COMISIÓN EUROPEA, DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (denuncias)

Dirección C: Derechos fundamentales y Ciudadanía, o la que sea más competente

Enlaces www.cita.es/demanda-malversada y www.miguelgallardo.es/demanda-malversada.pdf 

Considerando la CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (Art. 11 Libertad de expresión y de información y Art. 47 Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial) y el TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA (Art. 6) u otras normativas comunitarias de menor rango, como mejor proceda SE DENUNCIAN estos HECHOS:

1º En España, funcionarios y cargos públicos demandan grandes cantidades de dinero por su honor (que es siempre un derecho personal) utilizando servicios jurídicos institucionales. Hemos recopilado demandas firmadas por letrados funcionarios públicos que serían inconcebibles en cualquier otro país europeo, pero que en España impiden el ejercicio de la libertad de expresión y de información por los costes y los riesgos que asume quien ejerce ese derecho fundamental frente a quien demanda dinero por su honor personal, sin gastar ni arriesgar nada. Cargos públicos que demandan por su honor utilizando letrados institucionales, son, por ejemplo:

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, demandó por su honor personal 600.000 euros a varios periodistas de “Público” con la firma del subdirector general de lo Contencioso de su comunidad, Roberto Pérez Sánchez, según

https://docs.google.com/file/d/0B1ZHFSuthmJvelJ4bllFdkUxN1U/view 

María Dolores de Cospedal, presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha presentó la demanda por su honor (y el de su marido) contra Greenpeace firmada por la directora de los Servicios Jurídicos de su comunidad, Alicia Segovia, según

https://docs.google.com/file/d/0B1ZHFSuthmJvUFVQU2x0T18xckU/view 

José Ramón Bauzá Díaz, presidente de las Islas Baleares, demandó dinero a un representante sindical con la firma de la letrada de su comunidad, Antonia Perelló, según

https://docs.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVclN0MktCcDlQRTQ/view 

De otros muchos casos tenemos noticias, aunque no hemos conseguido las demandas.

http://www.rioja2.com/n-75347-2-Ortega_asegura_pagado_denuncias_contra_ella_dinero_publico

http://www.lne.es/gijon/2014/10/08/juzgado-tramita-querella-asesor-legal/1653107.html 

Algunos son tan llamativos como el de un directivo de TELEMADRID (ente público) en

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/01/10/telemadrid_pago_las_costas_del_juicio_hermann_tertsch_contra_wyoming_12136_1012.html

No se trata aquí de las palabras por las que los políticos se puedan sentir ofendidos, sino del uso indebido de recursos públicos para demandar dinero por su honor personal, como no tenemos noticia que pueda hacerse en ningún otro país europeo. La prevaricación y la malversación de caudales públicos que comprende el uso y abuso de recursos materiales y humanos, en especial, de los funcionarios letrados, ha sido denunciada penalmente en juzgados españoles en casos que afectan directamente a particulares y empresas, como puede verse en nuestro propio caso mediante la querella que mantenemos publicada en www.miguelgallardo.es/querella-jmv.pdf por una demanda por 300.000 euros contra nosotros en https://docs.google.com/file/d/0B9eENTQ38sJBMGZGUXdwa3lZQVE/view 

pero además, los funcionarios no solamente nos demandaron pidiendo 300.000 euros sino que también denunciaron a la Agencia Española de Protección de Datos solicitando 600.000 euros de sanción a Miguel Ángel Gallardo Ortiz y otros 600.000 euros a su empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA), SL de manera que durante varios años soportamos riesgos y gastos extremadamente injustos y actualmente. El secretario judicial, por cierto, también funcionario que compatibiliza su trabajo en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid con sus “sobresueldos” en una universidad privada (UDIMA) y el Centro de Estudios Financieros (CEF) muy relacionado con la entidad pública que nos demandó, pretende que, a pesar de haber ganado la sentencia que desestimó la demanda y condenó en costas a los funcionarios públicos y a la Universidad Politécnica de Madrid UPM (ente público), los abogados nos cobre mucho más dinero del que pagaron los demandantes como puede verse en detalles en las denuncias que mantenemos en www.miguelgallardo.es/compatibilidad-secretario.pdf 

Entendemos que la inseguridad jurídica que supone que cualquier cargo público pueda utilizar servicios jurídicos, letrados institucionales y procuradores de los tribunales gratis contra cualquier particular o empresa pidiendo cualquier cantidad que se les ocurra es una inseguridad jurídica y un atentado contra el derecho a la libertad de expresión y de información, porque los riesgos y los gastos amedrentan para que se autocensuren  quienes pueden publicar hechos relevantes de cargos y funcionarios públicos, pero no se atreven porque nada parece impedir que quienes se molesten por informaciones veraces o probadamente comprobadas como ciertas, con opiniones libres puedan arruinar a quien consideren oportuno, sin ningún límite ni control, y sin pagar nada, con la posibilidad de un enriquecimiento injusto si prosperan sus demandas por su honor personal.

Obviamente, los funcionarios y cargos públicos pueden defender su honor como cualquier otro ciudadano acudiendo a juzgados y tribunales, pero lo que se está permitiendo en España es una malversación de recursos públicos materiales y humanos (letrados y procuradores) de manera que si el demandante gana, puede hacer lo que considere oportuno con su indemnización, pero si pierde, realmente no pierde nada porque todas las costas, incluyendo las de sus contrarios, las paga el erario público.

Hemos podido saber que en otros países no ocurre nada parecido, y que si algún funcionario o cargo público demandase dinero por su honor personal utilizando recursos públicos, sería la Fiscalía o Ministerio Público quien le perseguiría de oficio con independencia de que su honor personal hubiera sido dañado o no. Sin embargo, en España existe una corrupción de segundo orden, porque nada hay más corrupto que utilizar a los funcionarios expertos en derecho público para beneficio propio, tanto en demandas por honor, como para reclamar herencias, o tramitar divorcios, o cualquier otro ejercicio de derechos personales utilizando recursos públicos abusando indebidamente.

Entendemos que esta injusta situación atenta contra lo dispuesto en la CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (Art. 11 Libertad de expresión y de información y Art. 47 Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial) porque los jueces no se muestran imparciales cuando representantes del Estado demandan por su honor personal porque simpatizan mucho más con el cargo o funcionario público demandante, que con el particular demandado. En el caso que hemos vivido, aunque la demanda fue desestimada, los videos de la audiencia previa y del juicio evidencian que, aunque la sentencia desestimó las pretensiones de los demandantes, el maltrato hacia el demandado fue ofensivo y humillante, Pero además, los costes de la defensa son ruinosos, de manera que aunque se desestimen esas demandas, los demandados tienen grandes perjuicios y un enorme desgaste personal durante años. Un caso muy claro es el del secretario judicial del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid a quien hemos tenido que denunciar por presunta prevaricación, y ampliar la denuncia por interferir judicialmente prevaliéndose personalmente de su condición y privilegios como puede verse con detalle en www.miguelgallardo.es/secretario-interfiere.pdf 

Sería una errónea simplificación considerar únicamente la economía de la demanda judicial malversada por funcionarios públicos contra particulares, porque no es solamente una cuestión de dinero, sino de Justicia, aunque las costas sean muy importantes. La asimetría y la desigualdad de trato es tan evidente, que cada caso en el que un funcionario o cargo público demanda dinero por su honor personal a un particular, se puede cuestionar la tutela judicial efectiva. De hecho, tan abusiva malversación debería ser perseguidas de oficio, y sin embargo, las resoluciones judiciales evitan entrar en el fondo del asunto y actuar en consecuencia, lo que perpetúa la aberración jurídica.

Los jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales tratan mucho mejor al funcionario o cargo público que demanda por su honor que a los demandados que pretenden ejercer su derecho de defensa frente a los abusos de letrados institucionales. En los 7 años que llevamos soportando resoluciones injustas ya hemos visto y escuchado todo tipo de resoluciones injustas que favorecen al funcionario o cargo público que demanda por su honor y perjudican al particular demandado, aunque gane la sentencia que desestima la demanda incluso con todas las costas, porque el sistema pervertido hace que sea ruinosa la defensa frente a las demandas que no cuestan nada a quien pide dinero por su honor.

En España es muy evidente que no somos todos iguales ante la Justicia, o al menos, ante la Administración de Justicia. No es una justificación en modo alguno, pero sí una explicación el hecho de que los funcionarios judiciales empatizan y se solidarizan mucho más con el funcionario o cargo público demandante, que con el particular demandado, que tiene grandes dificultades para ejercer los más elementales derechos procesales porque la tendencia general en juzgados y tribunales españoles es favorecer a los representantes de lo público, aunque estén defendiendo exclusivamente derechos puramente personales, particulares y privados frente a quien no ostenta ninguna condición de empleado público y se le hace pagar muy cara, de todas las maneras posibles la osadía de cuestionar o criticar a quien sí lo es. Quien aquí denuncia ha tenido que escuchar a una funcionaria expresiones como “no me extraña que te hayan demandado” cuando ha tenido que insistir en pedir una copia de un folio que no le daban.

No solamente deberían intervenir de oficio los jueces y los fiscales que tengan conocimiento de cualquier demanda malversada. Se supone que el Tribunal de Cuentas debería obligar a que las demandas por derechos personales, particulares y privados no fueran presentadas por letrados institucionales ni pagadas las costas con caudales públicos, pero sin embargo, los fiscales del Tribunal de Cuentas se niegan a considerar que incluso en los más escandalosos casos se enjuicie la contabilidad y se promueva el reintegro por alcance. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas sobre demandas malversadas con simplemente repugnantes por la descarada complicidad de los fiscales, letrados y consejeros de cuentas, en opinión de quien aquí denuncia. Vista la falta de calidad del enjuiciamiento contable en España, es explicable que las cuentas públicas hayan llevado a la situación en la que se encuentran, y que la Comisión Europea conoce.

Durante los 7 años de calvario judicial que llevamos hemos tratado de explicar a varios extranjeros, especialmente juristas, esta anacrónica y perversa realidad española. Les cuesta creer que algo así pueda ocurrir, y en todo caso, se preguntan y preguntan por qué los abogados de los demandados no denuncian el uso indebido de recursos públicos contra sus clientes. La explicación también es simple, porque los abogados de los demandados tienen como prioridad cobrar las costas, y no les suele importar ni lo más mínimo que sean pagadas con fondos públicos. Antes al contrario, poder ejecutar muy fácilmente las costas a una institución pública asegura su negocio jurídico, por lo que, pese a las quejas y protestas de sus propios clientes, son muy pocas las ocasiones en las que se denuncia la malversación de los demandantes y sus letrados institucionales.

El perverso caso del que somos víctimas de demandas y personaciones institucionales malversadas es un ejemplo lamentable de lo que puede ocurrir en cualquier momento en cualquier lugar de España donde el responsable de los servicios jurídicos de una institución pública pueda pedir la cantidad de dinero que considere oportuna a quien ejerza su derecho a la libertad de opinión y de información sin ningún coste para el demandante y ocasionando gravísimos perjuicios al demandado, incluso si la demanda es completamente desestimada. Los numerosos ejemplos que pueden encontrarse en las noticias judiciales evidencian la complicidad de los representantes del Ministerio Fiscal de España con los demandantes malversadores de servicios jurídicos institucionales.

Como se puede comprobar en las tres demandas por el honor de tres presidentes de comunidades autónomas, o en el caso particular sufrido por los aquí denunciantes, y en las múltiples y muy numerosas noticias publicadas en diversos medios de comunicación, las demandas malversadas suponen un injusto y muy importante riesgo político y periodístico que pervierte y encarece el ejercicio de derechos fundamentales en España.

Las dificultades de todo tipo que existen para estudiar y documentar el fenómeno de la demanda malversada no pueden impedir que sea la Comisión Europea la que investigue esta inaceptable práctica tanto en España, como en cualquier otro país de la Unión Europea en la que funcionarios o cargos públicos puedan pedir grandes cantidades de dinero a particulares por su honor personal, particular y privado utilizando recursos públicos con servicios jurídicos institucionales para ello. No es nada fácil conseguir jurisprudencia en España porque los autos y sentencias judiciales relacionables con demandas malversadas resultan muy difíciles de localizar en bases de datos, pero lo cierto es que existen, al menos, por los documentos aquí referenciados y nuestro caso.

Lamentablemente, los medios de comunicación y los periodistas, pese a ser víctimas de las demandas malversadas, o de las amenazas de demandar que les dirigen letrados institucionales, no informan de sus propios procesos judiciales, y cuando los demandados son periodistas resulta muy difícil conseguir las demandas malversadas o “cuerpos del delito” de los políticos o funcionarios públicos. Pueden existir varias explicaciones, pero lo cierto es que la libertad de prensa está en cuestión cuando el que la ejerce sabe que una demanda, por muy malversada que sea, es un martirio seguro en el que el periodista nunca ganará nada, y el demandante malversador sí, a coste cero.

La experiencia y el estudio de las demandas malversadas plantea dos cuestiones muy graves que afectan a la economía nacional y a la credibilidad de las instituciones españolas. Por una parte, cuando los servicios jurídicos sirven para impedir, o al menos, encarecer mucho y complicar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión  y de información, la experiencia demuestra que lo que se pretende ocultar con demandas por el honor personal, al final, son gravísimos perjuicios para el interés general y el erario público. Por otra parte, los letrados institucionales que firman esas demandas en el ejercicio de sus funciones públicas se dedican también a otras muchas prácticas abusivas e indebidas. Dicho de otra manera, resulta fácil encontrar irregularidades que son responsabilidad del institucional que demanda indebidamente por derechos personales, particulares y privados, pero no se dedica como debiera a lo que sí se debería de dedicar, de manera que los servicios jurídicos institucionales más necesarios están desatendidos al mismo tiempo que son malversados sus recursos y utilizan privilegios institucionales incluso para ahorrarse el pago de tasas judiciales.

No parece que pueda hacerse derecho comparado sobre lo aquí denunciado porque no es posible comparar lo que existe y se documenta con las 4 demandas malversadas, con lo que no existe en otros países. La cuestión es si este anacronismo jurídico español es sostenible en el espacio europeo. Para ello, pedimos que la comisión investigue, al menos, los casos aquí referenciados y fundamente su resolución considerando los agravios respecto a lo que ocurriría en otros países europeos si se demandara así. Es lamentable que ningún cargo político español, ni siquiera ni un candidato electoral, haya denunciado nunca formalmente esas prácticas de cargos electos con los que se supone que compiten. Parece como si los aspirantes que concurren como candidatos a las elecciones quisieran mantener esta situación anacrónica e injusta, por si también pueden llegar a utilizar libremente los servicios jurídicos institucionales cuando lleguen al poder. En este sentido, podemos hacer expresa referencia a candidatos y cargos electos a los que nos hemos dirigido en los últimos años, al menos, mediante estos escritos:

www.cita.es/vicepresidenta  www.cita.es/candidata-cifuentes www.cita.es/cesar-luena www.cita.es/podemos  www.cita.es/ciudadanos 

Los aquí denunciantes son conscientes de que “para que una denuncia sea admisible, es necesario que denuncie una violación del Derecho de la Unión Europea por un Estado miembro; no puede, por tanto, referirse a un litigio privado“, pero esta denuncia hace referencia, al menos a 4 casos perfectamente documentados por sus demandas presentadas por cargos o funcionarios públicos firmadas por letrados institucionales, de manera que no es un litigio privado, sino, al menos, 4 y todos ellos de carácter público evidenciando con hechos injustos los impedimentos, amedrentamientos y represalias por ejercer derechos fundamentales europeos en España.

Miguel Ángel Gallardo Ortiz y la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA), SLU ofrecen a la Comisión Europea todos los documentos recopilados a lo largo de 7 años de calvario judicial, y cualquier otra evidencia o noticia de otros casos de los que tengamos conocimiento, especialmente si pudiéramos obtener lo que podemos denominar “cuerpo del delito” de la malversación de servicios jurídicos institucionales para el ejercicio de derechos personales, particulares y privados, como es la petición de indemnizaciones por supuestas lesiones al honor de funcionarios o cargos públicos, o bien alguna actuación contra quien, en otros países europeos, haya hecho algo parecido.

Además, Miguel Ángel Gallardo Ortiz y la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA), SLU están dispuestos a subsanar cualquier defecto que esté a nuestro alcance para que esta denuncia se admita y se investigue el uso indebido y abusivo de los servicios jurídicos públicos para beneficio y lucro privado, o bien para el amedrentamiento o la represalia del ejercicio del Art. 11 Libertad de expresión y de información que la CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA y el TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA deben amparar eficazmente como pedimos según mejor proceda por derecho europeo, solicitando pronto acuse de recibo en Madrid, a 11 de mayo de 2015, por enlaces en www.cita.es/demanda-malversada

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito judicial en informática, telemática, acústica y criptología forense, en su propio nombre y derecho, también como representante de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU desde 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992, con domicilio en calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB 28045 Madrid.

Tel (+34) 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es y miguel902998352@gmail.com

Enlaces www.cita.es/demanda-malversada y www.miguelgallardo.es/demanda-malversada.pdf 

Nota: esta denuncia está autodocumentada por enlaces a 4 demandas malversadas en

https://docs.google.com/file/d/0B1ZHFSuthmJvelJ4bllFdkUxN1U/view 

https://docs.google.com/file/d/0B1ZHFSuthmJvUFVQU2x0T18xckU/view 

https://docs.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVclN0MktCcDlQRTQ/view 

https://docs.google.com/file/d/0B9eENTQ38sJBMGZGUXdwa3lZQVE/view