ayuntamiento: no disponer de firma
autorizada ante la sucursal bancaria del Banco de Crédito Balear
(Es Crèdit) para retirar dinero y lo que el magistrado tilda de
«incorrecciones» cometidas a la hora de efectuar
liquidaciones.
Estos hechos vulneran la buena fe contractual en la relación
laboral y son causa justificada de despido en base a la
legislación laboral, apostilló Mir.
Si bien se trata de hechos concatenados que en diferentes
ámbitos de la justicia están siendo juzgados, una
sentencia no debe influir necesariamente en otra, pero seguramente los
fiscales y magistrados tomarán buena nota del fallo de
Álvarez.
No en vano, Gelabert goza de libertad bajo fianza por otra demanda
judicial por la vía penal (se le han llegado a imputar tres
delitos: malversación de caudales públicos, falsedad
documental y blanqueo de dinero) la sentencia de ayer podría
quedar aportada como prueba complementaria.
Por su parte, el alcalde de Sineu Josep Oliver Amengual,
señaló que esta sentencia da a los actuales funcionarios
una seguridad y sienta unas bases en su ámbito laboral.
Durante los testimonios recabados para este juicio desarrollado en la
sede de lo laboral, Martina Gelabert reconoció efectuar retiros
de dinero de la cuenta de Es Crèdit sin tener firma autorizada
en la cartulina del banco. En su defensa esgrimió tener
autorización de «los alcaldes», para efectuar dichos
retiros, lo cual fue negado por los tres primeros ediles que ocuparon
el sillón consistorial mientras Gelabert ejerció como
recaudadora. También admitió utilizar el dinero del
Ayuntamiento para pagar impuestos de algunos vecinos por adelantado.
Representantes de la entidad bancaria reconocieron que Gelabert no
tenía firma autorizada, si bien esgrimieron que obraba en su
poder un certificado que la identificaba como la recaudadora municipal.
Una circunstancia que el juez no ha considerado suficiente como para
acreditar que estaba autorizada para operar con la cuenta bancaria
pública de la que se evaporaron 880.000 euros entre 1991 y 2005.
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