Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, por nuestro Fax: 902998379

Diligencias Previas 63/2014-10 (GOWEX), rogando acuse por nuestro Tel.: 902998352 con enlaces en www.cita.es/gowex-pedraz y www.miguelgallardo.es/gowex-pedraz.pdf 

Hemos tenido conocimiento del auto de fecha 10.7.14 por el que se inician estas actuaciones en el que se hace referencia al escrito de la misma fecha nº 3319 de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se menciona ni en ese auto ni en ninguno de los posteriores a los que hemos tenido acceso, ni en ninguna noticia publicada que hayamos encontrado, a ninguna institución de derecho público ni a ningún funcionario público presuntamente responsable de lo ocurrido en Gowex, pese a que recibió créditos del ICO además de subvenciones y ayudas públicas.

Como bien saben varios fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, desde hace años sostenemos que funcionarios públicos de la Universidad Politécnica de Madrid UPM han interferido y pervertido numerosos negocios relacionados con tecnologías cometiendo presuntos delitos como la Administración. Un caso descarado e impune es el de la trama SAGA-SGAE-SDAE con la empresa Microgénesis gerenciada por un funcionario con supuesta dedicación completa en la Universidad Politécnica de Madrid UPM que consiguió subvenciones y ayudas públicas que nadie parece interesado en investigar. Nos remitimos a los documentos publicados en Internet

Hiperenlaces en www.cita.es/querella-sgae y www.miguelgallardo.es/querella-sgae.pdf 

recurso publicado en www.cita.es/reforma-sgae y www.miguelgallardo.es/reforma-sgae.pdf 

apelación en www.cita.es/apela-sgae y www.miguelgallardo.es/apela-sgae.pdf 

impugnaciones en www.cita.es/impugna-sgae y www.miguelgallardo.es/impugna-sgae.pdf

HECHO NUEVO en www.cita.es/hecho-sgae y www.miguelgallardo.es/hecho-sgae.pdf 

Las relaciones entre GOWEX (GOW-MAB, ALGOW-NYSE Euronext) y la UPM son complejas pero pueden evidenciarse buscando UPM en gowex.com (al menos 15 resultados) y dualmente GOWEX en upm.es (al menos 113 resultados), siendo de especial interés el “consorcio del intercambiador de Moncloa” y los proyectos ROCKET (responsables Jorge Emiliano Pérez Martínez, Antolín Moral Caballero y Arturo Vergara Pardillo), ESMESEC (José Manuel Riera Salís) e IDESPEC, todos ellos referenciados con precisión y jactancia por la UPM.

La interpretación de esos datos puede tener, y en nuestra opinión no puede dejar de tener, relevancia penal, porque el “modus operandi” de numerosos funcionarios de la UPM al relacionarse con empresas como Gowex evidencia una extraordinaria capacidad para obtener créditos oficiales ICO, subvenciones y ayudas nacionales, europeas e iberoamericanas para proyectos muy generosamente financiados que rara vez son controlados eficazmente. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas conoce bien ese “modus operandi” en la UPM, al menos, por los informes de fiscalización de la UPM y entidades dependientes publicados por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, publicados muchos años después de producido el hecho.

Aunque puedan parecer DELITOS COMPLEJOS”, el “modus operandi” es simple. Una empresa como Gowex, o PESCANOVA, o una entidad como la SGAE, se relacionan con los cargos de dirección de la UPM para acordar la participación en proyectos que simulan una actividad económica relacionada con tecnologías más o menos complejas consiguiendo créditos oficiales, subvenciones y ayudas con el aval de catedráticos de universidad supuestos expertos en cada materia. Sin embargo, los proyectos son fraudulentos y ruinosos. El resultado final es que las empresas se endeudan, los recursos públicos se dilapidan, y los funcionarios se enriquecen con sobresueldos o mediante otras empresas que administran ilegalmente.

Es público y notorio que en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la UPM la empresa Gowex ha establecido numerosos contactos, siendo documentables, al menos, los proyectos en los que participan Jorge Emiliano Pérez Martínez, Antolín Moral Caballero, Arturo Vergara Pardillo y José Manuel Riera Salís pero muy probablemente haya muchos más funcionarios del rectorado y varios vicerrectorados de la UPM muy implicados.

En especial, el actual vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM, Narciso García Santos y el funcionario Carlos Muñoz Pérez son supuestos expertos en tecnologías que fueron de interés para Gowex, y ambos administran SICAV denominada JERIGONDOR SICAV, SA que ha estado gestionada por banca suiza (Credit Suisse), y también por la banca andorrana (Credit Andorra), como puede comprobarse en los registros de www.cnmv.es Tal vez entre los inversores de JERIGONDOR SICAV puedan encontrarse testigos o imputables en esta causa.

Esta más que sospechosa SICAV JERIGONDOR ya ha sido denunciada a la Fiscalía de Madrid porque aunque nada impide a los funcionarios invertir en una SICAV, es absolutamente inaceptable e indicio de lo peor, que además, la administren mientras ocupan cargos de dirección tan relevantes como el de vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM. Se adjunta denuncia en www.cita.es/moix-upm y www.miguelgallardo.es/moix-upm.pdf 

Ignoramos el estado en el que se encuentran las actuaciones, pero en todo caso, instamos a que se oficie a la Universidad Politécnica de Madrid UPM, con domicilio en Av. Ramiro de Maeztu s/n 28040 Madrid, Tel. 913366000 (centralita) requiriendo que aporte copia, preferentemente en formato digital DVD, de toda la documentación que relacione a la UPM, o a sus empleados, con Gowex o con cualquiera de las entidades dependientes de la misma o de cualquiera de los imputados en esta causa.

Estamos estudiando la posibilidad de presentar querella para personarnos como acusación, pero mientras solicitamos cuanta información pueda ser relevante para acusar a empleados públicos por obtener beneficios indebidos para sí, o para otros, como indicio de presuntos delitos para la administración, o bien sancionables como faltas muy graves tipificadas en el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público. En todo caso, denunciamos los hechos y nos hacemos responsables de todos los indicios ofreciendo las explicaciones a nuestro alcance si se nos requiere para ratificar esta denuncia. Únicamente solicitamos cuanto podamos conocer como interesados no personados como parte, por el Reglamento 1/2005 del CGPJ (aspectos accesorios), art. 235 LOPJ y arts. 24, 105 y 120 de la Constitución Española.

Por ser justo, lo pido en Madrid, a 28 de abril de 2015, desde www.cita.es/gowex-pedraz

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito en informática, teléfonos móviles, criptología y acústica forense en su propio nombre y derecho y también como Administrador Único de la empresa de servicios Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992, www.twitter.com/@miguelencita y @APEDANICA 

www.cita.es Tel. 902998352 (atención permanente) fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es

Se adjunta denuncia ya enviada a las Fiscalía de Madrid, Anticorrupción y Tribunal de Cuentas


Manuel Moix en Fiscalía de Madrid con copia a Anticorrupción y Tribunal de Cuentas denuncia por enlaces en www.cita.es/moix-upm y www.miguelgallardo.es/moix-upm.pdf 

Siguiendo recomendación y consejo de un diputado nacional, adjunto los documentos ya enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV sobre una extremadamente sospechosa SICAV llamada JERIGONDOR SICAV, SA, en la que ostentan cargos funcionarios públicos con supuesta dedicación completa y cargos de dirección en la Universidad Politécnica de Madrid UPM como es el caso del presidente y consejero delegado, Narciso García Santos, actual vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM. La documentación adjunta resulta especialmente indiciaria si se conocen antecedentes de empresas ilegales como Universidad Politécnica de Madrid, Limited Liability Company (UPM LLC), registrada en Austin, Texas, Estados Unidos, sobre cuyos títulos y negocios nadie parece ser competente, pudiendo señalar concretamente al Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González Soler por su más que presunta ignorancia deliberada al respecto. Tampoco ha propuesto la más mínima actividad probatoria, ni siguiera requiriendo contabilidad de titularidad pública, sobre una Sociedad para Capital Riesgo de la UPM llamada AXON que se jacta de haber recibido de la Agencia Financiera de la Comunidad de Madrid 3 millones de euros sobre los que no ha sido posible obtener más información, ni explicación alguna, que la publicitada por la misma AXON.

Los “DELITOS COMPLEJOS” que presuntamente se cometen en la UPM desde hace tiempo tienen un “modus operandi” relativamente simple. La institución soporta gastos de todo tipo mientras que los ingresos se desvían a empresas controladas por funcionarios públicos o fundaciones que no son fiscalizadas por la Cámara de Cuentas. Por ejemplo, si UPM LLC vende cursos y títulos utilizando unos contenidos y aplicaciones para la formación a distancia en EEUU, estos gastos se financian con fondos públicos, como el escandaloso caso detectado por la Cámara de Cuentas de Madrid en su “INFORME DE LA FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y DE SUS ENTIDADES DEPENDIENTES, ejercicio 2008”, disponible íntegro en formato PDF publicado en Internet http://www.madrid.org/camaradecuentas/attachments/160_Informe%20Universidad%20Politecnica.300611.pdf 

y ya denunciado, pero todavía no bien investigado, en www.miguelgallardo.es/licitante.pdf 

Para investigar los ingresos presuntamente ilícitos de la SICAV de la que es presidente y consejero delegado el actual vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM hay que tener en cuenta que, además de acuerdos en varios países iberoamericanos con entidades nada controlables ni fiscalizables desde España, en estos momentos la UPM sostiene, entre otros, 2 campus en China (Pekín y Shanghai), y el departamento del vicerrector en la ETSI de Telecomunicaciones, desde 2008, ha facilitado la obtención de títulos de la UPM, al menos, a 18 estudiantes chinos de 5 instituciones chinas distintas, en relaciones internacionales académicas que dependen, precisamente, del vicerrector que administra JERIGONDOR SICAV, sin que exista el menor control contable, ni información mínimamente detallada, ni sobre los títulos emitidos, ni sobre los proyectos financiados con fondos públicos o sobre la actividad de los empleados públicos que trabajan en Relaciones Internacionales de la UPM. En el directorio de la UPM aparecen, al menos, 3 adjuntos al vicerrector (para Asia, Latinoamérica y Europa), un director para cooperación internacional, 9 jefas de servicio y un número indeterminable de técnicos, secretarias e incluso personal contratado dedicado a artes gráficas o traducciones, de tal manera que la UPM paga por trabajos que acaban siendo muy rentables y enriquecedores para empresas o fundaciones fuera de cualquier control contable e imposibles de fiscalizar. Acaban suponiendo un enriquecimiento ilícito para los altos cargos de la UPM, en una SICAV.

JERIGONDOR SICAV ha estado gestionada por banca suiza (Credit Suisse), y también por la banca andorrana (Credit Andorra), como puede comprobarse en el registro de www.cnmv.es 

Los sospechosos antecedentes de las Relaciones Internacionales de la UPM son bien conocidos por la Secretaria de Estado de Investigación Carmen Vela y también por el Secretario de Estado para Iberoamérica Jesús Gracia, porque la UPM siempre ha sido la gran beneficiaria del programa CYTED. Hasta 2011, la UPM participó, al menos, en proyectos por valor de 24 millones de dólares que desglosamos y referenciamos en hojas Excel publicadas en Internet https://docs.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZYThiYmIwNGUtZThjZS00YjBhLTgwMzktNzkxZWM1N2UzMmEw/edit 

El programa CYTED ha estado dirigido por otro ex vicerrector de la UPM, Fernando Aldana Mayor (quien por cierto, también fue consejero de Caja Madrid), cuyos abusos en viajes pagados para familiares y amigos, incluso a países que no forman parte de CYTED, alquilando lujosas limusinas, alojándose en los mejores hoteles, y volando en clase BUSINESS, han sido ignorados por el Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González Soler.

Sobre títulos falsos, o fraudulentos, de la UPM, basta leer noticias de EL PAÍS, ABC y LA RAZÓN para comprender que, desde hace muchos años, se han emitido sin ningún control para la influencia y el enriquecimiento personal, particular y privado, de funcionarios de la UPM.

No hace falta mucha Criminología, ni grandes conocimientos económicos, para comprender que estos hechos, ampliamente conocidos entre miles de funcionarios, y que no solamente se toleran, sino que se presume de ellos, más allá de la impunidad, en actos y dichos de jactancia, de tal manera, que parece que el funcionario de la UPM que no hace negocios es inferior y tiene menos mérito, que los empleados públicos que tienen varias empresas. No son casos aislados porque en algunas especialidades y categorías, el porcentaje de funcionarios empresarios que defraudan en su dedicación, supuestamente completa, a la función pública, es simplemente escandaloso y evidencia la complicidad del rector con tal práctica, generalizada en la UPM.

Al menos 21 de los 42 catedráticos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura ETSAM que hemos buscado en el registro mercantil tienen cargos que son incompatibles con la dedicación completa a la docencia e investigación en la universidad pública UPM, según se ve en https://drive.google.com/folderview?id=0B1ZHFSuthmJvR01HdEFLNHVfd1E&usp=sharing

o en el enlace acortado goo.gl/kANAiu 

Esta generalizada práctica se entiende mejor aún si se conoce la actividad del vicerrector de alumnos de la UPM, que al mismo tiempo que ejercía tal cargo de dirección, ha administrado una empresa con la que facturaba servicios de arquitectura a otras universidades. Ni se ha molestado en contestar al escrito que se le dirigió el 12.10.14, con hiperenlaces, aquí muy relevantes, en www.cita.es/garcia-grinda  y  www.miguelgallardo.es/garcia-grinda.pdf

El rector Carlos Conde Lázaro, desde hace mucho tiempo, conoce perfectamente estas actividades empresariales de numerosos funcionarios públicos de la UPM, y al menos los dos vicerrectores ya mencionados como cargos de confianza suya, que dependen disciplinariamente de él, y de nadie más que de él. Deliberadamente decide no sancionar nada más que a quien pretende depurar pero ampara y protege a quienes ocupan cargos de dirección en la UPM al mismo tiempo que administran empresas en descarado conflicto de intereses realizando una competencia desleal que envilece sectores enteros claves para la economía. Antes al contrario, lo que hace es utilizar los servicios jurídicos para demandar 300.000 euros y denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos por derechos personales de sus protegidos. Actualmente está imputado por ello el letrado de la UPM Juan Manuel del Valle Pascual, según puede verse en el video de su comparecencia, en www.cita.es/informe-jmv 

Incluso si la incompatibilidad y el conflicto de intereses en empresas privadas de funcionarios públicos no fuera indicio racional de corrupción tipificable como delito contra la Administración, la Sentencia del Tribunal Supremo STS 674/1998, de 9 de junio, dice “...ha de recordarse que la sentencia de esta Sala de 2 de Julio de 1997, recogiendo lo ya expresado por las sentencias de 28 de Octubre de 1993, 29 de Octubre de 1994 y 27 de Diciembre de 1995, así como por el acuerdo de unificación de criterios adoptado por el Pleno en su reunión del 30 de Junio de 1997, estima que cabe incurrir en responsabilidad por prevaricación en comisión por omisión, cuando es imperativo realizar una determinada actuación administrativa, y su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación”. Si el rector conoce y permite los negocios de cargos de dirección de la UPM, no solamente incurre en esa responsabilidad, sino que existen claros indicios de que participa en los beneficios de los negocios que, cuando van bien, son siempre privados, pero cuando van mal, la institución se hace cargo de las pérdidas y los problemas, incluso presentando querellas contra empresas como ISOFOTON o la Autoridad de Certificación ANF www.anf.es de manera que para garantizar el cobro de sobresueldos y proteger sus negocios, los funcionarios también utilizan los servicios jurídicos de la institución gratuitamente.

Hasta ahora, todos los fiscales a los que se ha informado de tan extraños y sospechosos negocios de funcionarios de la UPM han evitado a toda costa practicar cualquier diligencia eficaz para evidenciar el enriquecimiento ilícito, por muy escandalosos que fueran los indicios.

Pero el hecho de que funcionarios públicos, que siempre han presumido de haberse dedicado por completo a su función pública, investigadora o docente, controlen y administren una SICAV como JERIGONDOR SICAV puede ser difícil de explicar hasta para los fiscales que tienen a sus hijos muy bien tratados en la UPM, o al cónyuge como profesor titular mientras controla la información más sensible y operativa de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid. Parece que muchos fiscales no son capaces de superar la falacia de que, como la incompatibilidad no es delito, los incompatibles nunca delinquen y por lo tanto, cualquier investigación que se haga sobre cualquier incompatible es ilegal. Antes al contrario, es mucho más cierto que tan lucrativa incompatibilidad es un claro indicio de múltiples delitos contra la Administración en la UPM, de los que ya conoce otros muchos indicios más la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Demasiados.

Por lo expuesto, solicito pronto acuse de recibo de esta denuncia y documentación adjunta enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV, reservándome el derecho a interponer otras denuncias, o querella criminal, incluso por el art. 408 del Código Penal.

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito en informática, teléfonos móviles, criptología y acústica forense en su propio nombre y derecho y también como Administrador Único de la empresa de servicios Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992, www.twitter.com/@miguelencita y @APEDANICA 

www.cita.es Tel. 902998352 (atención permanente) fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es

Se adjunta la documentación, ya enviada a la CNMV, en las 3 páginas siguientes


Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV Dª Elvira Rodríguez, por hiperenlaces en www.cita.es/cnmv-upm y www.miguelgallardo.es/cnmv-upm.pdf

El presidente y consejero delegado de JERIGONDOR SICAV SA es el actual vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid UPM y por lo que parece, Narciso García Santos no es el único funcionario público de la UPM con cargos mercantiles reconocidos y entendemos que (muy mal) supervisados por la CNMV.

Este hecho, fácilmente comprobable en los archivos de www.cnmv.es es un indicio más de otras muchas irregularidades que funcionarios de la UPM acumulan en extrañas sociedades mercantiles desde hace años bien conocidas por la CNMV. Los inspectores de las entidades de Capital Riesgo recordarán la más que sospechosa historia de la SGECR AXON.

Considerando los antecedentes de JERIGONDOR SICAV y AXON, preguntamos a la CNMV:

1º ¿Es legal que un funcionario público ostente cargo mercantil reconocido en la CNMV?

2º ¿Cuántos funcionarios a los que también se supone dedicación exclusiva a su función pública tienen cargos en otras sociedades mercantiles registradas en la CNMV?

Son muy serios y graves los riesgos de mezclar función pública y negocios privados, o peor aún, utilizar recursos públicos para lucro privado prevaliéndose de la condición de empleado público, tanto si esa condición es conocida por la CNMV, como si no. Estamos estudiando acciones para ejercer derechos administrativos, civiles y penales que aclaren esta inaceptable situación.

Para la mejor información de la CNMV, adjuntamos escrito dirigido al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro que incluye otro enviado al rector Carlos Conde Lázaro y vicerrector de Relaciones Internacionales Narciso García Santos.

Por lo expuesto, a la CNMV solicitamos que abra un expediente para verificar la notoria dedicación a la función pública del vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid UPM, Narciso García Santos, actual consejero delegado de JERIGONDOR SICAV, y otros funcionarios públicos con cargos mercantiles reconocidos por la CNMV, actuando en consecuencia, a la mayor brevedad posible.

En Madrid, a 25 de marzo de 2015, solicitando pronto acuse de recibo.

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito en informática, teléfonos móviles, criptología y acústica forense en su propio nombre y derecho y también como Administrador Único de la empresa de servicios Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992, www.twitter.com/@miguelencita 

www.cita.es Tel. 902998352 (atención permanente) fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es

Con hiperenlaces en www.cita.es/cnmv-upm y www.miguelgallardo.es/cnmv-upm.pdf

Se adjuntan dos documentos disponibles en www.cita.es/montoro-upm


Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro por hiperenlaces en www.cita.es/montoro-upm y www.miguelgallardo.es/montoro-upm.pdf 

Como mejor proceda, ponemos en su conocimiento que el actual vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid UPM es consejero delegado de la empresa JERIGONDOR SICAV SA como puede comprobarse en www.cnmv.es

Hemos preguntado al rector de la UPM Carlos Conde Lázaro sobre cualquier posible relación de la UPM, como institución, con esa SICAV, y si su vicerrector tiene concedida la compatibilidad para ser su consejero delegado, y desde cuándo la tiene, según escrito que se adjunta.

La Universidad Politécnica de Madrid UPM ha sido accionista de una Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, a la que denunciamos al Tribunal de Cuentas como puede verse en www.miguelgallardo.es/axon.pdf (sin que ni la Fiscalía se diera por enterada de la gravedad de los hechos) y también ha sido partícipe de AIDIT, agencia de acreditación de I+D+i que emitía certificados con los que cientos de sociedades han conseguido desgravaciones fiscales y también bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social. Sugiero ver www.cita.es/sentencias

Además, su Secretario de Estado de AAPP, Antonio Beteta, fue Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Tal vez podrá explicar los 3 millones de euros de la Agencia Financiera de la CAM en AXON para que la UPM hiciera proyectos con BWIN en sistemas de juegos de apuestas en Internet, según se detalla y documentada en www.miguelgallardo.es/axon.pdf

Lo más grave es que funcionarios de la UPM le señalan a usted, personalmente, como principal responsable, no solamente porque usted mismo fue quien, como Ministro de Hacienda, propuso el Real Decreto 4/2004, sino que es una sospecha muy generalizada que primero “Montoro y asociados” y luego “Equipo Económico” han asesorado a empresas que se han beneficiado de presuntos fraudes de la certificación de I+D+i por la empresa AIDIT. De ser cierta cualquier relación con la UPM de “Montoro y asociados” o de “Equipo Económico”, o peor aún, de usted personalmente o algún colaborador suyo con AIDIT, AXON o JERIGONDOR SICAV SA, sería tan extremadamente grave que no encuentro palabras para calificarlo. En todo caso, SOLICITAMOS QUE SE INSPECCIONEN TODAS LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON LA UPM Y SUS CARGOS DE DIRECCIÓN, Y EN ESPECIAL, AIDIT, AXON Y JERIGONDOR.

Ruego pronto acuse de recibo, sin otro particular, atentamente.

   

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito en informática, teléfonos móviles, criptología y acústica forense en su propio nombre y derecho y también como Administrador Único de la empresa de servicios Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992, www.twitter.com/@miguelencita 

Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es con enlaces en www.cita.es/montoro-upm 

Se adjunta escrito ya enviado al rector Carlos Conde Lázaro y vicerrector de Relaciones Internacionales Narciso García Santos en www.cita.es/upm-sicav


Rector Carlos Conde Lázaro y vicerrector Narciso García Santos con hiperenlaces en www.cita.es/upm-sicav y www.miguelgallardo.es/upm-sicav.pdf

Es bien conocido en la UPM nuestro interés por el cumplimiento eficaz del art. 95 j) del Estatuto Básico del Empleado Público y la normativa sobre incompatibilidades, desde hace años. Hemos tenido conocimiento de que Narciso García Santos dirige una SICAV según puede verse en www.cnmv.es y con un muy curioso esquema en www.empresia.es/empresa/jerigondor-sicav

Preguntamos, aquí y ahora, al rector, y también al vicerrector más interesado, lo siguiente:

1º Si existe alguna autorización de compatibilidad específica para que el vicerrector Narciso García Santos ostente el cargo mercantil de consejero delegado de una SICAV

2º Considerando que, según parece, algún otro profesor aparece relacionado con esa SICAV, solicitamos información sobre cualquier interés o responsabilidad de la UPM que hubiera debido ser declarado en sus memorias e informes al claustro y consejo. Si ése fuera el caso, deseamos compararlo con el de la Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo AXON y con la empresa certificadora AIDIT, o diferenciarlos bien.

Debemos recordar aquí que, desde 2007, venimos denunciando a funcionarios públicos de la UPM que ostentan cargos mercantiles en sociedades limitadas SL o anónimas SA  como puede verse en www.cita.es/upm.pdf y www.miguelgallardo.es/inspectora.pdf contra funcionarios de la UPM que compiten deslealmente como empresarios, y también contra las empresas participadas por la UPM en www.miguelgallardo.es/axon.pdf y www.miguelgallardo.es/aidit.pdf sin que nunca hayamos recibido nada más que amenazas, denuncias y una demanda malversada por 300.000 euros por la que nos hemos querellado con el ahora imputado Juan Manuel del Valle Pascual según se ve, incluyendo video judicial, en www.cita.es/informe-jmv

Tampoco hemos recibido respuesta alguna del vicerrector, José Luis García Grinda a quien enviamos www.cita.es/garcia-grinda por lo que hemos iniciado algunas acciones y tenemos previstas otras que pasan por dejar constancia de que el rector Carlos Conde Lázaro conoce y tolera que sus vicerrectores ostenten cargos mercantiles, al menos, en dos casos.

Personalmente, he dado siempre todas las facilidades a quien ha querido hablar conmigo (de hecho, he conocido la SICAV del vicerrector Narciso García Santos por comentarios fiables), pero las amenazas, la prevaricación y la malversación, como ya las imputadas penalmente al inefable letrado Juan Manuel del Valle Pascual, cada vez las tolero menos. Por favor, que nadie confunda ni prejuzgue mis intenciones ni las de mi modestísima pero libérrima empresa, que considera que los negocios de funcionarios, además ilegales, son competencia. Entenderé el silencio como en casos anteriores, quedando mayor libertad para acusar penalmente al rector, tanto por acciones, como por omisiones injustas, a sabiendas de que lo son.

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito en informática, teléfonos móviles, criptología y acústica forense en su propio nombre y derecho y también como Administrador Único de la empresa de servicios Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992, www.twitter.com/@miguelencita 

Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es con enlaces en www.cita.es/upm-sicav