ESTAFAS Y apropiaciones
indebidas
Investigación y Prueba Pericial de la ESTAFA
ARQUITECTURA FORENSE INGENIERÍA FORENSE e INFORMÁTICA FORENSE
Perito JUDICIAL Miguel A. Gallardo, criminólogo e ingeniero EVIDENCIADOR con E-mail: miguel@cita.es
EVIDENCIAS FORENSES Tel 914743809 Móvil 619776475, E-mail: miguel@cita.es
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Para investigar una estafa, al igual que en las apropiaciones
indebidas, o las INSOLVENCIAS PUNIBLES es necesario conocer bien el engaño
y sus medios de prueba que admitan abogados fiscales jueces y magistrados (que casi nunca están de acuerdo entre sí sobre lo que es prueba necesaria y suficiente). La falsedad,
la mentira o las falacias más
hábilmente intencionadas y su MENTIROSCOPIA
aplicada al testimonio
controvertido deben ser probadas en procedimientos judiciales mediante
una
criminalística. La prueba del engaño debe basarse en
documentos, testimonios y pericias, siendo estas últimas
realizadas por expertos de reconocido prestigio con una
metodología riguosa y creíble. En cualquier caso, las
acusaciones para inculpar,
especialmente cuando existe la posibilidad de que se interpreten como denuncias falsas,
deben considerar muy cuidadosamente alguno de los
siguientes artículos del Código Penal, concretamente:
CAPÍTULO VI.
DE LAS DEFRAUDACIONES.
SECCIÓN 1. DE LAS ESTAFAS.
Artículo 248.
1. Cometen estafa los que, con
ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir
error en otro, induciéndolo a realizar un acto de
disposición en perjuicio propio o ajeno.
2. También se
consideran reos de estafa los que, con ánimo de lucro, y
valiéndose de alguna manipulación informática o
artificio semejante consigan la transferencia no consentida de
cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero.
3. La misma pena se
aplicará a los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o
facilitaren programas de ordenador específicamente destinados a
la comisión de las estafas previstas en este artículo.
Artículo 249.
Los reos de estafa
serán castigados con la pena de prisión de seis meses a
tres años, si la cuantía de lo defraudado excediere de
400 euros. Para la fijación de la pena se tendrá en
cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico
causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el
defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras
circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.
Artículo 250.
1. El delito de estafa
será castigado con las penas de prisión de uno a seis
años y multa de seis a doce meses, cuando:
Recaiga sobre cosas de primera
necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
Se realice con
simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal.
Se realice mediante cheque,
pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio.
Se perpetre abusando de firma
de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte,
algún proceso, expediente, protocolo o documento público
u oficial de cualquier clase.
Recaiga sobre bienes que
integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o
científico.
Revista especial gravedad,
atendiendo al valor de la defraudación, a la entidad del
perjuicio y a la situación económica en que deje a la
víctima o a su familia.
Se cometa abuso de las
relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o
aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.
2. Si concurrieran las
circunstancias 6 o 7 con la 1 del número anterior, se
impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho
años y multa de doce a veinticuatro meses.
Artículo 251.
Será castigado con la
pena de prisión de uno a cuatro años:
Quien, atribuyéndose
falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de
disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca,
bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a
otro, en perjuicio de éste o de tercero.
El que dispusiere de una cosa
mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la
misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o
enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al
adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero.
El que otorgare en perjuicio
de otro un contrato simulado.
Noticias
sobre ESTAFAS:
LA NUEVA ESPAÑA, 15/03/2009
Madoff: «Confieso que he estafado»
Fraude en Wall Street La declaración ante el juez muestra al
broker como un embaucador que calculó con precisión su
delito y convivió con la certeza de que llegaría a ser
detenido
Oviedo, José Luis SALINAS
«Sabía que lo que hacía estaba mal, incluso
penalmente. Cuando empecé con el fraude tenía la
esperanza de acabar pronto con él. Sin embargo, resultó
muy difícil y en los últimos años me fue
imposible». Así comenzaba el financiero estadounidense
Bernard L. Madoff, acusado de urdir durante años una estafa de
50.000 millones de dólares (unos 37.470 millones de euros), su
declaración ante el juez Danny Chen. Madoff se declaró,
durante su intervención en el Juzgado neoyorquino, culpable de
los once de los cargos de los que se le acusa, entre ellos fraude con
acciones, asesoría de inversión y en transferencias
bancarias, fraude postal, declaraciones falsas y perjurar.
«Mientras pasaban los años me di cuenta de que mi arresto
y mi juicio serían inevitables. Hoy estoy aquí para
aceptar la responsabilidad de mis delitos», señaló.
Entre su cartera de clientes figuran instituciones caritativas,
personalidades adineradas, universidades y bancos.
«Señor Madoff díganos lo que ha hecho», le
pidió el juez Danny Chen en cuanto el neoyorquino se
sentó en el banquillo de acusados de una de las salas del
Juzgado. Su explicación comenzó así: «Mi
fraude empezó a principios de la década de los 90. Por
esas fechas el país estaba en recesión y tenían un
problema de seguridad en sus mercados de inversiones. Sin embargo
comencé a recibir clientes que esperaban sacar rentabilidad
invirtiendo su dinero». En su declaración, el americano
explicó detalladamente cómo había diseñado
su estafa y aseguró sentirse «profundamente arrepentido y
avergonzado». «Soy terriblemente consciente de que he
herido a mucha gente, incluidos a los miembros de mi familia, mis
amigos más cercanos, mis socios de negocio y a miles de clientes
que me dieron su dinero», declaró el inversor americano,
de 70 años.
El mecanismo de la estafa era sencillo. Madoff, según
explicó, prometía a sus clientes cuidar de sus ahorros
invirtiéndolos en un falsa bolsa de acciones del índice
Standar & Poor's, en el que están incluidas las cien
empresas comerciales más grandes en función de su
capitalización. En cambio, el dinero que le confiaban sus
clientes iba directamente dirigido a una cuenta que el financiero
tenía en el banco Chase de Manhattan, ubicado frente a la sede
de la Reserva Federal. Allí amasó su fortuna y cuando
alguno de sus clientes le pedía retirar su dinero, echaba mano
de esta cuenta para devolvérselo. «Mis clientes
recibían de forma periódica documentos sobre el estado de
sus inversiones que se emitían desde mi oficina de Manhattan.
Con esos papeles en la mano no tenían forma de saber que nunca
había realizado las transferencias. Yo era el único que
sabía que estos papeles eran falsos», apuntó ante
el juez.
Para ocultar su fraude, Madoff falsificó nombres de clientes y
empleados y compró valores en mercados fuera de Estados Unidos.
Gracias a estas maniobras consiguió sortear durante años
los controles de la Comisión del Mercado de Valores americana,
cuyas siglas en inglés son SEC. Pero un día, a mediados
de los 90, la autoridad reguladora se presentó en la oficina del
inversor; querían revisar toda sus documentación. La
visita no pilló a Madoff de sorpresa, lo tenía todo
preparado. «Falsifique certificados e informe de
auditorías financieras. Cuando la SEC me mandó
testificar, a sabiendas de que estaba bajo juramento e incurría
en falso testimonio, expuse operaciones comerciales y declaraciones de
cuentas de clientes falsas», confesó el inversor.
El neoyorquino aseguró haber sido el único responsable
del fraude. Aseguró que el resto de los negocios englobados bajo
la firma Bernard L. Madoff, que estaban dirigidos por su hermano y sus
dos hijos, «eran legítimos, rentables y exitosos en todos
los sentidos».
Durante los últimos años el inversor uso también
otra vía para ocultar su fraude ante las autoridades.
Explicó: «Transfería parte del dinero de banco
Chase de Manhattan a una cuenta de una de las filiales de mi negocio
legítimo en Londres. Así logré apoyar en mi
declaración que había comprado y vendido acciones para
mis clientes en los mercados europeos». Y garantizó que
«los salarios de los trabajadores de mi negocio nunca fueron
financiados mediante las operaciones del lado ilegítimo de la
firma».
En cuanto Madoff terminó de explicar cómo montó su
estafa y de qué forma eludió todos los controles de las
autoridades, Danny Chen ordenó el ingreso inmediato en
prisión para el inversor, donde permanece desde el jueves. Todos
los cargos que se le imputan implican una condena de un máximo
de 150 años de cárcel. El juez dará a conocer el
próximo 16 de junio la sentencia.
LA VOZ DE GALICIA, 04/11/2008, López Penide
El ex presidente de los Jóvenes Empresarios, acusado de estafa
El fiscal solicitará este jueves dos años para
José Miguel Gil Mayoral en la
Audiencia
Este jueves el que fuera presidente de la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Pontevedra, José Miguel Gil
Mayoral, se sentará en el banquillo de los acusados de la
Audiencia Provincial por una supuesta estafa. El fiscal, en principio,
tiene previsto solicitar dos años de prisión.
Según relata el ministerio público en su escrito, el
encausado, actuando como administrador único de Valciño
Servicios Financieros S.L., otorgó escritura pública de
compraventa de unos terrenos ante una notaría cambadesa con un
matrimonio. Corría el mes de octubre del 2004 y por este
documento, según sostiene la acusación, les
transmitía la propiedad de cuatro fincas ubicadas en el lugar de
A Igrexa, en la parroquia sanxenxina de Nantes. Sin embargo, meses
más tarde, concretamente el 3 de febrero del 2005, todo parece
indicar que la entidad Valciño Servicios Financieros obtuvo un
préstamo hipotecario de 42.000 euros, siete millones de las
antiguas pesetas. En este punto, el fiscal mantiene la tesis de que
esta actuación se formalizó mediante una escritura
pública en una notaría de la ciudad de Pontevedra y
«en la cual se constaban en garantía del préstamo
las cuatro fincas anteriormente vendidas». Al parecer, el caso se
destapó debido al «incumplimiento por parte del acusado de
la obligación de pago derivada de la operación»
citada. Esta situación determino que la persona que
acordó el préstamo hipotecario con el encausado optase
por interponer una demanda ejecutiva. Tras acudir a la vía
judicial, el Juzgado de Primera Instancia optó por proceder
«a la traba de las fincas objeto de garantía, por lo que
en fecha 25 de enero del 2006 presenta demanda de tercería de
dominio» contra, entre otros, Gil Mayoral. En este punto, el
representante del ministerio público incide en que, en uno de
los expedientes judiciales abiertos, «el título de
propiedad que se presenta es el mismo que sirvió de base para el
otorgamiento del préstamo». Durante la jornada de ayer, La
Voz de Galicia intentó infructuosamente ponerse en contacto con
José Miguel Gil Mayoral para recabar su versión de lo
ocurrido.
EL MUNDO, 30/10/2008
El fiscal pide cuatro años para la esposa y la suegra del torero
'Jesulín' por estafa
CADIZ.- La Fiscalía ha solicitado cuatro años de
prisión por estafa para María José Campanario,
esposa del torero Jesulín de Ubrique, y 10 años para el
ex jefe de la Policía Local de Ubrique (Cádiz) Carlos
Carretero y el inspector médico Francisco Casto por la
obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad.
En el escrito de calificación provisional remitido al Juzgado de
Instrucción número 1 de Cádiz, aparecen 24
personas imputadas en el conocido como caso Karlos, nueve menos que las
que estaba inicialmente acusadas, informa Efe.
Según las diligencias previas, el ex jefe de la Policía
Local de Ubrique ideó un plan para beneficiarse
económicamente de forma ilícita a través de la
obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral o
invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para
personas a las que previamente captaba y a las que exigía
determinadas cantidades de dinero.
Entre los procesados se encuentran cuatro médicos y dos ex
policías locales, así como María José
Campanario y su madre, Remedios Torres, a quienes se acusa de un delito
de estafa y colaboración en un delito de falsedad, por los que
la Fiscalía reclama penas de cuatro años y seis meses.
Según el escrito, María José Campanario le
entregó 18.000 euros a Carlos Carretero para que su madre
lograra una pensión por incapacidad laboral, a pesar de que no
reunía los requisitos, porque ni siquiera trabajaba y ya
tenía reconocida una minusvalía sin derecho a
prestación.
EL NORTE DE CASTILLA, 29/10/2008, J. MORENO
Un cliente reclama 121.000 euros a un banco tras una estafa en Internet
Los autores fueron detenidos, pero el usuario sostiene que el Santander
no garantizó la seguridad
El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid
deberá resolver la demanda civil promovida por un cliente
vallisoletano del Banco Santander que fue víctima de una estafa
a través de una operación de 'phishing', o pesca
informática en Internet, por la que perdió 121.000 euros.
Los hechos ocurrieron entre el 25 y el 31 de julio del 2007 cuando el
cliente, que tenía dado de alta el servicio de banca
electrónica, procedió a realizar una operación
utilizando la página web del Santander. Según la demanda,
el reclamante entró en la página creyendo que estaba en
el espacio habilitado por el banco para sus clientes. Allí
comenzó a operar era una web falsa creada por un grupo de
estafadores, que fueron posteriormente luego localizados.
Mediante este supuesto portal, lograron hacerse con las claves y datos
personales para poder luego operar no sólo detrayendo diversas
cantidades, sino que incluso procedieron a vender un paquete de
acciones de una compañía.
Pese a que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
trataron de localizar la totalidad del dinero depositado en una cuenta,
ya habían desaparecido unos 121.000 euros. Tan sólo se
pudo recuperar cerca de 24.300 euros.
Ahora, el cliente reclama al Banco Santander la devolución de la
cantidad depositada, una circunstancia que rechaza la entidad
financiera que asegura que puso todas las medidas de seguridad
exigibles en ese momento.
Fuentes jurídicas destacaron ayer la novedad de este delito de
'estafa tecnológica' en Valladolid, por cuanto que es la
víctima afectada la que reclama a la entidad en la que
había depositado su confianza a la hora de operar mediante este
tipo de transacciones. De hecho el cliente llevaba operando con el
Santander cerca de 15 años.
La generalización de las operación por medio de Internet
ha servido para que los delincuentes informáticos empleen medios
sofisticados con los que obtienen rápidamente dinero sin el uso
de la fuerza ni la amenaza como es habitual en los atracos
clásicos a los bancos. Mediante el sistema empleado lanzan
cientos de pantallas simuladas y en algún momento alguien 'pica'
y comienza a operar pensando que está dentro de una web segura.
La vista oral por esta reclamación está prevista para el
28 de enero del 2009 después de que el procedimiento haya
sufrido varios retrasos por motivos ajenos a la Administración
de Justicia.
DIARIO DE NAVARRA, 25/10/2008
Detenido en Costa Rica acusado de presunta estafa de 18 millones
Natural de Santesteban y de 71 años, le buscaba un juzgado
guipuzcoano y la Policía Nacional le acusa además de
blanqueo de capitales
Un hombre de 71 años natural de Santesteban, Pedro José
Urrutia Urrutia, ha sido detenido en Costa Rica después de que
el Cuerpo Nacional de Policía le buscara por presunto blanqueo
de capitales y supuesta estafa de 18 millones de euros a cinco empresas
europeas, entre ellas una guipuzcoana, Indaux, de Getaria. Fue
arrestado en virtud de una orden de un juzgado de Azpeitia, que
investiga el presunto fraude. Urrutia ha sido condenado tres veces en
Barcelona por delitos de estafa y apropiación indebida, mientras
que en Mataró hay abierto un sumario contra él por una
causa de estafa. Lleva dos años viviendo en Costa Rica.
LA VOZ DE GALICIA, 24/10/2008, A. Mahía
Juzgan por estafa a un guardia civil que pedía dinero a cambio de pisos embargados
Un agente de la Guardia Civil podría enfrentarse a una condena
de tres años y medio de prisión como supuesto autor de un
delito continuado de estafa, por lo que será juzgado la
próxima semana en la Audiencia Provincial de A Coruña.
Los hechos se remontan al año 2005. El procesado, guardia civil
en ejercicio, contactaba con sus supuestas víctimas en distintas
cafeterías de A Coruña para sacarles importantes
cantidades de dinero ofreciéndoles a cambio, según el
fiscal, pisos o automóviles que iban a salir a subasta. Con el
pretexto de que tenía contactos en los juzgados, el imputado
prometía a las víctimas hacerse con propiedades por una
pequeña cantidad de dinero, lo que al final nunca
ocurría. Contactos por ser guardia A la primera de las
víctimas la conoció en una cafetería de la avenida
de Finisterre, en A Coruña. El guardia le propuso la compra de
una vivienda y de un coche procedentes de sendos embargos judiciales en
unas ventajosas condiciones económicas. «Le hizo creer, de
modo fraudulento, que por su cualidad de guardia civil mantenía
contactos con las oficinas judiciales, y que él podía
mediar a cambio de 1.730 euros como adelanto por sus gestiones»,
según sostiene la acusación pública.
«Similares artimañas empleó con otro hombre»,
al que conoció en la cafetería de la estación de
autobuses de A Coruña. Asegura el fiscal que el procesado le
mostró a esta nueva víctima su carné de guardia
civil y, alegando los contactos judiciales, «lo persuadió
para comprar unos vehículos que, según decía, se
encontraban en Málaga tras haber quebrado la empresa de leasing
a la que pertenecían. Así, consiguió que el hombre
le entregase 7.760 euros. También le propuso la compra de un
piso, pidiéndole como señal otros 3.000 euros.
Última víctima Por la misma época, contactó
con otro hombre. A este, según el escrito de calificación
fiscal, le propuso la compra de un piso en la exclusiva calle Juan
Flórez. A este le pidió como adelanto 1.400 euros. La
víctima le entregó el dinero y, como los anteriores,
nunca vio pisos, coches ni dinero alguno.
INFORMACIÓN, mié, 21/03/2007
La Fiscalía imputa a Dermoestética por presunta estafa en
las prótesis
La Fiscalía de Valencia ha imputado a Corporación
Dermoestética por un presunto delito de estafa continuada al
cobrar un precio superior al real en las prótesis mamarias que
implanta a sus pacientes. El Ministerio Público ha trasladado ya
a un juzgado penal la instrucción del caso tras la denuncia que
ha presentado el cirujano Jaume Serra, según confirmó la
televisión autonómica catalana TV3.
En la denuncia contra la clínica con sede social en Valencia se
constata que Dermoestética explicaba a las pacientes que les
implantarían unas prótesis de gama alta y en su lugar
colocaban unas de calidad y precio inferior. La dirección de la
firma valenciana, que sostiene no haber recibido ninguna
notificación judicial sobre la citada imputación, niega
en declaraciones a este diario los mencionados hechos y destaca que
«ha actuado siempre dentro de la legalidad y no ha habido ninguna
estafa a los clientes», explicó ayer una portavoz de la
clínica.
Además, la empresa indica que esta acusación ha sido
presentada por un ex trabajador -Jaume Serra prestó
servicios en clínicas de la entidad hasta mayo de 2006- al que
Dermoestética ha denunciado por «revelar secreto
profesional» y «quebrantar el sistema de protección
de datos de la empresa». Por otro lado, la dirección de la
clínicas recuerda, tal como indica la Sociedad Española
de Cirugía Estética, que es el cirujano y no la
clínica quien decide el modelo de prótesis mamarias que
se implanta a las pacientes. Sea como fuere, la fiscalía
también analiza otras denuncias contra Dermoestética en
Albacete y Castellón, cuyas clínicas pertenecen a la
misma dirección territorial que la de Valencia. Según
TV3, al menos dos pacientes supuestamente estafadas han expuesto sus
casos a la Conselleria de Sanidad.
Además, se nombró administraciones sociales a Fernando
P.V. y al citado vendedor, que en febrero de 1990 obtuvieron un
crédito hipotecario de 150 millones de pesetas para afrontar el
coste de las obras de rehabilitación del edificio y el desalojo
de los inquilinos.
El segundo de ellos cesó como administrador en mayo de 1990,
nombrándose entonces para el cargo al tercer acusado, aunque
según la sentencia éste no ejerció como tal, sino
que la gestión personal y única de la sociedad INMOPISA
quedó en manos de Fernando P.V..
Las obras se iniciaron y se consiguió el desalojo de todos los
inquilinos, llegándose a vender algunos de los elementos de la
futura construcción a dos personas, pero la sociedad no
consiguió hacer frente al préstamo hipotecario, lo que
provocó que la entidad bancaria acreedora ejecutase la hipoteca,
perdiendo así la propiedad el edificio. Finalmente, algunos de
los socios demandaron en 1992 a los implicados en el negocio debido a
supuestas irregularidades en la gestión de la sociedad.
EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA, mié, 21/03/2007, I. BRAVO
CACERES
Un empresario, condenado por estafa dos veces en tan solo tres
meses
EN MAYO DEL 2002 ENGAÑO A TRES EMPRESAS CON PAGARES SIN FONDOS A
los 3 años de prisión de la primera condena, suma ahora 3
y medio
Un empresario al que la Audiencia Provincial ya juzgó y
condenó a principios del pasado mes de enero por un delito de
estafa --pagó 41.886 euros por la compra de 50 terneros con
pagarés sin fondo--, ha vuelto a ser juzgado y condenado por
otro delito continuado de estafa. En esta ocasión abonó
con cheques sin fondo 14.358 euros por la compra de 14 añojos y
26.230 euros por la de 26 bovinos.
Así, a la condena de 3 años de prisión y el pago
de una multa de 2.730 euros, además del pago de una
indemnización de 41.886 euros al propietario del cebadero al que
estafó en la compra de los terneros, que la Audiencia impuso ya
en enero pasado a Sebastián Tardío Pozo, suma ahora
éste otra condena de 3 años y medio de prisión,
multa de 2.750 euros y el pago de 40.588 euros en indemnizaciones
(14.358 a la empresa a la que estafó en la compra de los 14
añojos y 26.230 euros a la que estafó en la compra de los
26 bovinos).
Los hechos por los que Sebastián Tardío fue juzgado el
pasado día 6 y ahora ha sido condenado --por los que se le
impuso la primera condena informó este diario en su
edición del pasado 9 de enero-- ocurrieron hace casi cinco
años. Fue en mayo del 2002 cuando, tras ganarse la confianza del
gerente de una cooperativa de cárnicas consiguió que le
permitieran llevarse 26 bovinos, por importe de 26.230,70 euros, tras
asegurar que los pagaría mediante un cheque, algo que no
llegó a hacer, pues en la cuenta no había fondos. La
misma operación la había realizado el día antes en
otra empresa con la compra de 14 añojos, por importe de
14.358,14 euros.
Por estos hechos, la Audiencia Provincial ha declarado a
Sebastián Tardío Pozo autor de un delito continuado de
estafa, por el que le impone una condena de 3 años, 6 meses y 1
día de prisión y 9 meses de multa a razón de 10
euros diarios (multa de 2.750 euros), además 40.558 euros en
indemnizaciones.
ALTO ARAGÓN, mié, 21/03/2007,
J.O.
El IASS denuncia una supuesta estafa a personas tuteladas por 200.000
euros
EL CASO YA ESTÁ EN EL JUZGADO El denunciado, un funcionario,
está expedientado y suspendido de empleo y
sueldo
HUESCA.- El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha
denunciado a un funcionario por una supuesta estafa a personas
tuteladas. Al parecer, prevaliéndose de su capacidad para
controlar bienes patrimoniales de estas personas se hizo con diversas
cantidades que suman unos 200.000 euros. El funcionario, en
situación de interinidad en la función pública,
está expedientado y suspendido de empleo y sueldo, según
indicó el director gerente del IASS, Javier Callau.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Huesca diligencia el caso, en el que ha intervenido la Fiscalía.
La supuesta estafa fue detectada por el IASS e “inmediatamente” fue
denunciada, indicó el director gerente. Además,
agregó el máximo responsable del instituto, se
pasó a adoptar medidas sancionadoras por la vía
administrativa al presunto responsable de estos hechos. “Obviamente
-dijo- dejó de tener contacto con las personas tuteladas en
cuanto tuvimos conocimiento de estos hechos”.
LEVANTE, vie, 16/03/2007El promotor del campo de golf y 800 viviendas
paralizadas en Teruel fue juzgado por estafa en IbizaEl promotor del
campo de golf y 800 viviendas paralizadas en Teruel fue juzgado por
estafa en Ibiza
Tres suministradoras de la construcción le acusaron de actuar
para impedirles el cobro de una deuda
El administrador único de la empresa con sede social en Siesta
(Baleares), Ciudades de Otoño, cuya propuesta de campo de golf y
800 viviendas en Aragón ha sido paralizada por la
administración por carecer de licencia y realizarse en suelo
rústico, fue juzgado en Ibiza el pasado 7 de febrero imputado
por las firmas afectadas por tres estafas e igual número de
delitos de alzamiento de bienes. La Fiscalía realizó una
petición de condena de dos años, al considerar que
sólo se ha producido un delito de alzamiento.
Tres empresas de suministros de la construcción denunciaron a
Vicente Bernardo Orts como gerente de la sociedad que construía
el residencial Isla Blanca, en Santa Eulària, acusándole
de realizar unas operaciones mercantiles encaminadas a impedirles el
cobro de los más de 240.000 euros que les debía.
Según los denunciantes, el acusado les ofreció como pago
la suscripción de hipotecas sobre unas parcelas del complejo que
todavía estaba por construir, un crédito que
cobrarían si la deuda no se cubría antes de 1999. Las
gestiones se realizaron ante una notaría de Valencia que,
según los afectados, tardó más de un año en
hacerles llegar copia de las escrituras. Ante esta tardanza, algunos de
los afectados intentaron inscribir las parcelas a su nombre en el
registro de la propiedad, momento en el que descubrieron que estas
habían sido vendidas por J.A.M., quien se había
convertido en administrador de la sociedad.
No actuó «de mala fe»
Por su parte, Vicente Bernardo Orts negó en todo momento haber
actuado
«de mala fe»
y resaltó que llegó a cubrir parte de la deuda con su
patrimonio personal.
Su defensa mostró su extrañeza porque los afectados
hubieran esperado meses o incluso años antes de intentar
inscribir las fincas a su nombre y que, al descubrir que no
podían hacerlo, tenían la posibilidad de reclamar otras
parcelas propiedad de la sociedad que no tenían cargas
pendientes ni habían sido transmitidas. El 4 de octubre del
pasado año la delegación de Hacienda en Ibiza
emitía una resolución por la que acordaba el embargo
preventivo a Promtec, de la que Orts es administrador único, de
un Hummer H2, un Mercedes CLS 500 y un Porsche Cayman S. Todo ello por
deudas de Residencial Illa Blanca, firma de la que también era
el máximo gestor.
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Perito JUDICIAL Miguel A. Gallardo, criminólogo e ingeniero
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