Sólo Maragall puede saber con exactitud lo que pensaba, y en qué pruebas se basaba, para afirmar que el problema de Convergencia i Unió "se llama tres por ciento ". Pero es muy lícito sospechar que él ya tenía contrastada esa cifra por varias fuentes, e incluso, es más que verosímil que alguien se la haya ofrecido a él, o alguno de sus más directos colaboradores, entre los que obviamente cabe señalar a Joaquim Nadal, durante los primeros meses de su mandato, probablemente con muy precisas referencias a lo que pueda haber, figuradamente, debajo de las alfombras de su propio despacho presidencial y de las de su Conseller de Obras Públicas (antes del horror de la línea 5 del Metro de Barcelona hubo un idilio en la línea 9 que todavía está pendiente de pago, y al mismo tiempo, se han hecho muchas otras obras subterráneas que permiten situar la verdad, la economía y el honor de cada empresa, y de cada técnico, funcionario o político que de alguna manera haya intervenido en ellas).

Si fuera así, ahora su dilema político y jurídico (tiene que afrontar una moción de censura y una querella presentada que podría ser admitida a trámite, y además, el Fiscal-Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunña ha abierto diligencias por sus declaraciones) no se limita a la dicotomía de aceptar o no pagos ilegales. Maragall tiene que decidir si revela o no lo que sabe (todo lo que sabe) de corrupción porque no ha bastado con retirar la frase, ni tampoco bastará con resistirse a rectificar, o a disculparse, para pasar por un extraño pasillo de eufemismos, distracciones y evasivas. Es necesario que se sepa públicamente todo lo que él sabía cuando dijo lo que dijo, caiga quien caiga, pague quien pague, y cobre quien cobre, antes, ahora, y en el futuro.

En la "Teoría de la Racionalidad Práctica", y en el estudio formalmente riguroso de la Ética, la corrupción puede ser analizada mediante modelos matemáticos. El más aceptado por los investigadores es el "Dilema del Prisionero", citado, por ejemplo, en la pág. 195 de "La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos" del Prof. Malem. Este dilema, en el caso de Maragall, puede plantearse formalmente como la búsqueda de la mejor decisión que se basa en la evaluación de los costes y beneficios de corromperse o no corromperse, pero también, y en otro plano mucho más trascendental, de denunciar más o menos eficazmente o no denunciar la corrupción, en ninguno de sus más que sospechosos casos. El dilema del prisionero permite valorar las posibles decisiones de los "prisioneros", y en este caso, de los "políticos" que pueden acusarse mutuamente, tanto desde su propio riesgo, perjuicio o beneficio, como desde el interés general. El dilema del prisionero puede generalizarse a una comisión de investigación parlamentaria, o a una instrucción judicial por presunta corrupción según se plantea en la pág. 15 y siguientes del trabajo titulado "Tiempo de `decidir decidir'. Metadecisiones y prospectiva" publicado en   http://www.cita.es/filosofar/metadecisiones.pdf

Lo peor para los perjudicados por el hundimiento del túnel del Carmel es que mientras los políticos se reprochan corrupciones, nadie hace un planteamiento racional, ni propone medidas compensatorias para los afectados. Parece ser que sólo les queda la vía de las medidas cautelares basadas en peritajes judiciales, según se plantea en http://www.cita.es/hundimiento

Pero existen fórmulas para que los responsables más solventes paguen por el horror urbanístico, y por todos los perjuicios causados a víctimas absolutamente inocentes. Es también decisión de los afectados y sus abogados empezar a señalar a los más responsables, por haber ganado más, haciendo mal una obra subterránea extremadamente sospechosa. La empresa cuyo Web mantiene esta página y yo, estamos a la disposición de quien quiera llegar al fondo y al trasfondo político, técnico y judicial, de lo ocurrido en el Carmel, y muy especialmente, del Fiscal-Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a quien ya hemos enviado un escrito con algunas ideas, y unas propuestas de actuaciones muy concretas, para la investigación del Ministerio Público.

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero de minas y criminólogo, E-mail: miguel@cita.es
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